Alquiler
Cuando Barcelona se levantó contra la patronal inmobiliaria y declaró la huelga de alquileres

Recién entrada la República española, 100.000 familias dejaron de pagar durante cuatro meses los precios abusivos que ya entonces se reclamaban por las viviendas. Esta forma de presión fue convocada por el sindicato de la construcción de la CNT y capitaneada por las mujeres trabajadoras de la periferia barcelonesa.
Huelga alquileres 1931
Manifestantes detenidos durante la huelga de alquileres de 1931. Foto. Ayuntamiento de Barcelona. (CC BY-NC)
17 dic 2024 06:00

En España, un 9,2% de la población destina más del 40% de sus ingresos para cubrir los costes de la vivienda. Además, el 60% de los hogares presenta algún problema relacionado con este ámbito y 1 de cada 3 hogares se encuentra en exclusión residencial. Por si esto fuera poco, las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, son las más impactadas por esta carga económica. Estos datos, que se desprenden de un reciente informe de la asociación Provivienda, dan cuenta de uno de los problemas más acuciantes que han marcado la agenda pública en los últimos años: la exclusión residencial ante el incremento desorbitado de los alquileres fruto de la especulación inmobiliaria. El pasado 13 de octubre se celebró en el corazón de Madrid y Barcelona una manifestación masiva (más de 100.000 personas asistieron) para exigir medidas legislativas tendentes a intervenir en los precios de la vivienda.

Tras esta acción multitudinaria, además de las posteriores celebradas en Catalunya, la ausencia de soluciones estructurales por parte del Ejecutivo estatal y los gobiernos autonómicos, el Sindicato de Inquilinas tiene claro su siguiente movimiento: “Es la hora de que las inquilinas demos un paso al frente e iniciemos una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres capaz de forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%, de tal forma que el inquilinato pueda destinar a la vivienda como máximo un tercio de sus ingresos mensuales”, aseguraba recientemente esta organización a través de un comunicado.

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Los ánimos están en efervescencia y miles de inquilinas en lucha llevan meses organizando su rabia colectiva. Tanto es así que ya algunos bloques de vecinas en lucha, como las inquilinas del buitre Néstar-Azora, se han puesto en huelga y desde hace meses se niegan a pagar un solo céntimo de lo que resultan ser clausulas ilegales: gastos de comunidad, los costes del seguro de impago y el IBI, cuyo abono corresponde exclusivamente a la propiedad del inmueble.

De salir adelante una huelga general de alquileres en España, esta no sería la primera en desencadenarse fruto de la crispación social y el hastío de las mayorías. De hecho, las inquilinas cuentan con la semilla sembrada por todas aquellas vecinas barcelonesas que en 1931 se declararon en pie de guerra y plantearon un pulso a la patronal inmobiliaria durante cuatro meses. Lo relata pormenorizadamente en su obra La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica (El Lokal, 2014) el activista anarquista y miembro de colectivos como el Col·lectiu libertari St. Antoni-Xino de Barcelona Manel Aisa Pàmpols.

La movilización “se basaba en antiguas tradiciones comunitarias de autonomía y estaba arraigada en una red multifacética de relaciones muy vinculadas a la afinidad del parentesco y sobre todo a la amistad vecinal”, aclara Manel Aisa Pàmpols

En este ensayo, que ya cuenta con una segunda edición ampliada, Aisa resucita este acontecimiento histórico clave en el devenir del movimiento por la vivienda. De hecho, se trata del único libro que se ha publicado en español sobre este acontecimiento. Como aclara el propio Aisa en el texto, esta movilización masiva “no era nueva”, sino que “se basaba en antiguas tradiciones comunitarias de autonomía y estaba arraigada en una red multifacética de relaciones muy vinculadas a la afinidad del parentesco y sobre todo a la amistad vecinal”.

Para entender su razón de ser debemos remontarnos al periodo de entreguerras y más concretamente al tránsito de la dictadura de Primo de Rivera a la República española de 1931, que nació en medio de una compleja crisis tanto interna como internacional. Un hecho marcó las enormes transformaciones demográficas y económicas de la Barcelona de aquel entonces: la celebración de la Exposición Universal de 1929, inaugurada el 20 de mayo de ese año y duró hasta el 15 de enero de 1930. “Esto provocó que Barcelona pasara de tener 400.000 habitantes a tener de golpe un millón”, explica Aisa en conversación con El Salto.

Las obras de construcción de los pabellones que alojarían el enorme complejo del evento demandaban una cantidad ingente de mano de obra, lo que parecía una oportunidad excelente para la creación de empleo y el impulso económico. Así, estos nuevos puestos de trabajo, aunque temporales y precarios, movilizaron la migración de miles de ciudadanos hacia Catalunya. En su mayoría éstos eran procedentes de territorios como València, Murcia o Almería, pero también de barrios de la periferia barcelonesa hacia la capital catalana. Tiempo antes, Barcelona se había convertido, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, en la principal industria europea del textil y el metal, que exportaba a ambos frentes.

No obstante, pese a los augurios de crecimiento y prosperidad que se cernían sobre la población ocupada, la calidad de vida disminuyó drásticamente dado que el boom de la Exposición no vino acompañado de la construcción de viviendas para los trabajadores. A la ausencia de pisos para acoger a las familias que llegaban a Barcelona se sumó rápidamente la insalubridad de los alojamientos, que acabaron siendo barracas “con abundantes problemas higiénicos y de humedades”. De este modo, destaca el autor, “en el casco antiguo de la ciudad las condiciones de las habitaciones y los inmuebles eran por lo general de lo más inmundo”. Mientras en el resto del continente europeo comenzaron a multiplicarse, tras la Primera Guerra Mundial, las viviendas cooperativas de construcción, “en España continuó la especulación inmobiliaria y unos pocos propietarios poseían gran parte de las viviendas”.

La estocada definitiva que motivaría la movilización ciudadana fue, ese mismo año, el estallido del crack bursátil del 29 en Nueva York, que salpicó a España incrementando todavía más los precios de los alquileres y abocando a miles de familias al paro. Esta circunstancia se daba, además, en un país que todavía no contaba con prestaciones sociales para personas desempleadas. En diciembre de ese año la Policía Catalana cerró todas las fábricas y los obreros quedaron sin ingresos mientras la gran burguesía empezaba a construir sus casas en el centro de la ciudad, urbanizando Montjuic y la Plaza de España.

“La huelga de alquileres de 1931 hay que entenderla dentro de un contexto de cambio de régimen, de la Monarquía dictatorial a una República democrática”, apunta la historiadora y profesora en la UCM Margarita Márquez

En medio de esta crisis mundial llegó en 1931 la República española, que permitió la legalización de sindicatos y organizaciones obreras, entre ellas las libertarias, que antes operaban en la clandestinidad. Este hecho es especialmente relevante ya que, como apunta la historiadora y profesora en la UCM Margarita Márquez, “una de las cuestiones que Primo de Rivera había atacado muy duramente había sido, además del nacionalismo catalán, todo el mundo anarquista, por lo que durante el régimen reprimió sistemáticamente a organizaciones como la FAI o la CNT”. Así, “la huelga de alquileres de 1931 hay que entenderla dentro de un contexto de cambio de régimen, de la Monarquía dictatorial a una República democrática, donde los obreros entendieron que se escucharían por fin sus reivindicaciones sociales”, establece la obra. Pero la República tampoco fue capaz de plantar cara a los grandes tenedores de vivienda ni de frenar los problemas de acaparamiento de la misma.

Toda esta coyuntura de precarización crearía el caldo de cultivo perfecto para la ejecución de una huelga sin precedentes que pondría patas arriba la Barcelona suburbial del momento. Este hecho también se pone de manifiesto en la obra La quiebra de la ciudad popular: espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936, del arquitecto y catedrático de Urbanismo José Luis Oyons. El Sindicato Único de la Construcción de la Confederación Nacional del Trabajo (la CNT, por entonces el más multitudinario) sería la entidad convocante de una movilización a la que llegarían a sumarse, en agosto de 1931, unas 100.000 familias barcelonesas. Este Sindicato fue el que gestionaría el descontento de las familias obreras, tal y como establece el libro en distintas ocasiones. La estela de la huelga recorrió áreas de la periferia como el Clot, Sants o Poble Nou y otros municipios como Santa Coloma de Gramanet o Badalona, donde la oleada de desahucios fue excepcionalmente alarmante, así como los pueblos colindantes.

Durante el tiempo que duró la huelga, mientras los obreros en paro dejaron de pagar por completo el alquiler, quienes conservaban su trabajo se aplicaron la rebaja del 40%

Tras elaborar un estudio minucioso, barrio por barrio, para para calcular cuánto pagaban las familias por el alquiler, la recién creada Unión de Defensa de Inquilinos puso sobre el tablero algunas de las reivindicaciones en materia de vivienda que hoy mantiene el Sindicato de Inquilinas: una bajada del 40% del precio de los alquileres, la liberación del pago a personas desempleadas y el fin de pagos extra como la fianza.

Así, durante el tiempo que duró la huelga, mientras los obreros en paro dejaron de pagar por completo el alquiler, quienes conservaban su trabajo se aplicaron la rebaja del 40% exigido. Aunque muchas familias fueron desahuciadas en el transcurso de la huelga (los desalojos aumentaron un 35% respecto al año anterior en ese periodo) numerosos inquilinos ahorraron el importe correspondiente al alquiler durante los casi cuatro meses de lucha.

Durante estos desalojos, asevera la historiadora, hubo todo un movimiento colectivo conformado por personas que, cuando se procedía a echar a los vecinos de sus casas, “movían los puebles y los guardaban en otros pisos para que la Policía no se los quitara”. A pesar de ello, la represión y la violencia por parte de las autoridades alcanzó tal crudeza que “ lo primero que hicieron los dueños de los pisos fue tirar los muebles por la ventana para destrozarlos”.

Tras varias semanas de protestas y movilizaciones masivas, “los huelguistas intentaron negociar con la Cámara de la Propiedad pero el Gobierno les acusó de tener mucha prisa por llegar a acuerdos. Los obreros afirmaron que su prisa se debía a que sus hijos tenían que comer, calzarse y vestirse cada día”, relata Aisa. Mientras el Ejecutivo y la patronal inmobiliaria, agrupada en torno a la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, se cerraban en banda, continuaba la represión contra quienes habían decidido rebajar el precio a pagar de sus rentas y abonar únicamente lo que valía cada vivienda.

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Existe cierto disenso sobre si llegó a producirse una unión real entre distintos espacios y movimientos del espectro izquierda en torno a esta causa o si, por el contrario, se trató de una lucha poco secundada por el resto de actores. El autor destaca que “en aquel momento había un movimiento obrero muy potente y se apoyaban unos a otros”. Sin embargo, Márquez insiste en que “todo lo que estaba pasando era llevado a cabo por el movimiento anarquista, que no se llevaba bien con el resto del movimiento de izquierdas y tuvo que actuar más bien en solitario”, si bien admite que “hay un espíritu solidario que se va a producir en algunos momentos muy puntuales”.

Fueron ellas quienes lideraron este periodo revolucionario ya que, además de trabajar en las fábricas y otros negocios junto a sus compañeros, se ocupaban de la gestión de los sueldos en el espacio familiar y de asumir los cuidados cotidianos

Ambos inciden, eso sí, en la centralidad de la mujer en todos y cada uno de los pasos dados durante los meses de huelga, hasta el punto que fueron quienes lideraron este periodo revolucionario. Eran ellas quienes, además de trabajar en las fábricas y otros negocios -que acabarían quebrando- junto a sus compañeros, se ocupaban de la gestión de los sueldos en el espacio familiar y de asumir los cuidados cotidianos. Por este motivo, eran quienes más conocimiento tenían sobre las repercusiones que estaba suponiendo, en la economía familiar, la inflación desmedida de los alquileres.

“Participaban activamente en las protestas, estaban al frente durante las cargas policiales en primera fila, no sólo participando en tareas de cuidado de los hombres, como se ha transmitido muchas veces, sino que estaban presentes en todo lo que conllevaba una huelga”, asevera Margarita. Dos años antes de que se desencadenaran estas protestas, los trabajadores no cualificados dedicaban cerca de un 30% de su salario al alquiler, un 38% en el caso de las mujeres obreras. Por esta razón ellas tuvieron una presencia mayoritaria en muchos de los mítines que tiempo más tarde derivarían en huelga. En esta línea, Aisa indica que, en el barri del Clot, “tuvo lugar una manifestación en la cual se pusieron por delante las mujeres embarazadas. La guardia de asalto no sabía qué hacer y marchó, pero recibieron más tarde la orden de volver para ejecutar el desahucio”.

El resultado de todas estas acciones fue un hondo impacto económico en el bolsillo de los rentistas una vez los inquilinos dejaron de asumir la totalidad de las rentas de sus viviendas. “El secretario del Comité de Defensa Económica, cuando fue preguntado por cómo había ido la huelga, respondió que maravillosamente bien, porque habían conseguido hacer un cálculo de los alquileres que se ahorraron, que resultó ser de unos 12 millones de pesetas (más de 60.101,21 euros) al final de la movilización”, explica el activista. Un año después comenzaron a negociarse las bajadas de los alquileres, inclusive para aquellos hogares donde la huelga no parecía haber tenido repercusión alguna, como en el Eixample barcelonés.

“Ayer y hoy, el derecho a la vivienda está puesto en cuestión y se acumulan los desahucios, el hacinamiento en los llamados pisos patera y los precios abusivos siguen en pie”, alega Aisa

Distintos contextos, mismas reivindicaciones casi un siglo más tarde

Hoy, varias décadas después de este hito en la lucha por la vivienda digna y asequible, Aisa asegura que a pesar de las diferencias de contexto “persiste un clima muy parecido”: “Masas de parados, crisis de las estructuras pseudodemocráticas, precariedad… ayer y hoy, el derecho a la vivienda está puesto en cuestión y se acumulan los desahucios, el hacinamiento en los llamados pisos patera y los precios abusivos siguen en pie”, alega. Confía en que las generaciones futuras lleguen más lejos que antaño para que puedan gozar de “un mundo más racional” y de un abanico más amplio de derechos “para que todas las luchas anteriores cobren sentido, valor y reconocimiento”.

Los datos que arroja Provivienda no hacen sino corroborar la necesidad de un cambio a través de la organización colectiva: las bajas tasas de emancipación juvenil, el aumento del sinhogarismo, incremento de los precios de la vivienda por encima de los aumentos salariales son indicadores de un paradigma que aboca a la juventud a la pobreza.

Desde el Gobierno central ofrecen medidas estéticas a corto plazo que no inciden en la raíz del problema, como el Bono de Alquiler Joven, que soterra la regulación de los alquileres y los topes a los precios, dos demandas clave del Sindicato de Inquilinas. Aunque todavía no se haya dado el pistoletazo de salida de una huelga estatal de alquileres, el movimiento por la vivienda sí ha ido cosechando en los últimos años pequeñas pero significativas victorias que hoy actúan como aliciente para continuar con la lucha.

En junio de 2021 el movimiento Alda de Iparralde en Euskal Herria hizo historia al conseguir forzar una medida de compensación que obliga a todo propietario que quiera transformar una vivienda en alquiler en alquiler turístico a adquirir en el mismo municipio locales de superficie equivalente no destinados a vivienda. También a convertirlos en alquiler ordinario, todo ello tras una campaña enmarcada bajo el eslógan “Alojarse, no especular”.

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Además, en Madrid las inquilinas de Néstar-Azora ya han logrado que la empresa propietaria haya perdido más de 40.000 euros desde que las arrendadas dejaron de pagar, en septiembre de este año, la parte abusiva de sus alquileres. El hito más reciente en este sentido ha sido la huelga de alquileres iniciada este 11 de diciembre en Salou y El Vendrell (Catalunya) por parte de 29 familias. Todas ellas viven en pisos de protección oficial gestionados por Inmocaixa (La Caixa) y ya han dejado de abonar los gastos extraordinarios.

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