Alquiler
Huelga de alquileres: “Es muy triste que teniendo dos trabajos mi familia me tenga que ayudar económicamente”

El precio de los alquileres se ha incrementado hasta un 60% de media en toda España según datos del Consejo General del Poder Judicial. Más de 5.443 desahucios, uno de cada siete, se han producido por los aumentos abusivos de los arrendamientos, una cifra que supera con creces a la existente hace un año. Por ello, en los tres primeros meses del año se produjeron 82 desalojos por día y desde entonces las cifras no han hecho más que aumentar desorbitadamente, siendo Catalunya la comunidad con un mayor número de lanzamientos, 1.870 en total.

La irrupción de la huelga de alquileres contra el fondo Nestar-Azora (antes Lazora) impulsada por el Sindicato de Inquilinas, está sembrando nuevos horizontes de cambio en Madrid. Unas 900 familias pertenecientes a diez bloques de los 42 que tiene comprados este fondo buitre en esta comunidad se han plantado para poner punto y final a las prácticas especulativas de los grandes tenedores.

Vecinas de lugares periféricos con una abultada trayectoria de lucha por el derecho a la vivienda digna como Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas, organizadas en torno al Sindicato, se han sumado así a la campaña conocida como #NosQuedamos. El pasado 7 de junio tomaron la decisión de, en adelante, negarse a pagar un solo céntimo perteneciente a facturas que deberían abonar los propietarios de las viviendas: el seguro de impago, los gastos de comunidad o las reparaciones puntuales del edificio deberá asumirlas a partir de entonces el propietario del inmueble, en contra de lo que llevan exigiendo de forma ilegal a los inquilinos desde hace años sin que ninguna ley se lo impida.

900 familias y diez bloques se declaran en “huelga de alquileres” contra el fondo buitre Azora

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda 900 familias y diez bloques se declaran en “huelga de alquileres” contra el fondo buitre Azora

Martín Cúneo

El tercer casero privado de España incluye cláusulas abusivas en contratos de 8.000 hogares. Casi mil de ellos se niegan a pagar aumentos que superan el 20%, burlando las leyes de alquileres y vivienda.

Cuatro mujeres que han estado al pie del cañón desde que los vecindarios iniciaron esta batalla contra la propiedad el pasado mes de junio han hablado para El Salto. Todas ellas viven en Vallecas, el primer distrito en el que se llevó a cabo la movilización popular contra el que hoy es el tercer fondo buitre más grande de España. A pesar de que ninguna de ellas era integrante del Sindicato de Inquilinas hasta este año, hoy todas gritan al unísono que “no vamos a aguantar más abusos inmobiliarios”. Regular por ley el precio del alquiler para bajar los precios, movilizar los cuatro millones de viviendas vacías o prohibir los pisos turísticos son las tres medidas que pelean para hacer frente a la actual crisis habitacional.

Estrella, diseñadora gráfica: “Me he llegado a plantear irme a vivir a una autocaravana si los precios siguen subiendo como hasta ahora”

Estrella tiene 33 años y vive sola con su perra y alquila un estudio ubicado en La Gavia (Villa de Vallecas), desde hace siete. Trabaja como diseñadora gráfica pero hace pocos meses también imparte clases de baile, zumba y bachata. Su gran pasión, la danza, antes constituía un hobbie y ahora se ha convertido en una necesaria segunda fuente de ingresos ante la imposibilidad de costearse su apartamento únicamente con su primer trabajo como autónoma. ¿La razón?, el aumento desorbitado de los precios de su alquiler en los últimos años. “Lo que al principio era un extra ahora se ha convertido en un complemento a mi sueldo obligatorio para poder vivir”, apunta con desasosiego.

Cuando entró en su piso de 30 metros cuadrados en 2017 podía asumir el precio de 500 euros que costaba la renta y las condiciones de habitabilidad eran generalmente buenas. La pesadilla llegó en el momento de renovar el contrato de alquiler y el traspaso de la propiedad en aquel entonces en manos de Servihabitat (La Caixa) a Azora: “Te hacen un contrato nuevo porque ya es otra empresa la que tiene los pisos”.

A partir de entonces, lo que antaño eran cobros racionales para quien paga por el alquiler de una vivienda en Madrid se trasmutó en todo tipo de disparatadas cláusulas excesivas e injustas, desde una subida desproporcionada del precio del alquiler -cuando entró a vivir pagaba 513 euros y actualmente pagar 708-, hasta la negativa a arreglar cualquier desperfecto del piso. “Tengo una ventana que no cierra y me entra agua dentro del piso cuando llueve fuerte y nunca me la han venido a arreglar. Todos esos gastos corren completamente a mi cuenta porque ellos no se hacen responsables de los defectos que pueda haber en el edificio”. Requisitos de esta naturaleza ya fueron declarados ilegales en Catalunya en 2023 cuando un juzgado dio la razón al Sindicat de Llogaters de esta Comunidad, condenando este tipo de prácticas, que siguen vigentes en la Comunidad de Madrid.

Estos y muchos otros gastos que debe asumir en exclusiva han mermado, asegura, su calidad de vida. A pesar de disponer de dos trabajos, como tantas otras personas en España que teniendo un empleo estable siguen estando abocadas a la precariedad, se ha visto en la obligación de pedir dinero a su familia para afrontar los gastos del piso. “Es muy triste que con un sueldo bueno y varias fuentes de ingresos no me alcance para ahorrar y mi familia me tenga que ayudar económicamente”.  Estrella no piensa en abandonar su edificio ni su barrio, en primer término, por dignidad y resistencia contra el despotismo de quienes buscan hacerse de oro con la miseria de las inquilinas. En segundo por el profundo arraigo que siente hacia un lugar donde ya ha echado raíces y ha tejido lazos comunitarios, un factor a menudo desconsiderado por las instituciones a la hora de proteger la permanencia de las inquilinas en las casas donde llevan largo tiempo residiendo. “Estoy a gusto en mi casa, en el edificio, todas las vecinas lo sentimos como nuestro, lo hemos cuidado, no hemos dejado de pagar en ningún momento”, asegura.

Sara, modista y activista: “Aquí no hay 'inquiocupas', lo que pasa es que ya no te voy a pagar la vida de rico que llevas a costa de nuestra precariedad”

A Sara, patronista de moda, han llegado incluso a presionarla para que abandone su activismo por el derecho a la vivienda digna desde que se puso en huelga e hizo resonar el problema que afronta su vecindario a través de las redes sociales, donde transmite activamente su situación. “Me han llamado ofreciéndome ciertos beneficios para que me salga de todo esto porque al final yo soy la cara visible en medios y no les gusta”. Vive junto a su marido, Álvaro, y sus dos niños en un piso de dos habitaciones situado también en Villa de Vallecas, donde actualmente se limita a pagar la estricta cantidad que correspondería a su alquiler sin subidas abusivas, ni gastos de comunidad ni el seguro de impago.

Desde que ella y su pareja entraron en el piso en 2018 han tenido que asumir los costes del IBI, los gastos de cualquier reforma en el edificio y el mencionado seguro. “Podemos hacer dos cosas, o que lo quite del contrato y te lo repercuta mes a mes, o que lo pagues”, le espetó el propietario de su vivienda cuando ella le recriminó que ese gasto corresponde únicamente al propietario del inmueble. Sin embargo, la ley deja este asunto, así como el de los gastos de comunidad, en una especia de limbo ya que el cobro de estas facturas se deja en manos de la negociación particular entre propietarios y alquiladas, lo que sitúa casi siempre a estas últimas en una situación de extrema vulnerabilidad: “El casero dijo que ‘si no lo quieres, ahí tienes la puerta, otros vendrán a pagar’”. Su bloque formaba parte, hace décadas, de un conglomerado de viviendas sociales destinadas a familias con necesidades perteneciente a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Donde antes se pagan cerca de 300 euros, ahora se exigen en torno a 1.100 después de que diversos fondos buitres compraran vivienda pública a precios regalados, unos 48.000-50.000 euros cada vivienda en 2010. Cuando se efectuaron estas compras, hace ya 14 años, un juez ordenó que se devolvieran a la administración pública pero todavía ningún poder público ha conseguido desprivatizarlos.

Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

Especulación inmobiliaria

Especulación inmobiliaria en Madrid Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

Las inquilinas de los bloques Tribulete 7, Galileo 22, Salvia 1 y Baldano 5 siguen con su campaña #NosQuedamos y se niegan a abandonar sus viviendas voluntariamente si se produce el desalojo.

“Yo no me puedo ir a cenar un día afuera con mis hijos al Burger King, ni siquiera te estoy hablando de ir al Ritz o a un restaurante caro”, declara. Sara apuesta por un modelo de vivienda regulada donde los caseros no se enriquezcan en base al empobrecimiento de la clase trabajadora: “Si tú estás alquilando un piso por 1.000 euros y tienes nueve pisos, como ocurre con muchos propietarios actualmente, estás ganando 9.000 euros al mes por pisos que a lo mejor tiene pagados o que son herencia y él no está pagando nada, el dinero que le entra es íntegro y todo ello sin tener que hacer nada, ni siquiera arreglar desperfectos”, asegura. Hasta que se haga justicia social, apunta, “lo que deberíamos hacer todos los que estamos en alquiler es dejar de pagar todo. Que esos caseros se consignen un juzgado pero que no se hagan ricos con nuestro dinero, porque aquí no hay 'inquiocupas', lo que pasa es que yo ya no te voy a pagar la vida de rico que llevas a costa de nuestra precariedad”.

Isa, ayudante de cocina y limpiadora en paro: “Mi vecino se tuvo que ir del edificio tras tres años con el piso completamente inundado porque tenía cataratas en su salón”

Sara e Isa, que trabaja en cocina y como limpiadora, son vecinas en el número 7 de la calle Martín Muñoz de las Posadas y compañeras de lucha en el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Isa se mudó hace escasos dos años junto a su madre y sus dos hijos mayores de edad, cuyos ingresos la ayudan a sostenerse mientras encuentra trabajo. Uno de ellos trabajaba como repartidor a domicilio en una franquicia americana de comida rápida y ella en una cadena de peluquerías. Con los incrementos cada vez más acelerados de los alquileres, el mes que viene tendrá que pagar 946 euros frente a los 850 que pagaba inicialmente, aunque también tuvo que abonar el 21% de la agencia más dos meses de fianza, el seguro de impago y un mes de alquiler por adelantado para acceder por primera vez al piso. Por si esto fuera poco, la inquilina se ha visto envuelta recientemente en una rocambolesca situación derivada de un fallo burocrático en la Seguridad Social: No puede solicitar la prestación que le corresponde por estar desempleada ya que, a ojos de las Administración pública, todavía sigue casada tras casi 20 años divorciada de su exmarido, algo que acreditan sus papeles de separación. Así las cosas, tras organizarse con sus vecinas en torno al Sindicato, “el mes que viene me pasan el recibo del piso y el seguro de impago, yo devolveré ese recibo y pagaré únicamente el alquiler”, alega.

Isa lleva meses sufriendo la que hoy se ha convertido en una de las tácticas habituales de quienes se dedican a especular con la vivienda para reventar la paciencia de los inquilinos, forzarles a irse e incrementar el precio de los inmuebles: transformar los edificios en un infierno donde los vecinos están obligados a convivir con goteras, cortes de luz, agua y electricidad, obras a medio acabar e infraestructuras rotas hasta que las vecinas acceden finalmente a abandonar sus casas cuando la habitabilidad se vuelve imposible. Relata como “un vecino se tuvo que ir del edificio tras tres años con el piso completamente inundado porque no cerraban la caldera, tenía cataratas en su salón y no hacían nada para arreglárselo”. Eso sí, desde que las propias vecinas denunciaron este tipo de abusos a través de los medios, especialmente la televisión, los propietarios se vieron en la tesitura de tener que hacer tímidas reformas para lavar su imagen pública. “A partir del momento en que aparecimos en Telecinco y en Antena 3, pero también en prensa y en la radio, arreglaron el patio y dijeron que nos cambiarían las calderas, antes, no venían ni unos operadores a limpiar el patio”.

Un fondo buitre hace la vida imposible a 220 familias de Vallecas: desperfectos, goteras e inseguridad

Guillermo Martínez

1

Derecho a la vivienda

Vivienda Un fondo buitre hace la vida imposible a 220 familias de Vallecas: desperfectos, goteras e inseguridad

Guillermo Martínez

1

Organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, los afectados se niegan a pagar las cláusulas abusivas de los contratos de alquiler y demandan que la gestora repare los numerosos e importantes desperfectos en la comunidad.

Cuando Isa entró a vivir a Martín Muñoz de las Posadas, la propiedad había delegado en una empresa que al poco tiempo entraría en quiebra las reformas de las zonas comunes del edificio. Lejos de mejorar zonas como la piscina, los jardines o las áreas donde transitan diariamente las vecinas, la empresa se fue del edificio dejando los suelos empantanados, con basuras por doquier, escombros, agujeros y vallas tiradas por los pasillos. Una vez el caso de este edificio empezó a tener repercusión mediática a mediados de marzo, cuenta Isa, “se pusieron las pilas, buscaron una empresa en condiciones para hacer las reformas y lo que no hizo la anterior en cinco meses, lo hizo esta en una semana. Fue increíble que tuviéramos que llegar a ese punto de ponerlos verdes y de criticarlos para que hicieran algo”. Pero las condiciones del edificio siguen siendo lamentables y las inquilinas están desesperadas ante el desinterés absoluto de quienes deberían hacerse cargo de sus viviendas. Máxime aquellas que, como Isa, cuidan a personas mayores cuya vulnerabilidad es elevada y no tienen fácil desplazarse a otro lugar para vivir. “Mi madre tiene 82 años, se levanta mucho por la noche, necesita su habitación, sus rutinas y estar en un piso que tenga ascensor porque empieza a sentirse algo torpe”, destaca la vecina de Sara.

Adriana, administrativa: “Teniendo la calefacción enchufada menos de cuatro horas diarias hemos llegado a recibir facturas energéticas de hasta 400 euros”

Adriana ha sufrido en sus carnes cómo los abusos inmobiliarios acaban teniendo un efecto directo en la crianza y en la forma de maternar. Después de verse obligada a dejar su trabajo como administrativa para cuidar a su pequeña de 15 meses al no poder pagar los casi 500 euros de una escuela infantil privada, ya que no recibió plaza en ninguna pública de la Comunidad de Madrid, pasó de cobrar 950 euros al mes a entrar en paro y contar únicamente con el salario de unos 1.200 euros de su marido. Tanto ella como su pareja viven en un piso de tres habitaciones y dos baños que alquilaron en 2021 por 788 euros iniciales, mientras esperan la llegada de su segunda criatura.

“Nos comentaron que la calefacción, el gas, la caldera y todo eso no funcionaba como en las viviendas normales, sino que hay una empresa que nos lleva la calefacción, contratada exclusivamente por Nestar”. Un año más tarde comenzaron a ver como, teniendo la calefacción enchufada menos de cuatro horas diarias, las facturas energéticas oscilaban los 300 euros, llegando a los 400 en más de una ocasión. Ahí comenzó su periplo para hacer frente a unas cantidades astronómicas que pocas familias pueden afrontar si se añaden a los gastos, también irrisorios, de IBI, comunidad y seguros que el propietario no asume en ningún caso.

“Utilizábamos radiadores, pero al final es una casa relativamente grande y por mucho que yo quiera poner un radiador en el salón, con lo que eso gasta, nunca se llegaba a calentar y en casa hemos pasado frío”, sostiene. “Nosotros nos hemos llegado a levantar por las mañanas con la niña a las 10 u 11 de la mañana y podía haber en ese momento unos 15 grados, lo cual implica mucho frío para una bebé de a penas dos años que tenía mi hija en aquel entonces”. Llegó al punto en que se vio en la tesitura de tener que elegir entre pagar la calefacción o el piso y la comida, todo ello en un piso cuyas condiciones habitabilidad distaban mucho de ser las adecuadas, especialmente tras la renovación de su contrato en marzo de este año. El precio de la energía se suma a otros problemas comunes a sus vecinas como la acumulación de desperfectos en las tuberías que le impiden poder cocinar o lavar los platos.

La precariedad fue escalando hasta verse a las puertas del desahucio: “Nos llegó una notificación del Juzgado por una denuncia por impago para proceder al desalojo, aunque gracias a la ayuda de mis suegros abonamos los costes pero nos pusimos en seguida a buscar otro piso donde vivir porque era insostenible pagar esos precios”.

¿Qué pasaría si dejamos de pagar una parte de los alquileres a los caseros?

Javier Gil

Alquiler

Huelga de alquileres ¿Qué pasaría si dejamos de pagar una parte de los alquileres a los caseros?

Javier Gil

Inquilinas que autorregulan su alquiler para bajar los precios, pagando menos a los caseros como forma de resistencia frente a la precariedad impuesta por el mercado.

En estos momentos, Adriana está en proceso de solicitar un alquiler social, ya que no recibe ninguna ayuda para afrontar el pago de la vivienda, ni el bono social de 250 euros ni la ayuda al alquiler que saca todos los años la Comunidad de Madrid, tan solo una pequeña ayuda por ser menor de 45 años y tener que estar a cargo de un menor en casa. “A mí me gustaría quedarme aquí porque mi hija acaba de empezar el cole este año, tiene a sus amigas aquí, puede bajar al parque todos los días, a mí me gusta el sitio porque es un barrio muy bien comunicado y bastante tranquilo”, explica.

Mientras resuelve donde residir en el futuro cercano sin dejarse el sueldo y la salud mental en el intento, lleva desde marzo en huelga, negándose a abonar el seguro de impago. “Así vamos a seguir, hasta que se sienten con nosotros, a hacer una negociación colectiva para acceder a un alquiler digno”. Quiere que su historia y la de sus compañeras se conozca más allá de Vallecas para que ninguna mujer en su situación se sienta sola y se una a una lucha contra los gigantes inmobiliarios que cada día gana más adeptos. “Si no luchamos nosotros y lo vamos dejando pasar esta gente sabe que tiene la sartén por el mango”, concluye.