Alquiler
¿Qué pasaría si dejamos de pagar una parte de los alquileres a los caseros?

Llevamos años esperando una gran movilización que aborde la insoportable situación de los alquileres. La percepción general es que la situación se ha descontrolado, y resulta imprescindible un cambio urgente. Sin embargo, la respuesta social no ha alcanzado la misma magnitud que en otras luchas, como las relacionadas con la sanidad, la educación o el feminismo. Pero ahora, en Madrid, parece que estamos al borde de esa ansiada movilización.

En el mejor de los escenarios, podríamos ver a decenas de miles de personas tomando las calles. El problema es que, incluso si esto sucede, las expectativas de un cambio real siguen siendo escasas. El 13-O pone de relieve la urgencia de una transformación, pero también expone la impotencia y la falta de herramientas para lograrlo. Por eso, más que un acto de protesta, rabia y hartazgo, el 13-O debería ser un punto de inflexión que marque el comienzo de algo mucho más grande.

La insoportable situación del alquiler se basa en una contradicción irresoluble: el mercado está extremadamente regulado para favorecer la subida de los precios y la especulación con la vivienda en alquiler; pero al mismo tiempo, existe un bloqueo institucional que impide modificarlo. Los sucesivos gobiernos de coalición, tanto PSOE-Unidas Podemos como PSOE-Sumar, no han alterado los pilares de esta regulación, que favorece a los caseros. De hecho, durante sus mandatos, los alquileres han alcanzado máximos históricos, al igual que el sobreesfuerzo de los inquilinos.

Pero eso no es todo. Durante estos años, el número de viviendas vacías ha llegado a un récord de 3,8 millones, y las compras de vivienda al contado representaron el 65% del total en 2023. En 2024, hemos visto cómo los caseros han comenzado a alquilar las viviendas como 'alquiler de temporada', que ya representa el 63,4% de la oferta en Barcelona. Aunque es ilegal, este modelo facilita la especulación al eliminar de un plumazo los pocos derechos de los inquilinos. El Gobierno estaba al tanto, pero no actuó, y hace apenas unas semanas el Congreso votó a favor de perpetuar estas prácticas. Un eventual gobierno liderado por el PP cambiaría aún menos este desequilibrio de poder, ya que fue este mismo partido el que intervino el mercado entre 2012 y 2013, generando la situación que padecemos hoy.

Nos enfrentamos a una situación de bloqueo institucional que solo beneficia al rentismo. En este escenario, cabe preguntarse: ¿qué pasaría si las inquilinas comenzáramos a desobedecer los precios de los alquileres, pagando menos a los caseros como forma de resistencia frente a la precariedad impuesta por el mercado?

La propuesta es simple pero audaz: dejar de pagar a los caseros lo que exigen y, en su lugar, pagar lo que consideramos aceptable

La desobediencia civil y las huelgas han sido fundamentales en la conquista de derechos y libertades a lo largo de la historia. A través de la desobediencia civil, las personas desafían el orden establecido para llamar la atención sobre injusticias y forzar cambios sociales, políticos y económicos. Son herramientas muy poderosas porque ponen en evidencia las contradicciones del sistema y generan presión sobre sus responsables. En este caso, se trataría de desobedecer los precios de los alquileres para señalar su ilegitimidad. 

La propuesta es simple pero audaz: dejar de pagar a los caseros lo que exigen y, en su lugar, pagar lo que consideramos aceptable. Así, la precariedad individual que impone el alquiler se reduce de inmediato, al menos en parte. El alivio es instantáneo, sin necesidad de esperar reformas legislativas que nunca llegan ni de confiar en la solidaridad de los caseros. De repente, tu alquiler disminuye y tu calidad de vida mejora.

Solo puede tener éxito si surge en un contexto de agitación sindical, donde el alquiler deje de ser uno de los principales problemas del país para convertirse en uno de los principales conflictos

Esta propuesta conlleva ciertas complejidades. La más evidente es su ilegalidad, lo que le otorga el carácter de desobediencia. Por eso, solo puede tener éxito si surge en un contexto de agitación sindical, donde el alquiler deje de ser uno de los principales problemas del país para convertirse en uno de los principales conflictos. Si los caseros no son solidarios y los políticos permanecen bloqueados, no seremos los inquilinos quienes paguemos las consecuencias.

La avaricia del rentismo ha roto los consensos sociales y morales sobre lo que es legítimo. Ha bloqueado a los políticos y asfixiado a los inquilinos, fomentando una creciente desigualdad debido al régimen de tenencia que está partiendo a la sociedad. Esta situación solo se superará mediante fuertes conflictos. Que los inquilinos empecemos a autorregular los precios del alquiler podría ser una acción clave en este nuevo ciclo, ya que su carácter de desobediencia y oposición desafía los fundamentos de la estructura socioeconómica. Además, es probable que obtenga un amplio respaldo social. Puede ser una acción estratégica para intensificar los antagonismos, aglutinar y ampliar la disputa. 

Un conflicto de esta envergadura solo se podría sostener con fuertes estructuras sindicales. Las organizaciones sindicales con base territorial serían fundamentales para articular la autorregulación de precios, proporcionando  recursos, apoyos, saberes y medios para que los inquilinos puedan ejercer esta resistencia. Además, servirían como plataformas de agitación para extender el conflicto en las calles, ganar apoyos y que la presión al rentismo se manifieste en cada esquina de nuestros barrios. Pero sobre todo, serían la fuerza que llama a la puerta de cada inquilino para que se autorregule el precio. Es la forma en que la rabia en torno al mercado se transforma en fuerza contrahegemónica. 

La autorregulación de precios generaría una reacción inmediata de criminalización, allanando el terreno para una batalla ideológica y cultural que necesitamos abordar. Al autorregular el precio del alquiler, se pone de manifiesto una tensión fundamental: los inquilinos están dispuestos a pagar una parte del alquiler, pero no la totalidad, ya que consideran que una fracción es ilegítima. Esto nos lleva a la necesidad de hegemonizar el debate sobre la legitimidad del rentismo: ¿Qué precios del alquiler son aceptables? ¿Depende de las propiedades que tenga el casero? ¿Ha obtenido sus propiedades mediante sus ahorros o a través de una herencia? ¿Deberíamos considerar la desigualdad de ingresos entre inquilinos y propietarios como un factor que influya en la legitimidad de los precios? ¿Es justo que un casero suba el alquiler un 80% solo porque la ley  se lo permite? ¿Por qué algunas personas poseen múltiples propiedades mientras que otras no pueden ni siquiera acceder a una sola?

Hegemonizar el debate sobre la legitimidad del rentismo es crucial. Al hacerlo, se revelaría que la economía rentista es parasitaria y se sustenta sobre relaciones desiguales de clase. Aunque algunos intenten desviar la atención con ejemplos anecdóticos de “jubiladas que necesitan el alquiler para pagar la residencia” o de rentistas populares, como ocurre con la inquiokupación, discutir el origen del beneficio rentista y la transferencia de rentas entre inquilinos y caseros, genera nuevos sentimientos antirrentistas y pone en cuestión la estructura de la propiedad. Un debate que no solo daría legitimidad y fuerza a los inquilinos que autorregulen su alquiler, sino que también generaría nuevos marcos culturales sobre el papel de la vivienda en nuestras sociedades, llevando a cuestionar el actual modelo de la propiedad inmobiliaria como medio de integración social y acceso a la ciudadanía.

“Se acabó. Bajemos los alquileres”. Con este lema, el Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó hace unos días la manifestación del 13 de octubre. El cartel explotó en redes, acumulando casi 3 millones de visualizaciones en X e Instagram, reflejando el creciente hartazgo social y el deseo de un cambio urgente. Unos días antes, varios militantes del Sindicato publicaron un artículo anunciando que era el fin de los políticos, afirmando que la única solución para reducir los alquileres es convocar una huelga, porque los caseros no son nada sin nuestro dinero y toca demostrar el poder de los inquilinos.

Más de 30 organizaciones sociales y la izquierda parlamentaria se movilizan el 13-0 por la vivienda

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Más de 30 organizaciones sociales y la izquierda parlamentaria se movilizan el 13-0 por la vivienda

Martín Cúneo

Tras el fracaso de la regulación de los alquileres de temporada y el bloqueo de la Ley de Vivienda, más de 30 organizaciones sociales convocan una manifestación para el 13 de octubre en Madrid y amenazan con una huelga de alquileres.

Saben de lo que hablan: desde hace dos meses, 900 inquilinos repartidos por todo Madrid, organizados en el Sindicato, están autorregulando el precio de sus alquileres. A mediados de septiembre, el Congreso rechazó una ley propuesta por los sindicatos de inquilinas para regular los alquileres de temporada, porque ahora mismo los políticos son incapaces incluso de detener los abusos más extremos.

Esa misma semana, el programa La Sexta Clave emitió un reportaje explicando en qué consiste una huelga de alquileres y cómo, en Estados Unidos, las luchas de los inquilinos lograron legalizar este tipo de protestas; o cómo, hace un año, una importante huelga de inquilinos tuvo lugar en Toronto. Tres días después, una portavoz del Sindicato se enfrentó en Espejo Público a Daniel Lacalle, uno de los principales defensores mediáticos del libre mercado. Un debate que sacó de quicio a Lacalle por la naturalidad con la que se puso en duda que la vivienda pueda ser una inversión y que un propietario pueda aumentar el alquiler simplemente para obtener más beneficios.

La clave es si existe capacidad para que el 13-O sea el momento de expandir la estrategia de autorregulación de los precios y, con ello, impulsar nuevas fuerzas sociales

El Sindicato de Inquilinas lleva años preparándose para la posibilidad de articular formas masivas y coordinadas de desobediencia basadas en la autorregulación de los precios y otras formas de huelga inquilina. Se ha ido desarrollando una sólida estructura sindical y territorial que la respalda, y acumulando recursos para librar la batalla cultural e ideológica. Este proceso se ha guiado por las hipótesis del poder popular y el sindicalismo de base, donde la defensa de los inquilinos no solo busca mejorar sus condiciones materiales, sino convertirse en una acción ofensiva contra las estructuras políticas y económicas dominantes. La clave es si existe capacidad para que el 13-O sea el momento de expandir la estrategia de autorregulación de los precios y, con ello, impulsar nuevas fuerzas sociales.

En el sector inmobiliario no tienen dudas sobre los efectos de una posible huelga de alquileres. Hace una semana, el diario Marca publicó un hilo del abogado twittero Hackbogado, en el que analizaba las posibles repercusiones para el sector. Marca lo resumió con el titular: “Soy especialista en temas legales de vivienda y una huelga de alquileres nos llevaría al 'colapso'”. En su análisis, el abogado explora cómo podría reaccionar la justicia ante un “incumplimiento masivo de contratos”, señalando que “podrías estar entre seis y doce meses sin pagar el alquiler. Guardando ese dinero y sumándole cada mes un poco para las costas. Y cuando llega el Juzgado, pagas. Y se acabó esa historia”. El impacto para las empresas dedicadas al alquiler sería devastador: “Si es una empresa que tiene decenas o cientos de viviendas en alquiler y le haces una cosa así, pues el destrozo es aún mayor. Porque hoy día, casi todo depende de que los ingresos recurrentes no te fallen en más del 10%, de media. Si te pasa eso, tu empresa se suele caer”. Además, advierte, que en lugares como Madrid, si cientos o miles de inquilinos “de pronto” dejan de pagar el alquiler durante meses y lo guardan, “podrían someter a un castigo enorme a los arrendatarios”. Como resultado, “los inquilinos podrían 'negociar mejor' lo que sea que están reclamando a esas empresas”, concluyendo que “es una idea loca y peligrosa”. Parece que esta sensación se está extendiendo rápidamente entre el sector inmobiliario, lo que refleja que a veces el capital es más consciente del poder que tiene la lucha sindical que la propia población que sufre la injusticia.

No hay mayor radicalismo que enfrentarse a las complejas y contradictorias oportunidades de transformación desde el aquí y ahora

Movilizaciones como la del 13-O suelen ser complejas para los movimientos sociales. Están atravesadas por innumerables contradicciones, algunas bastante incómodas, debido a la heterogeneidad de sus participantes, tanto en términos políticos como de reivindicaciones. Muchos movimientos sienten rechazo hacia este tipo de manifestaciones, porque la pureza ideológica y la seguridad identitaria que encontramos en nuestros santuarios sociales, donde el esfuerzo y el sacrificio militante son un fin en sí, no será lo que caracterice el 13-O. Aunque estas posturas puedan empujarnos hacia la marginalidad o la autoexclusión, la comodidad del gueto nos permite juntarnos entre iguales para lo “verdaderamente importante”, sin distraernos en cuestiones como “la legitimidad del rentismo”.

Se tiene claro que el rentismo no es legítimo, ni la propiedad, ni muchas otras cosas. Sin embargo, lo que resulta menos claro, es la estrategia para convertir la postura política en un proceso de cambio, de modo que las posiciones políticas no sean solo discurso y se conviertan en realidad material. El 13-O no habrá nada de esto. Habrá muchas contradicciones, y el único radicalismo será la apuesta impaciente por cambiarlo todo. Porque no hay mayor radicalismo que enfrentarse a las complejas y contradictorias oportunidades de transformación desde el aquí y ahora

La cuestión clave es cómo transformar la creciente indignación en torno a los alquileres y la turistificación en un proyecto de mayorías, con un carácter contrahegemónico y sindical

¿Será la movilización en Madrid el punto de inflexión? A lo largo de 2024, ha habido manifestaciones en Canarias, Baleares, Barcelona, y Málaga repetirá el próximo 9 de noviembre tras la fuerte movilización de junio. En un contexto de bloqueo institucional, es poco probable que las movilizaciones por sí solas tengan efectos reales, lo que plantea la necesidad de ir más allá de la protesta. La cuestión clave es cómo transformar la creciente indignación en torno a los alquileres y la turistificación en un proyecto de mayorías, con un carácter contrahegemónico y sindical, incluyente y articulador. Un nuevo bloque social que convierta el desgastado principio del “derecho a la ciudad” en un conflicto vivo contra el neoliberalismo y en defensa de los territorios, las ciudades, los servicios públicos y sus habitantes, creando a su vez nuevos vínculos y formas de habitar la ciudad.

La autorregulación de los alquileres podría convertirse en un frente estratégico central, por su carácter desobediente, su capacidad de antagonizar, su sólida legitimidad y la confrontación que plantea a las estructuras socioeconómicas, así como por las oportunidades que abre para crear nuevas culturas en torno a la vivienda y la ciudad. Puede que el 13-O quede simplemente en una movilización más, pero tarde o temprano, será necesario impulsar un frente estratégico desde el que disputar el control y el sentido de la ciudad.

Los caseros se comen tu sueldo

Yago Álvarez Barba

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El Salto TV Los caseros se comen tu sueldo

Yago Álvarez Barba

En el programa en directo de Economía Cabreada del 23 de abril analizamos el mercado del alquiler y las legislaciones de vivienda con Javier Gil del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y Martín Cúneo de El Salto.