Derecho a la vivienda
Más de 30 organizaciones sociales y la izquierda parlamentaria se movilizan el 13-0 por la vivienda

La votación del pasado 17 de septiembre sirvió para recordar, una vez más, que la mayoría parlamentaria que salió del 23J es de derechas. La decepción cundió entre los socios de izquierda del Gobierno, así como el hartazgo entre los colectivos de personas afectadas por la crisis de vivienda. Tal como advirtieron en el momento de su negociación, la Ley de Vivienda no sirve y no hay votos suficientes para aprobar las reformas que necesita para que funcione.

Aquel día, Junts cambió su voto tres minutos antes y no permitió siquiera que se debata la proposición de ley que pretendía regular los alquileres de temporada, la principal vía elegida por los propietarios junto con los pisos turísticos para sortear las regulaciones de los últimos años. Aquel martes, se desvanecía la última esperanza de que el Parlamento limite las ganancias de los grandes y medianos propietarios mientras los alquileres no dejan de subir y se baten cada día nuevos récords. 

La movilización del 13 de octubre ya había sido convocada, pero la alianza entre Junts, PP y Vox para tumbar la proposición de ley la llenó de sentido. De la misma forma que la postura ambigua del PSOE, que decía defender la medida impulsada por los sindicatos de inquilinos a la vez que admitía que su opción favorita es la línea, mucho más moderada, defendida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. “El tiempo de los políticos se ha acabado”, decía una activista del Sindicato de Inquilinas de Madrid en un vídeo que llamaba a la manifestación. “Una vez más se han reído en nuestra cara. Así que no queda otra. Vamos a la huelga de alquileres”, advertía.

“Una vez más se han reído en nuestra cara. Así que no queda otra. Vamos a la huelga de alquileres”, advertía una activista del Sindicato de Inquilinas

Así lo hacían a principios de septiembre 900 familias organizadas en el Sindicato de Inquilinas, que ponían en marcha su particular “huelga de alquileres”. Con esta medida, estos arrendatarios seguirán pagando la misma renta sin asumir las subidas “ilegales” de entre 150 y 700 euros que impone el fondo buitre Néstar-Azora a sus inquilinos. Este fondo ya había sido condenado en Catalunya por imponer cláusulas abusivas para subir los precios en medio del contrato más allá de lo permitido en la Ley de Vivienda y en la ley estatal de alquileres. Sin embargo, las sentencias no han impedido que el fondo de inversión siga cometiendo estos abusos a sus más de 8.000 inquilinos.

900 familias y diez bloques se declaran en “huelga de alquileres” contra el fondo buitre Azora

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda 900 familias y diez bloques se declaran en “huelga de alquileres” contra el fondo buitre Azora

Martín Cúneo

El tercer casero privado de España incluye cláusulas abusivas en contratos de 8.000 hogares. Casi mil de ellos se niegan a pagar aumentos que superan el 20%, burlando las leyes de alquileres y vivienda.

La movilización del 13 de octubre ha sido impulsada por más de 30 organizaciones sociales, entre las que figuran el Sindicato de Inquilinos, secciones barriales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), la Plataforma por los Afectados por la Vivienda Público y Social (PAVPS), así como otros colectivos barriales, sociales y sindicales. La manifestación, que comenzará a las 12h en Atocha y finalizará en Callao, también está respaldada por los grupos políticos de Podemos, Sumar, Más País e Izquierda Unida. 

El desborde de los alquileres de temporada

En el último año, los alquileres temporales —contratos por menos de 11 meses que permiten subir el precio a discreción del propietario y niegan los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres y en la Ley de Vivienda— han experimentado un crecimiento exponencial. En Barcelona, la oferta de alquileres de temporada ya supone más del 40%. Según un reciente estudio publicado por ElDiario.es, incluso suponen más del 60%. En Madrid, esta cifra ya se acerca al 30% del total de los pisos ofertados y en Cádiz roza el 70%. 

Tras la negativa de Junts a debatir la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinos, Isabel Rodríguez, ha insistido en el trabajo del Ministerio de Vivienda, que lleva meses preparando una propuesta que ha sido duramente criticada por las organizaciones de arrendatarios y que pretende “agilizar” para que esté lista antes de finales de 2025.

La propuesta del Gobierno se basa en un desarrollo reglamentario de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que todos los alquileres de corta duración —temporales y turísticos— tengan que estar debidamente justificados y que todos ellos figuren en un registro único de alquileres de vivienda no habitual. Los sindicatos han criticado la falta de ambición de esta iniciativa, impulsada por un grupo de trabajo con una determinante presencia del lobby inmobiliario.

Según denuncian, el contenido de la reforma no serviría para contener el desborde de los alquileres turísticos y de temporada, y la forma —un decreto que desarrolla un reglamento— ahorraría el debate parlamentario y las aportaciones de los socios de izquierda, más alineados con las posiciones de los sindicatos de inquilinos. La reforma del PSOE tampoco contempla, por ahora, los alquileres por habitaciones ni tampoco reconoce derechos de los inquilinos conquistados en las últimas regulaciones, entre ellos la obligación de que los propietarios asuman el pago de la intermediación inmobiliaria.

“Las inquilinas no aguantamos más. Prepárate para una huelga de alquiler. Es el momento de desobedecer sus leyes injustas. Sin nuestra pasta no son nada”, proclaman desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid

Ante la caída en desgracia de la proposición de ley para regular el alquiler de temporada en el Congreso, Sumar ha declarado que tiene intención de que vuelva a ser votada o encontrar otras fórmulas para que se apruebe una regulación de este tipo de contratos acorde con las demandas de los sindicatos de inquilinos. En ese sentido, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, anunció el 23 de septiembre que Sumar está trabajando para que esta Ley se vuelva a tomar en consideración. “Esta legislatura va a ser juzgada por cómo resolvamos el problema de la vivienda”, condensó. 

Frente a una clase política que “ha demostrado estar una y otra vez del lado de los rentistas”, continuaba la activista del Sindicato de Inquilinas en el vídeo, con unas leyes “que solo defienden a los especuladores” y no hacen nada antes unos alquileres que no dejan de subir, hace falta otro tipo de acciones: “Las inquilinas no aguantamos más. Prepárate para una huelga de alquiler. Es el momento de desobedecer sus leyes injustas. Sin nuestra pasta no son nada”.