Derecho a la vivienda
Inquilinas de la Fundació la Caixa denuncian la no renovación de los contratos y la subida de los alquileres

Cuatro edificios de Barcelona, prácticamente 300 viviendas en Hospitalet de Llobregat, dos bloques en Sitges y uno en Salou. Todos forman parte de las 37 promociones de la cartera inmobiliaria de la Fundació la Caixa, la mayoría en régimen de protección oficial. Al menos un centenar de inquilinas que viven en algunos de los edificios se han organizado con el Sindicat de Llogateres para denunciar la no renovación de los contratos, el “malestar” con la gestión de los arrendamientos y la “ausencia de mantenimiento”. Hoy, en rueda de prensa, han presentado la campaña ‘Destapem la Caixa’ con la que reivindican, entre otras cosas, que se paren los procedimientos judiciales abiertos, continuar en régimen de alquiler o que se cedan los pisos vacíos.

Con subvenciones de hasta 25 millones de euros, según el Sindicat de Llogateres, la Obra Social la Caixa construyó diversas promociones calificadas de Vivienda de Protección Oficial (VPO), la mayoría a diez años. Ahora, cerca de agotar el periodo o ya transcurrido, las vecinas denuncian el incremento de los precios de alquiler o, incluso, la expulsión. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha recordado que actualmente en Catalunya solo hay un parque público de vivienda del 2% y que, hasta ahora, la legislación ha fomentado “actuaciones especulativas basadas en fondos públicos”.

El Sindicat de Llogateres expone las subvenciones, cesiones de terrenos, beneficios fiscales y subsidios que ha recibido la Caixa para la construcción de viviendas de protección oficial en alquiler

Edificios en lucha: de la indefensión individual a la negociación colectiva

Gessamí Forner

Derecho a la vivienda

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Gessamí Forner

En Madrid, 12 bloques con 115 viviendas se niegan a asumir incrementos especulativos del alquiler, mientras siguen abonando la renta tras decaer el contrato. En Barcelona, alrededor de 2.000 hogares han conseguido desde 2018 una renovación del contrato del alquiler que consideran justa siguiendo esta estrategia.

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A través de diversas sociedades, en la actualidad es InmoCaixa —de CriteriaCaixa— quien administra viviendas como la de Montse Martínez Gurí, una vecina de la promoción de la calle Òmnium Cultural de Vic, que actualmente se encuentra en riesgo de desahucio. Su contrato finalizó el 1 de septiembre de 2022: “Me enviaron la notificación informándome de que no me renovarían, que solo se lo harían a las personas jubiladas. Desde entonces, ningún mes he dejado de ingresar el alquiler, pero tengo un procedimiento judicial abierto”, lamenta. Además, Martínez relata que han hecho algunas renovaciones duplicando el precio del alquiler.

A través de un informe presentado en la rueda de prensa, el Sindicat de Llogateres expone las subvenciones directas, cesiones de terrenos, beneficios fiscales y subsidios a los préstamos que ha recibido la Caixa para la construcción del parque de protección oficial de alquiler. Después de hacer cálculos, concluyen que diferentes promociones, como Salou y Cornellà, ya están amortizadas y que, por tanto, no existe ninguna razón económica que justifique la no renovación de los alquileres una vez acabada la protección. De hecho, Inmo Criteria, presidida por Isidro Fainné Casas, obtuvo un beneficio neto de 2.599 millones en 2021.

Según los datos facilitados por la Agència de l’Habitatge, a las cuales ha accedido la Directa, la promoción de Vic donde vive Montse Martínez habría recibido 1,2 millones de euros de subvención pública, además de constituirse un préstamo cualificado para un periodo de amortización de diez años. “Han recibido financiación pública y ahora nos echan fuera”, denuncia Martínez. La inquilina asegura que podría llegar a pagar 500 euros con sus ingresos, pero que no encuentra ninguna vivienda en Vic por este precio: “Incluso he ido a Hostalets de Balanyà y solo he encontrado un piso hecho un Cristo por 550 euros”.

“Han recibido financiación pública y ahora nos echan fuera”, denuncia Montse Martínez

Daniella Corbo también se siente engañada por la Fundació la Caixa. Vive en una de las promociones de la carretera de Collblanc de Hospitalet de Llobregat calificada en régimen de protección oficial a diez años. El suelo de la promoción fue cedido por el Ayuntamiento y en 2014, después de un sorteo, entró a vivir con su hijo. Entonces pagaba 640 euros mensuales, pero actualmente ya abona 817. “Cuando fui a firmar la renovación, me quedé de piedra: me hacían pagar otro depósito, desaparecía la opción de compra, el precio se incrementaba en función de en qué planta vivías”, denuncia Corbo. Además, explica que no le permitieron llevarse el contrato para examinarlo con algún abogado. Me dijeron que si no lo firmaba en el momento, perdía el piso”. En la actualidad, hay algunos vecinos, nuevos, asegura, que ya están pagando mil euros de alquiler.

Además de problemas de construcción, se queja de un mal mantenimiento: “Hay humedades y goteras en los edificios”. No es la única promoción de la Fundació la Caixa en esta situación. Desde otras promociones constatan que la propiedad no se hace cargo del mantenimiento, que las zonas comunes están abandonadas y que los materiales utilizados son de baja cualidad. Otro bloque de l’Hospitalet, en la avenida Carrilet, ya había denunciado problemas de mantenimiento desde que entraron a vivir. Comenzaron a pagar el mantenimiento de placas solares sin que funcionaran, incidentes en las calderas y ascensores estropeados.

Desde la campaña también relatan haber recibido presión por parte de InmoCaixa a través de llamadas o para que retiraran las pancartas con reivindicaciones colgadas a las fachadas de los edificios. “El gestor reputacional de la Caixa nos fue diciendo que estábamos dando muy mala imagen”, recuerda Martínez.

Desde InmoCaixa, que controla el negocio inmobiliario de la Fundació, no han querido facilitar información detallada sobre las promociones de viviendas protegidas, la duración de su cualificación, las condiciones establecidas con las administraciones públicas ni de los procedimientos judiciales abiertos por finalización de contrato. A pesar de todo, sí que han confirmado a la Directa que la cartera actual de alquiler residencial consiste en 2.000 viviendas sociales dedicadas a personas vulnerables, 4.000 viviendas en 50 edificios con alquiler básico con precios “significativamente inferior a los precios de mercado” y 1.800 de alquiler libre en 23 edificios. Sobre la gestión, aseguran que buscan “el equilibrio entre la defensa del valor inmobiliario de la cartera y la sensibilidad en los casos en que se detecta y acredita vulnerabilidad económico-social por parte de los inquilinos”.

Los municipios de la demarcación de Barcelona perderán un 50% de la vivienda protegida privada en siete años

La pérdida de vivienda protegida

El informe ‘Habitatge de desprotecció oficial’ presentado por el Sindicat de Llogateres denuncia el hecho de que a menudo la promoción y la construcción de viviendas protegidas recaiga en actores con ánimo de lucro que reciben ayudas públicas y que, una vez transcurre el plazo de protección, pueden vender los inmuebles o alquilarlos a un precio libre. “Con esta posibilidad se cierra el círculo de una transferencia de recursos públicos a entidades privadas”, concluyen.

Precisamente hoy, el Observatori DESC y el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona han hecho público un informe que muestra  la pérdida del parque de vivienda protegida cuando se descalifica: los municipios de la demarcación de Barcelona perderán casi un 50% de VPO en siete años.

A pesar del cambio legal de 2019 en Catalunya introduce la calificación permanente en la práctica totalidad del nuevo parque de vivienda protegida, el informe ‘El parc d’habitatge protegit a Barcelona: estoc existent i la seva evolució’ concluye que de las 72.501 viviendas que había de protección a la provincia de Barcelona en 2021, solo quedarán 36.031 en 2030 y 18.830 en 2040. Es decir, se habrán reducido un 50 y un 74%, respectivamente.