Derecho a la vivienda
Qué hubiera pasado con otra política de vivienda: España tendría un parque público de 4,7 millones de pisos

Un nuevo informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras certifica la herencia de cuatro “décadas fallidas” en cuestión de vivienda. Décadas de políticas “paliativas” en las que hubo un “predominio absoluto del mercado y del sector inmobiliario”, cuyas iniciativas “no han mejorado la accesibilidad de la vivienda en España ni el esfuerzo económico de las familias”. Si la historia hubiera sido otra, España se ubicaría hoy a la cabeza de los Estados europeos con mayor patrimonio público y no a la cola, como ocurre en la actualidad.

Uno de los principales fallos de esta política habitacional es haber permitido la descalificación y el paso al mercado privado de la vivienda pública que el Estado había ido impulsando. Si esos pisos se hubieran quedado en el parque público y la inversión pública en vivienda hubiera sido eficaz y correctamente enfocada, ahora las administraciones dispondrían de 4,7 millones de viviendas, indica el informe. El parque público español actual apenas supera las 290.000 unidades. Con las políticas acertadas, España se hubiera podido posicionar en el cuarto lugar entre los países de la UE con mayor parque público, con un 18% de viviendas de titularidad pública, detrás de Países Bajos, Austria y Dinamarca. Actualmente, España está en el cuarto lugar, pero empezando por debajo, solo por encima de Grecia, Chipre, Letonia y Estonia.

Uno de los principales fallos de esta política de vivienda es haber permitido la descalificación y el paso al mercado privado de 2,7 millones de pisos públicos que había ido impulsando en las pasadas cuatro décadas

A los 2,7 millones de pisos públicos a precios asequibles que se han “privatizado” se le suma la oportunidad perdida de dedicar los recursos invertidos a la generación de nueva vivienda pública. 

La prioridad nunca ha sido la creación de un gran parque público, sentencia el informe y acompaña esta afirmación con datos: entre 1982 y 2023, el Gobierno central invirtió 200.000 millones de euros en desgravaciones fiscales en el IRPF, un dinero que había bastado para construir otros dos millones de pisos protegidos. Solo la deducción fiscal por inversión en vivienda —es decir, dar dinero público para comprar viviendas privadas— se llevó 162.000 millones de euros en estos 40 años, detalla el informe, titulado Cuatro décadas fallidas de política de vivienda. Estos gastos han tenido un “claro sesgo regresivo”, señalan, ya que han beneficiado en mayor medida a los contribuyentes con mayor capacidad de renta.

“Se ha gastado mucho en vivienda, pero se ha invertido poco: el resultado es que después de tanto esfuerzo, carecemos del instrumento (parque público de vivienda) para garantizar el derecho a la vivienda”, explican los autores. 

El análisis de estas décadas de política de vivienda realizada por el Gabinete Económico de CC OO sirve también para poner en su lugar el santo grial de la derecha, la socialdemocracica y el lobby inmobiliario: la colaboración público privada. Para este sindicato, esta fórmula ha sido un ejemplo de asociación “parasitaria”. Según este análisis, la política de construcción de vivienda protegida ha sido siempre “un colchón de seguridad para la actividad inmobiliaria”: cuando las condiciones o el contexto económico hacían imposible el negocio con la vivienda libre, “se reactivaba la construcción de vivienda protegida como forma de garantizar la actividad y un beneficio razonable del sector”. Al final, la recalificación y la venta de estas viviendas protegidas permitió a los propietarios “participar del negocio inmobiliario y obtener amplias plusvalías con la vivienda protegida”. 

Entre 1982 y 2023, el Gobierno central invirtió 200.000 millones de euros en desgravaciones fiscales en el IRPF, un dinero que había bastado para construir dos millones de pisos protegidos

La construcción de vivienda protegida, definen, “no ha sido un fin (garantizar un acceso asequible a la vivienda) sino un medio (sostener al sector inmobiliario-constructor en las etapas difíciles)”.

La ausencia de un parque público ha arrebatado al Estado un mecanismo de intervención directa en el mercado inmobiliario, que pueda servir de “contrapeso a los propietarios privados” para abaratar el acceso a la vivienda de precio liebre tanto de compra como de alquiler.

A la hora de las soluciones, además de insistir en fórmulas que garanticen que las viviendas públicas sigan siendo públicas y no pasen al mercado privado, el estudio de CC OO apunta a las viviendas de uso turístico y a la vivienda vacía, unas 3,8 millones, según el Censo de Población y Viviendas de 2021. 

El total de viviendas deshabitadas ya supera al de viviendas en alquiler y supone el 14,4% del total del parque inmobiliario en España, una cifra que no para de crecer: en los últimos diez años, el número de viviendas vacías ha aumentado en 400.000 unidades. Según defienden los autores, “hay viviendas vacías suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda habitual”. Y no, no es solo la vivienda del pueblo. Según CC OO, el 55% de la vivienda vacía se ubica en municipios de más de 10.000 habitantes, donde reside el 80% de la población. “Las viviendas vacías constituyen un activo indispensable a movilizar para garantizar el derecho a la vivienda de la población y facilitar la conformación de nuevos hogares”, dicen.