Derecho a la vivienda
Elizabet y sus tres hijos han sido desahuciados de una vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid

“Ya los tengo aquí. Ya están viniendo los coches patrulla y están cerrando la plaza Por favor no tardéis. No tardéis que hay mucha policía y me da miedo. Id viniendo ya por favor”, dice Elizabet en un mensaje de audio que envía al grupo de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), antes de las siete de la mañana. Una hora después, un amplio dispositivo policial formado por cuatro coches patrulla, cinco lecheras y unos 25 agentes de la Policía Municipal separan del portal de Elizabet a medio centenar de vecinas y activistas por el derecho a la vivienda, que les hacen frente con las manos en alto, al grito de: “Vecina, despierta, desahucian en tu puerta”.

“El fin del estado de alarma es la vuelta a los desahucios”, asegura uno de los activistas presentes. Sólo han pasado tres días desde el fin del estado de alarma, y ayer los activistas han ido a parar tres desahucios en la misma mañana. Han conseguido parar dos en Carabanchel, pero no podrán parar el de Elizabet y sus tres hijos en Lavapiés. Sin haber puesto fin a los contagios ni a la pandemia, la alternativa habitacional vuelve a ser un factor de riesgo, y en este caso, no han sido bancos, ni fondos de inversión quienes han mandado desahuciar a una familia con dos menores, sino el Ayuntamiento de Madrid.

“El que ocupa es por necesidad, esto lo tenéis que entender. Ocupamos por necesidad. Y aunque quiero alquilar, no puedo. Me piden nomina y vivo de la renta mínima”, dice Elizabet

A las 11 de la mañana de ayer, el juzgado de primera instancia número 86 de Madrid ejecutaba el lanzamiento de una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), en la calle del Amparo 28, frente a la plaza de Nelson Mandela, en el barrio de Lavapiés. Esta vivienda fue ocupada por Elizabet hace once años. Está separada, tiene 41 años, y tres hijos de 23, 15 y 14 años de edad. “Entré en esta casa por necesidad y porque me dijeron que era una casa de la EMVS que llevaba ocho años vacía”, asegura Elizabet, aguantando los nervios minutos antes de que se presente la comisión judicial.

“Estoy muy nerviosa. No me han dado ninguna alternativa. La trabajadora social me dijo que el SAMUR me da plaza en esos sitios de camas en habitaciones compartidas… en un albergue, que no me salía. Pero los niños, por ser hombres no pueden estar conmigo. Los dos chicos por un lado y yo y mi niña por otro lado. Y eso no lo puedo permitir. La única opción que tengo es esto, ocupar, no hay viviendas asequibles. Pero yo no quiero ocupar, esto no es vida. El que ocupa es por necesidad, esto lo tenéis que entender. Ocupamos por necesidad. Y aunque quiero alquilar, no puedo. Me piden nomina y vivo de la renta mínima. Como me desahuciaban el año pasado y fue parado por la pandemia, ya no me dan más tiempo, y me quieren fuera. Me quieren en la calle con mis tres niños. Espero que la PAVPS lo pueda parar. Si me desahucian no tengo quien me recoja”, dice Elizabet cada vez más nerviosa. Cuenta que sus padres, que viven en una vivienda de dos habitaciones, ya acogen a la familia de su hermano con cinco hijos, después de que fuera desahuciado en septiembre del año pasado por no poder pagar la hipoteca. Además, tiene otros familiares que también tiene una orden de desahucio inminente.

Desahucios en pandemia

“Hemos solicitado muchas veces que se regularice mediante decreto a las familias que están ocupando viviendas públicas, como de la EMVS. Viviendas del ayuntamiento de Madrid que en 2013 fueron vendidas a Blackstone gestionadas por Fidere. Y otras viviendas como la casa de Elizabet que llevaba años cerrada”, dice Angelines Díaz de PAVPS.

“Desde que entré a vivir aquí he intentando que me regularicen y nada. Aquí somos cuatro familias que vivimos ocupando y más abajo hay otros cuatro. Somos muchos los que vivimos ocupando, en total seremos unas 70 familias a las que no nos quiere regularizar la EMVS”, dice Elizabet. Según la propia EMVS no son tantos, reconocen que tienen 46 viviendas ocupadas de un parque público de 6.600 viviendas. “El porcentaje de viviendas ocupadas de la EMVS es mínimo, y hay que tener en cuenta que si hay una vivienda ocupada no se puede entregar a quien se le adjudicó”, dice un portavoz de la EMVS que cifra en 28.000 los solicitantes de vivienda pública registrados.

“Mi abogado ha mandado un montón de escritos, ayer mismo mandó otro, y hoy la jueza habrá visto el último escrito y ha sido rotunda: que me vaya a la calle. Y no seré la única”, concluye Elizabet, que se sube a casa a esperar a la comisión judicial.

Tensión durante el desalojo

La tensión aumenta con la llegada de los técnicos de la EMVS. Las activistas les increpan y gritan: “¡Vergüenza!” y “Pedían libertad y esta es la realidad”. La policía trata de apartarles hasta que el coche de la EMVS puede entrar en la plaza. Aparcan y esperan un rato en el portal. Las activistas deciden cortar la calle haciendo una sentada, “¡Todo el mundo al suelo, nos sentamos!”. Cuando los técnicos de la EMVS y la comisión judicial suben a la casa, Elizabet amaga con sacar medio cuerpo por el balcón. Los técnicos del SAMUR que han llegado hace poco suben a la vivienda. Están ejecutando el lanzamiento de Elizabet y sus tres hijos. Pero en la calle aun no se sabe con seguridad. Se espera que pueda haber un aplazamiento del desahucio.

La noticia de que finalmente se ha ejecutado el desahucio de Elizabet y su familia llega a las vecinas y activistas que están en la calle, y algunas explotan de indignación

“El decreto que hizo el gobierno con las medidas anti-COVID ha sido raquítico. Nadie puede entender como se puede dejar en la calle a una familia en medio de la pandemia. Pero además, en el recursos del abogado que ha presentado al juzgado, la jueza no ha tenido en cuenta el informe de vulnerabilidad que demuestra su situación de vulnerabilidad económica y social. Es una mujer sin ingresos con tres hijos a su cargo, dos de ellos menores de edad. Y no tienen capacidad alguna, ya ni siquiera de pedir una hipoteca, ni de pedir un alquiler con la burbuja de especulación que hay en este país, y más en el centro de Madrid”, dice José Torralbo, portavoz de PAVPS.

La noticia de que finalmente se ha ejecutado el desahucio de Elizabet y su familia llega a las vecinas y activistas que están en la calle, y algunas explotan de indignación. Una chica muy joven espeta a un policía: “¿Vosotros sois patriotas? Tú, que llevas una banderita de España en la mascarilla, ¿tú eres patriota, así defiendes al pueblo?”. Y rompe a llorar de impotencia hasta que alguien la abraza.

El abogado de oficio de Elizabet también está en absoluto desacuerdo con la decisión judicial de ejecutar el desahucio, ya que el juzgado no ha valorado el informe de los servicios sociales municipales que le hicieron en febrero del año pasado. “El día 5 de mayo se publicó en el BOE y entró en vigor el Real Decreto Ley que contiene la moratoria. El mismo día presentamos el recurso de suspensión del desahucio. Y ayer la jueza lo denegó. La jueza cree que no se ha presentado la documentación necesaria, pero lo hemos hecho y el informe dice que Elizabet está en situación de vulnerabilidad. Pero ese informe según la jueza no cumple los requisitos que dice el Real Decreto. ¿Y esto, por una cuestión de burocracia?”, se pregunta Manuel, el abogado de oficio de Elizabet.

Desde el área de vivienda del Ayuntamiento de Madrid aseguran que la EMVS ha sido muy respetuosa durante este tiempo con los ocupantes y que han seguido el procedimiento establecido. “El juzgado ha dispuesto de todos los informes preceptivos, entre ellos el del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (SAER) del Ayuntamiento de Madrid, que ha confirmado que esta familia dispone de alternativa habitacional. Sin este informe, el juez no hubiera permitido el lanzamiento. Además, se realizan en ella actividades ilegales y se han producido daños y riesgos que han puesto en peligro la seguridad del edificio y de los vecinos”, aseguran desde la EMVS.

Las “actividades ilegales” a las que se refieren, es haberse enganchado al contador de luz e increpar a los técnicos que les cortaron el suministro eléctrico. Añaden que “al juzgado le sorprende que la familia no haya aportado gran parte de la documentación requerida para argumentar su vulnerabilidad”, según la EMVS. Y aseguran que están paralizando muchos lanzamientos, aunque estén autorizados por los juzgados. “Pero en este caso sí es necesario proceder al desahucio porque se dan circunstancias especiales de grave convivencia vecinal”. Esto es, recordemos, haberse enganchado al suministro eléctrico e increpar a quienes fueron a cortarles la luz.

El abogado de Elizabet considera que el desahucio se ha producido no conforme a derecho. “Creo que el juzgado debería haber suspendido el desahucio y luego decidir, y no lo ha hecho”

Inciden en los problemas de convivencia vecinal porque todo los grupos políticos presentes en el Pleno aprobaron los Pactos de Cibeles, que permiten los lanzamientos en pisos de la EMVS que “puedan implicar delincuencia o grave conflicto vecinal, en los términos previstos en el Reglamento de adjudicación de la EMVS”. Así desde la EMVS argumentan que este lanzamiento está autorizado por un juzgado, y además avalado por los acuerdos políticos a los que llegaron todos los grupos con representación municipal.

“El decreto anti-desahucios dice que para desahuciar una vivienda, esta vivienda tiene que haber sido asignada a otra familia o que haya conflictividad vecinal, pero tiene que decirlo la policía, no un informe de la propia EMVS”, explica Angelines de PAVPS.

El abogado de Elizabet considera que el desahucio se ha producido no conforme a derecho. “Creo que el juzgado debería haber suspendido el desahucio y luego decidir, y no lo ha hecho. Ayer la jueza lo denegó y ya no hay tiempo de más”, concluye el abogado de oficio de Elizabet, que asegura que recurrirá y buscará una reparación o indemnización hasta el Tribunal Constitucional “aunque sea un camino largo y penoso”.

Los portavoces de PAVPS y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, creen que podría tratarse de un caso de prevaricación judicial. Es decir, que el juzgado de primera instancia número 86 de Madrid ha desahuciado a Elizabet aunque sabían que no podían, al estar en situación de vulnerabilidad social.

Elizabet no quiere irse al albergue del SAMUR. De momento la familia se repartirá entre la casa de su exmarido, sus suegros y otros familiares que están ayudándola a sacar las cosas de la que hasta ahora era su casa. Mientras llega un camión del ayuntamiento para cargar y deshacerse de las cosas que no se puedan llevar, una vecina le dice a otra: “A Elizabet no le va quedar otra que volver a ocupar”. Las activistas que habían acudido a parar este desahucio se van a Carabanchel, donde se está produciendo otro desahucio. Este sí que lo podrán parar. Unas pocas se quedan a protestar contra los técnicos de la EMVS cuando salen. Y a gritos les recuerdan el aniversario que estos días conmemora la EMVS, “así es como la EMVS celebrar sus 40 años de vida, desahuciando a otra familia”.