Derecho a la vivienda
Denuncian por “prácticas propias de Desokupa” al Ayuntamiento y Policía Municipal de Pamplona

El pasado domingo 12 de noviembre, el Consejo Socialista de Pamplona (Konstseilu Sozialista Iruñerria) y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria (Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Socialista) dieron a conocer la ocupación de “un nuevo bloque de vivienda socialista” en la calle Jarauta, 19 de Pamplona. A través de un manifiesto, incidían en que varias familias habían entrado al inmueble hace varios días, reivindicando la defensa de las necesidades de la clase trabajadora y “en favor de un acceso universal y gratuito a una vivienda de calidad”. Todas las viviendas del bloque son propiedad de Pamplona Centro Histórico (PCH), empresa municipal encargada de la rehabilitación de inmuebles en el Casco Antiguo de la ciudad.

En este sentido, algo que ha alarmado a las familias y formaciones políticas vinculadas a la intervención del inmueble es la reacción de las autoridades, en este caso del Ayuntamiento de Pamplona y la Policía Municipal que, según este sindicato, reproducen el funcionamiento de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. De hecho, en uno de los vídeos grabados en el lugar de los hechos puede escucharse a uno de los agentes decir “Desokupa manda”.

Esto es lo que decía uno de los munipas que estaba haciendo el control de acceso en el Bloque de Viviendas Socialista de Iruñea:

“𝐃𝐞𝐬𝐨𝐤𝐮𝐩𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚”

El Ayuntamiento ha impuesto un control de acceso y varias personas permanecen en las viviendas en estado de sitio. pic.twitter.com/MKRB2JqGeI

— Karla Pisano (@PisanoKarla) November 13, 2023

A los pocos minutos del anuncio público, las autoridades policiales se presentaron en el bloque, aunque el plazo para un desalojo express había caducado al encontrarse los moradores dentro del inmueble. Tras un intento de desalojo que se detuvo por la presión vecinal, se instauró un control de entradas y salidas del edificio. 

En uno de los vídeos grabados en bloque ocupado puede escucharse a uno de los policías municipales decir “Desokupa manda”

“El control de acceso es un método propio de las empresas fascistas de desokupación, que el Ayuntamiento de Pamplona ahora hace suyo. Además de la ilegalidad que supone el no dejar entrar y salir a la gente libremente de su casa, vemos cómo este caso llega a puntos inhumanos. No dejan subir comida ni medicamentos a los presentes, y se enfrentan al siguiente chantaje: si sales de tu hogar, no podrás volver a entrar. El control de acceso lleva tres días consecutivos establecido en el bloque, lo cual es a todas luces escandaloso. Tres días de asedio permanente hacia quienes viven en el bloque, para ir vaciando todos los pisos”, indican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria. 

La ilegalidad en los desahucios 

De acuerdo con la legislación pertinente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que, según el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de consentimiento del titular, cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial. Es por ello que el Sindicato Socialista de Vivienda hace incidencia en el carácter ilegal del desalojo y del control in situ, pues en este momento ya se han desocupado tres de las viviendas intervenidas: la policía solo podría haber actuado en el momento en el que se produce la ocupación —en el caso de un delito de usurpación—, no después. Respecto al presunto plazo de las 48 horas enunciado en algunos casos por fuentes policiales, no existe ninguna disposición ni jurisprudencia que lo acredite, tal y como confirman a El Salto fuentes jurídicas.  

“El control de acceso es ilegal porque no se puede impedir a una persona acceder a su morada, sea esta de su propiedad o no. En este caso, los policías actúan como jueces al establecer sin juicio previo, de forma preventiva, que una persona no puede entrar a lo que constituye su vivienda. De hecho, en dos de las cinco viviendas ocupadas, este martes 14 de noviembre, cambiaron las cerraduras. Por tanto, dos desahucios ilegales ya han sido efectivamente ejecutados, porque cambiar la cerradura de viviendas que constituyen morada de unas personas de las cuales tienen conocimiento es ejecutar un desahucio ilegal, aunque las personas no se encuentren ahí en ese momento porque no les dejan entrar,” indican desde el Sindicato. 

“El control de acceso es ilegal porque no se puede impedir a una persona acceder a su morada, sea esta de su propiedad o no. En este caso, los policías actúan como jueces, sin juicio”

Dicho control de acceso ha ocasionado diversos perjuicios a las familias que residen en el inmueble, algunas con menores a su cargo, por la imposibilidad de acceder o salir del mismo, así como hacer llegar alimentos y medicinas dentro de la vivienda. El perfil de los moradores del inmueble es diverso, pero tiene en común la situación de vulnerabilidad: desde mujeres que han sufrido violencia de género, a diferentes personas que no pueden permitirse pagar un alquiler. 

En este sentido, moradores y militantes creen que esta forma de proceder es una muestra de “la legalidad burguesa”: “Las instituciones públicas; aquellas que, en teoría, deben velar por los derechos básicos de las personas, son en este caso las que suspenden de facto los derechos políticos del proletariado. Queremos remarcar la importancia de la organización independiente del proletariado para enfrentarnos a la impunidad de los propietarios, avanzar en derechos políticos y luchar por el derecho a ocupar casas vacías”, indican. 

El Salto se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Pamplona para reportar la información relativa al caso, confirmando que son conocedores de los tiempos de publicación de este artículo. No se ha obtenido respuesta a la mayoría de preguntas planteadas. Sin embargo, la institución indica que tres de los pisos ocupados ya han sido desocupados sin que la policía intervenga desalojándolos como tal, aunque sí que ha hablado con los moradores antes de que abandonen los inmuebles. Sin embargo, el Sindicato Socialista de Vivienda indica que esta información es inexacta, ya que las familias han abandonado los pisos por el control de acceso que les impedía acceder a las mismas. 

“Cuando se tuvo conocimiento de la okupación, la Policía Municipal de Pamplona, a través de su Policía Comunitaria, se puso en contacto con las personas de las tres viviendas”, añaden. Por otro lado, indican que se ha ofrecido un piso de acogida a otra de las personas que aún se encuentra dentro del inmueble. 

La situación de la vivienda 

La ocupación del bloque de viviendas de calle Jarauta se sitúa en una reclama que denuncia la imposibilidad del acceso a la vivienda digna en Pamplona, donde los desahucios han aumentado un 57% del segundo al primer trimestre de 2023, según los datos del CGPJ, mientras que en el País Vasco han aumentado un 47% en el mismo período.

De la misma forma que en el resto del Estado español, destaca un crecimiento sostenido del precio del alquiler en la última década: un 50% en Navarra y casi un 35% en Euskadi, dificultando de esta manera el derecho de acceso a la vivienda para varios grupos de población. 

“Los sectores del proletariado ya están siendo efectivamente expulsados también del mercado del alquiler, con el consiguiente auge de desahucios de todo tipo. Y de forma paralela a este proceso se va estableciendo un sistema de vivienda de miseria, es decir, un gran mercado de viviendas para pobres que son progresivamente excluidos tanto de la vivienda en propiedad como del alquiler en el mercado libre. La apuesta por la llamada “vivienda asequible” se sitúa en esta dirección, y parece que es una de las grandes apuestas del ciclo que se abre, también en Iruñea”, indican desde el Sindicato.