Violencia sexual
Igualdad asegura que ha propuesto tres posibles reformas para la ley de ‘solo sí es sí’

“No vamos a apoyar ninguna reforma que elimine el consentimiento”. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha mostrado tajante ante los medios de comunicación tras la propuesta presentada por el PSOE, que incluye un aumento de las penas a agresores sexuales en función de si ha habido violencia e intimidación. Eso sí, y en el marco de las negociaciones que se desarrollan desde diciembre en el seno del gobierno de coalición, Rodríguez asegura que han presentado hasta tres propuestas de reforma del Código Penal, sin tocar el consentimiento, todas ellas rechazadas.

Junto a Rodríguez ha comparecido también la delegada del gobierno contra la violencia de genero, Victoria Rosell, quien ha empezando matizando que el problema no son las penas, ya que la actual ley es aún más dura que la anterior. Aún así, están dispuestas a construir una nueva norma para lo que “hemos presentado propuestas, no puedo detallarlas, pero sí que tenían que ver tanto con la vigencia del derecho transitorio, con su posible ubicación en el título preliminar, como con algún retoque en las penas mínimas, que es a las que están huyendo estas sentencias que insistimos que son una minoría”.

Ante las acusaciones de inmovilismo, el Ministerio de Igualdad sale al paso, revelando que están dispuestas a ceder en un hipotético cambio en el Código Penal, aunque advierten de que el problema de fondo, el goteo de revisiones de condenas a agresores sexuales, no se solucionaría. Y ahondan en que la proposición de ley que ha presentado hoy el PSOE supone volver al paradigma anterior, donde las víctimas tenían que demostrar si había habido violencia o intimidación.

Por ello consideran que esta propuesta supone un retroceso, ya que es una marcha atrás pareja a la propuesta del PP y que Moncloa anticipaba el pasado sábado sin dar mucho detalle.

El PSOE basa su propuesta de reforma en el planteamiento hecho por el Ministerio de Justicia, que defiende agravar las horquillas bajas de las penas a los delitos sexuales en casos de violencia o intimidación o con menores de por medio para evitar rebajas de condena en agresiones especialmente graves. Desde este partido aseguran que el consentimiento seguiría estando en el centro.

En cuanto al revuelo en torno a la nueva norma, la secretaria de Estado ha establecido una analogía con las presiones que recibió el gobierno de Zapatero con la aprobación de la Ley de violencia de género 1/2004, que recibió 200 cuestiones de inconstitucionalidad. Y, siguiendo el ejemplo del ejecutivo de Zapatero, han propuesto un plan de medidas que incluyen la formación y la especialización de la judicatura.

El PSOE señala la ley

Tras las presiones políticas y mediáticas, el PSOE ha acabado sacando el dedo acusador sobre la ley de 'solo sí es sí'. Así ha anunciado este lunes, a través de la portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, que registrará en el Congreso una proposición de ley enfocada a aumentar las penas a los agresores sexuales para intentar paliar los “efectos no deseados” de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Este sábado, en una nota oficial desde Moncloa, el Gobierno aseguraba que la norma sería reformada para “resolver a futuro los problemas detectados” tras el goteo de revisiones de penas y las excarcelaciones de condenados por violencia sexual. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad han insistido en la mañana del lunes que el problema es la “incorrecta” aplicación de la ley así como el derecho transitorio, “compartiendo la preocupación social por las decisiones judiciales de bajada de penas”. Para enmendar esta situación, proponen un Plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencia sexual. Este plan incluye medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres.

En la propuesta desgranada, Igualdad especifica doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y la ampliación de sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas, incluir a las víctimas de violencia sexual en el Servicio de ATENPRO desde 2023 e incrementar el número de dispositivos. Además, valoran un refuerzo de las unidades de valoración forense integral y formación especializada a todo el personal de la administración de Justicia, Interior, Educación y Sanidad.