Tribunal Constitucional
El sector progresista cede y nombra a los candidatos de los conservadores para el Constitucional

Tras el discurso del Rey en Nochebuena, donde la monarquía quizá se jugaba su modernización marcando distancia con la derecha más fascista, el Consejo General del Poder Judicial se ha movido tras cuatro años de bloqueo: ha nombrado esta tarde por unanimidad al conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano como los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar al CGPJ. Pero ambos candidatos han sido propuestos por el sector conservador. Los ocho vocales progresistas —de un total de 18— han renunciado a su candidato, José Manuel Bandrés, por María Luisa Segoviano.

Esta elección implica la renovación próxima del TC. Pero según informa El País, el cambio ha pillado por sorpresa a los diez jueces conservadores, y que esta ha sido una estrategia del ala progresista para desencallar un bloqueo que duraba cuatro años. Hasta ahora, el ala conservadora era la que proponía no solo a su candidato, sino también al otro, negándole la capacidad de elección a los ocho magistrados más progresistas.

Pero el movimiento de esta tarde supondrá la aprobación de los dos candidatos elegidos por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la magistrada Laura Díez Bueso, que ha trabajado a las órdenes del Ministerio de Presidencia en los mandatos de Carmen Calvo y Félix Bolaños. De este modo se producirá la salida de cuatro magistrados con su mandato caducado desde junio, entre otros Pedro González Trevijano, protagonista de la decisión de intervenir antes de una votación en el Senado la semana pasada.

Los nuevos perfiles

María Luisa Segoviano ha sido la propuesta inesperada que ha desterrado finalmente la entrada de Bandrés. Segoviano (Valladolid, 1950) ocupa el cargo de presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y fue la primera mujer en acceder a una presidencia de ese órgano. Ha trabajado en los juzgados de primera instancia e instrucción de Bilbao (1987-89), en lo social de Valladolid (1989-96) y en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hasta 2006, cuando se incorporó como magistrada de la Sala Cuarta del Supremo.

Sus sentencias más conocidas están relacionadas con la igualdad en el ámbito laboral y las medidas que favorecen la conciliación familiar. Es autora de Derecho social de la Unión Europea, Principio esenciales de Derecho del Trabajo, El principio de igualdad de trato en materia salarial en el ámbito de las Administraciones Públicas, La responsabilidad en la Seguridad Social e Igualdad en el mundo del trabajo y en la empresa. 

Por su parte, el magistrado progresista apartado de las votaciones por el sector conservador es José Manuel Bandrés, quien ha defendido la inmersión lingüística en Catalunya —desde la Audiencia de Barcelona, en 2011— y propuso la descentralización del Consejo General del Poder Judicial porque considera que debe “democratizarse” la Justicia e impulsar su “comunitarización”. 

En 1986 emitió un voto particular avisando de que la actuación del expresidente Jordi Pujol en la Banca Catalana merecía “una sanción penal”. Sus compañeros de Audiencia adujeron que no había “indicios racionales de criminalidad”.

Por su parte, el magistrado conservador César Tolosa (Segovia, 1957) ingresó en la carrera judicial en 1982 y su primer destino fue instrucción en Guadalajara. Siguió en este ámbito en Mallorca desde 1983 hasta 1990, cuando ingresó en el Cuerpo de Magistrados de Trabajo en Santander. Ha trabajado en Cantabria —fue el presidente de su TSJ— hasta su nombramiento en 2014 en el Tribunal Supremo.

En la votación del pasado 20 de diciembre, Tolosa obtuvo 10 votos, los mismos que también obtuvo Pablo Lucas —la propuesta “progresista” al gusto del PNV, quien finalmente no optará al cargo —Lucas es el magistrado encargado de autorizar las intervenciones en las comunicaciones que solicita el CNI; también autorizó la exhumación de Franco—. Bandrés solo logró 7. Para que la votación fuera válida eran necesarios 11 síes del total de 18 votos —una mayoría de tres quintos—.

Durante la falta de renovación del CGPJ este organismo no ha podido designar cargos judiciales, al encontrarse en funciones. Lleva cuatro años con el mandato caducado y acumula 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del Estado. 

Según indica eldiario.es, el Gobierno ha celebrado el acuerdo y lo ha considerado una decisión con la que “gana la democracia y pierde el PP”.