Tortura
“Me inhabilitaron como policía por investigar un caso de torturas”

—¿Qué tal ha ido la reunión?
—Bien, estaba bastante receptivo. Ha estado viendo la documentación y el recorrido de ocho años de lucha que llevo. Dice que va a tomar nota del asunto, y parece un hombre sincero.

Gabriel Trejo, ex inspector jefe de la Policía Local de Algete, en el noroeste madrileño, nos recibe en las puertas del Congreso, donde ha acudido para reunirse con el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Roberto Uriarte. El tema de la reunión: la petición de indulto que anule la condena a inhabilitación que desde 2014 le ha apartado del cuerpo policial. Desde entonces, con 60 años, vive de su mujer y de algunas formaciones que continúa dando a agentes de policía en derechos humanos y buenas prácticas policiales, su especialidad.

Trejo fue condenado en 2014 por dos delitos de detención ilegal, a pesar de que los dos jóvenes a los que detuvo no presentaron denuncia y hasta agradecieron su actuación. El proceso judicial que llevó a su condena estuvo motivado, según explica, por haber investigado un caso de malos tratos y torturas por parte de agentes de la Guardia Civil. Todo pasó en 2009, poco después de que le otorgaran el premio nacional del Observatorio de Violencia de Género. Ese año, el Juzgado de Instrucción número 1 le ordenó investigar un supuesto caso de torturas cometidas por agentes de la Guardia Civil en Algete. 

23 de noviembre de 2009, 2 am. Según explicó ante la Policía Local de Algete, N.B., de origen marroquí y trabajador de Metro de Madrid, viajaba en su vehículo con su mujer y dos hijos después de haber bebido en un bar del municipio. Detuvo su coche para defecar junto a la zona de seguridad del cuartel de la Guardia Civil en la localidad, y uno de los agentes le pidió que entrara en el cuartel para que se le realizara una prueba de alcoholemia. Su familia continuaba dentro del coche, con -3 grados en la calle, y N.B. pidió a los agentes de la Guardia Civil que llamaran a un taxi que les llevara a su domicilio. Y ahí comenzaron las agresiones. 

“Presentaba un parte de lesiones con indicios evidentes de haber sido torturado, el parte de lesiones y el relato fáctico de la víctima daban indicios para pensar que había habido una mala praxis policial y, de hecho, la propia juez de Torrejón de Ardoz es la que manda la investigación”, explica Trejo

En febrero, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz ordenó a Gabriel Trejo que investigara las torturas que N.B. denunció haber sufrido esa noche. “Presentaba un parte de lesiones con indicios evidentes de haber sido torturado, el parte de lesiones y el relato fáctico de la víctima daban indicios para pensar que había habido una mala praxis policial y, de hecho, la propia juez de Torrejón de Ardoz es la que manda la investigación”, explica Trejo. El 2 de febrero de 2010 tomó declaración a N.B., recabó el parte de lesiones, al que ha tenido acceso El Salto y que subraya los hematomas que N.B. presentaba en la cara, e intentó tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil implicados, pero no pudo hacerlo. Ese mismo mes, la titular del juzgado decidió retirarle de la investigación, de la que no se ha vuelto a saber nada. 

“Las generalizaciones son malas; no, los 60.000 guardias civiles que hay no son torturadores, pero se dan casos y un Estado de derecho no puede permitirse que se den estos casos”, alerta Trejo. “A la víctima nadie le ha dado una explicación de por qué le patearon la cabeza; si ha bebido, se le detiene, se le leen sus derechos, se le mete en el calabozo y cuando se le pasa la moña se le lleva al juzgado y el juzgado le quita el carné tres meses. Ni esta víctima ni yo tenemos por qué tener este trato, y así han llegado siete condenas de Europa por no investigar las torturas”, continúa.

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Desde El Salto nos hemos puesto en contacto con el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón de Ardoz para preguntarles sobre cómo continuó esta causa y si finalmente fue juzgada, pero se han negado a responder a nuestras preguntas alegando la Ley de Protección de Datos. De hecho, según señala Trejo, esos mismos guardias civiles siguen a día de hoy en el cuerpo e incluso han sido condecorados y ascendidos en el transcurso de tiempo pasado desde ese noviembre de 2009. Él, por su parte, fue alejado del cuerpo cinco años después por una causa judicial contra él impulsada por los mismos agentes de la Guardia Civil que investigó. 

“Realizaron una causa general de manera prospectiva en busca de algo en lo que implicarme, y lo consiguen, con el beneplácito de la Fiscalía, que se tomó muy en serio el asunto”, explica Trejo. Lo que encontraron fue una actuación policial dirigida por Trejo dos meses antes del episodio de las torturas. 

“Realizaron una causa general de manera prospectiva en busca de algo en lo que implicarme, y lo consiguen, con el beneplácito de la Fiscalía, que se tomó muy en serio el asunto”, explica Trejo

13 de septiembre de 2009, 4.30 am. Fiestas en Algete. Era, como recuerda Trejo, “el año de disturbios en las fiestas”. La semana antes, una pelea en las fiestas de Pozuelo terminó con 20 personas detenidas y el intento de asalto a la comisaría. Trejo se temió que algo parecido pasara en Algete cuando tres jóvenes de Paracuellos del Jarama que habían acudido a las fiestas comenzaron una pelea con varios jóvenes de la población a causa de un pisotón y que degeneró en algunas narices rotas y muchos hematomas. “Fue la típica pelea de unos chavales de 18 o 20 años que van a las fiestas, que por motivos de alcohol y por otro tipo de sustancias están en un estado deplorable, que agreden a otro chaval del pueblo, que le rompen la nariz, que sangra, que el chaval es de una peña, que todos los amigos y medio pueblo se entera que los del pueblo de al lado le han pegado a uno… Y en ese momento, cuando yo vi a esos chavales arrinconados, y más de 400 jóvenes con intención de agredirles, lo primero que se me ocurrió fue llevármelos a la fuerza, y es por lo que la jueza me condena, por vulnerar la libertad ambulatoria, porque ellos no querían salir de la plaza”.

Trejo llevó a dos de los jóvenes de Paracuellos esposados a la comisaría, y allí les quitó las esposas, charló con ellos y, una hora más tarde, les dijo que se podían ir, pero ellos prefirieron quedarse un rato más por miedo a ser agredidos, hasta que la Policía Local les pudo acercar a su pueblo un rato más tarde, junto a la tercera persona del pueblo vecino, al que Trejo no llevó a comisaría porque no sabía que estaba también involucrado en la pelea y que encontraron después en el ambulatorio, según detalla la condena a Trejo, a la que ha tenido acceso El Salto.

La Guardia Civil inició las investigaciones sobre la actuación de Trejo en las fiestas y trasladó el caso a la fiscalía. El Juzgado número 1 de Torrejón de Ardoz, el mismo que ordenó a Trejo investigar las torturas y que después le retiró de la investigación, fue el que instruyó la causa contra el policía, para el que la Fiscalía solicitó una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, a pesar de que los jóvenes a los que detuvo no presentaron denuncia, e incluso agradecieron durante el juicio la actuación de la Policía Local.

El 8 de octubre de 2012 la Audiencia Provincial emitió su sentencia: el pago de una multa de cuatro meses y 16 días con cuota diaria de diez euros y ocho años de inhabilitación, con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos por cada uno de los dos delitos. En resumen, 2.720 euros en multas y 16 años apartado del cuerpo policial. Con 50 años que tenía entonces, la condena suponía quitarle de en medio de por vida.

“Debo decir que mi condena está ajustada a derecho, pero en exceso de ley; no me justifico”, puntualiza Trejo. “Para que te hagas una idea —continúa—, esto es como cuando los fines de semana los antidisturbios separan a las dos aficiones de un partido de fútbol y a una la retiene media hora hasta que el estadio ha quedado vacío, para que no haya peleas. ¿Cuántos son? ¿Mil personas? Pues serían mil delitos de detención ilegal, porque les estás impidiendo la libertad ambulatoria. En esto se basa la sentencia contra mí”.

En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y todo Algete se movilizó para pedir el indulto de Trejo. Cerca de 2.000 personas apoyaron la petición de indulto en una población que ronda los 20.000 habitantes, también cargos políticos de distinto signo, asociaciones de vecinos, sindicatos, centros educativos, centros deportivos, activistas de Amnistía Internacional, asociaciones sanitarias, la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer, organizaciones religiosas... Hasta el Partido Popular y el PSOE se pusieron de acuerdo para pedir su indulto. Pero en 2014 llegó la respuesta, un rotundo “no”. 

En diciembre de 2020 fue el segundo intento. Esta vez fue la organización Movimiento contra la Intolerancia la que presentó una petición de indulto para Trejo ante el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, y también la Asamblea de Madrid, que aprobó una proposición no de ley a propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie con el voto a favor de todos los grupos políticos menos de Vox, que se abstuvo de votar. Pero casi dos años después, el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado.

“Es mi lucha de estos últimos ocho años: si las supuestas víctimas no tienen resquemor por la actuación policial, si lo pide el Movimiento contra la Intolerancia y están todos los grupos políticos de acuerdo, ¿por qué no se me concede el indulto?”, se pregunta Trejo.