Sanidad
La sanidad privada en Muface: una mutualista obligada a pagar el servicio médico de teleasistencia

“Nunca ningún gobierno hizo un esfuerzo mayor para salvar al mutualismo”. Este miércoles 22 de enero el ministro de Función Pública, Óscar López, presumía a primera hora en Televisión Española de sus esfuerzos porque Muface, el sistema que gestiona la asistencia sanitaria del funcionariado y que posibilita que estos sean atendidos por la sanidad privada, no desaparezca. Al mismo tiempo la familia de T.N.B., mutualista de 85 años, estudia cómo reclamar el pago de dos facturas que suman casi 500 euros y que la aseguradora DKV se niega a pagar.

Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción

Sara Plaza Casares

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Privatización sanitaria Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción

Sara Plaza Casares

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En un nuevo informe el ministerio denuncia la selección de riesgos que hacen las aseguradoras, al derivar a los pacientes con tratamientos más costosos hacia la pública.

Esta riojana tiene un 78% de discapacidad y grado 3 de dependencia. En 2020 le fue reconocido el derecho a usar el servicio de teleasistencia, concedido por el Gobierno de La Rioja, en cumplimiento con la ley de dependencia estatal, por el que puede utilizar un botón de emergencia que lleva colgado al cuello en una medalla ante urgencia sanitarias. Durante 2024 utilizó este botón en dos ocasiones, y el personal médico se desplazó hasta su domicilio. Hoy su hija enseña dos facturas a El Salto, que se corresponden con los servicios del personal que la asistió y que desde el Servicio Riojano de Salud les reclaman en una comunicación del 28 de octubre. “Inmediatamente pedí cita en Muface para llevarles los partes. Estas facturas siempre las había pagado DKV, ya que esta es la aseguradora que le da asistencia sanitaria. Pero ahora se niegan a pagarlo”, explica su hija, Irene Rodríguez.

T.N.B., mutualista de 85 años, estudia como reclamar el pago de dos facturas que suman casi 500 euros y que la aseguradora DKV se niega a pagar

En esta ocasión, y por correo electrónico, DKV informa a la familia de T.N.B que no puede hacerse cargo. “Ante las situaciones de urgencia que presente, deberá seguir los cauces oficiales que dispone DKV como es la asistencia con médico a domicilio, la propia teleasistencia de DKV, el servicio de urgencias médicas 24 horas de DKV y el hospital Los Manzanos en servicio de urgencias 24 horas”, les indica. Rodríguez explica que el servicio de urgencias de DKV no funciona bien y no sirve para este tipo de asistencias: “El número que ofrece DKV te dice que esperes un momento que en breve te contactará un médico, pero puede ser 20 minutos o media hora”, explica.

Rodríguez describe que su madre era maestra y que lleva perteneciendo a Muface desde la época franquista. “Desde 2020, que es gran dependiente, no ha habido ningún problema. Ha sido este último año cuando han comenzado a reclamarnos las facturas”, explica quien ha puesto una reclamación ante la mutualidad por la situación que viven. Le consta que no son las únicas y que estas reclamaciones están ahora mismo en aumento.

Entre 2010 y 2022 el número de funcionarios que acuden a la sanidad pública se ha incrementado en un 66%

Muface (Isfas para las Fuerzas Armadas y Mugeju para Justicia), nació en 1975 para gestionar la atención sanitaria que reciben los trabajadores y trabajadoras del Estado y ofrece la posibilidad a los funcionarios de optar por ser tratados por estas clínicas privadas o bien por la sanidad pública. En la actualidad atiende a 1.496.276 personas y los datos demuestran que hay una clara tendencia de optar por la vía pública: entre 2010 y 2022 el número de funcionarios que acuden a la sanidad pública se ha incrementado en un 66%.

La expulsión de funcionarios hacia la pública

Mientras, las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV mantienen el pulso con el Gobierno para conseguir una subida en las primas ante unos contratos que tocan a su fin. Después de que estas no se presentaran al concurso para renovar la licitación, exigiendo una subida en el presupuesto asignado del 38%, el Gobierno puso sobre la mesa un aumento del 33%, “lo que nunca se ha hecho en la historia”, remarcaba López este miércoles en la televisión pública. Pero aún no hay acuerdo y, lejos de aprovechar la coyuntura para extinguir el modelo y acometer un trasvase de todos los trabajadores y trabajadoras hacia la sanidad pública, tal y como propone el Ministerio de Sanidad, en manos de Sumar, desde Función Pública, en manos del PSOE, no cejan en su empeño.

Iván Menudo, secretario general de CGT Enseñanza de Andalucía, tuvo que costearse una prótesis tras ser operado de un dedo en Adeslas. “No nos damos cuenta de lo importante que es estar en el sistema público hasta que no pasa algo como esto”

Tal y como ha publicado el BOE la fecha límite para que se renueve el contrato es el próximo lunes 27 de enero a las 10:00 horas. Mientras tanto, casos como el de T.N.B demuestran los riesgos del sistema, especialmente para las personas con problemas de salud. “Con cierta edad y esas patologías estar en una entidad privada es jugar con fuego”, valora Iván Menudo, secretario general de CGT Enseñanza de Andalucía, quien apunta que las aseguradoras solo están obligadas a suministrar los servicios que se encuentran en su catálogo. Su sindicato ha llevado a cabo campañas que denuncian la “incongruencia” de que trabajadores públicos sean tratados en la sanidad privada. Un modelo que, a la hora de la verdad y cuando hay necesidades médicas costosas, expulsa a los funcionarios que eligen la opción privada hacia la pública: Menudo tuvo que costearse una prótesis tras ser operado de un dedo en Adeslas. “No nos damos cuenta de lo importante que es estar en el sistema público hasta que no pasa algo como esto”, valora.

Propuestas para acabar con el transvase de dinero público a la sanidad privada

Sara Plaza Casares

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Sanidad privada

Muface en la diana Propuestas para acabar con el transvase de dinero público a la sanidad privada

Sara Plaza Casares

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Sumar saca de nuevo a la palestra el debate sobre la contradicción de que funcionarios opten a servicios sanitarios privados con dinero público, mientras los trabajadores y trabajadoras de la administración cada vez eligen menos estos servicios.

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Así, las evidencias van demostrando la existencia de una selección de riesgos por parte de las aseguradoras: en febrero de 2024 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentaba un estudio que refleja una selección de riesgos significativa. "En los empleados gubernamentales hospitalizados, la probabilidad de que aparezca en el registro un cáncer metastásico y un cáncer no metastásico es un 31% mayor que en la población general”, indica.

Y, pese a las protestas lideradas por algunos de los sindicatos que representan al funcionariado para que el modelo Muface no decaiga ante un hipotético riesgo de “colapso” del sistema sanitario público, desde el Ministerio de Sanidad calman las aguas: el traslado de los funcionarios hacia la sanidad pública solo supondría un incremento del 2% de pacientes. “Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, aseguran en un informe presentado el 18 de noviembre.

Mientras, Iván Menudo anima al funcionariado a cambiarse hacia la pública, posibilidad que ahora está abierta. "Tenemos hasta el 31 de enero para cambiarnos hacia la pública, que la gente tenga esto en cuenta. Si al final hay un transvase a la sanidad pública, cuanto antes se haga mejor", recomienda.