Sanidad pública
Rosa Medel, Unidas Podemos: “El PSOE no tiene voluntad política de desprivatizar la sanidad”

Hace dos años Rosa Medel (Valencia, 1957) pasaba consulta de Oftalmología en un hospital. Mucho antes de ser diputada por Unidas Podemos en el Congreso, y de ser portavoz de la Comisión de Sanidad, esta médica veía como las decisiones administrativas impactan en los pacientes. Entre ellas, el copago farmacéutico. “Pacientes mayores me decían que no les mandara las gotas contra el glaucoma, que cuestan 15 euros y no se las pueden pagar”, cuenta. Es por eso que está a favor del fin de todos los copagos farmacéuticos, no sólo los instaurados en la época de Rajoy. Cree que la financiación pública de los medicamentos, con un control férreo, debe de ser prioridad. Y también se opone a la privatización sanitaria, en consonancia con su grupo político.

Desde que en noviembre de 2021 se publicara el anteproyecto de Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), Unidas Podemos ha manifestado sus discrepancias con este texto. Denuncian que no cierra la puerta a nuevas privatizaciones y que no deroga la Ley 15/1997, la norma que posibilitó la entrada de empresas privadas en la sanidad pública. Así se lo explica a El Salto mientras nos recibe en un despacho del Congreso de los Diputados. El pasado 14 de junio el Consejo Ministerial aprobaba este anteproyecto de Ley. Ahora deberá seguir el trámite de enmiendas en el Congreso. Medel avisa: si no cambia el texto, Unidas Podemos votará que no. Y guarda la esperanza de que cambie.

Unidas Podemos se ha mostrado muy crítica con el nuevo anteproyecto de equidad Sanitaria. Tú también has manifestado tus diferencias. ¿Por qué?
Unidas Podemos tiene unos acuerdos de gobierno con el Partido Socialista y uno de los puntos fundamentales es reforzar la sanidad pública, para lo que considerábamos imprescindible reformar o derogar la Ley 15/1997 que abre la puerta a otras formas de gestión de la sanidad pública, es decir, la gestión privada de la sanidad pública. Con todo lo de la pandemia esto se fue retrasando. Tras año y medio de que arrancara el gobierno presentamos una propuesta en la que se reformaba exclusivamente la Ley 15/1997, pero no se registró como proposición de ley. Al cabo de un tiempo, el Ministerio de Sanidad presenta el anteproyecto de Ley de de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, diciendo que se deroga la Ley 15/ 1997, pero cuando nosotros revisamos la ley, vemos que el contenido no está derogado, se mantiene tal cual.

¿Por qué? Porque sigue manteniendo la posibilidad bajo ciertas circunstancias de la gestión privada. Esas circunstancias las define el anteproyecto como una excepcionalidad. Es decir, la gestión será pública, salvo excepciones. Nosotros nos opusimos a esa cuestión, pero al final, como el Partido Socialista no daba muestras de querer modificar nada, optamos por regular la excepcionalidad. Es decir, que en la ley constara qué circunstancias eran excepcionales. Había que acotarlo; y así se lo pasamos al Partido Socialista por escrito. El Ministerio de Sanidad se niega a regular la excepcionalidad, no quieren hacerlo, con lo cual cualquier gobierno de cualquier Comunidad Autónoma que decidiera que hay una situación de excepcionalidad, pues la aplica.

Nosotros consideramos que la excepcionalidad debe tener un carácter temporal, debe estar acotada en el tiempo y debe de ser puntual o una circunstancia determinada. Por ejemplo, no se podría hacer una concesión administrativa de un área sanitaria entera que fuera administrada por una empresa privada. Porque eso no es una cuestión puntual ni excepcional. Todo esto ha sido rechazado y es una línea roja por la que no podemos pasar.

Se llama ley de equidad sanitaria cuando se mantiene que el personal funcionario de la administración del Estado pueda tener seguros privados con financiación pública

¿Qué más cosas rechazáis del nuevo anteproyecto?

Otra cuestión que tiene la ley muy importante es que se llama ley de equidad sanitaria cuando se mantiene que el personal funcionario de la administración del Estado pueda tener seguros privados con financiación pública. Es decir, el propio gobierno estimula la opción privada. Eso nos parece absolutamente insostenible.

Otra es la vuelta a la universalidad. Nosotros queríamos introducir que la ley tenía que especificar claramente la cobertura a personas migrantes no regularizadas. Que la cobertura en niños, mujeres embarazadas y en urgencias estuviera garantizada. Y que tenía que especificarlo, porque todos sabemos que dependiendo de la Comunidad Autónoma y dependiendo de la voluntad política algo que no está escrito puede quedar fuera de la aplicación y eso está pasando. Proponíamos que se señalara el empadronamiento como documento suficiente para ser titular de derecho a la sanidad.

Luego está la cuestión del copado, dicen que se eliminan los copagos pero en realidad se mantiene el copago farmacéutico y el copago ortoprotésico.

Y una cuestión que nosotros también hemos querido introducir y también se nos ha dicho que no es que se regule de alguna manera la reversión a lo público de lo que se ha privatizado, es decir, la desprivatización. Por ejemplo, tenemos el modelo de desprivatización de Alzira o el del Hospital de Torrevieja en la Comunidad Valenciana. Su modelo de reversión ha soportado todas las denuncias y los requerimientos judiciales que las empresas gestoras, como Ribera Salud, han emitido. Todas las sentencias están a favor de la reversión. Las revisiones se han hecho cuando ya se habían cumplido los plazos establecidos por las primeras concesiones. Esto tampoco lo quieren regular. Y ahora veremos qué es lo que pasa, porque la ley ha salido del Consejo de Ministros, ahora va a iniciar un trámite parlamentario y ahí, en la fase de de enmiendas, tendremos oportunidad de plantear todo esto de nuevo.

El PSOE quiere mantener la puerta de la privatización abierta. Tienen muchas presiones de los lobbies de la empresa privada sanitaria

¿Qué crees que hay detrás de la resistencia del PSOE a cerrar la puerta a la privatización sanitaria?
Yo creo que no tienen voluntad política de desprivatizar. Quieren mantener esa puerta abierta. Tienen muchas presiones de los lobbies de la empresa privada sanitaria. Ten en cuenta que la sanidad maneja muchísimo dinero. Hay mucho dinero en juego. Cuando una empresa privada gestiona una concesión pública, está parasitando a la sanidad pública. Y eso para las empresas es una fuente de ingresos importantísima.

El PSOE voto a favor de la Ley 15/1997. ¿Ha cambiado ese PSOE al de ahora?
Yo creo que no, porque si hubiera cambiado, hubieran derogado realmente la Ley 15/ 1997 en este anteproyecto de ley. Yo pienso que tienen una voluntad de acotarlo, de consentirlo sólo excepcionalmente, pero cuando luego en la práctica tú les planteas: vamos a acotarlo, vamos a definir la excepcionalidad… se niegan a ello.

Porque esta excepcionalidad es totalmente arbitraria tal y como está planteada
Efectivamente. No está definida. No existe definición de excepcionalidad. Y se puede utilizar a futuro. Si yo no invierto en un servicio público voluntariamente, como no puedo dar el servicio porque no he invertido en él, desvío los pacientes a la privada. Simplemente dejar esa puerta abierta hace que al final la sanidad pública se convierta en una sanidad de beneficencia y las grandes inversiones vayan a la sanidad privada.

¿Cómo pretendéis acabar con la privatización sanitaria vosotras?
Nosotros vamos a presentar las enmiendas que le hemos presentado en la fase de negociación al Ministerio de Sanidad. Vamos a seguir presentándolas en todo el procedimiento que lleve la ley y vamos a pelearlas. Son para nosotros cuestiones fundamentales. La derogación real de la Ley 15/ 1997 es una cuestión fundamental. Fundamental, ya sea o bien porque se deroga en su totalidad o bien porque permitan que se regule la excepcionalidad de una manera clara. Que se especifiquen claramente los supuestos.

Vosotros sois parte del gobierno. ¿No habéis podido hacer nada para frenar este anteproyecto?
Pues por lo visto no, no hemos podido. El ministerio es completamente reacio a cualquier modificación. Y simplemente se ha parapetado en esa postura y dice no. ¿Qué es lo que van a hacer ahora en el trámite de la ley? Pues no lo sé. Yo creo que ellos son conscientes y saben que si no se deroga la Ley 15/ 1997 no van a tener el apoyo de nuestro grupo.

Me has hablado antes un poco sobre la vuelta a la universalidad en el acceso a la sanidad. Los colectivos denuncian que con este anteproyecto se sigue sin volver a la situación anterior a 2012, cuando una persona tenía derecho a asistencia sanitaria tan solo con el empadronamiento. En el nuevo anteproyecto se dice que las personas que entran con visado, y se quedan tras la finalización de este en situación irregular, tienen que tener un informe de servicios sociales.
Lo que pasa, que este informe de servicios sociales, cuando no pueden asegurar que van a estar más de 90 días, se puede convertir en un impedimento para la asistencia sanitaria y por eso nosotros estamos en contra de eso.

Cuando un hospital está gestionado por una empresa privada, los pacientes demasiado costosos son desviados a la sanidad pública. Eso ha sido la norma en la Comunidad Valenciana, por ejemplo

Estamos hablando de la sanidad y al final las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. ¿Qué pasa si no se impide bien la privatización sanitaria o no se blinda bien la vuelta a universidad desde el Estado?
Está transferida, pero esto es una ley de bases, por eso se llama de cohesión del Sistema Nacional de Salud, y lo que no puede haber es grandes diferencias entre Comunidades Autónomas.

¿Qué es lo que va a pasar si esto no se blinda? Que dependiendo de la voluntad política de los gobernantes de cada Comunidad Autónoma, puede ocurrir, como ocurre en Madrid, que el gobierno desvíe el dinero a la sanidad privada para dar negocio a empresas que estén relacionadas con ellos o por el motivo que tengan. Eso comporta una inequidad entre Comunidades Autónomas enorme, muy grande. Entre otras cosas porque la calidad de los servicios no es la mismas cuando están gestionados por la sanidad privada que gestionado por la pública.

Voy a poner un ejemplo: cuando un hospital o un área sanitaria está gestionado por una empresa privada, se producen transferencias de riesgos hacia la pública. Eso ha sido la norma en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Pacientes demasiado costosos son desviados a la sanidad pública. Y ese desvío no implicaba un pago por los pacientes, sencillamente porque la voluntad del administrador es no cobrar aquello que viene de la sanidad privada, que viene derivado. 

Otra manera de desviar es, por ejemplo, cuando un hospital privado oferta partos en habitación individual o partos con epidural. ¿Qué es lo que hacía en Valencia la administración del Partido Popular? A las áreas colindantes con un área concreta privatizada no se les dotaban de anestesistas de forma que allí no se pudieran hacer partos con epidural. Así, había una derivación de pacientes de esas zonas al hospital privatizado, que sí que tenía epidural y todo eso se pagaba aparte, pago por proceso. Eso suponía una desviación de dinero gigantesca.

El copago farmacéutico siempre produce inequidad porque estás penalizando a los enfermos, y sobre todo a los que tienen menos posibilidades económicas.

Has hablado de los copagos. El otro día, cuando la ministra de Sanidad, Carolina Arias, presentó la ley, afirmaba que se acababa con los copagos.
No con todos. Hubo unos copagos que se añadieron, pero siempre ha habido un copago, el copago farmacéutico. Eso es una cosa que está establecida y que nadie le dice nada. Tú cuando vas a comprar un medicamento que te lo financia la seguridad social, pagas una parte. 

En esta ley se mantiene el copago farmacéutico y se mantiene el copago por prótesis. El copago siempre produce inequidad porque estás penalizando a los enfermos, y sobre todo a los que tienen menos posibilidades económicas. Los copagos a veces son muy altos en farmacia, y esto te puede llevar problemas para sacar una receta.

O sea que vuestra ambición era ir mucho más allá
Nosotros no lo hemos pasado como una enmienda, pero es una cosa que sí que estaba en nuestro programa y que es algo fundamental, porque es eliminar una inequidad. 

Volviendo otra vez al tema de las Comunidades Autónomas. Algunos colectivos dicen que ha faltado una coordinación con los fondos europeos que se han derivado. Se dijo que eran para reforzar la Atención Primaria pero no parece que haya sido así.
Aquí el problema que ha habido es que esos 1.089 millones de euros que iban para reforzar la Atención Primaria han desaparecido. Nosotros hemos hecho seis o siete veces la pregunta en la Comisión de Sanidad a la ministra. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Todavía no me ha contestado lo que ha pasado con ese dinero.

Lo que es evidente es que se está abandonando la Atención Primaria. Un sistema que está vertebrado en torno a la Atención Primaria, que tiene una función fundamental en nuestro Sistema Nacional de Salud, está abandonándola de esta manera. La prueba es cómo han crecido los seguros privados. Y es una cosa que ha repercutido en todas las comunidades. En todas tienen problemas de ese tipo.

Hay un problema de financiación. Cómo es posible que todo ese dinero que se había previsto en los presupuestos de 2021 no haya llegado a la Atención Primaria. O, si ha llegado, no sabemos dónde está.

La sanidad no es la única materia que ha creado diferencias en el seno del gobierno de coalición. Vuestra unión sigue gozando de salud.
Pues yo creo que sí. Yo creo que somos formaciones políticas que tenemos divergencias, eso es normal, pero para eso están las coaliciones, para llegar a acuerdos. Y, en concreto, se han conseguido muchas cosas. Se ha conseguido una reforma laboral que ha sido fundamental y yo espero que vamos a conseguir que el Ministerio de Sanidad modifique esa ley de cohesión, universalidad y equidad sanitaria e introduzca nuestras propuestas.