Extremadura
Extremadura sigue manteniendo privilegios de expresidentes de la Junta a cuenta del erario público

Extremadura continúa manteniendo el gasto que generan los privilegios de expresidentes autonómicos como Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) y José Antonio Monago Terraza (PP) a cuenta de los presupuestos autonómicos de la comunidad.

Se sitúa así la región extremeña entre las ocho comunidades autónomas que aún mantienen una dotación presupuestaria destinada a financiar gastos de ex gobernantes autonómicos. Colectivos sociales como el Campamento Dignidad y agrupaciones políticas como Podemos e Izquierda Unida llevan tiempo demandando que se deriven esos recursos públicos a prioridades sociales. Además exigen transparencia ante la opacidad sobre lo que rodea a los gastos en los expresidentes.

Pese a los recortes, justificados por la crisis económica iniciada en 2007, desde ese mismo año en Extremadura se han destinado múltiples recursos públicos a los expresidentes para costear vehículos oficiales, gasto de personal, alquiler de inmueble, dietas para asistencia de actos, seguros de vida, entre otros.

Cabe recordar que unos meses antes de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra abandonara la Presidencia de la Junta de Extremadura, tras 24 años en el gobierno, la Asamblea regional aprobó la ley que regula el estatuto de expresidentes. Así, en sesión plenaria del 29 de marzo de 2007 salió adelante la Ley 3/2007, de 19 de abril, por la que se regula el estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura.

ESTATUTO Y PRIVILEGIOS

Esta normativa presentada por el PSOE fue respaldada por el PP, con la oposición de Izquierda Unida, entonces con representación en la cámara regional.

Mediante dicha ley, la Asamblea de Extremadura garantizaba a los expresidentes de la Junta dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles; al menos tres puestos de trabajo, de naturaleza eventual, correspondiendo a estos la propuesta de nombramiento y cese, además de vehículo oficial, así como un conductor, nombrado también a propuesta de estos.

También contemplaba la percepción de dietas, indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados, el pago de gastos protocolarios, el seguro de vida en las mismas condiciones que tenga suscrito para los diputados y las diputadas. Además, otorgaba a expresidentes el derecho a percibir (por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura completa), una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente de la comunidad autónoma.

Otros privilegios recogidos en el estatuto de expresidentes son el derecho a percibir una pensión permanente mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponda al ejercicio del cargo de responsable de la Junta al superar los sesenta y cinco años, mejorar la pensión de viudedad y la posibilidad de incorporarse al Consejo Consultivo de Extremadura.

DOS MILLONES DE EUROS EN LA OFICINA DE IBARRA

En 2008 aparecieron noticias en diferentes medios de estos privilegios y el coste que ello generaba, al tiempo que desde la oposición se denunciaba la falta de transparencia de la Administración, en concreto por parte de la Presidencia de la Asamblea regional.

Tres años más tarde, en junio de 2011 se aportan los primeros datos oficiales por parte de la cámara regional y se reconoce que la Mesa de la Asamblea había autorizado el gasto de dos millones de euros en la oficina del expresidente de la Junta, Rodríguez Ibarra, desde su puesta en funcionamientos cuatro años antes. Además, en comparecencia pública, la presidencia especifica que hay adjudicados cuatro vehículos a la oficina del expresidente y que el gasto corriente de mantenimiento en 2008 se elevó a 19.971 euros y en 150.000 euros el de personal (gabinete propio dentro de esa oficina lo formaba un director, un asesor, un secretario y un chófer).

Tras la polémica suscitada, en junio de 2011 Ibarra renuncia, en un principio temporalmente, al uso de la Oficina del expresidente, aunque acaba siendo definitiva. Sin embargo, el cierre físico de la Oficina del expresidente no supone el desmantelamiento del personal asignado, pues la Asamblea siguió pagando los sueldos a tres empleados, que según declaraba entonces IU Extremadura pasaron a trabajar dentro de la Fundación creada por el expresidente después de que el despacho de Ibarra en Mérida fuese cerrado.

VARA Y MONAGO

Por otro lado, cuando Ibarra anunció su retirada de la vida política afirmó que en sus previsiones no entraba la posibilidad de aceptar ningún cargo público de cualquier tipo ni participar en organismos institucionales tales como el Consejo Consultivo o el Consejo de Estado, puesto que se trataba de un retiro total de la vida política. Sin embargo, al poco tiempo de verse obligado a renunciar al uso de la Oficina del expresidente, con fecha 17 de junio de 2011, es nombrado consejero electivo del Consejo Estado por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, lo que desata fuertes críticas de la oposición.

Respecto al resto de ex responsables autonómicos y cómo se han beneficiado de la norma aprobada por PSOE y PP, Guillermo Fernández Vara al finalizar su primer mandato, el 7 de julio de 2011, pasa a ostentar la condición de expresidente. Él mismo confirmó a medios regionales que cuando cesó en la Presidencia, la Asamblea le ofreció disponer de un despacho en la zona noble de la Cámara y de personal que le asistiera en su condición de ex presidente. Vara rechazó el ofrecimiento del despacho pero sí aceptó que dos personas trabajasen en el grupo socialista como secretaria y conductor.

Lo mismo ocurre, en el caso del expresidente Juan Antonio Monago, que tras haber presidido la Junta de Extremadura desde el 7 de julio de 2011 al 4 de julio de 2015, a partir de su cese ha pasado también a disponer de dos eventuales asignados en su condición de expresidente.

MODIFICACIÓN DE NORMATIVA

En relación a la legislación actual sobre los privilegios destinados a expresidentes, cabe recordar que con el regreso de Izquierda Unida de Extremadura a la cámara regional, la formación solicitó la derogación de la Ley 3/2007, de 19 de abril, y eliminar los privilegios económicos aparejados a la condición de expresidente de la Junta de Extremadura. Iniciativa que resultó aprobada en sesión plenaria de la Asamblea, el 15 de septiembre de 2011 con los votos a favor de IU y el PP y la abstención del PSOE.  

Pese a que según recoge esta propuesta, la ley de 2007 del estatuto de los expresidentes debería haberse derogado a finales de 2011, no es hasta principios de 2014 cuando se consensúa y se aprueba la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En concreto, en el Título II de dicha norma pasa a reglamentarse el nuevo estatuto de quienes han ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura, eliminándose así parte de los privilegios económicos de los expresidentes de la anterior ley, pero poniendo al servicio de los ex dirigentes una relación de medios humanos y materiales con cargo al presupuesto de la Asamblea.

Por tanto, se siguen manteniendo privilegios, además de financiar también con cargo a las cuentas regionales dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación.

Por su parte, Podemos Extremadura presenta con fecha de 23 de septiembre de 2015 una Propuesta de Ley de modificación de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, con la finalidad de eliminar los privilegios económicos y materiales a los ex presidentes extremeños, que es rechazado en el Pleno de la Asamblea de 19 de noviembre de 2015 con el voto en contra de PSOE y PP (tras presentar sendas enmiendas a la totalidad) y la abstención de Ciudadanos.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Pese a que la propia ley Ley 1/2014, de 18 de febrero, se establece que conforme al artículo 33.4 de la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, durante el primer trimestre de cada año se publicarán en el Portal de la Transparencia y de la Participación Ciudadana, las prestaciones económicas que se abonen a ex miembros de la Junta de Extremadura, incluidos los expresidentes, y los ex altos cargos de la Administración autonómica como tales ex cargos públicos, al visitar las plataformas digitales referida y la web de la Asamblea, tan sólo aparece la relación del personal asignado a la oficina de los ex presidentes.

Es una relación de cinco empleados asignados a los dos expresidentes pero, excepto para el cargo de conductor, no se menciona a quienes están asignado ese personal, donde están trabajando ni las funciones que realizan. Tampoco se menciona si han cobrado los expresidentes dietas e indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación ni la justificación de las actividades que han realizado en su condición de expresidentes.

Por otro lado, la Ley 1/2014, de 18 de febrero establece que “a través del Convenio que tiene firmado la Asamblea de Extremadura con la Universidad de Extremadura, quienes han ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura pondrán a disposición de la sociedad extremeña sus conocimientos y experiencias, efectuando aportaciones que redunden en beneficio de la Comunidad Autónoma”.

A este respecto, en la web de la Asamblea de Extremadura, en su apartado de transparencia, se hace referencia al “Convenio Marco de colaboración entre la Asamblea de Extremadura y la Universidad de Extremadura: Cátedra Parlamento de Extremadura”. En dicho convenio marco no se menciona en ningún momento la figura y labor de los expresidentes, aunque según la cláusula tercera del referido convenio, cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este Convenio requerirá la formalización de un convenio específico. Según ha podido conocer El Salto, no existe constancia de ningún convenio específico en este sentido ni de su dotación presupuestaria.

PERSONAL EVENTUAL Y DIETAS

De este modo, actualmente tanto los expresidentes Ibarra como Monago tienen asignado personal a su servicio por su condición de expresidente y además ambos tienen cargos y sueldos públicos, en el caso de Ibarra por su pertenencia al Consejo de Estado como se puede ver en su web (las retribuciones de los consejeros electivos consiste en dietas por asistencia a cada pleno siendo un máximo mensual de 974 euros por sesión, que suelen tener una periodicidad mensual) y Monago por su condición de diputado (58.047,64 euros brutos al año).

Por su parte, colectivos como el Campamento Dignidad cifran en 231.236,64 euros el coste anual que acarrea a cuenta de PGEx el gastos destinados al personal eventual de los expresidentes, en la actualidad. Según esta organización, además del salario base y los complementos de destino y específico, la Asamblea de Extremadura aporta un complemento patronal que ronda en torno a los 900 € mensuales para las categorías de las que estamos hablando.

Aparte de esto, mencionar que la “Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra” con sede en Badajoz, creada por Ibarra en enero del 2011 poco antes de renunciar al uso de la Oficina del expresidente, recibe subvenciones públicas y entre sus 30 patronos que la integran están representantes de multinacionales o reconocidos políticos del PSOE.