Derecho a la vivienda
¿Qué hacer con la vivienda? Conversaciones alrededor de una tortilla

¿Qué hacer con la vivienda?, nos preguntamos. Preguntar eso a quienes llevan años militando contra los desahucios, a quienes están pendientes de uno, y que incluso han participado en la redacción de propuestas de ley enteras, y, a la vez, a quienes llevamos casi dos décadas intentando hacer realidad el derecho de uso en la vivienda, como método de frenar la especulación y de promover lo comunitario, es garantía de un largo rato de charla jugosa, como la tortilla.

Desde hace ya tiempo, los distintos colectivos que luchamos por el derecho a la vivienda (PAVPS; PAH; Sindicatos de inquilinas, Stop Desahucios, etc) venimos haciendo una reflexión profunda sobre cómo conjugar las urgencias, la necesidad de ofrecer soluciones al dolor de gente concreta, con nombre y cara, con sentar las bases de una planificación a largo plazo, en un sistema utópico todavía, pero que nos gustaría construir y habitar antes de que sea demasiado tarde. Todo ello sin olvidar que la crisis climática es ya un hecho innegable y que, si queremos de verdad ofrecer lo que la ONU llama “vivienda adecuada “, la adaptación climática no puede ser solo para los ricos.

Por eso respondemos que lo primero que habría que hacer con la vivienda es proporcionar vivienda pública para todas y todos, garantizar el derecho a la vivienda indisolublemente unido al derecho a los suministros básicos. Vivienda digna y eficiente. Digna y adecuada, como reza la Constitución en su artículo 47. Según el informe de Save the children Pobreza energética en familias con hijos e hijas a cargo, de enero de 2023, el 13´1% de las niñas y niños y adolescentes del Estado español viven en hogares que no pueden mantener la temperatura adecuada. No tiene sentido que la poca vivienda social que se ofrece (no llega al 2% del parque de vivienda) sea de mala calidad, con la energía que se escapa por todas las rendijas.

Negro sobre blanco: los tratados internacionales

Entre bocado y bocado, recordamos que son muchos los Tratados Internacionales ratificados por el Estado español que recogen el derecho a la vivienda digna. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. La Convención de los Derechos del Niño, que entró en vigor en septiembre de 1990. Está claramente definido por distintos organismos internacionales qué significa eso de “una vivienda digna y adecuada”. Parece que eso de que “el papel lo aguanta todo” es cierto. Muchas de las cosas que afirman esos tratados podemos suscribirlas al pie de la letra. ONU Hábitat, por ejemplo, recoge que debe ser garantizada la seguridad en la tenencia, lo cual debiera ser incompatible con desalojar a la gente sin una alternativa válida. También se consideran indispensables los suministros básicos de agua potable, electricidad, etc, Debe estar en zonas donde se pueda encontrar empleo, educación, servicios sanitarios, etc. Y ha de ser una vivienda culturalmente aceptable, es decir, no puedes poner en un ático minúsculo a quienes tienen tradición de sentarse con la familia en gran grupo en la calle. Los tratados internacionales no hablan todavía de que sea ecológica, pero sí de que sea habitable y esté protegida de fenómenos atmosféricos extremos. Si todo esto se respetase, estaríamos mucho más cerca de lo que soñamos para la vivienda. Y podría tenerse esto en cuenta a la hora de reconstruir lo que la Dana (el cambio climático) ha destruido.

Vivienda pública que no se venda

Es requisito indispensable ampliar el parque de vivienda pública y social. Pero no de cualquier manera, sino que esas viviendas no se vendan, ni a terceros, ni al propio inquilino. Hasta ahora, han sido en alquiler con derecho a compra, y eso ha permitido la especulación con los recursos públicos. Si no se hubiera permitido la compra-venta ahora habría un parque de vivienda pública de 250.000 casas en Madrid, y más de un millón en el Estado.

En este sentido, lo que se pide para la vivienda pública y social es muy semejante al derecho de uso. Una cuota de por vida, que te garantice una estabilidad y poder de decisión sobre la casa, mientras sea tu vivienda habitual. Y que impida que la vendas, o que la alquiles, y especules con ella. Este es un posible nexo de unión entre las cooperativas de vivienda en derecho de uso y las distintas plataformas por el derecho a la vivienda. Soñamos con recuperar un bloque en lucha del Sindicato de Inquilinas de las manos de un fondo buitre y ponerlo en derecho de uso. 

Tiempo para la lucha por la vivienda

Actualmente, se hace negocio tanto en el alquiler como en la compra. Ningún gobernante ha puesto remedio al problema de la vivienda, ni siquiera al del alquiler. Los movimientos que aquí conversamos consideramos que la Ley de Vivienda es papel mojado. Coincidió con un bajón de la movilización por los derechos sociales, con la proliferación oficinas antiokupas, manifiestamente neonazis. La gentrificación del centro de las ciudades, y los pisos turísticos expulsan a la gente hacia las periferias y desvertebran los barrios. ¡Menos mal que también proliferan las plataformas de defensa del territorio y de los barrios! Las viviendas protegidas acaban en manos de fondos buitre. Hay una campaña mediática orquestada para infundir miedo y difamar a la okupación. Y todo con la impresión en la opinión pública de que todo está hecho, porque se ha aprobado la Ley de Vivienda, una ley descafeinada que no recoge las propuestas de la ley tan completa que se había redactado la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) a nivel estatal. No solo no recoge las reivindicaciones del colectivo de vivienda, sino que no refleja ni las recomendaciones de NN.UU. Setenta y dos páginas de recomendaciones que se han ignorado. El acuerdo Sumar-PSOE es claramente insuficiente, puesto que no arbitra medidas concretas para hacer cumplir la ley. No hay que olvidar que en materia de vivienda protegida y pública las competencias están derivadas a las Comunidades. Sin mecanismos de control, es imposible garantizar el derecho a la vivienda.

Veamos un caso práctico. Está vigente un plan estatal de vivienda, 2022-2025. Viene dotado con fondos europeos. Incluye medidas positivas, como un programa de rehabilitación. El primer objetivo, sobre el papel, claro, es dar respuesta a las personas objeto de desahucio, a mujeres que hayan padecido violencia de género, a familias vulnerables. Sin embargo, al menos en la Comunidad de Madrid, no se está aplicando así. El gobierno de Díaz Ayuso ha optado por otorgar ayudas al alquiler. Presume de dar ayudas, con un dinero que no es suyo, que viene de Europa. También el gobierno central ha optado por el Bono Joven. El Sindicato de inquilinas ha denunciado públicamente que este procedimiento, la ayuda directa al alquiler, sin una regulación previa fuerte de los alquileres, lo único que logra es encarecer los precios, porque si se dan 200 euros, te suben 200 euros. Así que el dinero europeo que debiera redistribuirse entre quien es más pobres, para aligerar la carga de la vivienda, acaba en las manos de los rentistas y de los fondos buitres.

Pero no es de extrañar, porque el caso de Madrid en materia de vivienda pública es especialmente escandaloso. Frente al 3% de Euskadi o de Portugal, Madrid tiene un 1.05 %. Muy lejos del 20% de vivienda pública de Gran Bretaña.

Tampoco con Carmena se logró mucho cambio. De más de doscientas familias vulnerables, vinculadas a PAVPS (Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social) y otras asambleas que estuvieron intentando tramitar la regularización de su situación, solo algunas lo consiguieron. Si los partidos de izquierdas no se toman en serio la vivienda será que es un negocio bárbaro. O véanse si no las grandes operaciones urbanísticas, como Chamartín o Mahou-Calderón, en Madrid.

¿Tiene sentido construir más?

Solo desde lo público se puede garantizar este derecho. Se habla de ampliar el parque público de vivienda. En el acuerdo PSOE-Sumar se propone llegar al 20% del parque general, contando con la Sareb. Pero no especifica cómo se llevará a cabo. ¿Construyendo? En un país con 4.500.000 de viviendas vacías, seguir construyendo es inadmisible. Supone una destrucción del territorio, y un gasto de recursos sin sentido. ¿Hay otras maneras de ampliar el parque público? Sí, se puede comprar esa vivienda. O se puede, incluso, nacionalizar, revertir los procesos de venta a fondos buitre. También se puede aprovechar que el negociado del “banco malo”, de la Sareb, va tocando a su fin y se tiene que decidir qué hacer con ello. A finales de 2027 debiera liquidarse (en enero de 2024 tenía todavía más de 50.000 viviendas). En lugar de buscar un arreglo favorable a los fondos privados, ¿por qué no se nacionalizan de verdad esas viviendas y se gesta un plan real para ponerlas al servicio de lo público? La ministra Isabel Rodríguez lo ha mencionado tímidamente en alguna ocasión. Pero en esta mesa, alrededor de los restos de la tortilla, no acabamos de verle verdadera predisposición.

Preparémonos para lo que está por llegar

En mayo se aprobó el Real Decreto-ley 1/2024, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta 2028. Bien. Estas moratorias permiten que, aquellas familias que cumplen los requisitos se queden a vivir en su casa, aunque ya sea legalmente del banco. Sin embargo, este escudo social es insuficiente (anteriormente se producían 60000 desahucios cada año; ahora, unos 40000). Los datos del segundo trimestre de 2024 muestran un repunte de los desahucios (7850) respecto al segundo trimestre de 2023 (7279 desahucios). Así, en números sobre papel, no parecen tantos… pero son 571 familias más sin casa en un trimestre. Y, anualmente, si suponemos que solo una persona viviera en cada casa (que sabemos que no es así), estaríamos dejando que se echase a la calle al equivalente de los habitantes de la provincia de Soria.

Esta medida del escudo social, que se venía renovando cada seis meses gracias a la presión de los movimientos de vivienda, debiera ser estructural, no coyuntural. Desde 2012 se va prorrogando, pareciera que más por evitar males mayores en tiempos de crisis que por garantizar verdaderamente el derecho a la vivienda. Ni la mismísima Ley de vivienda tiene fórmulas para evitar los desahucios. No es extraño, entonces, que nos planteemos que, si la vivienda es un lujo, okupar es un derecho.

Otro ejemplo: la gente que está ocupando vivienda pública en Madrid. De 2.500 familias, ochocientas habían logrado la regularización mediante un Decreto Ley 9/2015 en el reglamento de adjudicación de la Agencia Vivienda Social de CAM. Ahora, con la ley Ómnibus, aprobada en diciembre del 2022, se produce la derogación de dicho Decreto de Ley. Vuelven a amenazar a esas familias que no llegaron a regularizar en su tiempo. Si la propia administración las echa, ¿adónde van a ir? No se puede ni ocupar el espacio público. En Móstoles, la Acampada Dignidad de hace un año, que agrupaba a dieciocho familias sin alternativa habitacional, sufrió el hostigamiento policial porque “no se puede acampar en los parques”.

Mercado de vivienda sumergido

Si a la precariedad económica sumamos la situación irregular en el país, los problemas para encontrar vivienda son abrumadores. 700 euros se paga en el barrio de Usera por una habitación en un piso compartido por varias familias migrantes sin regularizar. Muchas son madres solas, que han afrontado la migración con sus hijas e hijos, y que se ven en pisos atestados, con los conflictos que esto conlleva. Un motivo más para exigir papeles para todas, porque no tenerlos deja en manos de mercados sumergidos, completamente desregulados, al margen de cualquier ley de vivienda. De esto, no encontramos cifras oficiales. Es en nuestro entorno personal donde encontramos los datos, viven así nuestras amigas, las madres de nuestras alumnas y alumnos, las familias de los amigos de nuestras hijas.

Y así están las cosas. Hay una enorme cantidad de gente viviendo en los costados de las vías, bajo los puentes de los parques. Viviendo en la penumbra. Las soluciones que ofrecen algunas organizaciones como Cáritas, Provivienda, Cruz Roja… son temporales. Se necesitan cambios estructurales, cambios de conciencia. Mientras los obreros de cuello blanco se crean “clase media” y los autónomos se sientan “empresarios” será difícil cambiar las cosas. La situación de emergencia es gravísima y no se espera mejoría. Los movimientos sociales, por la vivienda, ecologistas, sindicales, debemos prepararnos para apoyar, acoger y para ofrecer soluciones de urgencia, que cubran necesidades básicas. Sin olvidarnos de la concienciación y la politización. Además de comérnosla, habrá que dar la vuelta a la tortilla.