Residuos
La guerra contra el plástico y la vuelta del retorno de envases protagonizan la nueva Ley de Residuos

A pesar de innumerables campañas y operaciones de greenwashing, como se conoce al lavado de cara verde de empresas y gobiernos, España tiene un problema con sus residuos. El último gran sonrojo del sistema de reciclaje lo producía a principios de mes un estudio del departamento de investigación de Elisava, la facultad de Diseño e Ingeniería de la Universidad de Vic (Barcelona). El trabajo, publicado en la revista científica Sustainable Production and Consumption, contradecía las estadísticas oficiales de reciclaje de plástico en España.

En concreto, el estudio asegura que la recogida separada de envases de plástico en el Estado español es mucho menor de que lo que asegura el ente encargado de hacerlo, Ecoembes, formado por las envasadoras y distribuidoras que, en teoría, deberían hacerse cargo de los residuos que ponen en el mercado. Si Ecoembes en los últimos años ha planteado que las tasas de reciclaje son superiores al 70% —cifras que se han llegado a considerar oficiales—, e investigaciones recientes, incluida la primera auditoría realizada por una comunidad autónoma —Baleares—, apuntaban a que la realidad era que eran de un 25%, ahora Elisava afirma que se recicla solo un 10,7% del total de lo que se pone en circulación en el mercado. 

No es la única cifra que descuadra en lo referente a gestión de residuos en pleno siglo XXI. La Comisión Europea aceptaba hace un año una demanda de 16 organizaciones contra el Estado español por no cumplir con el objetivo mínimo de reutilización y reciclaje de residuos urbanos en 2020 y le abría un expediente. Si no debía disminuir del 50%, los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) rebajan la cifra a un 35%, con datos de 2018. La Oficina Europea de Estadística incluso registraba una tendencia a la baja en los datos de reciclaje: del 34,8% en 2018 al 34,7% en 2019, tendencia que también había ocurrido en el anterior ejercicio. La triste realidad es que, con datos del Miteco de 2018, el 53% de los residuos sólidos urbanos acabaron en el vertedero y el 12% fueron quemados en incineradoras e industrias, especialmente cementeras.

Con este panorama, y con 442 kilogramos de residuos generados por cada habitante de España al año, una nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados era un clamor. El nuevo ordenamiento jurídico se ha aprobado hoy en el Congreso y principalmente incorpora al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas: la de plásticos de un solo uso de 2019 y la de residuos de 2018, además de implementar los nuevos objetivos de reciclaje de la UE.

Años de pelea

Con su aprobación, tras incorporar algunos cambios tras su paso por el Senado, la ley busca que España consiga el reciclaje de un 60% de residuos sólidos urbanos en 2030. El texto supone el espaldarazo definitivo a la implantación en España de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), una medida por la que las organizaciones preocupadas por el medio ambiente y la proliferación de residuos llevan luchando años, considerada la principal iniciativa que puede hacer incrementar las tasas de reciclado de latas, botellas y bricks. 

La votación de hoy, en la que se trataban las enmiendas incorporadas al paso de la ley por el Senado, supone “una hoja de ruta y un método de cálculo más claros y precisos para que los envases de bebidas se puedan vender con depósito”, señalan desde Retorna, una de las entidades que integran la Alianza Residuo Cero, una coalición de organizaciones que han buscado una ley lo más ambiciosa posible. En concreto, la ley vincula el comienzo de un SDDR destinado a latas de bebidas, botellas y bricks al incumplimento de un objetivo de recogida separada de botellas de plástico del 70% en 2023, algo que las organizaciones del sector dan por imposible.

La medida se impone tras el estudio encargado por el Gobierno a la empresa pública Tragsatec, cuyas conclusiones estimaban en hasta 6.752 las toneladas de residuos susceptibles de ser reutilizadas cada año con un SDDR, lo que acercaría a España a los objetivos comunitarios. El informe resaltaba que, con el actual sistema, “no se alcanzaría ninguno de los objetivos de recogida separada neta de botellas de bebida de plástico” y remarcaba que las cifras de reciclaje no podían ser contrastadas ni verificadas “por falta de información completa proveniente de fuentes independientes”.

Amigos de la Tierra lamenta la falta de objetivos de reducción de residuos, “una medida que debería ser la base de esta ley”, lo que hace que se quede, para esta organización, “a medio camino en la senda del residuo cero”

A pesar de que la llegada de un SDDR es calificada de éxito por las organizaciones ecologistas, desde Amigos de la Tierra, otra entidad englobada en la Alianza Residuo Cero, la no inclusión de porcentajes de reutilización ni del vidrio entre los materiales susceptibles de un SDDR supone una “victoria a medias”.

Impuestos al plástico y al vertedero

La nueva ley implica la creación de dos nuevos gravámenes. El primero afecta a los plásticos de un solo uso y supone un impuesto de 0,40 euros por cada kilogramo de este tipo de envases, la mitad de los actuales deberán haber desaparecido del mercado en 2026, mientras que en 2030 el objetivo es que el peso del total recogido sea un 70% menor que el total actual. 

Desde la Alianza Residuo Cero, sin embargo, afean el texto del Gobierno en este sentido al señalar que la cuantía del impuesto no disuade del consumo de plástico, además de que el gravamen se aplica solo a materiales fabricados exclusivamente en este material, y no a los que contengan un porcentajes de plástico reciclado, bioplásticos o plásticos biodegradables.

“Hemos perdido la oportunidad de crear un marco normativo que plante cara a la emergencia climática y la crisis ecosocial”, señala María Durán, responsable de Recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra

El segundo impuesto busca frenar las altas tasas de residuos que acaban en vertedero o incinerados en España. Ahora, cada tonelada de residuos enterrada o quemada tendrá un gravamen de hasta 40 euros. La medida pretende no solo reducir estas prácticas, sino que plantea obtener unos ingresos que, con cifras de 2021, implicarían unos 861 millones de euros al año.

Agua de grifo y disruptores endocrinos

Otras medidas que se harán efectivas con la nueva ley son la prohibición de toda una serie de utensilios de plástico no reutilizables, como el caso de vasos y platos, pajitas o bastoncillos con algodón, así como la obligación de los restaurantes de ofrecer agua del grifo de forma gratuita.

Además, productos y envases de plástico no reutilizable, como vasos de bebidas o recipientes de alimentos para llevar, tendrán a partir de 2023 un precio diferenciado y reflejado en el ticket de compra.

También se cierra la puerta al uso en envases alimentarios del bisfenol a y los ftalatos, sustancias consideradas disruptores endocrinos, que interfieren en la función hormonal de los seres vivos y están vinculadas a toda una serie de trastornos y enfermedades. 

A medio camino

El texto, no obstante, adolece de objetivos de reducción de residuos para las entidades de la Alianza Residuo Cero. Amigos de la Tierra lamenta la falta de objetivos de reducción de residuos, “una medida que debería ser la base de esta ley”, lo que hace que se quede, para esta organización, “a medio camino en la senda del residuo cero”.

Asimismo, desde este colectivo lamentan que la ley establece “porcentajes mínimos” de prevención de residuos, ya que busca una reducción de solo el 13% de los residuos para 2025 y un 15% para 2030, mientras que esta “debería tener como columna vertebral la prevención de residuos”, señalan.

“La nueva ley de residuos representa un importante salto en comparación con las políticas anteriores. Sin embargo, hemos perdido la oportunidad de crear un marco normativo que plante cara a la emergencia climática y la crisis ecosocial”, ha señalado María Durán, responsable de Recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, tras la aprobación de la ley.