Portugal
Policía sin ley: el odio de 591 agentes del orden

Olga Araújo es hermana de Bruno Candé, el actor negro asesinado a plena luz del día en la avenida de Moscavide, en Lisboa, el 25 de julio de 2020. Dos militares de la Guardia Nacional Republicana llamaron a Olga y su familia “parásitos”. Entre varios insultos, acusaron a la familia de Candé de haber obtenido un subsidio vitalicio tras el asesinato de Bruno.

Andreia, hija de Olga Araújo, sobrina de Bruno, cuida a una de las hijas del difunto actor. Beatriz, la hija, tiene cinco años y habla mucho de su padre. “Pregunta mucho dónde está su padre”, nos cuenta la sobrina, de 38 años, quien recuerda con cariño a su tío. “Estábamos muy unidos”, dice. “Era un bromista, siempre con una gran sonrisa”. Cualidades que heredó Beatriz. “Tiene el estilo de su padre. Muy sonriente, juguetona, divertida”.

Bruno Candé era “el orgullo de la familia”, que no entiende por qué el actor despierta tanto despreciado en los agentes de las fuerzas de seguridad en Facebook. Uno de los policías lo acusó de tener un “aspecto espeluznante” y causar problemas en el vecindario. “Puedo asegurar que Bruno no era malo. Bruno era africano, era corpulento, practicaba deportes. Bruno era campeón de lucha libre y nunca usó eso contra nadie. Seguro que la persona que escribió ese mensaje no lo conocía”, se indigna Olga.

Al contrario de lo que proclama la noticia compartida en la publicación en redes sociales comentada por militares de la Guarda Nacional Republicana (GNR), el asesinato del actor no ha supuesto ningún subsidio vitalicio para la familia. “Ni siquiera para los niños”, responde Olga, que cuida a Rubén, también hijo de Candé. “No hay subsidio, no hay nada. La familia estamos criando a los niños con nuestros medios. Sin la ayuda del Estado”.

Muy al contrario, Andreia actualmente se enfrenta su desalojo, promovido por  la empresa de vivienda municipal lisboeta Gebalis. Cuando decidió hacerse cargo de Beatriz, Andreia se mudó a la casa de Bruno Candé, donde también vive su pareja. “Tengo un problema porque dicen que me tengo que ir, que no tengo derecho a la casa. Pero Beatriz es hija del difunto Bruno, que nació en esa casa. Tiene el nombre en el expediente”, nos dice la sobrina. “Un día puede presentarse la policía para desalojarnos, y eso va a ser muy malo para un niño que está pasando por la dificultad de no tener padre”.

Bruno Candé y su familia no son las únicas víctimas del odio de miembros de las fuerzas de seguridad en la red social de Mark Zuckerberg.

Un grupo de investigadores digitales ha identificado a 591 agentes de las fuerzas de seguridad en la red social Facebook. De estos, 296 son agentes de la Polícia de Segurança Pública (PSP) y 295 son soldados de la GNR. Estos profesionales reproducen discursos de odio y expresan simpatía por ideales de extrema derecha. Realizan comentarios y comparten publicaciones sobre contenidos que vulneran los principios más básicos del Estado de derecho. Llaman a la violencia contra políticos, minorías, mujeres y presuntos delincuentes. El consorcio de periodistas de investigación analizó 3.090 publicaciones recopiladas por investigadores digitales.

“Monitoreamos las redes sociales”

Anabela Cabral Ferreira asumió la Inspección General de Administración Interna (IGAI), conocida como la “policía de la policía” [e independiente de esta, a diferencia de Asuntos Internos de la policía española], en un momento en que las fuerzas de seguridad estaban involucradas en acusaciones de racismo estructural y cuando muchos activistas, investigadores e instituciones internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad simpatizan con los ideales de extrema derecha.

Hubo, por ejemplo, el caso de la Comisaría de Alfragide, donde ocho agentes fueron juzgados y condenados por agresiones, lesiones y secuestro contra seis ciudadanos negros, vecinos de Cova da Moura. El primer resultado de este proceso fue, en 2019, la creación de Movimento Zero, un movimiento anónimo de policías en las redes sociales.

“Las fuerzas de seguridad son la autoridad del Estado. Son la expresión de la soberanía del Estado, por lo tanto, cualquiera que defienda ideas racistas, xenófobas, homofóbicas, en cualquiera de las vertientes de la discriminación, no es bienvenido en las fuerzas de seguridad”, defiende la inspectora general de la IGAI, Anabela Ferreira. “Basta que haya algunos casos para que este problema nos preocupe”, garantiza.

Los funcionarios de la autoridad en Portugal tiene prohibido realizar declaraciones que atenten contra la legalidad democrática, en cualquier foro. “Otro aspecto al que hemos estado especialmente atentos es la interacción en las redes sociales. No queremos que el agente de autoridad de turno, que tiene que comportarse conforme al Estado de derecho, en las redes sociales defienda valores contrarios a ese estado de derecho”, dice Ferreira.

Movimento Zero, un movimiento sin rostro, creado en mayo de 2019, se dio a conocer al público en general en la manifestación de noviembre del mismo año, en la que André Ventura, diputado de Chega!, fue aplaudido por la policía. Y donde los manifestantes exhibieron el gesto de la mano “cero”, asociado con los movimientos de supremacía blanca: un símbolo que se connotó con el “poder blanco”.

“Siempre que encontremos que hay un comportamiento discriminatorio, obviamente tomaremos medidas disciplinarias”, afirman desde la IGAI, órgano de control de la policía en Portugal que, a diferencia de España, es independiente de esta

Fue poco después de que Anabela Ferreira presentara el Plan de Prevención de Prácticas Discriminatorias en las Fuerzas de Seguridad, en julio de 2020. “Seguimos la intervención de los agentes del orden en las redes sociales”, asegura la inspectora general de la IGAI. “Siempre que encontremos que hay un comportamiento discriminatorio, obviamente tomaremos medidas disciplinarias”. 

Ferreira, sin embargo, no cree que el problema del racismo y la xenofobia afecte a las fuerzas de seguridad en su conjunto. Que el tema sea estructural. “Tengo buenas razones para concluir que no está suficientemente introducido”, defiende.

Para esta investigación, los investigadores se han unido unieron a varios grupos cerrados, muchos de los cuales están compuestos únicamente por profesionales de las fuerzas de seguridad. Acudieron a los confines de grupos como GNR-Sólo Camaradas, Policía-Profesión de Riesgo, Por el PSP, PSP-Portugal, Fuerzas de Seguridad, Profesión de Riesgo, GNR-Portugal y GNR-Sólo GNR, entre otros. Contaron con la ayuda de profesionales de las fuerzas de seguridad preocupados por lo que veían en estos espacios.

En el ecosistema de estos grupos abundan las noticias sobre temas laborales de clase y sobre medidas tomadas por el Ministerio del Interior. Los policías comparten información sobre candidaturas a puestos, sobre formación específica para policías y, sobre todo, comparten sus frustraciones laborales y rencores económicos.

Muchos comparten, no solo en grupos privados, contenido de Notícias Viriato e Invictus Portucale, sitios web de extrema derecha  y páginas de propaganda que publican noticias falsas y fuera de contexto. Pero cuando se comparten noticias sobre presuntos delitos, los agentes de policía se enfadan.

“Un buen delincuente es un delincuente muerto”

En las arenas movedizas del odio, los insultos racistas, misóginos y homofóbicos, la desinformación y las puras mentiras que hemos visto fluir en estos grupos, hay muchas referencias a figuras públicas. Sobre todo cuando son mujeres, rostros asociados a la izquierda política o personas de color. La primera ministra negra de Justicia en Portugal, Francisca Van Dunem, es una de estas personalidades. Recientemente retirada como juez de la Corte Suprema, Van Dunem está sorprendida por la cantidad de policías que identificamos. “Es mucha gente”, dice.

Alerta y advierte contradicciones respecto al comportamiento que estos policías manifiestan en las redes sociales. “Las fuerzas de seguridad forman parte de un sistema de seguridad interior, que tiene como objetivo proteger a los ciudadanos”, advierte la exministra. “Es completamente contradictorio y no tiene sentido que del sistema organizado para defender a la gente vengan ataques racistas” e “incitaciones” a la violencia, critica.

Los uniformados no viven en un régimen constitucional separado, al contrario. “Las fuerzas de seguridad también pertenecen a la democracia y deben respeto a la Constitución. Desde el punto de vista de la Constitución, y de lo que son las reglas del régimen democrático, es absolutamente inaceptable que haya un discurso de este tipo”, prosigue la exministra de Justicia, añadiendo que las fuerzas de seguridad no pueden difundir discursos que llamen a la “violencia y estigmatización en base a criterios absolutamente improcedentes”.

Todos los líderes sindicales de PSP y GNR entrevistados han condenado también el contenido de los comentarios, publicaciones y acciones expuestas en esta investigación. Pero creen que estos cerca de 600 elementos de las fuerzas de seguridad son una excepción a la regla, que muchos de los comentarios que recogemos son “exabruptos”, y que no existe un problema transversal en las fuerzas de seguridad de racismo y apego a ideales contrarios a la Estado de derecho democrático.

César Nogueira está al frente de la Asociación Profesional de Guardias desde hace diez años, la principal asociación profesional de la GNR. “Esto es muy grave para una fuerza de seguridad, y mucho más para ambos. ¿Qué credibilidad le transmitimos a los ciudadanos?”, se pregunta Nogueira. “Sentirán que están en riesgo, que no pueden confiar en toda la policía. Son números que hay que detectar y debe haber alguna actuación por parte de quienes nos protegen”, defiende. “Yo creo que muchos pueden ser arrebatos, pero si tienen arrebatos así es porque sienten que algo anda mal”.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Policía es la organización sindical más grande de la Policía de Seguridad Pública. El líder de este histórico sindicato de PSP tiene conocimiento de algunas conductas contrarias al Estado de derecho por parte de profesionales de PSP en redes sociales. “El espacio público es un derecho de todos, pero no le resto importancia a las señales de algunos comentarios que no corresponden a lo que se espera de una fuerza de seguridad”, comienza diciendo Paulo Santos. “El racismo y otras conductas no solo tienen que ver con la PSP, tienen que ver con la sociedad en general”, argumenta.

El Sindicato Independiente de Oficiales de Policía, una de las estructuras que tiene asiento en la mesa de negociación con el Ministerio del Interior, está presidido por Carlos Torres. “Condeno rotundamente estas situaciones, porque no son mis ideales como hombre, policía y dirigente sindical”, garantiza el hombre que encabeza la SIAP. “Hablo desde el conocimiento que tengo. No tengo constancia de ningún elemento que trabaje conmigo [que tenga este tipo de actitud en las redes sociales]. Nunca he visto una situación como esta en el día a día de trabajo”. El vicepresidente de la organización que lidera Carlos Torres está en la base de datos que recoge los cerca de 600 nombres de agentes que han expresado su racismo u otras modalidades de odio en redes sociales. Pero no es el único dirigente o exdirigente sindical de la lista.

Los policías y basta

Nuno Afonso es, hoy, un hombre fuera de Chega. Pero hubo momentos en que no fue así: es el militante número dos del partido y fue jefe de gabinete cuando Ventura era diputado único. El concejal fue el puente entre Movimento Zero y la formación ultraderechista, relación que alcanzó su punto álgido en la manifestación de noviembre de 2019.

El exvicepresidente de Chega tiene una corazonada. “Gran parte de los elementos de las fuerzas de seguridad serán simpatizantes del partido”, conjetura. “Quizás más de la mitad de las fuerzas de seguridad son partidarios de Chega”.

La defensa de las fuerzas de seguridad no es baladí para Chega. “Es un tema estratégico. Si hablamos de elementos de las fuerzas de seguridad, más sus familias, más amigos cercanos, estamos hablando de mucha gente”. La policía es una de las instituciones más respetadas de Portugal  y el apoyo de quienes la componen fue fundamental para que el partido de André Ventura fuera aceptable a los ojos de los votantes. 

“El hecho de que esta aceptación [de Chega] viniera de las fuerzas de seguridad y, además, de una base tan amplia e integral, resultó ser muy positivo para el partido y para esa normalización que necesitábamos”, explica Nuno Afonso

“Éramos un partido muy marginado por los medios, pero también por la sociedad civil. Se nos veía como racistas, radicales y xenófobos”, dice Nuno Afonso. “La normalización siempre viene de la sociedad civil o del reconocimiento de otros partidos”, prosigue. “El hecho de que esta aceptación viniera de las fuerzas de seguridad y, además, de una base tan amplia e integral, resultó ser muy positivo para el partido y para esa normalización que necesitábamos”.

Paulo Santos, dirigente de la ASPP, organización sindical tradicionalmente ligada al PCP, no cree que los profesionales de las fuerzas de seguridad sean favorables a la extrema derecha. “Lo que estos profesionales vierten en las redes sociales corresponde más a estados de ánimo que al abordaje ideológico de estos fenómenos”, asegura.

Luís Filipe dos Prazeres Maria es el prototipo de los 591 policías que habitan la base de datos. Líder número 433 de la Organización del Sindicato de la Policía, este agente del PSP comparte  publicaciones llamando al asesinato de políticos, expresa su deseo de que vuelva António Oliveira Salazar y simpatiza con Ergue-te (ex Partido Renovador Nacional). “Todos tenemos nuestras convicciones políticas y religiosas”, justifica Pedro Carmo, presidente de la Organização Sindical dos Polícias (OSP). “Él [Luís Maria] se reprime públicamente y no expresa sus ideas. Pero lee mucho, es muy literario”.

El líder de la OSP, jefe de la comisaría de Cascais, atribuye estos “arrebatos” a la precariedad. “Hay gente que ante determinadas situaciones acaba soltando ese nervio inicial”, justifica. “Pero nadie instiga a hacer algo”, continúa Carmo. “La gente tiene sus filosofías personales, pero no es una instigación directa a las cosas, sobre todo porque él es mi jefe y, si no fuera por eso, no estaría aquí”.

La historia de Dos Prazeres no termina ahí. En 2011, según un proceso que consultamos, este agente del PSP incriminó a una persona inocente por una razón aparentemente insignificante: una pequeña deuda de condominio. Dos Prazeres, administrador del condominio, tendió una trampa al deudor, Mário Brites, que podría haberle costado el resto de su vida.

Las manecillas del reloj marcaban las 21.15h del 30 de abril de 2011, cuando Mário Brites y Luís Maria, a causa de una pequeña deuda de mil euros, presuntamente se vieron envueltos en un enfrentamiento físico, en Cacém (Sintra). Después de esta supuesta disputa, Luís Maria acusó a Mário Brites, lo que no ha sido probado y Brites niega que haya sucedido, de haber disparado su arma al aire, cerca del cuello del actual líder de la OSP. El arma pudo haber sido disparada, sin embargo, concluyó el juzgado de Sintra, lejos del lugar donde supuestamente ambos se enfrentaron.

“Estuve cinco meses en prisión”, recuerda Mário Brites, quien cuenta que Luís Maria incluso consiguió que un ejército de policías declarara a su favor. “Cerca de 23”, dice. “Aún así, no pudieron probar nada en la corte”. Obligado a exiliarse en Amberes, Bélgica, después de haber estado en la cárcel, Mário Brites ya no quiere volver a Portugal, traumatizado por lo sucedido. Lo perdió todo: su familia, posibilidades de encontrar trabajo, de tener una vida digna en el campo.

Cuando le mostramos la imagen que compartió Luís Maria, en la que se dice se busca un francotirador para disparar contra los políticos, Mário Brites se rebela. “Después de todo, yo no soy el asesino”, dice. “Al fin y al cabo, él es el asesino, ya que lo publica en Facebook”, añade. “¿Un agente de PSP diciendo eso? Debería estar avengonzado”. Luís Maria no es el único que hace estos “exabruptos” contra los políticos.

Ernesto Peixoto Rodrigues fue líder del Sindicato Unificado de Policías y candidato en las elecciones europeas de 2019 por Basta, la coalición populista de derecha liderada por Chega. Es el administrador del grupo Policía-Profesión de Riesgo. Cuidadoso en lo que publica, actúa como instigador y desata oleadas de insultos.

“Estas personas, para ser honestos, todavía usan palabras, pero pueden pasar a la acción muy rápidamente”, advierte Jorge Bacelar Gouveia

Uno de los constitucionalistas portugueses más reputados, Jorge Bacelar Gouveia, presidente del Observatorio de Seguridad, Crimen Organizado y Terrorismo, ve en el comportamiento de estos 591 profesionales de las fuerzas de seguridad una auténtica bomba de relojería. “Podemos tener la idea de que no es motivo de preocupación porque solo hay 600 de 44.000. Pero no es del todo así”, advierte Bacelar Gouveia. “Aunque fuera uno solo: 600 es bastante en este gran grupo y, sobre todo, esto es muy preocupante”, advierte el constitucionalista. “Estas personas, para ser honestos, todavía usan palabras, pero pueden pasar a la acción muy rápidamente”.

José Semedo, un abogado negro, no es ajeno a la violencia policial. Ya fue víctima de ella y, hoy, ayuda a defender a muchas víctimas del racismo y la xenofobia. Fue abogado de la familia de Bruno Candé y formó parte del equipo de abogados de las seis víctimas de los atentados en la Comisaría de Alfragide.

“Yo mismo he pasado por situaciones en las que colegas tuvieron acceso a ‘huellas’ de policías. Incluso uno que me dijo: ‘Dame dos minutos con ese abogado y te enseño cómo son las cosas’”, nos cuenta Semedo. “Es diferente ser amenazado por un policía o un bombero. La amenaza se vuelve mucho más real cuando proviene de las fuerzas policiales, ya que tienen herramientas que les permiten saber dónde vivimos, cuál es nuestro auto, qué decimos por teléfono”, señala el abogado. “Y tienen armas”.

El nombre completo del agente que esposó e inmovilizó a Cláudia Simões, una mujer negra, en una parada de autobús en Casal de São Brás, Amadora, en 2020, es Carlos Humberto Nascimento Canha. Este agente de la PSP recordó a los internautas, en Facebook, lo que más teme José Semedo, meses después del ataque a Cláudia Simões: que tenía un arma. Cuando le enseñamos a Canha la publicación de su muro en Facebook, de acceso público, nos dijo que iba a hacer “un reportaje” sobre la base de datos a la que teníamos acceso.

Posteriormente, el Ministerio Público imputó a Carlos Canha por los delitos de atentado a la integridad física calificada, secuestro agravado, abuso de poder y lesiones agravadas contra Cláudia Simões. La presunta víctima acusa a este policía de haber lanzado puñetazos y patadas, dentro del vehículo policial, que se dirigía hacia la comisaría, mientras la insultaba: “Ustedes hijos de puta, negros, monos, ustedes son basura, mierda”. Las acciones de Canha, sin embargo, fueron ampliamente defendidas en los grupos que visitaron nuestros investigadores.

La página oficial del Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, un día después del ataque, publicó una fotografía de las manos de Canha [Cláudia Simões mordió al agente mientras era atacada], aludiendo a la posibilidad de que Cláudia Simões tuviera enfermedades. “La defensa del ciudadano empieza a ser orquestada por el principal odio a los blancos”, se lee en la publicación, que ya ha sido borrada. 

Esta publicación fue objeto de una investigación por parte de la IGAI, que, sin embargo fue archivada, nos reveló la institución. En el escrito se concluyó que no puede “alegarse que la publicación realizada” tenga como objetivo “difamar a determinada persona o grupo de personas por razón de su raza, color u origen étnico”. Y que “no fue posible determinar el autor de la publicación”.

En su momento, el presidente del gremio, Peixoto Rodrigues, por un momento nos reconoció que él era el autor de la publicación. “Recuerdo haber hecho [estas declaraciones]. Ahora, es necesario quitar el contexto de esta declaración mía. Como todos sabemos, una mordedura de un ser humano puede causar serios problemas de salud. Esto fue sacado de contexto y creó un gran revuelo”. Y entonces recordó. “En su momento, si mal no recuerdo, cuando presté declaraciones en la IGAI, nos habían hackeado la web”, dijo. “Todavía estamos tratando de averiguar quién puso esa imagen allí con esas declaraciones”.

La actuación de Canha fue defendida por la propia dirección nacional del PSP. Incluso fue una de las primeras posiciones que asumió Manuel Magina da Silva, quien defendió a Carlos Canha el día que asumió el cargo de director. “Lo que vi en el video, veo a un policía cumpliendo con sus obligaciones y las normas que están vigentes en la PSP. No veo ninguna infracción, es una acción legal y legítima de un agente de la autoridad”, dijo el director nacional de la PSP. “Hay resistencia a una identificación y efectivamente hay una acción de resistencia activa contra el agente que decide proceder a la detención, que es lo que sucedió”.

En la entrevista que nos concedió para esta investigación, Ferreira, inspectora general del IGAI, confesó que no entendía el comportamiento del director nacional. “La PSP entiende, en el caso de Cláudia Simões, que el agente involucrado actuó de acuerdo con los deberes a los que estaba obligado”, dice Ferreira. “Confieso que nunca verás ninguna comunicación de la IGAI antes de que se complete un proceso. Es importante en aras de la transparencia”.

La inspectora general de la IGAI no se anda con rodeos cuando critica a la dirección nacional del PSP por “seguir emitiendo comunicados” inmediatamente después del “hecho”. “No creo que sea una buena práctica, sin importar qué fuerza o servicio de seguridad sea”.

La jornada de presentación del Plan de Prevención de Prácticas Discriminatorias en las Fuerzas de Seguridad tuvo lugar en julio de 2020. Magina da Silva fue una de las ponentes de la jornada. Culpando a las “discusiones sobre la identidad racial y de género” por la “expansión mediática” del escrutinio de las fuerzas policiales, colocó a la policía en la parte superior de la jerarquía de víctimas de discriminación: “Nos negamos a ser los chivos expiatorios”.

Un análisis que realizamos muestra que la PSP inició casi 29.000 procesos disciplinarios contra sus profesionales entre 2006 y 2021. El 77,8% de estos procesos fueron archivados, el 2,9% resultaron en suspensión y el 0,8% resultaron en despido. De los 296 policías de la PSP identificados en la base de datos proporcionada por los investigadores digitales, identificamos a 212 que reproducen discursos de odio.

El expresidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías tuvo una vez mejor opinión sobre la policía. Para Pedro Bacelar Vasconcelos, la injusticia no justifica la ignominia. “El hecho de que existan innumerables razones sindicales y económicas no excusa el comportamiento que hemos presenciado, ya sea por parte de los agentes o por parte de las jerarquías”.

Cuando era gobernador civil de Braga, Bacelar Vasconcelos lidió con un feroz caso de racismo contra la comunidad gitana de Vila Verde. Elogia lo que dice fue el comportamiento ejemplar que tuvo la GNR en su momento en defensa de la comunidad. Hoy piensa que la policía, al menos parte de ella, se ha desviado del camino y ha tomado caminos que no son parte de su trabajo. “La propia disciplina inherente al funcionamiento de estos órganos acaba asumiendo una solidaridad corporativa, lo que hace que, desde lo más alto de la jerarquía, se pretenda ocultar flagrantes violaciones a lo que es su misión cívica”, reitera.

Entre los escombros de los comentarios de odio, encontramos declaraciones violentas, calumnias, amenazas. Cuando este tipo de declaraciones se unen contra las minorías, el tenor de las palabras de los policías se vuelve aún más feroz. La comunidad gitana es, a su vez, una de las mayores víctimas de los comentarios de odio de los profesionales de las bases de datos.

Bairro das Pedreiras bien puede servir como metáfora de la condición histórica de la comunidad gitana en Portugal: una historia de exclusión, opresión, miseria y vulnerabilidad. Aquí dominan las tiendas de campaña, los escombros, las moscas. Cuando se construyó este barrio, la Cámara de Beja levantó un muro —ya derribado— para separar la comunidad del resto del municipio: se creó un auténtico gueto. Mostramos algunos comentarios de los policías a los vecinos. “Racistas”, comentan varios, indignados.

Cláudio, de 25 años, es uno de los dos gitanos que tienen trabajo en el barrio. Empujado a la pobreza por su condición étnica, hace lo que puede para ayudar a la comunidad. Mientras nos muestra el barrio, aprovecha para repartir botes de pintura a los habitantes.

Ana Rita Alves traza el año 2006 como fundamental en la institucionalización de las representaciones antinegras y antigitanas y su vínculo con la criminalidad. Y esta institucionalización tiene un territorio, las denominadas Zonas Urbanas Sensibles. “La Directiva Estratégica 16/2006 establecerá un barómetro de clasificación de cuáles serían estas zonas sensibles, de modo que se puedan ajustar los medios de actuación policial”, explica la investigadora del Centro de Estudios Sociales de Coimbra. “Hay aproximadamente diez criterios para saber si el área es sensible”, nos dice Ana Rita Alves. “Uno de los criterios que se utilizan para ello es la composición étnico-racial de un determinado tipo de barrio, que entonces puede ser considerado como estable, inestable, muy inestable o poco estable”.

La investigadora sostiene que este dato, por sí solo, es muy revelador. “En un país que insiste estructuralmente en negar su racismo sistémico e institucional, me parece que esto es una prueba inequívoca”, dice. “Esta segunda generación de inmigrantes, esta nueva juventud negra, será etiquetada como culturalmente inadaptada”, continúa Ana Rita Alves. “Y, como tal, por tener un comportamiento desviado y criminal”.

Los sucesivos gobiernos tienen la culpa de ello, al asociar etnicidad y criminalidad, según la investigadora del CES. “Los Informes de Seguridad Nacional, cuando hablan de aumentos en el crimen, atribuirán los aumentos en el crimen a ‘olas de inmigrantes’ provenientes de países africanos y Europa del Este”.

Diana Andringa fue una de las periodistas que realizó el documental Era uma Vez um Arrastão, un caso en el que la policía perseguía a jóvenes negros en la playa de Carcavelos por delitos que no existían. Una mentira ampliamente reproducida por los medios. Andringa nos recibe en su casa, en un largo jardín. Para ella, es frustrante que estemos regresando a una época en la que la afinidad por los ideales de extrema derecha vuelve a estar de moda. Después de todo, luchó contra el Estado Novo.

“El hecho de que tengamos la extrema derecha institucionalizada, con diputados electos en el parlamento, permite que se manifieste más la derecha que hay en la policía”, dice la periodista. “Ahora tienen a alguien que hable por ellos y alguien que diga cosas que, dictadas por las buenas maneras, se esperaba que no se dijeran en la Asamblea de la República”, agrega Andringa. “Y eso les da fuerza”.

No es solo en Portugal donde las fuerzas policiales portuguesas acumulan críticas: desde 1997, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa, cita en sus informes problemas de racismo en las fuerzas de seguridad. Pero en el último informe de la ECRI, publicado en 2022, hay una advertencia: el peligro de que los movimientos supremacistas blancos se infiltren en las instituciones policiales.

“Hemos visto, en varios Estados miembros, ideas nazis reflejadas en la policía. Se ha utilizado lenguaje racista entre varios miembros de la policía en las redes sociales”, dice Maria Marouda, delegada del Consejo de Europa, en una entrevista con el Consorcio de Periodistas de Investigación.

Encontramos policías de la PSP que saludaban a los nazis y difundían propaganda abiertamente fascista en sus perfiles personales de Facebook de acceso público. Algunos van más allá. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que iba a dar “baños” a los ciudadanos rumanos y al “pueblo gitano”. “Era un balde de Sonasol Verde junto con Neoblanc Bleach por el cuerpo… ¡¡era una joya!!”, se lee en la publicación. “Ya empapé cuatro ‘cerdos’”, agregó luego en un comentario a su publicación.

Mamadou Ba es la segunda persona más mencionado en las 3.090 publicacioes que analizamos, después de André Ventura. El sistema inmunológico del activista de SOS Racismo, sin embargo, ya está vacunado contra los comentarios y mensajes de odio de los que es blanco en las redes sociales, pues ha sido el epicentro de muchas amenazas racistas desde 2012. “Nadie debería acostumbrarse a la indignidad, pero estoy acostumbrado”, admite. “Si no me acostumbro a la indignidad del racismo, no tendré la fuerza para luchar contra el racismo. Es un juego un poco triste, pero así es el juego”.

A pesar de todo, Mamadou Ba está menos preocupado por el lado personal. “Tiene un impacto, obviamente, porque soy una persona y tengo una familia”, dice. “Pero desde el momento en que personas con visibilidad, como es mi caso, son blanco de este tipo de ataques, significa que la expresión del odio dentro de las fuerzas de seguridad ha tomado una dimensión institucional”.

La estructura del racismo en el país es, para Mamadou Ba, lo que permite que este atolladero de insultos prospere en el baúl de los grupos cerrados de las fuerzas de seguridad en Facebook. “La expresión del racismo en las relaciones institucionales es real y existe”, comenta. “Hay una sensación de impunidad porque los agentes —ya sean de la PSP, de la GNR o incluso militares— se sienten mucho más cómodos detrás de una pantalla, ya que hay una despersonalización del espacio público en el que se encuentran”.

El tono de los comentarios de los policías no es, para Joacine Katar Moreira, ninguna sorpresa, pues carga sobre sus hombros una doble condición que aviva aún más el odio: es mujer y es negra. “Es algo que no me sorprende porque, a lo largo de mi legislatura, fui sistemáticamente blanco de discursos de odio”, confiesa.

A la exdiputada Joacine Katar Moreira le dijeron que la iban a “fusilar”. “Que me metieran la pistola en los genitales, que me metieran la pistola en la boca”, recuerda

Joacine Katar Moreira no tardó mucho en darse cuenta de que muchas de las rondas de odio que recibió también provenían de la policía. “Algunos elementos [contenidos en las amenazas] me remitieron a las fuerzas de seguridad, a saber, la alusión a las armas”, nos cuenta. A la exdiputada le dijeron que la iban a “fusilar”. “Que me metieran la pistola en los genitales, que me metieran la pistola en la boca”, nos dice.

Mamadou Ba y Joacine Katar Moreira coinciden en que este odio puede tener repercusiones reales, más allá de los confines de la pantalla. “Lo que le hace pensar a un agente que puede sentarse frente a la computadora y lanzar todos los insultos posibles e imaginables —comienza diciendo el líder de SOS Racismo— es a lo que lo llevará, cuando encuentre a un joven menos preparado y con menos conocimientos jurídicos, a abusar de él. Y entonces ten por seguro que nadie sabrá lo que ha pasado”, nos dice.

“Si me pasa algo, si me amenazan, voy a necesitar seguridad y solo el Estado me la puede dar. Pero al mismo tiempo estoy siendo amenazado por miembros de la seguridad de este mismo Estado. Esto es muy serio”, denuncia Joacine Katar

Para la exdiputada, en el fondo es el Estado quien la amenaza. “Las fuerzas de seguridad, como elementos del Estado, son para mí su cara más visible, la de la fuerza”, explica. “Si me pasa algo, si me amenazan, voy a necesitar seguridad y solo el Estado me la puede dar. Pero al mismo tiempo estoy siendo amenazado por miembros de la seguridad de este mismo Estado. Esto es muy serio”.

Periodistas y medios de comunicación, por su parte, tampoco se quedan atrás como objeto de los comentarios de odio reproducidos por la base de datos policial. El nombre de António de Oliveira Salazar, en las 3.090 publicaciones que recolectamos, es el tercero más citado. El tono de los policías salazaristas es de nostalgia por el Estado Novo: piden el regreso del dictador, ensalzan el Portugal colonial, aplauden el manejo de las finanzas públicas de Salazar, ensalzan el supuesto país sereno y seguro que fue Portugal durante el Estado Novo.  

Algunos profesionales de las fuerzas de seguridad incluso piden el regreso de la policía política. 

Las conductas de estos policías “enmarcan varios delitos”

Puedes oler el pescado rociado con aceite de palma en el aire, un plato preparado por Olga, ahora cocinera en Reino Unido. La sonrisa de oreja a oreja y la simpatía con la que nos recibe en su casa es contagiosa, a pesar de que el tema que nos lleva a su hogar es todo menos una ocasión feliz. Recuerda con cariño a Bruno Candé. “Era un joven normal, que luchaba por hacer realidad sus sueños. Alegre, muy buena amiga”, recuerda Olga.

Bruno era un hombre realizado, hasta que algo interrumpió su exitoso viaje. “Un accidente que hasta hoy no se ha esclarecido”, nos cuenta Olga. “Iba a su casa en su bicicleta, entonces nos dicen que fue una caída. Pero la bicicleta estaba intacta y no tenía rasguños”.

La vida de Bruno, a partir de ese momento, dio un vuelco. “Prácticamente perdió toda la memoria”, dice su hermana. Poco a poco, Candé se recuperó. Caminaba mucho, sobre todo después de que un amigo le regalara a Pepa, una perrita, para llenar su soledad. “Cuando estaba cansado, se sentaba mucho ahí en ese lugar, donde hay muchos cafés, mucha gente caminando”, recuerda Olga, refiriéndose a la banca donde estaba Candé cuando un excombatiente colonial le disparó cinco veces, Evaristo Marinho.

Días antes del asesinato, Bruno Candé y su asesino habían discutido por Pepa. Evaristo Marinho, de 77 años, llamó “negro de mierda” al actor y lo mandó a su “tierra”, a pesar de que Bruno Candé nació en Portugal. “Tu madre debería estar en una casa de esclavos”, también dijo Marinho, quien admitió los hechos y fue condenado a 22 años y nueve meses de prisión.

El comportamiento de estos militares en Facebook, por lo tanto, entristece a Andreia, la sobrina de Candé. “Estoy triste porque nací y crecí en Portugal. Estoy orgullosa de ser portuguesa y es muy feo y triste ver a personas de la misma nación agredirse así, sin conocerse”, dice Andreia.

El hecho de que fueran miembros de las fuerzas de seguridad quienes atacaron a su tío empeora el dolor de Andreia. “Porque los policías están para defendernos”, reitera. “Es muy doloroso”.

A Magina da Silva, director general de la Policía portuguesa,  se le hizo una pregunta muy clara  en una entrevista publicada por Renascença y Público el 27 de octubre de este año. ¿Cómo se evita que elementos con ideales extremistas se unan a la policía? ¿Qué filtro hay? “En Facebook, en las redes sociales. Aquí se ve”, respondió el director nacional del PSP.

De los 591 profesionales de las fuerzas de seguridad que identificamos en Facebook, de la GNR y de la PSP, 420 (71,91%) expresan discurso de odio; 246 llaman a la violencia o lanzan amenazas contra políticos, mujeres y minorías. Entre 2020 y 2022, nos dijo PSP, se presentaron 15 demandas por el comportamiento de elementos de la fuerza pública en las redes sociales. Resultado: ningún despido y sólo seis profesionales fueron multados o suspendidos.

Hay, sin embargo, leyes para evitar que estos discursos, de odio y violencia, proliferen en el espacio público. “Por lo que me estás contando [sobre el comportamiento de la policía], esto configura varios delitos: incitación al odio, xenofobia, conducta coercitiva hacia la mujer. Todo eso tiene un entramado penal”, dice Bacelar Gouveia, constitucionalista. “Hay pocas diferencias entre las palabras y los hechos”. En el caso de Bruno Candé, se rompió la delgada línea que separa las palabras de las acciones. Y fue fatal.

La dirección nacional del PSP, la Comandancia General de la GNR y el Ministerio de Gobernación Interna se negaron hablar con nosotros.