Censura
La privatización de la censura: el poder de Facebook en la esfera pública

En un reciente informe emitido por el Parlamento Británico destinado al impacto social de las fake news se calificó a los líderes de las principales plataformas digitales de “Gánster Digitales”. Esto se debe a su decidido rol a la hora de esparcir noticias de dudosa credibilidad con el único propósito de mantener un flujo constante de visitas incrementando con ello sus beneficios económicos. Plataformas digitales como Facebook han venido siendo señaladas por instituciones, ongs, académicos y activistas como una fuente de desinformación y manipulación. Que el poder de estas corporaciones a la hora de condicionar el curso político de los acontecimientos entraña un riesgo para la democracia es un hecho reconocido, no solo por sectores críticos, sino por entidades como la Comisión Europea o el Gobierno de los Estados Unidos.

Sorprende con ello el aplauso generalizado de los medios “críticos” al primer episodio de censura corporativa a las declaraciones en las redes sociales de un partido con representación política en el Parlamento Español. Vaya por delante, que no cabe duda de que las declaraciones emitidas por el partido fascista Vox buscan la manipulación siguiendo la vieja estrategia del miedo. Tampoco es intención de las autoras de este escrito defender un “libre mercado de la expresión” que poco favorece a quienes no poseen los medios. No obstante, conviene señalar los peligros de una creciente privatización de la censura, en una sociedad cada vez más adicta a las de redes sociales, para muchos, única o privilegiada fuente de información.

El Estado Español, al contrario de otras jurisdicciones como Alemania, carece de una normativa específica que regule la discusión pública en las redes sociales. A excepción hecha de aquello que pueda incurrir en “discurso de odio” (sujeto a la dudosa arbitrariedad de la conservadora judicatura española) el discurso público online está sujeto a la censura corporativa. Existe una total falta de reflexión ante uno de los mayores debates políticos del siglo XXI. Diversos estudios demuestran que la esfera de debate público, es decir, el laboratorio de las ideas y de la opinión, sobre todo de los jóvenes (y no tan jóvenes) se desarrolla en plataformas digitales. A pesar del tremendo alcance de las redes sociales (Facebook tendría 24 millones de usuarios en España) estas no están sometidas al mismo tipo de control democrático que otras instancias. Son espacios considerados como privados, a pesar de su más que evidente interés público.

Siguiendo la lógica más neoliberal, Facebook no es gobernada. Se autoregula. Ejerce un dominio casi absoluto sobre sus contenidos. La opacidad de los métodos que guían aquello que se muestra a los usuarios en su “news feed” está amparado por el secreto comercial, sometido a normativas estadounidenses. El investigador de la Universidad de Maryland Frank Pasquale ha denominado a esto como la “Black Box”. Una caja negra procesada y gestionada por manos privadas, absolutamente ajena al control público y social. Cabe destacar que Facebook ha recibido una sanción record por parte de las autoridades estadounidenses de 5.000 millones de dólares, a consecuencia de su uso despótico en su caja negra de los datos de usuarios.

Facebook no es un gánster digital, tal y como califican los miembros del Parlamento Británico. Las incontables sentencias en contra de la corporación digital la señalan como una corporación criminal. Esto es, una empresa privada que sistemáticamente viola la legalidad a fin de aumentar sus beneficios y su poder corporativo. Que a una corporación criminal se le atribuya el poder de decidir qué entra y qué no en la esfera del debate público, no es solo una irresponsabilidad colectiva, es una dejadez de funciones por parte de las autoridades públicas. Esto no es un fenómeno nuevo. El neoliberlismo ideológico firmemente asentado en nuestra “Privatizada democracia” impone un modelo de creciente externalización de las funciones más básicas que le corresponden al Estado.

Es necesario, tal y como señaló la Comisión Europea, recuperar la soberanía digital, hoy en manos de corporaciones privadas. Estamos en un momento político ideal para abrir un debate acerca de cómo queremos gestionar la esfera pública, en la cual, el mundo digital, ocupa ya una dimensión central. Una mesa directiva en Silicon Valley, no puede definir los contenidos de aquello que se discute, que se lee, que se piensa, en nuestros territorios. Esta no es una demanda radical. Es un imperativo fundamental para mantener los mínimos que sostienen la democracia.