Pobreza energética
El fin de la moratoria de cortes de suministros básicos sería “catastrófico” para miles de hogares

En 2023, dos de cada diez hogares no han podido mantener una temperatura adecuada, un 17,1% de la población que se ve obligada a pasar frío en invierno o calor en verano. Según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), presentado el pasado martes, la pobreza energética en los hogares españoles no ha dejado de crecer en los últimos años. La cifra de familias que no podían mantener una temperatura adecuada era del 14,3% en 2021 y del 10,9% en 2020, una tendencia inversa a las cifras generales de pobreza, que han descendido un punto el año pasado hasta situarse en el 26,3% de la población. 

La moratoria de cortes de suministros básicos vigente desde 2020 ha evitado muchos de los casos más graves, pero el fin de esta medida prevista para el 31 de diciembre de 2023 podría provocar “una gran crisis de cortes de agua, luz y gas con consecuencias catastróficas para miles de hogares”, señalan en un comunicado más de 20 organizaciones que han convocado para este 21 de octubre una movilización que comienza a las 11:50h en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de Diputados.

La movilización de este 21 de octubre pide que la deuda de los hogares con las eléctricas vinculados con la moratoria de cortes sean asumidos por la grandes compañías del sector

El contexto de incertidumbre política y la interinidad del Gobierno están generando “mucha preocupación y ansiedad en más de un millón de hogares beneficiarios del bono social, que dependen de la aprobación de las medidas adecuadas para garantizar sus derechos más básicos”, señalan en el manifiesto, firmado por Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Ingeniería sin Fronteras, Ecologistas en Acción, CC OO, Greenpeace y una veintena de organizaciones del movimiento de vivienda, vecinales, ecologistas, pensionistas y en defensa de los servicios públicos.

Las organizaciones convocantes exigen al Gobierno que prorrogue la moratoria de cortes de agua, luz y gas en los hogares vulnerables y que se avance en convertir en permanente una medida que va en la línea de las propuestas de la Comisión y el Parlamento Europeo en la última reforma del mercado común de la electricidad.

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La movilización de este 21 de octubre también pide al Gobierno que todos los impagos y las deudas de los hogares con las eléctricas y otras empresas de suministros básicos vinculados con la moratoria de cortes sean asumidos por la grandes compañías del sector, “cuyos beneficios no han parado de incrementarse en los últimos años como una forma de ‘compensación social’ por tratarse de un suministro esencial, con una cartera de clientes asegurada en un mercado altamente rentable y con poca competencia”. 

“El misterio de la deuda”

La moratoria de cortes de suministro fue aprobado en el momento álgido de la crisis del covid-19 como parte del llamado escudo social y se fue prorrogando hasta el próximo 31 de diciembre de 2023. La medida supone la prohibición de cortes de agua, gas y electricidad a las familias que reciben el bono social eléctrico, unos 1,5 millones de hogares considerados vulnerables, un 65% de ellos según el criterio de renta. Lo que no dice la ley y está generando una gran preocupación en organizaciones de consumidores y en las plataformas que luchan contra la pobreza energética es qué pasa con esas mensualidades no pagadas por las familias que se han beneficiado de la prohibición de cortes.

Según el reciente informe Radiografía del lobby energético, realizado por Alianza contra la Pobreza Energética, Ingeniería sin Fronteras y Fosil Free Politics, las empresas eléctricas interpretan que, siguiendo la letra de la ley, son las familias vulnerables las que deben afrontar el pago de la deuda. El Gobierno no se ha manifestado al respecto ante las preguntas de estas organizaciones. La plataforma de colectivos convocantes de la movilización de este 21 de octubre advierte que “no descansará” hasta que se renueve la moratoria de los cortes y la deuda sea asumida por la grandes empresas.