Países Bajos
El pueblo aferrado a sus macrogranjas

Quien en los últimos meses haya viajado por los Países Bajos ha podido percatarse de que junto a las carreteras, en los campos agrícolas; desde los puentes, coches, farolas y balcones, a lo largo del país, cuelgan numerosas banderas nacionales. Pero más que un estallido patriótico lo que aquí se manifiesta es una revuelta sin igual en la historia reciente del país. Pues estas banderas no lucen el rojo-blanco-azul oficial sino que han sido invertidas mostrando las franjas en el orden azul-blanco-rojo. Una señal mediante la que antaño los navíos en peligro pedían socorro. Ahora es un movimiento liderado por granjeros y ciudadanos que se oponen a la disminución del sector ganadero el que pretende dar la voz de alarma.

El origen de todo ello está en la crisis desencadenada desde que en 2019 el Tribunal Supremo determinara que las emisiones de amoniaco y otros compuestos de nitrógeno provenientes principalmente de la ganadería exceden sobremanera los parámetros permitidos por la legislación europea. El fallo, que dio la razón a las asociaciones ecologistas, obliga al Gobierno de centro-derecha y tradicionalmente abanderado de los intereses agrícolas y ganaderos a intervenir en el pujante sector y reducir su impacto.

Basta echar un vistazo a las cifras del campo holandés para figurarse la magnitud del problema. El país, con una extensión igual a la de Extremadura y la densidad de población más alta del continente, es el segundo mayor exportador de carne y productos agrícolas del mundo, tan solo superado por los Estados Unidos, además del principal exportador de carne de la Unión Europea, por delante de España y Alemania. En el territorio con mayor presión demográfica de Europa viven hacinados 100 millones de gallinas, 12 millones de cerdos y 3,7 millones de vacas. Una alta intensificación y tecnologización realizan el milagro de que el delta cenagoso que es Holanda pueda rivalizar con las grandes potencias agrícolas del planeta.

Si las evidencias científicas aseguran que la transformación de la producción agrícola y ganadera es ineludible para garantizar la salud y bienestar humanos, ¿por qué cuenta la defensa de la ganadería industrial con tanto apoyo ciudadano?

La extrema deposición de nitrógenos provenientes del estiércol y orines son un claro indicador de la inviabilidad del modelo, pero no el único. Estos excrementos crean un exceso de nutrientes en el ecosistema provocando que ciertas plantas como las ortigas y algas proliferen y desbanquen a las demás especies. La consecuencia de ello es una dramática disminución de la biodiversidad en tierra, agua y aire. La enorme desaparición de insectos, esenciales para las cadenas tróficas y la polinización, es una alarmante prueba de ello.

Los expertos señalan, asimismo, que los Países Bajos infringen flagrantemente las directrices europeas en calidad de agua debido en gran medida al uso de insecticidas. Además, el metano que emite el ganado vacuno y cuyo impacto como gas de efecto invernadero es 27 veces mayor que el CO₂, debe ser necesariamente abordado si el país quiere cumplir con los acuerdos climáticos. Otro problema inminente es el que presentan los continuos brotes de gripe aviar y otras enfermedades infecciosas que advierten de una próxima zoonosis que, como el covid-19, azote a la población humana. El indecible sufrimiento animal debería ser asimismo seña suficiente de la hipertrofia de esta industria que según sus defensores se dedica a alimentar a la población nacional pero que en realidad destina el 75% de su volumen a una lucrativa exportación.

Alzamiento agrícola

El Gobierno neerlandés, a pesar de sus reticencias, se ve ahora obligado a tomar medidas para acometer el estado de ilegalidad en que la emisiones de nitrógenos se encuentran desde el fallo de 2019 y que necesariamente implican una gran reducción del número de animales. Pero un feroz alzamiento de los ganaderos, un numeroso y abigarrado conjunto de ciudadanos que han encontrado en esta causa una vía para expresar su descontento, y el incesante jalear desde la extrema-derecha acorralan al Gobierno entre la necesidad de acatar la legalidad y el miedo a enfrentarse al electorado y a los poderosos intereses del sector.

Mediante acciones inusualmente duras, los ganaderos y sus simpatizantes han conseguido que hasta el momento el Gobierno posponga abordar la crisis. Continuos bloqueos de las carreteras por tractores, cerco de puertos y centros de distribución han provocado desabastecimiento, intimidaciones y escraches a ministros e incluso abucheos e insultos al rey cuando el pasado 20 de septiembre se disponía a pronunciar su discurso anual, lo que manifiesta un ataque frontal a las instituciones y la voluntad del sector ganadero de no permitir injerencias. Pero si algo resulta especialmente alarmante para el Gobierno es que a pesar de sus duras acciones, los granjeros cuentan con una amplia comprensión y simpatía por parte de la ciudadanía. Según encuestas del verano, el 70% entiende su descontento y la mitad apoya la movilización.

Tras más de 70 años de crecimiento promovido desde la política y las finanzas, la producción agrícola choca contra sus propios límites materiales y la legislación medioambiental obliga a cambiar de rumbo

¿Cómo han llegado los Países Bajos a tal atolladero? Y sobre todo, si las evidencias científicas aseguran que la transformación de la producción agrícola y ganadera es ineludible para garantizar la salud y bienestar humanos, ¿por qué cuenta la defensa de la ganadería industrial con tanto apoyo ciudadano? ¿Contemplamos tan solo una defensa egoísta de los hábitos alimenticios y la economía nacional o manifiesta este enfrentamiento una fractura más profunda en la sociedad?

El germen de la actual crisis se encuentra en la década de 1950, cuando desde el Gobierno se promovió la transformación de un paisaje rural y extensivo en uno basado en la eficiencia y productividad. Pequeños agricultores y ganaderos debieron permitir la aglomeración de sus tierras formando grandes campos aptos para el uso de maquinaria. Mediante subsidios y medidas proteccionistas los sucesivos gobiernos crearon un modelo basado en la intensificación y orientado a la exportación.

Nación macrogranja

Pablo Rivas

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Macrogranjas

Ganadería intensiva Nación macrogranja

Pablo Rivas

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España se ha convertido en el quinto exportador global de carne, y el primero de porcino. El medio rural se ha levantado en armas contra la proliferación de instalaciones ganaderas industriales. La polémica por unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a 'The Guardian' ha llevado a primera línea el debate sobre los impactos de las macrogranjas. La batalla se prevé larga.

Informe: ‘Lo que la soja esconde’ La carne de macrogranja española que deforestó un pedazo de Amazonía

Los grandes bancos del país, con el Rabobank a la cabeza, encontraron en este sector el destino más fiable para sus inversiones. Con un flujo constante de capital, las entidades estimularon a los ganaderos a modernizar sus negocios y crear una industria altamente competitiva. Pero tras más de 70 años de crecimiento promovido desde la política y las finanzas, la producción agrícola choca contra sus propios límites materiales y la legislación medioambiental obliga a cambiar de rumbo. Los partidos cristiano-demócratas y liberales que crearon este mismo modelo deben ahora garantizar una transición sostenible. Pero ya pocos parecen dispuestos a escucharles.

Del neoliberalismo al 'antiestablishment'

La razón por la que la protesta ganadera encuentra tanta resonancia en la sociedad, explica el geógrafo economista Ewald Engelen en una conversación, es una aversión generalizada hacia el establishment y la deslegitimación de las instituciones. Décadas de neoliberalismo y austeridad han creado la percepción entre muchos, especialmente aquellos que viven fuera de las grandes ciudades, de que el Estado solo aparece cuando pasa algo malo: controles de hacienda, restricciones antipandémicas o expropiaciones. Los granjeros y sus simpatizantes coinciden en ver al Gobierno como su enemigo. “Para muchos no importa tanto cuál es la decisión sino el hecho de que son ellos quienes deciden”, apunta.

Asimismo, señala Engelen, debemos entender el daño que la tecnocratización de la política ha hecho a las instituciones. Aquellos que criticaron las durísimas medidas tomadas durante la pandemia de covid-19 fueron estigmatizados y excluidos del debate político. El Gobierno se escudó en la 'necesidad científica' para defender sus decisiones anulando así cualquier discusión sobre la idoneidad de las medidas. Ahora trata de emplear la misma estrategia en la crisis climática. Pero los ciudadanos que quedaron enajenados de las instituciones durante la pandemia nutren ahora las filas del movimiento ganadero y de la extrema-derecha.

“Temiendo que se les penalice en las elecciones —explica Engelen— cuando hay cuestiones complejas, los partidos en el poder se escudan detrás de decisiones judiciales, la ciencia, la Unión Europea, sin tener en cuenta el enorme daño que eso provoca a esas instituciones y a la democracia”. Así se crea la percepción de un establishment que cierra filas, lo cual propicia el auge de políticos populistas que dicen defender al pueblo frente a la élite gobernante.

Para romper el relato reaccionario se debe aunar “la transición climática con una redistribución justa de la riqueza”, explica Engelen

El sociólogo y experto en populismo Jan Willem Duyvendak coincide en que décadas de neoliberalismo han provocado que las instituciones del país queden dañadas a ojos de muchos ciudadanos. Pero señala asimismo que “las expectativas de la ciudadanía respecto al Estado no son por ello menores” y que la tendencia se podría cambiar con un “programa socio-económico” que dispute el relato identitario de la extrema derecha.

El éxito de la causa ganadera debe explicarse además, apunta Duyvendak, por la idea asentada de que “el granjero encarna la verdadera cotidianeidad, el verdadero holandés trabajador y cercano a la tierra”, en oposición a una élite global y desarraigada. Los portavoces de la ganadería han sabido hábilmente establecer este discurso identitario con importante calado entre la población.

Así Sieta van Keimpema, portavoz del lobby Farmers Defence Force, defendía recientemente en televisión que “la agenda climática es utilizada como excusa para normalizar la expropiación: primero de los granjeros, más tarde quizá de tu casa”. Y así emplear la tierra para los planes que el Gobierno y la élite global crean oportunos “como por ejemplo plantar un data center de Google”. “Comienzan por los granjeros”, asevera Keimpema, “pero después irán a por los demás”.

Sobreexplotación, contaminación y sequía: casi la mitad de los acuíferos está en mal estado

Pablo Rivas

Agroindustria

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Pablo Rivas

El 44% de las masas de agua españolas está en mal estado. La agroindustria está detrás de un problema nacido de la proliferación de un regadío que se bebe más del 80% del agua disponible al que se le suma el exceso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura intensiva y los purines de las macrogranjas.

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La oposición entre pueblo y élite que los ganaderos exitosamente esgrimen, señala Engelen, encuentra su base en la separación socio-económica entre la población con trabajos prácticos y a menudo precarizados y aquellos con estudios superiores que disfrutan los beneficios de una economía globalizada. Sin atender a esta realidad de clase, la causa climática será percibida por la clase precarizada como una nueva excusa de “los de arriba” para enriquecerse a sus expensas. Para romper el relato reaccionario se debe aunar “la transición climática con una redistribución justa de la riqueza”, explica Engelen y lo resume con el lema: “La lucha contra el cambio climático es lucha de clases”.

Duyvendak coincide en que sin “una repartición justa de los costes” la mayoría solo tendrá la percepción de salir perdiendo en la transición climática. “La gente tiene que poder ver los beneficios”, afirma. Los cambios no deben presentarse como planes del Gobierno o de una izquierda moralizante pues eso provocará automáticamente un “reflejo populista”. Junto con un programa anti-neoliberal y de garantías sociales, la transición climática debe servir como un proyecto común donde se incluyan los intereses de las clases más precarias. Si conseguimos esto, asegura Duyvendak, “tendremos razones para ser optimistas”.

El futuro de las medidas contra el cambio climático en los Países Bajos queda a merced de la capacidad para politizar la cuestión y convertirla en un proyecto deseable, estiman ambos expertos. Frente al canto de amor por los combustibles fósiles y la ganadería industrial que enarbola la extrema-derecha y la gobernanza tecnocrática en que el Gobierno se enmaraña, otra vía debe devolver la iniciativa a la causa sostenible. ¿Qué país, qué mundo queremos? ¿Uno que se asfixie bajo el estiércol y desampare a los necesitados? ¿O uno igualitario y floreciente? La política genuina es la confrontación de concepciones del bien. Su menoscabo, lamentablemente, ha sumido a los Países Bajos en una crisis medioambiental y social sin atisbo de concluir.