Macrogranjas
Nación macrogranja

Priego, Cuenca, 892 habitantes según el censo de 2021: cuenta con una planta para ganado porcino con casi 2.000 cabezas, explotación que solicitó en 2017 su ampliación a 7.000 cerdos. El proceso está pendiente de alegaciones, pero ya hay dos nuevas solicitudes para instalar magrogranjas intensivas de cerdos en el municipio, de 6.180 animales cada una. Total, 19.360 cerdos. Pozuelo, Albacete, 465 habitantes: Cefusa-El Pozo quiere instalar una explotación industrial con 85.000 cerdos. En 2017 ya lo intentó, con un proyecto inicial de 140.000 animales. El Ayuntamiento ha conseguido paralizarlo, por ahora, cambiando su plan de ordenación urbana. San Clemente, Cuenca, 6.953 habitantes: la explotación avícola proyectada en el municipio tiene capacidad para 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría. Está en tramitación y, por el momento, la moratoria de macrogranjas decretada por la Junta de Castilla-La Mancha no frenaría su construcción. Noviercas, Soria, 160 habitantes: la sociedad navarra Valle de Odieta-HTN quiere montar la vaquería lechera más grande de Europa. Albergaría 23.520 animales. La tramitación administrativa está a la espera del dictamen de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre el acceso al agua del acuífero de Araviana y la posible contaminación del mismo.

La lista de proyectos, planteados especialmente en el territorio de la España vaciada, es larga. Solo en la provincia de Cuenca hay actualmente 32 proyectos ganaderos y avícolas intensivos aprobados o en trámite, según contabiliza Pueblos Vivos Cuenca, confederación que aglutina a una quincena de movimientos vecinales de localidades afectadas por este problema. “Supondrían 195.000 cabezas de cerdo más, que no te digo a lo que equivale realmente, porque si son de madres, que paren dos veces al año y con cada cerda a lo mejor diez lechones… multiplica”, denuncia Remedios Bobillo, presidenta de dicha confederación.

Pablo Manzano: “No están pagando la contaminación de los acuíferos, el mal olor que expulsa a la población local y la pérdida de calidad de vida en el medio rural”

Son explotaciones que se sumarían a un considerable número de plantas existentes. El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) contabiliza 2.757 macrogranjas de cría intensiva de cerdos de cebo de más de 30 kg con más de 2.000 plazas. En realidad, la cifra total es muy superior: las de menos de 2.000 cerdos, como la que se planteó en el pueblo de Remedios Bobillo, Mota del Cuervo (Cuenca), no tienen obligación de constar en el PRTR y cuentan con requisitos legales y medioambientales más laxos. Además, este listado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico registra 912 explotaciones de cría intensiva de cerdas reproductoras de más de 750 plazas y 665 de cría intensiva de aves de corral con más de 40.000 animales. 

Datos y memes

Hay ejemplos aún más sorprendentes: Tauste (6.777 habitantes), en Zaragoza, cuenta con nada menos que 52 macrogranjas de las de mayor tamaño, las que tienen obligación de reportarse en el PRTR; y Lorca (96.328 habitantes), en Murcia, alberga 50. Además, zonas especialmente afectadas que participaron en la primera ola de macrogranjas en España como Lleida o Huesca cuentan con al menos una gran explotación intensiva en más de la mitad de sus municipios.

Así que, con los datos sobre la mesa, frases como la de la portavoz del PP en la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, en la que señalaba que “las macrogranjas no existen”, pueden resultar, cuando menos, llamativas. El meme ha sido tal que Greenpeace acabó forrando un edificio de la Gran Vía de Madrid con la frase, aunque la aparición de Pablo Casado en una idílica explotación extensiva (que no intensiva), con un bucólico verde prado detrás lleno de vacas pastando, y negando que las explotaciones ganaderas industriales contaminen, tampoco se ha quedado corta de mofa en una polémica que ha dado de todo pero que, sobre todo, ha puesto sobre la mesa un debate crucial: el de la proliferación de la ganadería intensiva en España y sus impactos.

“Se han ido frenando solicitudes en los pueblos donde tenemos plataforma, pero en los que nadie dice ni pío ha habido ampliaciones y ampliaciones, y más nuevas instalaciones, y aquí no pasa nada”, denuncia la presidenta de Pueblos Vivos Cuenca

Aunque la lluvia de cuchillos ha sido intensa, hay que reconocer al ministro de Consumo, Alberto Garzón, su capacidad para introducir el tema en la agenda pública. Unas declaraciones dadas al diario británico The Guardian, tergiversadas inicialmente por la industria cárnica por atacar al sector —cargó contra las macrogranjas, no contra todo el sector como se afirmaba— y amplificadas por partidos y medios de la derecha, han generado semanas de debate.

Pero lo que comenzó como un acoso y derribo contra Garzón ha mutado en una vuelta de tuerca que, tal como señala a El Salto el portavoz de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, “ha impuesto el hecho de que las macrogranjas existen, que son lugares de contaminación bastante indeseables por muchos motivos y que generan mucha oposición vecinal”. De hecho, desde Pueblo Vivos Cuenca, están relativamente satisfechos con la polémica: “A nosotros nos ha venido bien porque por fin se habla de ello”, explica Remedios Bobillo, quien enumera el largo listado de acciones que han hecho en los pueblos durante cinco años para captar la atención mediática, aunque lamenta que el debate “se enturbie” y que se estén diciendo “muchas tontadas”.

Debate superfluo

Simplificar el debate sobre la ganadería, y sobre sus muy diferentes modalidades, es, en teoría, fácil. Hay sectores que llevan años muy interesados en ello, de la gran industria cárnica a las patronales agrarias. José María Fresneda, secretario general de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha, se desquitaba a finales de diciembre en rueda de prensa al anunciar que se reuniría con otras organizaciones y patronales ganaderas para diseñar la “batalla” contra quienes se oponen a las explotaciones intensivas, y a su máxima expresión: las macrogranjas. Anunciaba que se juntaría “con toda la gente del sector menos con aquellos que dicen que las macrogranjas huelen mal, que son gente que no vive en el pueblo y que viene diez días en verano”. Incluso, esta organización señalaba, literalmente, a “las políticas conservacionistas” entre las cuatro amenazas para este sector para 2022.

En la misma línea, desde la derecha y la ultraderecha se cerraban en banda a debates. “Nos tendrán enfrente en defensa de los hombres y mujeres del campo”, escribía Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección en las próximas elecciones autonómicas.

Inmaculada Lozano, portavoz de Stop Ganadería Industrial: “Quiero poder seguir bebiendo agua del grifo y quiero seguir teniendo la vida que he tenido hasta ahora”

Al igual que ocurre con otras problemáticas que se desarrollan en el medio rural, como la caza, la estrategia comunicativa que llevan los defensores de las cárnicas industriales busca dejar un problema complejo con múltiples aristas en una simplísima dicotomía: el rural vs la ciudad; el honrado trabajador del campo frente al ecologista urbano, pasando por alto que son los habitantes de los pueblos quienes sufren los impactos de las macrogranjas y los que han montado decenas de plataformas contra este tipo de instalaciones.

Inmaculada Lozano, portavoz de Stop Ganadería Industrial, donde se integran más de medio centenar de movimientos vecinales rurales de siete comunidades autónomas, señala ante este enfoque: “Yo soy agricultora. En mi plataforma hay ganaderos de extensivo, de ovejas, gente que tiene granjas de conejos. Somos gente acostumbrada al campo. Mi cereal es para consumo animal, pero no me estoy echando piedras contra mi propio tejado. Quiero poder seguir bebiendo agua del grifo y quiero seguir teniendo la vida que he tenido hasta ahora”.

Asaja es una de las organizaciones que se han puesto en pie de guerra contra quienes no quieren ni ganadería intensiva ni los impactos sociales y medioambientales que esta genera en sus tierras, especialmente tras las pequeñas y medianas victorias conseguidas por movimientos ciudadanos. Si en lugares como Motilla del Palancar o Mota del Castillo varias normativas locales han paralizado la concesión de permisos, moratorias autonómicas como la anunciada por Castilla-La Mancha han frenado temporalmente la autorización de nuevas explotaciones.

Barchín del Hoyo, de 95 habitantes, donde se ha aprobado otra macrogranja para 6.000 cerdos de cebo, el Ayuntamiento declaraba el pasado diciembre el agua “no apta para el consumo” por elevada concentración de nitratos

En Mota del Cuervo fue la entrada de un nuevo equipo de gobierno lo que frenó la que hubiese sido su primera granja intensiva. “La amenaza era que pusieran una de 1.990 cabezas y, sobre todo, que luego terminase ampliándose”, cuenta Jacobo Medianero, alcalde del pueblo por la confluencia de izquierdas Unidas por Mota. El proyecto tenía casi todos los permisos necesarios pero el nuevo equipo de gobierno pidió nuevos datos antes de firmar la licencia. “Lo que hicimos fue pedir un nuevo informe para estar más seguros antes de firmar la licencia”. En concreto, encargó un estudio hidrogeológico para ver si la instalación podría afectar al acuífero del pueblo. La conclusión: “Dejaron claro que se podría ver afectado el pozo del pueblo y denegamos la licencia porque entendemos que es peligroso para el agua que consumimos”, sentencia el edil.

“Para evitar la evaluación ambiental más exigente, que en este caso sería la evaluación ambiental simplificada, ponen, en el caso de los cerdos, menos de 2.000, y entonces pasan a la autorización ambiental integrada, un procedimiento mucho menos exigente”, explica Máximo Florín, experto en evaluación ambiental y profesor de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, un informe hidrogeológico como el que solicitaron en Mota del Cuervo es uno de los análisis que en la integrada no son necesarios.

Un 22% de las masas de agua superficial y el 23% de las subterráneas tienen alto contenido en nitratos, según datos del Miteco

Pero la jugada, hoy por hoy legal, puede ser aún mejor. “Paradojas de la vida, para una ampliación se considera que la existencia de una explotación preexistente que ya ha sido autorizada y que no ha dado ningún problema es un plus para conceder la autorización para la ampliación”, explica el experto. “Así —continúa—, pasamos de no haber nada, a haber algo industrial pero pequeñito y en el límite, y luego al poco tiempo se les conceden la ampliación para algo más gordo sin pasar por el procedimiento de evaluación ambiental simplificada, más exigente”. Eso es exactamente lo que temía el alcalde de Mota del Cuervo —“hecha la ley, hecha la trampa”, lamenta— o lo que ha ocurrido en Priego. “Se han ido frenando solicitudes en los pueblos donde tenemos plataforma, pero en los que nadie dice ni pío ha habido ampliaciones y ampliaciones, y más nuevas instalaciones, y aquí no pasa nada”, denuncia la presidenta de Pueblos Vivos Cuenca.

Península contaminada

Pasar, pasa. La Comisión Europea denunciaba a España en diciembre por “no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos”, aunque tres años antes el organismo ya había avisado al Gobierno de la que le podía caer. Si bien este problema de contaminación de aguas no es solo achacable al esparcimiento de los los purines —la mezcla de defecaciones, aguas de lavado y orines de las granjas—, algo que debe hacer toda explotación, sino también a los fertilizantes de la agricultura intensiva, Florín remarca que “en los últimos años es debido fundamentalmente a la ganadería”.

Es una problemática que puede acabar con casos como el de Barchín del Hoyo, de 95 habitantes, también en Cuenca, donde precisamente se ha aprobado otra macrogranja para 6.000 cerdos de cebo. Allí, el Ayuntamiento declaraba el pasado diciembre el agua “no apta para el consumo” por elevada concentración de nitratos. El caso no es aislado: un 22% de las masas de agua superficial y el 23% de las subterráneas tienen alto contenido en nitratos, según datos del Miteco, aunque otras fuentes elevan esos datos a un 50% y un 33%, respectivamente.

“Uno de los efectos socioeconómicos más brutales es que no aumenta el empleo, aumenta la despoblación y disminuye el valor inmobiliario de las propiedades de la gente”, sentencia Florín

Los responsables de las explotaciones agrarias están obligados por ley a acreditar la propiedad o disponibilidad de parcelas donde extender esos purines. Sin embargo, los incumplimientos en la forma de esparcimiento y densidad de dichos desechos son habituales. “El purín lleva muchísima agua, porque sobre todo es orina mezclada con estiércol, y el agua pesa mucho. Así que, si cumples la ley como ganadero te arruinas a pagar gasoil, con lo que todo el mundo defrauda”, declara Pablo Manzano, ecólogo e investigador del Basque Center for Climate Change.

Es un problema que se agrava porque, según apunta Máximo Florín, “la aplicación de la normativa española es bastante más laxa”. Esta, tal como explica el profesor de la UCLM, junto a la demanda internacional y los problemas de peste porcina, que han obligado a China a cerrar cientos de explotaciones, es una de las principales razones del boom de las macrogranjas en España. “Es una oleada que ha venido de norte a sur. En el norte de Europa, poco a poco los parámetros de bienestar animal han sido más exigentes, y han desplazando el modelo hacia el sur”. Con Catalunya y Aragón como primeras zonas afectadas —la primera tiene un 40% de su superficie declarada como zona vulnerable por nitratos— es ahora el centro y sur peninsular donde se concentra la última ola de macrogranjas.

Mecanización industrial

Las voces defensoras de ese modelo hablan de creación de empleo y de contener la despoblación, pero lo cierto es que desde múltiples ámbitos se niegan ambas tesis. “Uno de los efectos socioeconómicos más brutales es que no aumenta el empleo, aumenta la despoblación y disminuye el valor inmobiliario de las propiedades de la gente”, sentencia Florín. La explicación la da la presidenta de Pueblos Vivos Cuenca: “La extensiva da trabajo, y genera más trabajo, pero en la intensiva es todo mecanizado, le dan a un botón y ahí pone el pienso”.

El modelo de explotaciones que ahora mismo prolifera es el de los sistemas de producción integrada, las conocidas como integradoras. Se trata de una modalidad, habitualmente muy tecnificada, en la que “el productor pierde el control de la producción”, explica Manzano. “A cambio de que le hagan toda la comercialización, una empresa le provee de piensos, animales y demás. Se vuelve un engordador, y eso ya es un problema de soberanía alimentaria”.

“En la última década se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas explotaciones, según datos del propio Ministerio de Agricultura”, recuerda López de Uralde

“Antes teníamos ganaderos, pero ahora, debido a la poca rentabilidad de las explotaciones y por lo mal que, creo yo, negociamos el ingreso de España en la UE, la rentabilidad ha seguido descendiendo”, continúa Florín. El resultado: “Las grandes empresas cárnicas han aprovechado para vender su propio producto. A pequeños promotores locales que tienen algo de dinero para invertir, y que muchas veces ni siquiera pertenecen al sector ganadero, les proporcionan los animales, los piensos, los servicios veterinarios… todo en régimen de franquicia, y los pequeños promotores ponen el dinero. Quien arriesga siempre es el pequeño promotor, que muchas veces no tiene una cultura empresarial adecuada”.

Es un modelo intensivo mecanizado que, según explica el investigador de la UCLM, supone un margen de beneficio muy pequeño para el pequeño promotor, responsable de hacerse cargo de los desechos. De ahí que se produzcan, señala, reiterados incumplimientos de la ley que acaban en cientos de denuncias de olores y contaminación por parte de asociaciones vecinales rurales.

“Este sector no son granjas, son grandes industrias, y necesitan una norma específica”, sostiene Lozano

Así, los márgenes se acortan, las explotaciones crecen en tamaño y el modelo considerado sostenible, el extensivo y familiar, desaparece. “En la última década se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas explotaciones, según datos del propio Ministerio de Agricultura”, recuerda López de Uralde. Además, Inmaculada Lozano añade un importante matiz a la hora de analizar el concepto de macrogranja: “Son grandes industrias que van encajando”, incidiendo en que debe medirse el efecto acumulativo que supone la proliferación de explotaciones en áreas determinadas. “No puede ser que se autorice una a dos kilómetros del pueblo, otra a uno… Al final bordean todo el pueblo, pero no se mide su impacto acumulativo, sino solo el individual, aunque están bebiendo agua del mismo acuífero”.

Sin marco estatal

Federaciones de colectivos de afectados como Stop Ganadería Industrial o Pueblos Vivos Cuenca abogan por una normativa estatal, hoy por hoy inexistente, que regule el sector y ponga fin al caos actual. “Este sector no son granjas, son grandes industrias, y necesitan una norma específica”, sostiene Lozano. Unidas Podemos intentó un comienzo de algo similar en diciembre, una propuesta echada abajo por la derecha y el PSOE. La proposición no de ley presentada en el Congreso incluía una moratoria para nuevas explotaciones y ampliaciones, como se ha aprobado en Castilla-La Mancha.

Es una de las medidas que UP plantea, aunque una ley marco debería tocar además, según López de Uralde, aspectos clave como el número de cabezas a permitir por áreas, así como hacer mucho más estricta la normativa sobre concentración de nitratos, tratamiento de purines y bienestar animal. También aboga por abordar el hecho de que España se ha convertido en el segundo importador de piensos de América, “piensos que vienen directamente de terreno deforestado”, señala el diputado. Alude a datos como los que presentaba Ecologistas en Acción el 18 de enero con su informe Con la soja al cuello: solo el 6% del cultivo de soja global se destina a alimentación humana, el resto es principalmente para pienso industrial, y la expansión de dicho cultivo en países como Brasil llegará a 48 millones de hectáreas a costa de ecosistemas tropicales como la Amazonía o la sabana.

Además, Pablo Manzano añade una variable importante: “A las explotaciones industriales y a las macrogranjas las estamos recompensando con el mercado porque no se están incorporando las externalidades: no están pagando la contaminación de los acuíferos, el mal olor que expulsa a la población local y la pérdida de calidad de vida en el medio rural”. Tampoco las consecuencias de este modelo en la crisis climática, en lo que se refiere a deforestación para macroplantaciones destinadas a pienso en latitudes tropicales o el transporte del mismo. En resumen, como en tantos otros ámbitos, no se aplica el supuesto principio adoptado por Europa de que “quien contamina paga”.

“No podemos anteponer la economía a que todo se vaya a la mierda. Nosotros no le hacemos falta al medio ambiente, pero el medio ambiente a nosotros sí. Hay que tomar medidas”, sentencia por su parte Remedios Bobillo. Mientras tanto, cientos de personas del medio rural están estos días estudiando y alegando contra decenas de proyectos de explotaciones ganaderas industriales marcados por la gran industria cárnica y alimentados por una burbuja que ha hecho de España el quinto exportador de carne del mundo y el tercero de carne de cerdo, según el informe El sector porcino español en 2020, del Ministerio de Agricultura. “Producimos cuatro veces y pico la carne que consumimos y tres veces y pico nuestro consumo de carne de cerdo, que es para exportación principalmente”, expone por su parte Florín. La pregunta final sería: ¿es este el modelo ganadero que queremos potenciar en la era de la crisis climática y de biodiversidad?