Ocupación israelí
Una orden para enmarcar

Aunque se trata de una decisión histórica y de gran carga simbólica, la orden de detención de Benajamin Netanyahu y del exministro de Defensa, Yoav Gallant, no va a tener consecuencias directas, tal como ocurrió con otras sentencias similares.
Netanyahu y Gallant
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su Ministro de Defensa, Yoav Gallant. Nacho S. Díaz

Arabista en la Universidad Autónoma de Madrid.

25 nov 2024 09:00

El pasado jueves, 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro del régimen de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu, y su (ex) ministro de Defensa, Yoav Gallant, a quien aquel había cesado semanas antes. El mandato incluía también a Mohammed Deif, uno de los responsables del brazo militar de Hamás, de quien no se sabe si continúa con vida. El anuncio generó un gran revuelo internacional y numerosos análisis sobre su efectividad real. O sea, la posibilidad de que Netanyahu, sobre todo, acabe siendo detenido en alguno de los países firmantes del Tratado de Roma por el que se constituyó la Corte o que esta, y el Tribunal Internacional de Justicia, adopten más sanciones contra el Estado y los dirigentes militares y civiles israelíes.

Si me lo permiten, les diría que ya podemos ir enmarcando la orden, en un lugar destacado de una pared bien aseada, para que se vea bien; no va a servir, en términos reales, para mucho más. El régimen de Tel Aviv ha reaccionado ya con las consabidas e insufribles peroratas sobre el antisemitismo y la deriva de la comunidad internacional, vendida a la sinrazón del terrorismo y las corrientes ideológicas contrarias a la civilización.

Si me lo permiten, les diría que ya podemos ir enmarcando la orden, en un lugar destacado de una pared bien aseada, para que se vea bien; no va a servir, en términos reales, para mucho más

Y sus grandes aliados, con Estados Unidos a la cabeza, están estudiando ya fórmulas para “revertirla”, lo cual significa, primero, una maniobra de desprestigio acérrimo contra los jueces del tribunal que firman la resolución y no digamos contra el fiscal general, Karim Ahmad Khan. Este, poco después de solicitar a la Corte que emitiese la orden, sufrió una campaña de difamación por supuestas acusaciones de acoso sexual contra una abogada.

La denuncia se interpuso, según parece, antes del inicio de eso que el sionismo oficial suele denominar como “lo que está pasando en Gaza” desde octubre de 2023; no obstante, y aquí está lo peculiar del asunto, se convirtieron en una noticia de alcance mundial poco después de acusar formalmente a la jauría en Tel Aviv de crímenes de guerra. Quien siga las cosas del sionismo internacional y sus manejos de las grandes cuestiones informativas no tiene por qué extrañarse ante estas cosas. Khan se puso a disposición de los servicios jurídicos de la Corte y se mostró presto a cualquier colaboración para esclarecer el caso, señalando de paso el interés de los partidarios del régimen israelí en desacreditarlo. Muchos recordaron, por si acaso, sus orígenes musulmanes, por mucha nacionalidad británica que tenga, y la “animosidad” genética que se supone en todos los musulmanes hacia el semitismo, por mucho que un buen número de musulmanes, los árabes en concreto, sean tan semitas como quienes enarbolan la bandera del sionismo. O que un número nutrido de Estados árabes, desde Marruecos a Emiratos Árabes o Arabia Saudí, estén haciendo gala de una comprensión hacia el Gobierno israelí superior incluso al de numerosos gobiernos europeos. O que, con la excepción de Libia, ningún de ellos se haya sumado de forma efectiva a la denuncia de Sudáfrica contra el Estado de Israel por comisión de genocidio, esta vez ante el Tribunal de Justicia Internacional. 

A lo largo de los últimos meses, la Corte ha recibido presiones incesantes por parte de, sobre todo, Estados Unidos, para que no emitiese la orden o, cuando menos, la retrasara

A lo largo de los últimos meses, la Corte ha recibido presiones incesantes por parte de, sobre todo, Estados Unidos, para que no emitiese la orden o, cuando menos, la retrasara. El gobierno “amigo” de Reino Unido, antes del cambio de gobierno tras el desplome de los conservadores en julio de 2024, presentó un amicus curiae (intervención de una tercera parte en un litigio que no le afecta directamente). El objetivo: dilatar las deliberaciones, alegando que la Corte no tenía jurisdicción para juzgar a ciudadanos israelíes porque Israel no es miembro de la misma ni la Autoridad Nacional Palestina, que formuló la acusación, un estado soberano. La victoria de los laboristas de Keir Starmer desembocó ese mismo verano en la retirada de la solicitud. Al tiempo, los dirigentes estadounidenses e israelíes han tratado de desautorizar a las entidades jurídicas de la ONU por todos los medios posibles, siendo las amenazas de reducir las partidas presupuestarias, los ataques incesantes contra la UNRWA o las acusaciones de que el organismo se ha convertido en refugio de la a-modernidad, la barbarie y, qué pesadez, el antisemitismo, una constante en los últimos meses.

Pero Khan y los jueces del tribunal, cuyas nacionalidades “sospechosas” recuerdan sin cesar los medios prosionistas, se han mantenido firmes y, aunque, tarde, han emitido la orden. No va a servir de nada, porque Washington, que ha desacreditado por completo a la Corte —“orden escandalosa” según el presidente Biden— la está neutralizando con armas y bagajes. Y no debe descartarse incluso que haya una especie de rectificación por parte de la Corte. O un renuncio, como aquel se produjo cuando un curioso despiste de los estadounidenses y sus aliados occidentales permitió la resolución 3379 de 1975, que equiparaba el sionismo con el racismo y el régimen de apartheid impuesto en Sudáfrica. Aunque la resolución tenía un carácter declarativo y en absoluto vinculante, les sentó muy mal. Tanto que no descansaron hasta conseguir que, de forma excepcional, fuera revocada en la 4686 de 1991. Lo mismo van a hacer ahora. En el ínterin, para darle más sabor a sus contramaniobras, los sionistoides entusiastas, como el presidente argentino o el primer ministro húngaro, se han apresurado a enviar invitaciones a Netanyahu para demostrar su adhesión a este gran proyecto humanitario, civilizatorio y democrático que ha supuesto la desposesión de millones de palestinos.

La orden de arresto, en definitiva, no deparará consecuencias materiales, pero tiene una relevancia simbólica de gran calibre

La orden de arresto, en definitiva, no deparará consecuencias materiales ni se llevará a la práctica, como ocurriera con la mayor parte de las anteriores, contra Vladimir Putin en Rusia u Omar al-Bashir (depuesto hace años) en Sudán, por ejemplo. Pero tiene una relevancia simbólica de gran calibre. Que te pongan al nivel de líderes acusados de instigación al genocidio como Félicien Kabuga o Charles Taylor de Liberia, que sí fueron procesados, te deja en mal lugar. Encima, eran africanos, tan indignos para el racismo de corte sionista, que no deja de ser un movimiento supremacista europeo; y eso desprestigia un poco más todavía. Convertirse, además, en el primer líder de un país democrático, o eso dicen que es Israel, a quien se acusa de crímenes de lesa humanidad, desprestigia mucho más todavía. Máxime si tomamos en consideración que los mecanismos judiciales y penales forjados por la Onu estaban pensados para perseguir a los “otros”, a los no occidentales, a la segunda división de la comunidad internacional. Ahora bien, un buen número de europeos y estadounidenses considera que Israel no forma parte de ese occidente idílico faro de libertad e icono de los derechos humanos. Peor todavía, hoy puede percibirse con facilidad la incomodidad creciente de determinadas elites políticas y económicas occidentales ante la nueva clase dirigente israelí, dominada por extremistas ortodoxos e individuos iluminados que justifican su barbarie esgrimiendo mandatos divinos y hablan abiertamente de restricciones a sus propios conciudadanos por motivo de género o pertenencia religiosa.

La orden de detención aporta munición a los rivales y dificulta la tarea de concentrarse en lo verdaderamente importante, a saber, arrasar Gaza y el sur de Líbano

Por otro lado, la orden en cuestión aporta munición a los rivales y dificulta la tarea de concentrarse en lo verdaderamente importante, a saber, arrasar Gaza y el sur de Líbano. Por lo general, cuando el régimen de Tel Aviv sufre algún tipo de revés, infrecuente en cualquier caso, por parte de la Onu u otros organismos internacionales o regionales, se empecina más en seguir haciendo lo que se le imputa.  Si se le llama la atención por los asentamientos ilegales, anuncia una nueva remesa de colonias; si se le pide “contención” en el acoso y derribo contra la población palestina en Cisjordania, aprueba leyes para acelerar las expulsiones y confiscaciones; y si les dices que están asesinando a decenas de miles de personas con bombas y cercos que impiden el acceso al agua y la comida, pues lanzan más bombas y retienen más camiones cargados de ayuda humanitaria en los pasos fronterizos. La sensación de impunidad de que disfruta esta organización criminal, convertida en una pesadilla para el concepto de justicia universal, es casi absoluta. Decisiones como la de la CPI certifican, no obstante, que el sionismo ya no es lo que era. Algunos círculos anti sionistas pronostican con entusiasmo el fin –“cercano”- de esta ideología perniciosa y opuesta a los principios de la humanidad. Optimistas en exceso, podríamos decir. En verdad, su imagen ha caído por los suelos en los últimos catorce meses, en comparación con las expectativas de bonanza económica y hegemonía regional que se ofrecían ante el régimen israelí a principios de 2023. Sin embargo, para el grado de las atrocidades cometidas en Gaza parece poco. De cualquier modo, el sufrimiento cruel e inmisericorde que siguen padeciendo miles de inocentes allí merece, al menos, que deseemos pensar que pasos como esta orden de arresto servirán, un día, para hacerles justicia.

Sobre el autor
Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez-Benita es profesor del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha residido durante unos años en Líbano y Siria. Es autor de Hezbolá. El laberinto de Oriente Medio (Catarata, 2024).
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Nuestra justicia es descaradamente fascista. Podemos aceptar que se mantengan negocios con países de diversa ideología: fascismos de ultraderecha, comunistas, teocracias etc.
Lo que no podemos admitir en modo alguno es sumarnos a la teoría de Netanyahu de que la limpieza étnica, genocidio, ocupación, devastación, confiscación, aniquilación del pueblo palestino son simples cuestiones ideológicas. Es es mas horrible crimen contra la humanidad y el TPI asi lo ha sentenciado.
No puede una jueza atar de pies y manos al pueblo ante semejante crimen.

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