Opinión
Movilización social en Perú reclamando responsabilidades a Repsol tras el vertido de petróleo en sus costas

Los pueblos originarios peruanos dicen que el agua es la sangre de la tierra, aquella que atraviesa, riega y da vida a los ecosistemas, por eso, para ellos, la conciencia sobre la importancia de su defensa es vital, como el líquido elemento. Más de una semana después de que el mundo se pusiera nuevamente en jaque por el tsunami del volcán submarino del pacifico sur, un líquido, negro, hediondo, impregna los mares y playas de las costas peruanas, atrapando en su viscosidad todo lo que se encuentra a su paso.

Lo que ocurrió después ya es de sobra conocido: responsabilidades múltiples no asumidas de la marina mercante —una institución profundamente corrupta—, que no dio ningún tipo de alarma sobre los posibles peligros que podía implicar la erupción de Tonga; la empresa petrolera Repsol alegando que el vertido era de 7 galones cuando el Ministerio de Ambiente calcula ya 250 mil; y un gobierno peruano que, independientemente de su color político, flexibiliza sus normas ambientales hasta su mínima expresión con tal de seguir atrayendo inversiones de transnacionales extranjeras.

El desastre ecológico más devastador de las últimas décadas, es tan solo una expresión más de una larga lista de crímenes ambientales impunes en uno de los 10 países más megadiversos del mundo, y que no deja de evidenciar los impactos catastróficos de seguir manteniendo matrices energéticas de mirada cortoplacista basadas en combustibles fósiles. Casi 200 conflictos sociales (64% de ellos ambientales) registrados por la defensoría del pueblo dan cuento de la falta de legitimidad social que el extractivismo minero- petrolero genera en un país donde todo lo que está fuera de Lima constituye periferia para alimentar la voracidad de recursos de una megaurbe que aglutina más de 10 millones de personas. Decenas de organizaciones ambientalistas, recuerdan en redes y medios alternativos que, lo que hoy los pobladores de Lima viven con espanto, es el pan de cada día de miles de comunidades amazónicas, que en los últimos 25 años han sido receptoras de más del 50% de vertidos de hidrocarburos, lamentando la desigualdad, abandono y brecha de justicia social que viven.

Está previsto que en pocos días lleguen los restos de petróleo al norte de Piura, a 1.100 km del lugar donde se desencadenó el vertido, dibujando un mapa de impactos de unas dimensiones mucho mayores que las previstas

Las últimas noticias confirman el peor de los escenarios y develan una larga lista de daños sin fácil solución: especialistas ya denuncia que los restos de petróleo estarían por llegar en pocos días al norte de Piura, a 1.100 km del lugar donde se desencadenó el vertido, dibujando un mapa de impactos de unas dimensiones mucho mayores a los 18 mil metros cuadrados inicialmente calculadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA.

A pesar de que el monopolio de medios de El Comercio trató a toda costa de borrar de la información pública las siglas de la empresa responsable, la indignación no cesa, y un logo de Repsol teñido de chapapote se multiplica en todo tipo de canales de información no oficiales, clamando por justicia y responsabilidad a la petrolera española.

Decenas de movilizaciones

Este domingo 23 de enero, Fridays for Future/ Viernes por el futuro Perú informaba sobre las decenas de movilizaciones convocadas a nivel nacional. En Lima colectivas se agruparon frente a la entrada de la refinería La Pampilla entonando arengas como: “Petrolera ecocida, enemiga de la vida. Gritamos por nuestros mares contra la industria asesina” El día previo, cientos de pescadores de Ancón tomaron las calles denunciando que más de 1.500 familias dedicadas a la pesca artesanal habían perdido sus medios de vida. En otra forma de movilización, la ciudadanía se dirigieron a la Plaza de Armas, convocados por la propia Municipalidad de Lima, para donar su pelo —en un intento por aplicar un método artesanal con el que absorber petróleo— demostrando la precariedad con la que la población civil trata de hacer frente a los estragos del derrame.

En paralelo, como denuncia CooperAcción, fotografías de operadores de Repsol limpiando el crudo con escoba y recogedor, hacen añicos la imagen de súper empresas con tecnología punta, ocultando bajo la alfombra del optimismo tecnológico los gravísimos riesgos que conlleva la industria petrolera operando en el mar.

Fotografías de operadores de Repsol limpiando el crudo con escoba y recogedor, hacen añicos la imagen de súper empresas con tecnología punta, ocultando bajo la alfombra del optimismo tecnológico los gravísimos riesgos que conlleva la industria petrolera operando en el mar

La pintada Repsol mata en los muros del consulado español, empaña las declaraciones de la solidaridad de la Embajada española en un comunicado donde “lamenta los efectos del vertido” e insta a “aprender de ello para que no vuelva a ocurrir”. Pero lo que la sociedad peruana parece tener claro es que se necesita algo más que declaración de intenciones para hacer frente a lo que muchos califican ya de ecocidio. 

La Plataforma de la Sociedad Civil peruana sobre empresas y derechos humanos señala que Repsol, pese a toda su publicidad sobre Responsabilidad Social, nunca “ha presentado su proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, mitigar y rendir cuentas de cómo abordará sus impactos” y reclama que el incumplimiento de sus obligaciones debería “dar lugar a sanciones administrativas, como multas, exclusión de la contratación pública, denegación de otorgamiento de medidas de apoyo público, y a acciones civiles o penales según corresponda”.

El Foro de ONG españolas en Perú exigía al Estado español la necesidad de hacer valer el endeble marco normativo de los principios rectores firmado en 2017

La responsabilidad del Estado español

Por su parte, el Foro de ONG españolas en Perú exigía al Estado español la necesidad de hacer valer el endeble marco normativo de los principios rectores, recogidos en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos firmado en el 2017 y que reconoce de manera expresa la responsabilidad extraterritorial de los Estados sobre la actuación e impactos que puedan generar sus empresas en el extranjero. No obstante, como llevan denunciando plataformas como la Campaña Global stopcorporateimpunity.org, los principios rectores no son suficientes porque su carácter voluntario resta de cualquier tipo de fuerza jurídica para generar justicia real. 

Es por ello que, desde hace años, se persigue la aprobación de un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de la ONU, y en la Unión Europea, la aprobación de una Ley de debida diligencia que regule las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales. España es uno de los pocos países de Europa occidental que sigue pendiente de debatir en las Cortes una ley de este tipo.

A la espera de un marco jurídico más robusto que ponga fin a la impunidad, un río de gente agrupada en más de 160 organizaciones se han sumado ya a la lucha exigiendo justicia ambiental en todo el país, llamando al boicot empresarial, exigiendo reparaciones y el cese de una refinería con décadas de malas prácticas ambientales.  Y es que como reza el cartel de Amapolay, “saquear y depredar, no es nada accidental”