Laboral
Cabify amenaza con sancionarse a sí misma

Cabify ha iniciado una campaña de concienciación en seguridad vial mediante sanciones a subcontratas con empleados en jornadas maratonianas. Parece una gran conquista de los chóferes, pero sindicatos, abogados y trabajadores recelan de la decisión en base a dos consideraciones: por un lado, afirman que la plataforma registra toda la información relativa a la producción desde el momento en que un trabajador se sienta en su VTC y que, tras años de denuncias y sentencias en contra, resulta llamativo el movimiento en un contexto de baja facturación. Por otro lado, Cabify es una matrioska de empresas y microsociedades que, por estructura, según explican, termina controlando el trabajo de las personas empleadas a destajo en su propia plataforma. ¿Y qué sentido tiene sancionar condiciones impuestas por ella misma? Empecemos por el comunicado.

Hace algunas semanas, la plataforma tecnológica lanzó un comunicado interno en el que advertía de lo siguiente: “A partir del 9 de noviembre, daremos seguimiento a aquellas empresas colaboradoras que incumplan sus obligaciones laborales, entre otras, en materia de jornadas de trabajo, pudiendo llegar a sancionarlas conforme a lo dispuesto en el contrato mercantil que tienen firmado con Cabify”, avisaban.

De dicho texto se hizo eco el diario La Información, que también recogió declaraciones de fuentes oficiales de la compañía: “Nos sirve para reforzar tanto la seguridad como para recordar las posibilidades que brinda la aplicación para la gestión diaria de los vehículos conectados”, añadieron las fuentes de la empresa. Ante dicho anuncio, CC OO País Valencià decidió enviar una carta a Maxi Mobility Spain (denominación legal de Cabify en España) comunicando el nombre de algunas empresas que incumplen la normativa en materia laboral con sus plantillas. La microsociedad Chofers Cars Costa del Sol es una de ellas.

Chofers Cars Costa del Sol tiene una denuncia interpuesta el 11 de septiembre en la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia. La puso Alberto, harto de su situación: “Yo firmé un contrato de 40 horas semanales pero una vez dentro te dicen que debes hacer 10 horas al día obligatorias de conexión. De domingo a domingo con un solo día de descanso. Normalmente hacemos 65 horas semanales y nos exigen llegar a una facturación mínima de 800 euros semanales, pero eso solo lo haces si trabajas 14 horas diarias. Es una locura, me están reventando”, denuncia.

“Yo firmé un contrato de 40 horas semanales pero una vez dentro te dicen que debes hacer 10 horas al día obligatorias de conexión”, asegura Alberto

Alberto firmó un contrato con salario de 1.050 euros netos mensuales y luego le pusieron delante unas cláusulas adicionales en las que se recoge: que “únicamente computará como trabajo efectivo el desplazamiento hasta el destino de servicio y el tiempo de duración del trayecto”. Y también: “Para que el trabajador realice horas extra se le propondrá por escrito firmado por la Empresa, sin cuyo requisito no se considerarán trabajadas las que alegara, ni por ellos retribuidas”. Este trabajador, sin embargo, asegura que las horas extra se las exigen en persona o por WhatsApp. Y está a la espera de que Inspección de Trabajo tome cartas en el asunto. 

Su queja no es inusual; en la Inspección Provincial de Sevilla han visto muchas denuncias parecidas. “Nosotros nos organizamos en un grupo de WhatsApp y presentamos decenas de denuncias a nuestra subcontrata”, afirma David, un antiguo chófer de la microsociedad Serviautos Cenachero. “En los días grandes tipo Feria de Abril o Semana Santa, el supervisor nos decía: ‘Señores, por dormir en el coche estos días no os vais a morir’. Y quien no lo hiciera se iba a la calle”, narra.

Después de trabajar casi medio año con Cabify, David denunció su explotación en octubre de 2019 y hace apenas dos meses recibió la respuesta de Inspección: la empresa no aporta el registro diario de la jornada y, como “no se han podido comprobar los extremos referidos por el denunciante”, al no aportar el documento obligatorio de control de la jornada inician un procedimiento administrativo sancionador. Le parece poca cosa. “Nosotros teníamos un teléfono de incidencia y llamábamos pidiendo ayuda porque nos quedábamos dormidos al volante. Todas las semanas había un accidente y Cabify se lavaba las manos. De hecho, la empresa nos descontaba los desperfectos de nuestro salario”, rememora.

También en 2019, el Juzgado Social 2 de Barcelona condenó a varias empresas por despedir a un conductor dos días después de que acudiera a Inspección de Trabajo para denunciar irregularidades en sus condiciones laborales. El magistrado declara en el texto la existencia de un “grupo patológico de empresas” conformado por  Vector Ronda, Moove Cars y Maxi Mobility Spain, figura que sirve para designar el entramado de empresas que mantienen una apariencia externa unitaria, confunden sus respectivos medios de producción y mantienen una dirección unitaria. El juez dictó la readmisión del chófer pero este no ha vuelto a su trabajo porque Cabify hizo un recurso al Tribunal Superior de Justicia que está pendiente de ser resuelto.

También en 2019, el Juzgado Social 2 de Barcelona condenó a varias empresas por despedir a un conductor dos días después de que acudiera a Inspección de Trabajo para denunciar irregularidades en sus condiciones laborales

Sobre el grupo patológico sabe bastante David, chófer de VTC para Cabify en Barcelona. Su vida laboral parece un crucigrama: “En febrero entré con Auto Andalucía y luego me pasaron a Forever Tour Dreams y el año que viene no sé dónde estaré”, resume. “Las condiciones siempre son las mismas: contratos de 40 horas semanales con 12 meses de prueba y facturación exigida que supera los 1.000 euros semanales. Eso solo lo haces en jornadas de 16 horas”, dice. David medita si entrar en un nuevo grupo de WhatsApp formado para plantear otra demanda masiva. 

Todas las microsociedades citadas —Chofers Cars Costa del Sol, Serviautos Cenachero, Auto Andalucía y Forever Tour Dreams— tienen un rasgo en común: comparten como administrador único a Miguel Ángel Toledo Casado. Él es el único responsable legal de cada una de estas empresas y quien toma las decisiones empresariales. Según consta en su perfil de LinkedIn, Miguel Ángel Toledo, ingeniero de Telecomunicaciones, trabajó en RTVE Corporación desde abril de 2008 hasta junio de 2018 y encadenó cargos como director de Organización y Planificación, subdirector de Proyectos Corporativos o director Área Proyectos y Estrategia. También dentro de ese periodo  fue director de Programación y Gestión de Informativos de Televisión Española —de abril de 2014 a diciembre de 2014— con Julio Somoano como director de los servicios informativos. Finalmente, en junio de  2018 salió del ente público para asumir la dirección ejecutiva de Vecttor, nueva denominación de la operadora de VTC conocida como Vector Ronda Teleport. 

No parece que tuviera mucha suerte en el cambio, pues Vector Ronda Teleport cerró el ejercicio de 2018 con pérdidas de 38 millones de euros, según figura en el Registro Mercantil de Madrid. Pero Cabify acudió al rescate. En abril de 2019 varios medios contaron que Vector Ronda fue absorbida por Cabify (Maxi Mobility Spain por su denominación legal en España) y la plataforma tecnológica se hizo con sus 2.000 licencias de VTC.

Un mes después, el 20 de mayo de 2019, el Borme recogió la declaración de unipersonalidad de Vector Ronda Teleport con Maxi Mobility Spain como socio único, y Juan de Antonio (fundador de la plataforma tecnológica) pasó a ser presidente de la operadora prioritaria. Finalmente, en diciembre de 2019 el mencionado Miguel Ángel Toledo y Juan Ignacio García Braschi (actual director financiero de Cabify) pasaron a ser administradores solidarios de la antigua operadora, ahora absolutamente controlada. El Salto ha intentado contactar con Miguel Ángel Toledo para preguntar por las condiciones laborales en las empresas que él administra, pero en el momento de la publicación de este texto no había obtenido respuesta.

Si la empresa tecnológica tiene intención de sancionar a las subcontratas por incumplimiento de los acuerdos mercantiles, a todos los efectos estaría persiguiéndose a sí misma

Volvamos al interior de la matrioska. Según el comunicado interno, Cabify amenaza con sancionar a las subcontratas que incitan a realizar jornadas maratonianas. “Para reforzar la seguridad”, dicen. En Chofers Cars Costa del Sol hay un conductor que ha llevado sus condiciones laborales a la Inspección de Trabajo. Su jornada es lo dice perseguir Cabify. Según aparece inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Chofers Cars Costa del Sol tiene un capital social de 3.000 euros, registró pérdidas de 1.103 euros en las únicas cuentas depositadas —2018— y tiene como socio único y accionista único a Vector Ronda Teleport, es decir, Cabify. Si la empresa tecnológica tiene intención de sancionar a las subcontratas por incumplimiento de los acuerdos mercantiles, a todos los efectos estaría persiguiéndose a sí misma.

¿Qué lógica tiene la autosanción?  El investigador de la Uned Víctor Riesgo propone una hipótesis: “Mi conclusión es que, como el sector está muy mal y atraviesa una situación de mucha incertidumbre, de alguna manera pretenden aliviar la masa salarial de las empresas despidiendo a la mayor cantidad posible de trabajadores. La sanción de la que hablan será desconectar a los trabajadores”, pronostica. “Si yo tengo una empresa con 20 licencias explotadas a través de Cabify y mañana me dicen que no trabaja conmigo porque he incumplido acuerdos, de repente habría una excusa para ir a magistratura y justificar el despido masivo. Entonces, durante un tiempo largo y hasta que la situación no mejore, ahorrarían en masa salarial, tendrían un buen número de licencias libres y se habrían dado un lavado de imagen con la campaña”, señala. Riesgo también deja un recordatorio para no enredarse en el entramado societario: “Al final es Cabify quien revienta los precios y fija las condiciones de explotación a las subcontratas. Vector es al 100% de Cabify y de Vector cuelgan 24 sociedades más, 17 de ellas administradas por Toledo”.

“Al final es Cabify quien revienta los precios y fija las condiciones de explotación a las subcontratas”, defiende el investigador Víctor Riesgo

Esas condiciones están sostenidas sobre una división en el tiempo trabajado: horas de conexión frente a horas efectivas. Como se vio en la cláusula del primer chófer, Cabify “únicamente computará como trabajo efectivo el desplazamiento hasta el destino de servicio y el tiempo de duración del trayecto”. El abogado laboralista Víctor Llanos lo desgrana: “Las aplicaciones quieren que el tiempo de conexión no sea tiempo de trabajo, con lo que puedes tener a un trabajador 10 horas y decir que ha trabajado cinco porque no ha estado todo el tiempo con clientes en el coche. Eso es tramposo. El Real Decreto 1561/1995 dice en el artículo 10.4 que el trabajador, durante el tiempo de presencia, no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo. Y luego además ocurre que al conductor no le enseñan el reparto cuando lo pide, nosotros lo hemos visto porque nos lo facilitó un juzgado después de denunciar a Cabify”, explica. 

Ese reparto desdibuja la frontera entre horas extras y horas prefijadas: “Las horas extra son voluntarias salvo que sean de carácter coyuntural, por circunstancias externas a la empresa y al trabajador; aquí te las imponen”, señala. “Lo que hacen es mover a la gente de una empresa a otra para desarticular a los trabajadores y que no se organicen, como en los años 70 con el toyotismo”, explica.

“Lo que hacen es mover a la gente de una empresa a otra para desarticular a los trabajadores y que no se organicen, como en los años 70 con el toyotismo”, explica Llanos

Para terminar, el también abogado laboralista Natxo Parra (de Colectivo Ronda) apunta que “en las empresas donde tienen control absoluto es estúpido decir que van a sancionarlas, porque al final son ellos (Cabify) quienes determinan las condiciones de trabajo”, y aporta contexto para entender por qué no se articulan más demandas masivas: “Muchas veces las empresas se aprovechan de la situación precaria de los trabajadores. En el inicio era sintomático, si hacíamos una disección de cuál era el trabajador tipo de Cabify o Uber en 2015, era un hombre de 50 años reconvertido tras ser expulsado del mercado laboral durante la crisis”.

Así, continúa Parra, “es difícil que esos trabajadores denuncien y algunos incluso no querían que Inspección tomara cualquier tipo de actuación contra la empresa por el miedo a perder el trabajo. Ahora están ellos y se ha incorporado mucho trabajador migrante”, señala el abogado, que asegura que ve el abuso a diario: “Es tan frecuente y lo tienen tan asumido que lo ponen hasta en las cláusulas”. Pero sin la denuncia de los trabajadores, ¿cómo se atajan las jornadas interminables? “Inspección de Trabajo puede actuar de oficio si tienen conocimiento de ilícitos, pueden reunirse con los trabajadores, pedir los contratos, descargar la información que consta en las aplicaciones y, llegado el caso, imponer sanciones graves”, dice.

La resolución recibida por David descarta esa predisposición. De momento, la única sanción es la que podría imponer Cabify. Este periódico ha intentado concretar los detalles pero desde la compañía rechazan aclararlos: “Las medidas y decisiones que adoptamos desde Cabify se comunican a las empresas correspondientes, pero no las hacemos públicas”. Y sobre por qué no han propuesto sancionar antes a las subcontratas habida cuenta de que los datos estuvieron siempre en su plataforma, expresan: “Como matiz, desde Cabify no trabajamos con ‘subcontratas’, sino que colaboramos con diversas empresas de transporte que prestan su servicio a través de nuestra aplicación, con las que celebramos contratos mercantiles de prestación de servicios. Desde Cabify siempre hemos mantenido un contacto permanente con las empresas de transporte que colaboran con nosotros, y ponemos, por ello, a su disposición diversas herramientas que pueden utilizar para la gestión de su operativa diaria”. Esa herramienta acaba de saltar en el móvil de Alberto, que sigue acumulando carreras para reunir los 800 euros exigidos semanalmente. En el momento de cerrar el texto lleva 50 viajes y 300 euros facturados. Es viernes. El fin de semana será largo.