La semana política
Un paréntesis

De todos los hilos de la actualidad política el más aberrante y difícil de seguir es el de los nombramientos caducados del Consejo General del Poder Judicial. Hay un componente de clase en la renuncia más o menos voluntaria a seguir el culebrón de los jueces, al menos si se mide con las herramientas de análisis habituales. Pese a que la valoración de la justicia en España es muy similar según las distintas y resbaladizas clasificaciones socioeconómicas que establece el Centro de Investigaciones Sociológicas, un dato destaca en la información que aporta el barómetro sobre Justicia de 2019. Las clases consideradas tradicionalmente como obreras —con y sin cualificación reconocida— no saben qué es el CGPJ. 

No tienen constancia de que exista algo llamado Consejo General del Poder Judicial la mayoría de las trabajadoras domésticas, los estudiantes, los parados ni los trabajadores manuales. Dentro de esos grupos, entre quienes son conscientes de que existe, la mayoría no saben cómo se eligen sus miembros.

A pesar de este desconocimiento, la confianza en la Justicia es superior a la que existe en el Parlamento o en el Gobierno. Solo que “a pesar de” es una manera ingenua de verlo. La justicia es un territorio privilegiado de expresión de las desigualdades que se basa en un funcionamiento neutro en apariencia, para lo que viene bien un alto grado de desconocimiento/desinterés.

Como la monarquía, el argumento dominante es que su poder no es blanco ni negro ni tiene color. La Justicia, como el rey, arbitra. Una parte del pensamiento progresista ha asumido ese marco y ve la democratización del poder judicial como algo demasiado abstruso, alejado de las cosas de comer. Se considera que, por su carácter incomprensible —remarcado por la pompa, las puñetas y ornamentos elevados a la categoría de protocolos, o peor, de tradiciones— el llamamiento a un asalto a esa instancia del sistema no mueve pasiones o sentimientos políticos útiles.

La indefensión aprendida respecto al cuerpo judicial, a sus intereses y su origen, puede dar lugar a interesantes discusiones sobre las posibilidades de cambio de una institución que no es conocida por una parte, normalmente la más pobre, del cuerpo social. Pero, en primer lugar, ha sido un elemento determinante para que se haya podido producir el secuestro del Gobierno de los jueces durante cuatro años sin demasiado ruido. Las cosas de palacio no interesan. Y eso pese a que la Comisión Europea señaló en la primera línea de su Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 la anomalía que supone la falta de renovación del órgano. O quizá porque la Comisión Europea no deja de ser otro palacio, aún más desconocido y lejano.

El problema de la semana, sin embargo, lo que tiene “sobrecogidos” a determinados políticos, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez hiciera esperar 50 segundos al rey Felipe VI

Sin el control de los órganos de representación de los jueces “por la puerta de atrás” —como escribió el ex director general de la policía Ignacio Cosidó— no se entenderían hitos recientes de la justicia española como la sentencia del Procés, la causa general contra los militantes catalanes, las investigaciones prospectivas contra Podemos y su entorno o la exoneración rodaja a rodaja de responsables políticos de los casos de corrupción del PP, la última, este viernes, respecto al papel de Esperanza Aguirre en el caso Púnica. Sin el nexo de la alta magistratura con el poder no se habría producido un episodio como la marcha atrás respecto a quien corresponde pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Difícilmente se habría llegado a una condena como la de Eulalia Reguant o Antonio Baños y no se habría hurtado de uno de sus diputados —esta vez con la venia del poder legislativo— a la circunscripción de Tenerife.

La recta final

La dimisión el pasado domingo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no ha servido para levantar el secuestro por parte de un grupo de magistrados de ese órgano. Los argumentos para ese rapto de una institución, que dura ya más de 1.400 días, han ido variando, pero el más frecuente está encaminado a reforzar esa imagen neutra del poder judicial. Se defiende que no se ha renovado al CGPJ para que “los jueces elijan a los jueces”, algo que ni es un mandato europeo —digan lo que digan los editoriales de El Mundo— ni podría ser realizado en lo que queda de legislatura ni es deseable en una carrera que, al menos en la alta magistratura, parece trucada a favor de las visiones más cercanas al poder.

De hecho, la posible renovación del CGPJ, que parece más cerca tras la reunión que el presidente del Gobierno y el secretario general del PP tuvieron el lunes, tapa la renuncia al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional que el Gobierno tiene derecho a hacer y que no ha llevado a cabo por cálculo o timidez política. Una no decisión que protege la mayoría conservadora del alto tribunal pese a que, por turno, el Constitucional podría tener una mayoría más afín al PSOE. Los socialistas se cortan allí donde el PP no lo hará nunca: en el control de instituciones que con sus decisiones determinan en buena medida, aunque no debería ser así, la democraticidad de las actuaciones políticas.

En el año final de la legislatura, los jueces apandadores han llevado al límite su capacidad de resistencia. Falta poco para que su esfuerzo se vea recompensado. Una victoria rotunda del PP en las elecciones de mayo y una a día de hoy menos cantada victoria en las elecciones generales, cerraría el paréntesis en el que el Gobierno de los jueces ha sido noticia por llevar a cabo labores de oposición política desde un poder no electo. La victoria del PP, y el previsible saber perder de un PSOE que no está acostumbrado a confrontar en el Madrid sistémico, devolverá al CGPJ, al Supremo y al Constitucional su apariencia incolora e insípida, es decir, a su lugar como garante de que nada se mueva fuera de los designios del poder. 

El problema de la semana, sin embargo, lo que tiene “sobrecogidos” a determinados políticos, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez hiciera esperar 50 segundos al rey Felipe VI. El mismo rey que, en contra del mandato del Gobierno, mandó sus “saludos” a Lesmes durante la entrega de despachos a jueces en septiembre de 2020. Un desacato al que el entonces ministro de Justicia quiso restar importancia pero que señaló cuáles eran las simpatías del rey en un momento de extraordinaria tensión para la democracia, momento al que siguieron los pronunciamientos de cartón piedra de varios militares.

Frente a los 50 segundos de espera que padeció el jefe del Estado, el conjunto de la población ha vivido cuatro años de secuestro del organismo de control de los jueces, por la simple razón de que la correlación de fuerzas en el Congreso no era favorable al sector conservador, gracias a que la Justicia parece tan lejos del día a día que no le damos mucha importancia al hecho de que los poderosos se la queden para ellos.