Justicia
Salario mínimo e impuesto sobre la renta

El Gobierno mantiene su defensa de un salario mínimo (SMI) digno. La polémica este año no está realmente en la cantidad: coincide con una de las propuestas de los expertos de forma que alcance el 60% del salario medio en nuestro país y es aceptable para los sindicatos, aunque solicitaran algo más. No está con los empresarios, que desearían una subida menor pero que pierden legitimidad cuando (en dejación de responsabilidad injustificable) no se sientan ni siquiera a negociar.

La polémica principal se cuece en el seno del propio Gobierno. El Ministerio de Trabajo, con los sindicatos de su parte, defiende elevar el mínimo exento del IRPF hasta la nueva cuantía del SMI, como se ha hecho en otras ocasiones, para que sus perceptores no pierdan en el impuesto una parte importante de la subida. En Hacienda no son partidarios de actualizar el IRPF.  

Según el informe de los expertos, algo más de dos millones y medio de personas cobrarán el SMI en 2025, y disfrutarán de la subida: cerca de un 15% de todos los afiliados a la Seguridad Social. Eximirles de pagar el impuesto sobre la renta supone un coste de cerca de 1.500 millones de euros para la Hacienda Pública. El informe incluye un apéndice en el que la Agencia Tributaria estima que medio millón de personas trabajadoras que perciben el salario mínimo (las solteras sin cargas) pagarían IRPF en 2025 si no se eleva el mínimo exento al ritmo de la subida del SMI. El 20% frente al 80% restante que seguiría libre de hacer la declaración de la renta.

Hacienda se apoya, en primer lugar, en esta última perspectiva. “No existe un único salario bruto para un salario neto determinado, puesto que la tributación del trabajador en el IRPF depende de sus circunstancias personales y familiares”, recoge el informe citado. Por ello, resulta imposible fijar un salario neto mínimo universal y la gran mayoría seguiría fuera de la obligación de declarar.

Y, sobre todo, piensa, con razón, que hay que cumplir este año con el objetivo acordado con la Comisión europea de un déficit público del 2’5% del PIB, frente al 3% de 2024. Y que se vienen encima muchas demandas de incremento de gasto que harán aún más difícil cumplir el objetivo: ayudas para damnificados por tragedias recientes en Palma o el levante español, inversiones en vivienda, revisión del sistema de financiación autonómica, presiones para el incremento del gasto militar, …

Las carencias en prestaciones sociales básicas y nuestra presión fiscal varios puntos por debajo de la media europea (especialmente, de los países más avanzados que es con los que se compara la ciudadanía española) obligan a ajustes por subidas de recaudación y no por reducciones de gasto.

Desde una perspectiva de justicia social y del propio concepto de salario mínimo, parece coherente la idea de que tal ha de mantenerse libre del impuesto sobre la renta. Soporta ya las cotizaciones a la seguridad social, si bien esta se computa en los cálculos de los expertos para estimar el salario neto que debe percibir como mínimo cada persona trabajadora.

También hay argumentos en favor de la generalización de la obligación de declarar en el IRPF, reforzando la idea de que todos contribuimos a los servicios comunes. Quizás no sea este el mejor momento para iniciar un debate que debería ir acompañado de una reforma del propio impuesto y que enturbia el logro de la subida del salario mínimo.

Al mismo tiempo, sería bueno que Hacienda dispusiera de ingresos que compensen el coste de asumir la pérdida recaudatoria derivada de la subida del mínimo exento. Esto puede y debe hacerse sin perjudicar a la gran mayoría de los contribuyentes sino tan solo avanzando en la equidad y progresividad de nuestro sistema tributario. No se trata de subir impuestos sino de reducir privilegios no justificados.

Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal sugerimos algunas vías para ello:

1.       Revisar a fondo los numerosos beneficios fiscales de todos los impuestos, que en su gran mayoría suponen una merma importante de ingresos, benefician la elusión fiscal, son regresivos y tienen dudosa o escasa utilidad social.

2.       Seguir avanzando en el camino de igualar el gravamen soportado por las rentas de capital frente a las rentas de trabajo.

3.       Reforzar la imposición sobre los denominados superricos, cuyos ingresos están creciendo exageradamente en los últimos años, para que contribuyan de forma adecuadamente progresiva a la financiación de las necesidades colectivas. En esta línea, apoyamos impuestos estatales sobre los patrimonios elevados y las grandes herencias que coexistan con los que son actualmente competencia de las Comunidades Autónomas.

4.       Reforzar sustancialmente el peso de la denominada imposición verde. El último Libro Blanco para la reforma fiscal apuntaba numerosas líneas para el avance. En todo caso, deberán arbitrarse medidas compensatorias para los colectivos sensibles que puedan sufrir perjuicios no deseables.

5.       Estudiar medidas urgentes para gravar adecuadamente los beneficios extraordinarios de empresas derivados de su poder oligopolista o monopolista en el mercado y garantizar el efectivo cumplimiento de los mínimos de tributación aprobados internacionalmente.

De esta forma, conseguiríamos los dos objetivos (salario mínimo exento y estabilidad presupuestaria) y restableceríamos la paz en seno del gobierno. Y, sobre todo, ganarían la justicia fiscal y la justicia social.