Islamofobia
Vecinos y organizaciones antirracistas cuestionan la expulsión del imam de Talayuela

Yahya Benaouda vivía en el pueblo cacereño de Talayuela hasta el pasado miércoles por la mañana. Fue entonces, a primera hora, cuando la Policía Nacional lo detuvo y lo llevó a Madrid, pasó pocas horas allí. Con una eficiencia llamativa, el líder de la comunidad musulmana de esa localidad fue deportado a Marruecos. En su pueblo quedaron su mujer y sus cuatro hijos, la menor de solo cuatro meses.

El imam de Talayuela había recibido una orden de expulsión por presuntamente infringir la Ley de extranjería en 2020. Recurrió, la causa seguía abierta. El próximo 8 de noviembre estaba llamado a declarar. Para entonces harán casi dos semanas de su expulsión del país, pues la acción policial ha sido más rápida que la justicia.

David Karvala no está en Cáceres, si no en Barcelona. Es uno de los portavoces de la UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme). La organización, muy activa en la defensa de un caso emblemático, el de Mohamed Said Badaoui, que es también uno de sus integrantes, fue alertada el miércoles desde Talayuela de lo que había pasado. Karvala hablaba con El Salto afectado por lo rápido que sucedió todo, sin que hubiera tiempo a reaccionar. Al menos, apunta, la visibilidad dada al caso de Badaoui, y con él al caso del imam de la mezquita de Vila Nova i la Geltrù, Amarouch Azbir, va sirviendo para que este tipo de situaciones, que califica como sistemáticas, salgan a la luz. “Empezamos a poder responder de forma más amplia porque seguro que han pasado cosas así antes y no ha transcendido más allá de su círculo inmediato”.

En la mañana del miércoles, unas cien personas se congregaron en el municipio para protestar por un operativo policial que, afirma Boujtat, pilló a todo el mundo por sorpresa. Hoy viernes 28 de octubre hay otra concentración convocada a las 16h

Badaoui y Amarouch fueron detenidos el pasado martes 18 de octubre. Ambos contaban con un gran respaldo. Badaoui, presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom) de Reus, había activado una amplia red de apoyo tanto en su lugar de residencia y activismo en los últimos 30 años, como a nivel institucional, con el apoyo de formaciones políticas tanto del Parlament —que emitió tras su detención una declaración institucional exigiendo que se detuviese el proceso de expulsión— como  en el Congreso.

Diez días después de la detención de los dos activistas residentes en Catalunya, Amarouch ha vuelto a su casa —aunque su causa sigue abierta—, Badaoui está internado en el CIE de Zona Franca en Barcelona y Benaouda está en Marruecos. Su amigo y compañero, Abderrahman Boujtat, comenta que todo pasó muy rápido el pasado miércoles y, aunque la abogada intentó detener la expulsión, sus esfuerzos toparon con la determinación del Ministerio de Interior de expulsar a su defendido antes de que pudiese comparecer ante el juez.

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Mientras el activista residente en Reus sigue en el CIE, su caso y el de Amarouch abren una brecha entre las posiciones de la sociedad civil y el Parlament y la decisión de proceder con su expulsión.

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Fue el propio Boujtat quien contactó a la UCRF en busca de ayuda. Explica que todo el pueblo quedó en shock con la detención: desde el cuartel de la Guardia Civil a la policía local, pasando por el Ayuntamiento, el centro de salud o los colegios. “Es la persona más integrada en el pueblo, en mayúsculas. Y ellos le están acusando de falta de integración”. En la mañana del miércoles, unas cien personas se congregaron en el municipio para protestar por un operativo policial que, afirma Boujtat, pilló a todo el mundo por sorpresa. Hoy viernes 28 de octubre hay otra concentración convocada a las 16h.

Boujtat describe a Benaouda como un mediador, alguien a quien se recurría en el pueblo para ayudar o cuando había algún problema. Destaca que fue durante el confinamiento cuando más visible fue ese rol: puso en marcha un banco de alimentos, realizó una colecta para apoyar a la sanidad y apoyó a la hora de hacer llegar comida a las personas con dificultades para desplazarse de su hogar. “La mañana del miércoles en la manifestación estaba su vecina, una mujer mayor de aquí, que lloraba mientras contaba cómo Yahya siempre le subía las bolsas de la compra o se encargaba de tirar su basura”.

Las relaciones de Boujtat, explica su amigo, desbordan la comunidad islámica, prueba de ello es que cuando se le acusó de salafismo aportó cartas de apoyo de alcaldes, trabajadores municipales, etc. “Era conocido en todas partes, por su detención se ha manifestado gente que ha venido de Navalmoral, de Casa Tejada, de Jaraíz, de la Barquilla”.

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El término ‘radicalización exprés’ comenzó a inundar los medios de comunicación en octubre, cuando el Ministerio de Defensa alertó de la propagación de este fenómeno en España.

A Karvala le parece que el perfil de Boujtat es parecido al de Badaoui, el de un referente de la comunidad musulmana, inserto en el tejido social local, ejerciendo de puente. Se pregunta cuánta otra gente menos asentada en su lugar de residencia podrá haber pasado por situaciones parecidas sin que trascendiera. De hecho, este activista antifascista apunta a que los propios Badaoui y Amarouch estuvieron a punto de correr la misma suerte que Benaouda, llegando a ser trasladados a Madrid con la idea de expulsarles sin dilación, sin embargo, la deportación se abortó por una cuestión formal.

“Les llevaron para Madrid el miércoles. Sin informar ni a la familia, ni al abogado, ni dejar que llamasen, ni nada”, explica Karvala. Cuando parecía que iban a salir, acabaron retornándolos a su ciudad. Desde la UCFR piensan que el problema de forma, lo que impidió la expulsión, fue la conciencia de Interior de que no iba a tener fácil justificar su decisión ante la fuerte presión política.

El Islam como sospecha

Mientras el juez que abordó el caso de Amarouch apuntó a la falta de fundamento de las pruebas que le acusaban de radicalización, permitiéndole volver a casa, el magistrado que valoró el caso de Badaoui consideró necesario que continuara retenido. “Mohamed nos contó que el juicio fue una farsa, el juez le preguntó cuatro cosas y una fue que cómo entendía la sharia. Y dice ¿qué tiene que ver eso con mi derecho a vivir aquí?”.

Karvala puntualiza que no cree que Badaoui sea conservador, de hecho comparte espacio con organizaciones LGTBI o personas transexuales, pero que si fuese alguien conservador, tampoco eso justificaría una expulsión. “Si van a expulsar a todos los tíos conservadores, todos los tíos machistas, ¿cuánta gente quedaría en el país?.

“Es necesaria la lucha unitaria para evitar el aislamiento, que es parte de la estrategia de racismo e islamofobia, igual que lo fue en los años 20 con el antisemitismo: aislar una comunidad para poder machacarla”

Para el activista es la alterización de lo musulmán lo que permite legitimar estas vulneraciones de derechos. “Por eso es necesaria la lucha unitaria, para evitar el aislamiento, que es parte de la estrategia de racismo e islamofobia, igual que lo fue en los años 20 con el antisemitismo: aislar una comunidad para poder machacarla”.

No es solo una cuestión de la extrema derecha, muy activa en la impugnación de la campaña en solidaridad con Badaoui y Azbir, si no que esa sospecha de lo musulmán trasciende a toda la sociedad. Karvala matiza que también en UCFR hubo muchos debates antes de abrazar la lucha contra la islamofobia hace más de una década, pero que en el trabajo y la lucha hombro a hombro los prejuicios y estigmas se desvanece. El activista señala, por su islamofobia, a cierto independentismo de derechas. “Ves que la misma policía española que hace cinco años detuvo a los dirigentes independentistas y metió a la gente en la cárcel —no faltan casos de gente acusada de a saber qué con cargos inventados— y, ahora que toca a gente musulmana, ¿os pensáis que una acusación policial es un hecho incuestionable?”.

Respecto a los informes de la policía que afectan a Benaouda, Boujtat se pregunta sobre qué pruebas aportan, qué es lo que saben que no hayan podido ver en el pueblo acerca de “una persona que no viaja, que siempre está metido en el pueblo y lleva aquí 20 años”. Pese a todo, afirma tener confianza en la justicia española y espera que el 8 de noviembre una sentencia favorable pueda revertir la situación.