El precio del cobre no deja de subir. La transición energética ha aumentado una demanda para la que no hay minas suficientes en el mundo. Las grandes empresas, a pesar de las evidencias de la imposibilidad de un crecimiento infinito en un planeta finito, eligen no aplicar esa máxima en sus beneficios.

Este negacionismo interesado implica, además, generar nuevos pasivos mineros que no siempre cuentan con las regulaciones y controles necesarios. En una explotación de cobre, por ejemplo, solo alrededor del 0,5% del material extraído tiene valor. El resto son residuos que quedan al aire libre, muchas veces para siempre, en ‘piscinas' gigantes. Cada año, varias de ellas se rompen y, con el tiempo, el riesgo es mayor.

Pero aquí no va a pasar. Es imposible que la balsa se rompa.

La de las balsas es una de esas batallas que enfrenta a grandes empresas con las ecologistas, las vecinas y las científicas que nada ganan con esto. En el proyecto Touro, de Atalaya Mining y declarado estratégico por la Xunta de Galicia, la balsa tendría una altura de 75 metros y contendría 100 millones de toneladas de residuos en una superficie de 500 campos de fútbol. Todo esto, a menos de 200 metros de las casas de las vecinas.

Cada año, se repiten roturas y colapsos. En Galicia, San Finx en 1960 o Monte Neme en 2014. En el Estado español, Aznalcóllar en 1998, en una catástrofe que liberó cinco millones de metros cúbicos de residuos, 40 veces más que lo que dejó el Prestige. En estos tres casos, el resultado fue el mismo: contaminación e impunidad minera. En Brasil, en Brumadinho, hace cinco años, una de estas balsas se rompió y liberó una ola de residuos que enterró a 270 personas. En 2015, también en el Brasil, 19 víctimas más. En los últimos años también pasó en Canadá, contaminando lagos y ríos, o en Ajka, Hungría, arrasando siete localidades.

Pero aquí no va a pasar. Es imposible que la balsa se rompa.

Steven Emerman es doctor en geofísica y experto en presas de relaves (residuos mineros). En su paso por Touro, nos explica por qué es “inevitable” que acaben fallando: “Estas balsas no pueden desmantelarse, así que hay que confinar los estériles tóxicos para siempre. Hay que hacer revisiones, monitorear, hacer obras de mantenimiento… y esto tiene que hacerlo la empresa minera, ¡para siempre! ¿Es esto realista? Porque ‘para siempre’ es mucho tiempo”. La ley de minas exige a las empresas un plan de cierre y clausura, pero Emerman aclara que “es preciso desmantelar o mantener, pero aquí el plan es abandonar”.

El proceso de la extracción del mineral provoca que estos residuos sean tóxicos, “por su capacidad para generar drenaje ácido de mina, una mezcla de ácido sulfúrico y muchos metales pesados”. Esto pasa, por ejemplo, en las aguas que aún desbordan de la propia mina de Touro cerrada en 1988, en las filtraciones de San Finx o en la balsa de Monte Neme que provocó un vertido de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos.

Con Emerman camina Isidoro Albarreal, doctor en matemáticas, miembro de Ecologistas en Acción y experto en la falla de Aznalcóllar. Isidoro explica una manera de reducir el riesgo de roturas: “Los residuos sólidos son más estables que los líquidos y, en caso de derrumbe, la arena no fluye igual que el agua”. Esta deshidratación y espesado de los relaves es, para Emerman, “una mejor práctica, pero no es habitual”. Albarreal, siempre más incisivo en sus respuestas, concluye que aunque “es importante obligar a las mineras a que hagan este resecado, casi nunca lo hacen por una cuestión económica”.

Pero aquí no va a pasar. Es imposible que la balsa se rompa.

Isidoro Albarreal conoce bien a Atalaya Mining, que promueve el proyecto Touro, por su actividad en la mina de cobre de Riotinto, en Huelva: “La condición que pusieron para conceder la autorización ambiental era el desecado de los lodos, y casi diez años después, todavía no lo hacen. Pasa siempre, que no cumplen las condiciones que ponen en el proyecto y después no hay consecuencias”.  

En esta mina, en paralelo a la causa sobre esta cuestión y a pesar de una paralización temporal de los vertidos por el incumplimiento del desecado, surgió otra amenaza. La minera pretende, con la aprobación de la Junta de Andalucía, ampliar todavía más la balsa de residuos, que sería el doble de alta que la siguiente más alta de Europa.

Albarreal y Emerman tienen claro que hubo “una trampa” en el plan de emergencia del proyecto: “Cambiaron el índice de rugosidad del cauce del río (su capacidad para frenar el vertido) de manera que, según los nuevos cálculos, incluso siendo la presa más grande, los residuos tardarían más en llegar a las poblaciones”, explica Emerman, que revisó los cálculos después de que Albarreal detectara la “trampa”: “La empresa hizo lo contrario de lo que hay que hacer en estas simulaciones. Ellos querían un resultado concreto para minimizar un riesgo, entonces escogieron un coeficiente de inicio para que el cálculo diera el resultado que querían. Lo grave es que esto no lo controle la administración”. Emerman aclara que “no tiene lógica ninguna”, ya que el río es el mismo que en el estudio previo que autorizó la reapertura de la mina, que concluía unos efectos mayores con menos residuos. En la misma simulación del Proyecto Touro, el doctor en geofísica aclara que también hubo “una trampa con los parámetros”, lo define como “una obra de ficción” y señala que, en los dos casos, los residuos finalizarían en el Océano Atlántico.

Estas denuncias son habituales, como en el recrecimiento de la balsa de lodos de Alcoa en San Cibrao, que aumentará cuatro metros más su altura, sin presentar un plan de clausura. Organizaciones como Adega hablan de una autorización ambiental “express y fraudulenta”  y una evaluación “trucada”, pero esta historia requiere un espacio aparte.

Emerman encuentra otro problema en el método de construcción de las balsas de Touro, Riotinto o San Cibrao, llamado aguas arriba, prohibido en muchos países y criticado “por la propia industria” por su inseguridad: “Los diques de la presa se construyen encima de los residuos no compactados, por lo que en caso de licuefacción, los diques pueden caer sobre los estériles. Las fallas catastróficas más graves de los últimos años fueron en este tipo de construcciones”.

Pero aquí no va a pasar. Es imposible que la balsa se rompa

La legislación española no cuenta todavía con una norma específica para regular o prohibir el modelo aguas arriba, como pasa en Perú, Chile, Ecuador o Brasil. En 2020, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Minería publicaba un informe para establecer una norma internacional para gestionar relaves que, aunque no prohibía este modelo, recogía críticas por no prohibirlo globalmente. La Commonwealth recomendaba a sus países tener en cuenta la prohibición. La organización estadounidense Earthworks, directamente insta a prohibir nuevas instalaciones, cerrar las existentes “lo antes posible” y señala a las empresas que esquivan la prohibición haciendo pasar las balsas por otro modelo legal. Albarreal tiene claro que el motivo para seguir con el modelo aguas arriba es puramente económico, como también señala Earthworks.

La balsa de Touro, pendiente de autorización, seguiría este estándar inseguro y obsoleto. Además, también sería “ilegal” e “impensable” en otros países por su distancia a los pueblos cercanos, según explica Emerman: “Pensamos que las regulaciones en China, por ejemplo, son muy débiles, pero allí la separación mínima a núcleos poblados es de 1 kilómetro. En Brasil, son 10 kilómetros o 25, dependiendo de la densidad de la población. En Ecuador, 10. Y aquí quieren poner la balsa a menos de 200 metros. ¿Cómo es posible? Los residuos tardarían 5 o 10 segundos en colapsar Arinteiro [la aldea más próxima]”. La respuesta de Emerman deja clara la magnitud de la catástrofe, y vuelve a cuestionar la falta de legislación en España: “En Brasil existen las ‘zonas de autorescate’, que son las zonas en las que cada persona tiene que salvarse a sí misma porque los servicios de emergencia no pueden llegar a tiempo. En Brasil, esta zona es de 10 kilómetros hacia abajo de la presa. En España no existe esa zona, pero esto pasa igual, el concepto es real.”

Según estos expertos, la legislación tampoco está actualizada para posibles efectos del cambio climático ni preparada para sucesos como la dana en València. Albarreal tiene claro que “si lo que cayó en València, cae en Riotinto, reventaría la base de la balsa”. Emerman afirma que, bajo las leyes de España y Portugal, las balsas deben de diseñarse de manera que soporten una inundación con un periodo de retorno de 500 años, que “aproximadamente es una probabilidad de un 0,2%”: “Es un estándar muy débil que en otras partes del mundo es de un 0,001%. Es decir, algo que aunque es teóricamente posible, es altamente improbable. Con el cambio climático, las magnitudes de las tormentas raras parece que están aumentando y ese periodo de retorno no está claro, así que es preocupante porque es posible que los diseños no aguanten estas tormentas”.

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Isabel García, de la plataforma Mina Touro-O Pino Non, critica la insistencia de la minera y de la Xunta con el nuevo plan, a pesar de ser un “copia-pega” del proyecto que “quedó en evidencia” y que ya fue rechazado por la Xunta: “La balsa va a seguir existiendo, el río sigue estando dónde está, el riesgo es el mismo. No hay cambios. Pueden poner una planta solar más o menos, pero el riesgo y el proyecto son los mismos”. Isidoro Albarreal añade que “la ley que regula el impacto ambiental impide que pueda admitirse a trámite un proyecto que sustancialmente ya fue estudiado”, pero no confía en las administraciones: “Hay muchas presiones de las mineras. Primero, las administraciones envían un informe negativo contundente, después pasan a un desfavorable condicional o con requerimientos, y en muchos casos finaliza siendo favorable, aunque sea con condiciones. Finalmente, autorizan aunque después no cumplan, y ahí ya son impunes. Muchas veces ya han previsto el dinero de las multas de sus incumplimientos”.

Isabel aclara que las vecinas “quieren seguir con sus medios económicos, sostenibles y generadores de economía en la zona; no parece sensato que un gobierno confíe todo a una empresa a costa de destruir muchas otras actividades y expulsar a la gente de su casa, todo para conseguir el enriquecimiento de accionistas de algún lugar del mundo lejano a Touro y llevar el cobre a China.”

Con anterioridad a cualquier falla catastrófica de una balsa hay dos eventos que, con exactitud casi matemática, pasan siempre: la advertencia de los riesgos por parte de las técnicas y de las ecologistas y la negación de la empresa de cualquier riesgo. En el caso de Boliden en Aznalcóllar en 1998, o de Atalaya Mining en Riotinto en 2024, también.

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Al preguntarle a Isabel, Steven e Isidoro sobre la posibilidad real de que esto acabe pasando, contestan con un argumento que habla de cada uno de ellos. Steven, tira de ciencia y empirismo: “Estas cosas pasan. El año pasado pasó en Sudáfrica, México, Tanzania, Ecuador o Filipinas”. Repite, también, que los riesgos, como las balsas, son “para siempre” y que por lo tanto, supone una “maldición para las generaciones futuras”. También cuestiona la propia existencia de estas estructuras, porque “los pasivos ambientales son para todos, pero los beneficios son solo para las empresas”. Isidoro simplemente recuerda: “Ya pasó en Aznalcóllar, con las mismas recomendaciones que da ahora Steven. Además, ¿qué ganamos nosotros con advertir sobre esto?” Isabel va a lo humano, al sentido común y de la propia vida: “¿Es necesario este riesgo? ¿Tenemos que vivir con ese miedo?” Las familias de Arinteiro, y las de los pueblos río abajo, hasta la ría de Arousa, rechazan la mina. No quieren despertar una noche y que todo acabe.

Solo quieren dormir tranquilas.

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