Evasión fiscal
Fiscalidad de las multinacionales: es urgente ser ambicioso

La historia nos ha enseñado a no tener demasiadas expectativas cuando se instala un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Sin embargo, debemos aplaudir las buenas iniciativas de la administración estadounidense, como la decisión de respaldar la liberación de las patentes de las vacunas de la covid-19 para que puedan ser producidas en otros países. Eso no es todo. Joe Biden podría también estar a punto de cambiar profundamente la financiación para el desarrollo, abordando un tema en el que no se esperaba que lo hiciera: la fiscalidad.

Para financiar un plan de recuperación de 1,9 billones de dólares, Washington quiere buscar fondos donde se pueden encontrar: en las cuentas de los más ricos y las multinacionales. Y para ello, la nueva administración quiere, entre otras medidas, un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 21% sobre los beneficios de las empresas en el extranjero. Esto significa que, por ejemplo, las filiales de multinacionales estadounidenses establecidas en Irlanda, -donde el tipo es del 12,5%-, pagarán inmediatamente un tramo adicional del impuesto del 8,5% a las autoridades fiscales de su país.

Se trata, por supuesto, de una decisión unilateral, pero también es una gran oportunidad para enterrar el fin del modelo de negocio de los paraísos fiscales. De hecho, la introducción de un impuesto mínimo global es una de las principales recomendaciones del Informe sobre la integridad financiera para el desarrollo sostenible -presentado en febrero pasado por un grupo de alto nivel de las Naciones Unidas – del que formo parte. Si un número significativo de países siguiera el ejemplo de Estados Unidos, las multinacionales dejarían de tener un incentivo para maquillar sus prácticas concentrando artificialmente sus beneficios en jurisdicciones de baja o nula tributación.

Bajo la presión de algunos países europeos y los intentos de bloqueo de Londres, la administración estadounidense ha rebajado sus exigencias, abogando por un impuesto mínimo global de “al menos el 15%”. El objetivo: convencer a la mayoría de los 139 países que actualmente discuten en el seno de la OCDE dentro del llamado “marco inclusivo”. Sin embargo, Washington precisa que Estados Unidos irá más allá, gravando las filiales de sus multinacionales con un tipo del 21%, y pide a las grandes capitales que hagan lo mismo.

No se puede ceder al chantaje de las multinacionales, que afirman que un tipo del 21% sería excesivo y perjudicaría a los países en desarrollo, privándoles de una valiosa herramienta para atraer inversiones

Dado que el G7 va a votar sobre el tema este fin de semana en Londres, cabe esperar los grandes países europeos, entre los cuales está España, sigan el ejemplo de Estados Unidos y sean ambiciosos. No se puede ceder al chantaje de las multinacionales, que afirman que un tipo del 21% sería excesivo y perjudicaría a los países en desarrollo, privándoles de una valiosa herramienta para atraer inversiones.

Este argumento, que muy extrañamente es retomado por el propio presidente del Banco Mundial, es totalmente erróneo. Los estudios demuestran que cuando una multinacional se plantea dónde ubicar una unidad de producción, la ventaja fiscal aparece, en la lista de criterios a considerar, bastante por detrás de otras cuestiones como la calidad de las infraestructuras, la educación de los trabajadores, o la seguridad jurídica.

En la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), que presido, junto a economistas como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Jayati Ghosh, creemos que, a nivel global, el tipo impositivo mínimo global debería ser del 25%. Es muy probable que las negociaciones de la OCDE acaben eligiendo un tipo final entre el 15% y el 21%. Pero presentar el extremo inferior de la horquilla como una victoria sería un gran error: significa menos dinero para programas de salud, educación, y para la recuperación económica.

El Observatorio Fiscal Europeo, dirigido por Gabriel Zucman, acaba de considerar varios escenarios, en función de una serie de tipos. Un acuerdo internacional sobre un tipo mínimo del 25% -como apoya el ICRICT- permitiría a la Unión Europea (UE) aumentar sus ingresos fiscales en 170.000 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 50% de los ingresos por impuesto de sociedades recaudados en la actualidad y el 12% del gasto sanitario total de la UE. Con un tipo mínimo del 21% (la propuesta de Biden), la UE recaudaría unos 100.000 millones de euros. Pasar del 21% al 15% reduciría los ingresos en un factor de dos (50.000 millones de euros).

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Un informe señala los beneficios sobre una mayor imposición a las multinacionales y bancos si se implanta la propuesta del impuesto de sociedades global. Estados Unidos impulsa la medida, que se discute este fin de semana en el G7.

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Por supuesto, es también imperativo que los ingresos adicionales generados por un impuesto mínimo global sean repartidos de forma equitativa entre los países de origen de las empresas multinacionales, como Estados Unidos, y los países donde se desarrollan las actividades. Por ello, el Grupo Intergubernamental de los 24 (G24), un organismo que representa a las economías emergentes como Colombia, solicita que, en algunas circunstancias, estos últimos tengan prioridad a la hora de gravar los beneficios que se desplacen a los paraísos fiscales.

Supongamos que una multinacional estadounidense tiene actividades en Colombia, pero declara sus beneficios en Panamá, donde los impuestos son muy bajos. Con el sistema que quiere introducir la administración Biden, las autoridades fiscales deberían poder recuperar la diferencia entre el tipo en Panamá y el 21%. Pues el G24 quiere que Colombia sea prioritaria para gravar el pago a Panamá, por lo que, en este caso, EEUU dejaría de aplicar el impuesto mínimo.

La movilización de los países del G20 cambiaría todo el panorama, ya que representan más del 90% de los ingresos mundiales del impuesto de sociedades

Para lograrlo, es obviamente deseable que se llegue a un acuerdo global. Pero para obtener una distribución equitativa de los recursos, bastaría con que una coalición de países mostrara esta voluntad. La movilización de los países del G20 cambiaría todo el panorama, ya que representan más del 90% de los ingresos mundiales del impuesto de sociedades. Una vez más, esperamos más ambición por parte de los europeos, y especialmente de Madrid.

Esto supondría un fuerte gesto político, pero no se puede seguir postergar más. La pandemia ha provocado la peor crisis sanitaria, económica y social en un siglo. No podemos dejar pasar la oportunidad de responder a este desafío reconstruyendo sociedades no sólo más prósperas, sino también más justas e igualitarias.

*José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia y Presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). 

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