Libertades civiles
La cifra de ejecuciones por pena de muerte en el mundo superó las 1.500 en 2024

1.518 personas han sido ejecutadas por pena de muerte durante el pasado año. La cifra la proporciona el informe anual Condenas a muerte y ejecuciones 2024, de Amnistía Internacional, que afirma que es la cifra más alta desde 2015. De entre los Estados monitorizados, destacan Arabia Saudí, Irak e Irán, que son responsables del 91% de las mismas.

En total, estos tres países llevaron a cabo 1.380 de las ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de 16 a 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de 853 a 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.

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Pena de muerte para una periodista que protestó contra las ejecuciones en Irán

Hacer Özdemir

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Pueblo kurdo

Irán Pena de muerte para una periodista que protestó contra las ejecuciones en Irán

Hacer Özdemir

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El nombre de la comunicadora kurda Peshxan Ezîzî, se suma a la lista de las mujeres, y especialmente las kurdas, condenadas a muerte por el régimen de Irán.

Las cifras totales conocidas, según apunta el informe, no incluyen “los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte”. Amnistía Internacional también reseña que “las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron confirmar sus cifras”.

No obstante, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, “la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. Callamard señala que la pena de muerte es “un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo sigue impidiendo el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”.

Autoridades que utilizan la pena de muerte como arma

Según afirma AI, las ejecuciones en Arabia Saudí, Irak e Irán, se han producido violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo, según apunta el citado documento. La ONG indica que hay “dirigentes que utilizan la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población”.

En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023). El nuevo presidente electo Trump invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”.  La ONG califica esta declaración como “deshumanizadora”, y le acusa de promover “el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”.

Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad

En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, afirma Agnès Callamard.

En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. Según denuncia AI, el año pasado, dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas en relación con el levantamiento después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura, lo que demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder.”

Arabía Saudí utilizó la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas entre 2011 y 2013

Las autoridades saudíes siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas entre 2011 y 2013. En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas. Por otro lado, en África, República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.

Aumento de las ejecuciones por delitos de drogas

Más del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas, señala la ONG, no cumple este requisito.

“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”, relata Agnès Callamard.

Para la responsable de la ONG, “los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas. Se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas.”