Franquismo
Fundaciones, política y memoria: ¿por qué es importante ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco?

Tras las declaraciones del ministro español de Cultura, Miguel Urtasun, el debate sobre una posible prohibición de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha vuelto a ocupar el centro de la escena política. En su breve intervención a través de la red social X, Urtasun argumenta que la fundación vulnera explícitamente la ley de memoria democrática, ya que no persigue el interés general y lleva a cabo un proceso sistemático de apología del franquismo. Casi 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el recuerdo de esta época sigue presente en la vida cotidiana de la sociedad española, a través de símbolos, nombres de calles, estatuas e incluso una fundación cuyo objetivo es investigar la obra franquista y promoverla en la sociedad. El auge de la extrema derecha en Europa y la normalización de un lenguaje que recuerda a las dictaduras europeas del siglo XX nos obligan a preguntarnos por qué es tan importante que la FNFF sea finalmente ilegalizada.

Michael Borgolte, profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, en su ensayo Cinco mil años de Fundaciones. Una Tipología desde Mesopotamia hasta Estados Unidos, que publicó en 2015, intenta describir el desarrollo del sistema de fundaciones desde Babilonia y Egipto hasta la Edad Moderna. Borgolte comienza con una aproximación a la definición de estas organizaciones, que puede variar según la época y el contexto. En general, sin embargo, las fundaciones pueden considerarse una institución jurídica “creada por un fundador que dedica los ingresos de su patrimonio a un fin permanente”.

Partiendo de esta concepción general, se pueden extraer dos características esenciales de las fundaciones: por un lado, la idea de temporalidad indefinida, y por el otro, sus fines benéficos principalmente relacionados con la superación de problemas estructurales como la pobreza, la miseria, así como la promoción de la investigación o el acceso a becas educativas. En este sentido, las fundaciones y su relevancia histórica reflejan la necesidad de que las instituciones públicas y el mundo académico no pasen por alto la capacidad de estas organizaciones de incidir en la vida política, instrumentalizando su carácter social para alimentar ciertos discursos políticos ligados generalmente a la extrema derecha.

La Fundación FNFF fue fundada en el año 1976, tan solo un año después de la muerte del dictador y en plena transición democrática. Sus objetivos han variado con el tiempo, siempre en aras de ajustarse a la legalidad y a las trabas institucionales que supuso, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica del año 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, sus objetivos principales son: la investigación sobre la vida y la obra de Francisco Franco, el análisis del Estado entre 1936 y 1977 y su influencia en las estructuras del Estado, así como la defensa de su imagen y de estos objetivos antes los medios de comunicación y organizaciones políticas que lo desacrediten. Las fundaciones memoriales, como sería el caso de FNFF, no fueron un fenómeno únicamente español. En 1978 el Bundestag alemán inauguró varias fundaciones relacionadas con personajes políticos del siglo XX: Konrad Adenauer, Friedrich Erbert, Billy Brandt o Helmut Schmidt, con el fin de promover su pensamiento político y su relevancia histórica.

La secretaria de Vox en 2021, Macarena Olona, fue una de las principales voces defensoras de la fundación, alegando que su prohibición representa una imposición ideológica y una visión sectaria del pasado

La apología a una dictadura por parte de una fundación, sin embargo, representa una singularidad con respecto al resto de países. La FNFF, así como estatuas, festividades y otros elementos culturales han servido como base de un discurso franquista adaptado a los nuevos tiempos democráticos. Mientras las víctimas del franquismo, con sus limitados recursos económicos y políticos, quieren mantener la memoria de los caídos, el franquismo aún existente lucha por una cultura de la reconciliación y el olvido, en la que los crímenes cometidos durante la dictadura permanezcan impunes. La FNFF, que debe su legitimidad a la construcción de una turbia memoria en torno a la figura de Franco y su gobierno, es sólo un ejemplo de la guerra simbólica que ha alimentado el clima político en España en los últimos años.

En tiempos donde la extrema derecha amenaza el proyecto europeo, los lazos entre distintas organizaciones y los partidos políticos son importantes indicadores para entender la batalla cultural que está teniendo lugar en Europa. En el caso de la FNFF y el partido Vox los puntos en común reflejan el verdadero objetivo detrás de esta organización. El ex vicepresidente de la organización, Jaime Alonso García, es uno de los principales donantes del partido de extrema derecha, y el ex vocal de la fundación, Fernando Paz, fue candidato de la agrupación presidida por Santiago Abascal. Sin embargo, luego de un escándalo por comentarios homófobos y negacionistas del Holocausto, Paz fue separado de la formación política. Por su parte, la secretaria de Vox en 2021, Macarena Olona, fue una de las principales voces defensoras de la fundación, alegando que su prohibición representa una imposición ideológica y una visión sectaria del pasado.

La transición española no marcó el final del franquismo, sino, por el contrario, el punto de partida para la construcción de una memoria sesgada

La FNFF es un instrumento de reproducción ideológica, así como de blanqueamiento de una de las dictaduras más duraderas del siglo XX. La transición española no marcó el final del franquismo, sino, por el contrario, el punto de partida para la construcción de una memoria sesgada entorno a la figura de Francisco Franco y su legado político. Distintos dispositivos culturales, como estatuas, nombres de calles, festividades u organizaciones han contribuido a la construcción de esta memoria. Es aquí donde la FNFF juega un rol preponderante, reescribiendo el legado de Franco en clave democrática y pacificadora y usando todos los medios posibles para defender esta narrativa. Así mismo, su vinculación política e ideológica con proyectos fascistoides como el caso de Vox reflejan el interés de la organización en tomar un papel activo en favor del auge de la extrema derecha.

El Ministerio de Cultura español ha dado el primer paso en esta batalla, que comenzaron administraciones anteriores y que incluso ha sido aplaudida y alentada por el Parlamento Europeo. Sin embargo, ahora la decisión les corresponde a los tribunales, lo que se prevé un proceso largo y complejo, en parte debido al carácter conservador de la judicatura española.