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Falsos autónomos
Primera gran multa de la Ley Rider a una empresa de reparto
Dos inspecciones abiertas en Barcelona y Valencia a la empresa de reparto Glovo han terminado con la primera multa millonaria a una empresa de reparto por no contratar a sus repartidores y tenerlos bajo la figura de falso autónomo, según ha informado La Ser esta mañana.
En total han sido 10.614 trabajadores (8.331 en Barcelona y 2.283 en Valencia) los que la empresa tenía bajo esta figura y no había regularizado tras la aprobación de la Ley Rider hace un año, según ha sabido la emisora de radio. Dentro de dichas sanciones, 24 y 5 millones son para satisfacer las cuotas a la seguridad social que se deberían haber ingresado al tener a esos trabajadores en nómina y los otros 50 en forma de multa.
Siguiendo la doctrina que marca la sentencia del Tribunal Supremo, Inspección de trabajo ha señalado que Glovo no “una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que presta servicios de reparto y mensajería, fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio”.
El culebrón de Glovo y el resto de empresa ha sido de lo más rocambolesco desde que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo y desde que, más tarde, se aprobara la conocida como Ley Rider. La empresa de reparto de las cajas amarillas se había negado a regularizar a sus repartidores y los seguía manteniendo bajo la misma figura de falso autónomo. Esto provocó que otras empresas de reparto hayan puesto el foco en la competencia desleal que les hacía Glovo.
En marzo de este año, Uber Eats envió una carta a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz amenazando de volver a la modalidad de contratación de los falsos autónomos si no hacía cumplir la ley a todas las empresas del sector, en una clara referencia a Glovo. A finales de junio le tocó el turno a la empresa Just Eat, que también señaló a las empresas “que actuaban al margen de la legalidad” apuntando a Glovo.
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Que se jodan, sinceramente, por explotar a los trabajadores y querer estar por encima de la ley. Hay que poner fin a los TLC que permiten a los trabajadores demandar a gobiernos que defiendan a la clase trabajadora y reduzcan sus beneficios