Extrema derecha
Extrema derecha y megaminería: apuntes para reconstruir refugios de acción colectiva

Octubre 2023, Panamá. “El cambio climático será cada vez peor, ignorarlo no es una opción”, “Contrato minero: futuro en manos de empresas extranjeras”, “Mi soberanía no está en venta”. Son algunas de las consignas que se agitaron en las calles de las principales ciudades panameñas en lo que se configuró como una de las movilizaciones más importantes y masivas del último tiempo.

Contra el avance de la megaminería, diferentes sectores de la sociedad salieron a denunciar el acuerdo que otorgaba a la empresa Minera Panamá, perteneciente a la canadiense First Quantum Minerals, una concesión para explotar por 40 años más uno de los yacimientos de cobre más importantes de la región.

Si bien el conflicto venía gestándose hace meses, tomó gran repercusión pública hacia fines de octubre, cuando se aprobó el acuerdo por vía rápida en el congreso nacional. El pasado 1 de diciembre, luego de 38 días de resistencia en las calles, piquetes y cortes de rutas, escraches a funcionarios públicos, cierre de instituciones y protestas duramente reprimidas por la policía —que dejaron al menos cuatro manifestantes muertos y cientos de heridos y detenidos— la justicia emitió un fallo revocatorio que dio marcha atrás al acuerdo firmado con la empresa.

Conflictos sociales como estos no son nuevos en América Latina. En la lucha de la sociedad panameña resuenan otras experiencias de resistencia que se han replicado en los países y regiones latinoamericanas surcados por el boom del extractivismo minero de fines del siglo XX. Acciones de rechazo a los megaproyectos metalíferos y el despojo propiciado por las empresas —mayormente de capitales provenientes de países donde la megaminería como tal está prohibida—, se extienden desde entonces a lo ancho y a lo largo del continente.

Aquí y allá, contra el saqueo corporativo, la contaminación y la apropiación de la naturaleza, accionan y se movilizan colectivos de lo más diversos: ambientalistas, agrupaciones políticas, movimientos sociales, comunidades indígenas y campesinas. Los métodos, las estrategias y formas de protesta son variables, así como los modos de entender las relaciones naturaleza-sociedad, pero en todos los casos, el horizonte es uno: inventar y construir, desde la narrativa y la praxis, otros futuros-mundos posibles.

Aquí y allá, contra el saqueo corporativo, la contaminación y la apropiación de la naturaleza, accionan y se movilizan colectivos de lo más diversos

Los megaproyectos mineros comenzaron a ingresar masivamente en América Latina a partir de reformas neoliberales llevadas adelante en varios países de la región en la década de 1990, en el marco de lo que se conoce como “Consenso de Washington”. Entre otras cosas, se establecieron garantías de estabilidad fiscal y cargas tributarias constantes por períodos extensos de tiempo que favorecieron a las empresas extranjeras que decidieron invertir sus capitales en estas latitudes.

En años recientes, durante el período de gobiernos identificados regionalmente como “progresistas” —entre los que se destacan las presidencias de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, por mencionar algunos—, este tipo de proyectos, lejos de reducirse, se incrementó exponencialmente. Esto fue consecuencia, en parte, del alza de precios de los commodities o productos primarios (entre los cuales se encuentran los mineros), que llevaron a una mayor recaudación económica en estos países que venían de una temporada de, como se dice popularmente, “vacas flacas”. El renovado, y en algún punto salvador, ingreso fiscal fue orientado, en el marco de estos gobiernos, a aumentar las políticas de redistribución, inclusión y asistencia social. Sin embargo, las lógicas de reprimarización de la economía y apropiación de la naturaleza se mantuvieron intactas y las luchas populares contra los emprendimientos siguieron siendo acalladas y reprimidas.

Septiembre 2015, San Juan, Argentina. Millones de litros de sustancia cianurada cayeron al Río Potrerillos desde una mina de oro operada por la empresa canadiense Barrick Gold ubicada en Veladero, provincia de San Juan. Gobernaba entonces José Luis Gioja, históricamente favorable a los intereses de la empresa canadiense, y era presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner. Se trató del “desastre ambiental” minero más importante de la historia argentina: al menos cinco cursos de agua quedaron contaminados con índices alarmantes de metales pesados y arsénico e inhabilitados para el consumo humano y la irrigación. Como era de esperar, la empresa negó que el accidente ocasionado pudiera generar daños en la salud de la población. Sin embargo, tres días después el cercano municipio de Jachal, que quedó sin agua potable, ya se estaba organizando.

Los vecinos se autoconvocaron exigiendo respuestas y manifestándose en rechazo de lo acontecido: “para que estos hechos no se naturalicen”. Luego se replicaron las protestas en otros departamentos afectados y, con el particular protagonismo de la asamblea Jachal no se toca, la población reclamó la pronta remediación de los daños ocasionados y el cierre de la mina. La lucha se sostuvo durante aquellos años: se cortaron las rutas de acceso a la mina, se presentaron acciones legales contra la empresa, se tomaron edificios públicos, se hicieron marchas periódicas a la capital provincial. Sin embargo, las consecuencias no fueron mucho más allá de multas a la empresa, pedidos de informes de contaminación y la renuncia del director ejecutivo. Hoy, la comunidad denuncia que los derrames continúan, pero son sistemáticamente ocultados a la población.

Aún cuando las voladuras de suelo o el uso de cianuro para la separación del mineral de la roca son los procedimientos más usuales de la megaminería, en los últimos años este tipo de extractivismo empezó a reconfigurarse y combinarse con otro tipo de métodos de extracción. Frente a la preocupación generalizada por el colapso ecológico a escala global y la crisis climática, algunos países iniciaron los procesos llamados de “transición energética” y “capitalismo verde digital”. Estos pretenden un reemplazo escalonado del uso de energías fósiles “no renovables” hacia energías “renovables”, en ocasiones (mal)llamadas “limpias” o “verdes”. Sin embargo, la denominada transición —que en otras palabras extrema el modelo basado en la dominación de la naturaleza en el sur global— no es otra cosa que el paso hacia una mayor dependencia de cierto tipo de recursos mineros, principalmente el litio —aunque también zinc, oro, cobre, etc., entre otros—, favoreciendo la expansión de las fronteras de extracción.

Los gobiernos y poderes económicos acaban por atribuir la “escasez” de agua al cambio climático omitiendo los abusos del sector minero transnacional como causante primordial

Países latinoamericanos como Bolivia, Chile y Argentina concentran la mayor parte de las reservas mundiales de tal mineral alcalino, también bautizado como “oro blanco”, y su extracción es controlada mayormente por capitales internacionales. Este tipo de minería, además, se realiza bajo técnicas conocidas como “salmueras” que, si bien no implican procedimientos tan invasivos como los anteriormente mencionados, sí requieren de cantidades excesivas de bienes claves para la vida humana y no humana, como el agua. Es importante destacar, además, que estos proyectos extractivos se desarrollan en ecosistemas extremadamente frágiles y en gran parte de los casos, sobre territorios indígenas. Este es el caso de la Puna, una ecorregión de alta montaña propia del área central de la cordillera de los Andes que se eleva por sobre los 3.200 metros.

Junio 2023, Jujuy, Argentina. Movilizaciones duramente reprimidas por el gobierno en distintos puntos de la provincia de Jujuy fueron el centro de la escena política argentina durante junio y julio. Comunidades indígenas, docentes, organizaciones sociales coparon las calles rechazando la reforma de la constitución provincial aprobada por el gobernador Gerardo Morales. Además de criminalizar la protesta, la nueva constitución pasa por alto el Convenio N° 169 de la OIT y el artículo N°75 Inc. 17 de la Constitución Nacional que establecen la obligatoriedad de consultar y participar a las comunidades antes de llevar adelante cualquier proyecto que incida sobre sus territorios y sus vidas.

El fondo de estas medidas regresivas es favorecer los intereses corporativos en el marco del proceso de valorización de las tierras que habitan las comunidades para el desenvolvimiento de minería orientada a la extracción de litio. El Tercer Malón de la Paz, conformado por referentes indígenas, caminaron durante tres meses de Jujuy a Buenos Aires una distancia de 2.000 km, pidiendo ser escuchados. Acamparon en una plaza de la ciudad capital otro tanto de tiempo hasta que fueron humillados y desalojados por la policía, un día después de que anunciaran el retorno a su tierra y el levantamiento voluntario del acampe frente a tribunales.

El sobreaprovechamiento del agua por parte de las empresas que realizan minería de litio en ecosistemas como el mencionado tiene consecuencias ambientales devastadoras para las poblaciones y el ambiente, lo cual lleva a acelerar la crisis hídrica y los procesos de desertificación en estos territorios. Lo interesante o paradigmático es que, muchas veces, los gobiernos y poderes económicos acaban por atribuir la “escasez” del recurso hídrico al fenómeno global del cambio climático omitiendo el sobre aprovechamiento por parte del sector minero transnacional como causante primordial. Frente a ello, los movimientos sociales afirman fuerte y claro: “¡No es sequía, es saqueo!”.

“Señora, señor, así luchamos y resistimos nosotros”

Alberto Azcárate

Argentina

Adriana González Burgos “Señora, señor, así luchamos y resistimos nosotros”

Alberto Azcárate

Esta líder kolla del norte argentino denuncia los planes de extraer litio de territorios indígenas y señala las limitaciones de la izquierda y el feminismo blanco para entender la vida y las luchas de los pueblos originarios.

Pero si el cambio climático en ocasiones funciona como explicación omnicomprensiva para evadir responsabilidades, en otras simplemente se lo niega. Al igual que en muchos países de la región y el mundo, actualmente en Argentina se evidencia un giro a la derecha. El pasado 19 de noviembre el país eligió entre dos posibilidades presidenciales, ganando por una diferencia de 11 puntos el candidato de extrema derecha Javier Milei, cuyo programa político-económico plantea medidas de desregulación y liberación del mercado, privatización y achicamiento del estado, criminalización de la protesta y represión. Desde un discurso antipolítica que encuentra su basamento en una ideología “anarcocapitalista”, el presidente electo, además, niega el cambio climático. Así, ha señalado en distintas ocasiones que se trata de una “fantochada” para “meter miedo”, que las proyecciones e indicadores sobre el calentamiento global son “una mentira del socialismo” y que las políticas ambientales se promueven para “financiar vagos”.

Milei niega el cambio climático. Según él, se trata de una “fantochada” para “meter miedo”, las proyecciones e indicadores sobre el calentamiento global son “una mentira del socialismo”

Diciembre 2023, Buenos Aires, Argentina. Una de las tormentas más fuertes de los últimos años sacudió a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores la madrugada del domingo 17 de diciembre. Con ráfagas de viento que en algunas localidades alcanzó más de 130 km por hora, la calle se volvió una pesadilla. Las postales al otro día eran distópicas: árboles caídos cortando veredas y accesos; ramas suspendidas entre la maraña de cables de luz; autos atrapados entre troncos y objetos volados de algún balcón; vitrinas de comercios estalladas en pedazos; postes en el piso. Pero la tormenta pasó primero por la ciudad de Bahía Blanca, 640 km al sur de la capital. Allí el temporal fue fatal: 13 personas murieron tras el desmoronamiento de la pared de un club, varias resultaron heridas y otros tantos evacuados. Al lamento por los destrozos y el duelo por los fallecidos, se suma el trauma por un evento climático sin precedentes en la historia de la ciudad. Se declaró el estado de emergencia en la Provincia de Buenos Aires y, ese mismo domingo, el recientemente asumido Javier Milei viajó junto a algunos de sus funcionarios a la ciudad en el marco del “comité de crisis” conformado para la ocasión. Vestido con campera militar, anticipó a la población que habrá que arreglarse con lo que hay: “Estoy perfectamente confiado de que ustedes van a lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”.

Si una empresa puede contaminar un río en nombre de la libertad de mercado y el cambio climático no existe, no hay razón para creer que el gobierno entrante vaya a preocuparse por enfrentar el modelo extractivista. Antes bien, las medidas anunciadas el 21 de diciembre por el nuevo gobierno mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia —inconstitucional por donde se lo mire—, evidencian que su política va a estar principalmente orientada a institucionalizar el saqueo, dando un marco legal aún más beneficioso que el que ya rige a las empresas mineras y los poderes económicos extranjeros. Así, ha derogado dos importantes leyes que regulan la posibilidad de acceder a información sobre la actividad minera (el Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos), dando vía libre para que las compañías realicen sus operaciones sin tener que rendir cuentas ni presentar datos al estado y la población. Estos favores pasan a combinarse con el régimen tributario benevolente que rige en el país desde 1990 y que establece regalías de apenas el 3% sobre el valor declarado de boca de mina; una garantía de 30 años de explotación; subsidios energéticos, etc.

Milei ha derogado dos importantes leyes que regulan la posibilidad de acceder a información sobre la actividad minera, dando vía libre para que las compañías realicen sus operaciones sin tener que rendir cuentas ni presentar datos al Estado y la población

Como si esto fuera poco, el DNU de Javier Milei deroga la ley de tierras sancionada en 2011 por la cual, con el objetivo de frenar el proceso de extranjerización que venía dándose desde 1990 y la consecuente pérdida de soberanía sobre bienes de dominio público y recursos naturales estratégicos, se pone un límite a la cantidad de hectáreas que pueden ser adquiridas por foráneos. Como ha señalado el mandatario en un famoso programa de la televisión argentina días atrás, lo que se busca con esto es lograr un marco jurídico que garantice beneficios de propiedad a los grandes capitales, empresarios y magnates de afuera, como Elon Musk, con quien presumió guiños sin tapujos.

Como si nos moviéramos por un trazo en espiral, perece que estamos asistiendo a una revisión de las políticas regresivas y neoliberales de los 90. Sin embargo, los conflictos también siguen un movimiento espiralado. Las experiencias de acción colectiva no sólo proliferan. Dialogan, se conectan, piensan con lo ya pensado y hacen con lo ya hecho. Desde el “que se vayan todos” de los piqueteros y caceroleros del 2001; hasta el “litio para hoy, hambre para mañana” de las comunidades indígenas de Jujuy en 2023; pasando por el “no + minas” y “el agua vale más que el oro” de los movimientos autoconvocados de Esquel en 2003 (donde luego de una lucha sostenida la comunidad logró frenar un proyecto de explotación de oro que una empresa canadiense), se pueden identificar los hilos que tejen la lucha argentina en defensa de los territorios y la vida digna. Ante el avance de la extrema derecha, la mercantilización de la vida y el colapso ecológico en curso, seguiremos inventando formas de movilización social y resistencia. Una manera de vivir y morir bien en la actualidad, dice Donna Haraway, es unir fuerzas para reconstruir refugios. En el sur global, sea Argentina o Panamá, esto no es nuevo: sostener el conflicto ha sido y será nuestra principal forma de guarida.