Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)
El vecindario de Lavapiés consigue aplazar un desahucio de una vivienda pública

Tras una mañana con lluvias ligeras y el hielo acechando aún desde las cornisas de los tejados, las autoridades han decidido aplazar el desalojo de Eva. Será el 17 de febrero. “Vergüenza me daría desahuciar a una familia”, increpaban a la policía y a la Comisión Judicial las 40 personas que se concentraron este miércoles 20 para frenar el desalojo. “En 27 días no va a cambiar nada”, murmuraba el vecindario del barrio de Lavapiés tras conocer la noticia.

Eva trabaja en un comedor a 3 horas y media al día por 561 euros. Tiene 3 hijos, dos de ellos menores de edad. Su marido falleció hace dos años. Era inmigrante y se encontraba en situación irregular, por lo que se vio obligado a trabajar siempre sin contrato, comenta, lo que le ha dejado “sin pensión por viudedad u orfandad”.

Antes de vivir en la calle Nelson Mandela, Eva vivía con su madre -enferma de alzheimer-, su marido y sus tres hijos. “Todos en la misma habitación”, cuenta a El Salto. Hace 6 años, recuperó el piso vacío en la conocida plaza de Lavapiés. La casa, estaba en propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

En su día, el EMVS intentó desahuciarla, pero se paró en los juzgados. Hace unos cuatro años presentó solicitud en la EMVS y le adjudicaron un piso en Orcasur, en la calle Estafeta, con tres habitaciones, dos baños, “estaba muy bien y me dijeron me lo darían en un plazo de 3 a 6 meses, solo faltaban las conexiones de luz y gas”, relata Eva. Tras la negociación con la Comisión Judicial la han acusado de no reclamar ese piso. “He ido y tengo 2 testigos”, advierte ella. A través de un empleado de la EMVS se enteró de que se lo habían dado a otra familia. 

“Más pisos de ese edificio están recuperados, puede que sea la primera de muchos más”, opina Gloria, vecina y militante de la PAH Centro

“No me dan alternativa habitacional y dicen que me vaya con mi madre”, lamenta Eva. “Ya bastante hace echándome una mano con mis hijos cuando yo no he podido cuidarlos”. Para Gloria, vecina y militante de la PAH Centro, “no deberían dejar a nadie en la calle si no tiene donde vivir”. “Más pisos de ese edificio están recuperados, puede que sea la primera de muchos más”, opina la misma vecina. 

“Luchar, luchar y luchar”, responde Gloria al ser preguntada sobre qué harán el día 17 de febrero. “Intentaremos parar el desahucio, habrá que intentar mover hilos a través de asistentes sociales, juzgados…” comenta Eva y añade que “lo malo es que con la pandemia los plazos se retrasan y tengo miedo de que me den cita para después del desalojo”. “¿No sería mejor darle un alquiler social que ponerla en la calle con hijos?”, se plantea la vecina militante en la PAH.

¿Qué pasa con la paralización de desahucios? 

El pasado 21 de diciembre el acuerdo del Gobierno de coalición prohibía los desalojos y el corte de suministros hasta mayo a familias vulnerables. En principio, el impago de alquiler no justificaba, por tanto, un desahucio sin una alternativa habitacional “digna”. Las familias desalojadas no podrán ser enviadas a un albergue. Entonces, ¿por qué han intentado desahuciar a Eva?

El EMVS es una empresa pública de la Comunidad de Madrid y, en el acuerdo, los organismos públicos sí pueden desahuciar. La entidad desahucia a Eva con el pretexto de que su piso es vivienda pública, “lo que no tiene sentido es que lo hagan 6 años después en plena pandemia y con una ola de frío”, critican desde la PAH. De todas formas, “lo que pido es que me den una alternativa habitacional digna”, demanda Eva.

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