Eléctricas
¿Cómo ha escalado el choque entre el Gobierno, la ciudadanía y las eléctricas?

El anuncio de las medidas para rebajar el coste de la factura eléctrica que el pasado lunes hizo elpresidente del Gobierno durante una entrevista en TVE y que fueron aprobadas en Consejo de Ministros el pasado martes no ha dejado indiferente a nadie. Insuficiente para unos y un parche, populista o de dudosa legalidad para otros. 

De hecho, el propio líder de la oposición, Pablo Casado, afirmó en una entrevista en la cadena COPE que son medidas “expropiatorias” y que para bajar el precio de la factura eléctrica habría que bajar la presión fiscal porque “más de la mitad de lo que pagamos son impuestos”, una falacia harto repetida. En un artículo del diario ABC —poco sospechoso de ser un medio ‘sanchista’— cuantifican la carga impositiva previa al Real Decreto en un 23% respecto al importe total de la factura, en un 37% los costes de producción de la energía y en un 40% los costes regulados (como la distribución, el transporte, el déficit de tarifa o el alquiler del contador).

A las pocas horas de ser aprobadas las medidas el Foro Nuclear, formado por 32 empresas y centrales, entre las que destacan las cinco multinacionales del sector energético Iberdrola, Endesa, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) EDP y Repsol, amenazaba con el “cese de actividad con del parque nuclear”. 

Inmediatamente prendía la indignación: escenas de conocidas películas sobre la mafia (como El padrino, Goodfellas, Casino…) inundaban las redes sociales junto a la noticia, el término “exprópiese” y las exigencias de nacionalizar el sector eléctrico corrían como la pólvora y, tras un tweet del exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, artículo 128 —en alusión al artículo de la Constitución— se convertía momentáneamente en Trending Topic.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

Artículo 128 de la Constitución.

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) September 14, 2021

Pese a que la atención se centraba en este artículo de la Constitución que reza en su punto dos —“Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”— otros optaban por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Esta ley, aprobada por el Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, establece que “el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro cuando exista “riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica”. Entre las “medidas necesarias” contempladas por la ley se encuentran la “operación directa de las instalaciones” o incluso el “establecimiento de obligaciones especiales en materia de existencias de seguridad de fuentes primarias para la producción de energía eléctrica”.

Asimismo esta ley define como una infracción muy grave “la interrupción o suspensión del suministro”; la infracción será sancionada con multas entre seis y sesenta millones de euros e incluso con la inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades en el ámbito del sector eléctrico y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o cualquier régimen económico adicional.

Cómo responde el Gobierno y cómo concluye el conflicto aún está por ver.