Desahucios
La movilización vecinal impide el desahucio de una mujer de 72 años en Argumosa 11

Un centenar de personas se ha dado cita en la mañana de este martes en la puerta del emblemático edificio de Argumosa 11, de alto valor simbólico por haberse opuesto con sistemática determinación a los diversos procedimientos de desahucio que sus inquilinos vienen soportando desde 2018, para plantarse ante el desahucio de Teresa Sarmiento, vecina del inmueble .

Sarmiento, de 72 años e inquilina de la primera planta, ha logrado que la fecha de ejecución del desahucio se posponga al 1 de julio en medio de un clima de euforia entre las personas que han ido a apoyarla y que han mostrado su indignación con la magistrada del juzgado número 48 que ha ordenado esta medida.

“Desahucian al obrero, rescatan al banquero”, “Fuera buitres de nuestros barrios”, “Ni casas sin gente, ni gente sin casa”, “Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “Vergüenza me daría, desahuciar a una familia”, “Teresa no estás sola, estamos contigo” han sido algunos de los lemas coreados por las personas que han acudido a apoyar a su vecina.

Marisa, del colectivo Lavapiés Dónde Vas, ha explicado a El Salto que esta acción judicial sería latu sensu ilegal, ya que el contrato de alquiler de Teresa era previo al Decreto Covid del Gobierno por el que se ponía en marcha el llamado escudo social. De esta forma, la inquilina habría solicitado su aplicación, de la que se derivaría la imposibilidad de consumar su rescisión.

La misma valoración acerca de la actitud judicial expresa a El Salto Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas. Gil interpreta que la jueza se está negando a aplicar el escudo social que el Gobierno ha implementado a través del Decreto de Moratoria para Personas Vulnerables, de 2020.

Otros elementos parecen indicar que existe una explícita animadversión por parte de la magistrada del caso, según sostienen los colectivos, ya que en el caso de Sarmiento existen informes previos de vulnerabilidad que los Servicios Sociales habrían elevado al juzgado y que acreditan que Sarmiento percibe en la actualidad 400 euros mensuales en forma de Renta No Contributiva.

Los abogados defensores presentaron una apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que era previsible que la jueza esperase conocer la resolución de esta instancia sobre la admisión o inadmisión del recurso interpuesto antes de firmar la expedición del desahucio. La defensa de Sarmiento cree que la jueza tenía tomada la decisión de antemano, ya que la vista oral apenas duró cinco minutos y la jueza no llegó a escuchar los argumentos de la afectada.

Los colectivos explican que en este momento hay tres vías abiertas para obtener una vivienda alternativa para Sarmiento, a saber: la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), su inclusión en la lista de espera de viviendas de la Comunidad de Madrid, así como la posibilidad de un piso tutelado. Dado que lo previsible es que finalmente cristalice una de estas tres vías y Sarmiento pueda contar con una alternativa, los colectivos que se han movilizado en su defensa no entiende la prisa del juzgado y esperan que, antes de proceder a un nuevo intento de desahucio, tenga en cuenta estas circunstancias.

Sarmiento ha explicado a El Salto que ni ella ni el abogado de oficio que se encarga de su defensa habían recibido notificación del juzgado informándoles del intento de desahucio que se habría consumado hoy de no mediar la decidida acción del vecindario y el activismo de vivienda.

El proceso de burbuja especulativa que no cesa

Pablo Martínez, del Sindicato de Inquilinas, sospecha que la empresa que ha intentado el desalojo de Teresa podría ser la misma que adquirió un tercio del edificio en 2018, pero actuando bajo otro nombre. Es una deducción que hace del hecho de que Proindivisos S. L. y Bafi Consulting, S.L. tienen en común los nombres de sus abogados. 

Martínez denuncia la opacidad de las actuales administraciones de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS)  y la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, que no facilita un acceso transparente a un censo de viviendas de una u otra instancia institucional. 

Además, asegura que hay otros edificios en situación parecida al de Argumosa 11 recientemente adquiridos en Arganzuela, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Vallecas, entre otros barrios. “Blackstone sigue comprando vivienda pública y estamos en dinámica de burbuja, sin ninguna duda”, afirma el activista.

Javier Gil, por su parte aclara que, a pesar de las dificultades creadas por la pandemia, el activismo se coordina para resistir a la ofensiva de desposesión y gentrificación de los espacios públicos y que trabajan codo a codo el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sindicatos de barrios, como los de Hortaleza y Carabanchel, entre otros.

Los números de Sarmiento dan la medida del proceso que viven los vecinos de Lavapiés: “Yo estaba pagando 355 euros mensuales y les propuse a los nuevos titulares negociar una renta que pudiéramos asumir entre otra persona y yo, pero me pidieron 1.500 euros mensuales”. El piso colindante con el suyo, gestionado por AirBnb cuesta 120 euros la noche; “y el del cuarto, es aún más caro, 140 por noche”, enfatiza.

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Argumosa 11, un edificio con historia de resistencia

Una larga tradición de resistencia a los desahucios ha dado a este edificio una pátina de heroicidad en la lucha contra la gentrificación de la ciudad. El último episodio se produjo en febrero de 2019, cuando tuvo lugar el multidesahucio de cuatro familias, con gran despliegue policial, helicóptero incluido, y laexcepcionalidad marcada por el hecho de que tres juzgados se coordinaron para desalojarlas con un aviso previo de menos de 48 horas. 

Pese a esta ofensiva, quedan en el edificio algunos vecinos que no pueden ser desalojados por tratarse de contrato de renta antigua. Teresa Sarmiento pudo evitar su desalojo en la primera fase del procedimiento, debido a que el abogado de Oficio que lleva su causa encontró un error en la demanda y consiguió que el juez inadmitiese la demanda.