Derechos Humanos
Bates en tres comisarías y 21 casos de malos tratos bajo custodia: el informe europeo que cuestiona la política de cárceles de Interior

El Comité de Prevención de la Tortura, un organismo dependiente del Consejo de Europa, publicó ayer el informe de su última visita a 19 centros de privación de libertad españoles. Los resultados de la visita, efectuada entre el 14 y el 28 de septiembre de 2020, vuelven a llamar la atención de las autoridades españolas sobre la realidad del maltrato (y de su impunidad) en comisarías, prisiones, hospitales penitenciarios y centros de menores en el Estado español, como queda reflejado en los 21 casos detallados en el documento.

De los 21 casos documentados, nueve se produjeron en comisarías (dos casos en Madrid, seis en Valencia y uno en Utrera), otros nuevo en centros penitenciarios (dos en Albocasser, Castellón; dos en Estremera, Madrid; cuatro en Morón, Sevilla; y uno en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla). Los tres restantes corresponden al centro de menores de Marchenilla, en Algeciras. El CPT destaca, en el caso de las prisiones, que se limita a destacar una serie de incidencias de entre “un gran número de alegaciones consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte del personal”.

Así, en el caso de Albocasser (Castellón), “hasta un tercio de los más de 75 presos entrevistados por la delegación del CPT alegaron haber sido maltratados, principalmente con bofetadas pero también con puñetazos, patadas y golpes de porra”. Tanto en el caso de las comisarías como en el de las prisiones, el informe recoge también alegaciones de supuestas vejaciones en función de la raza o la nacionalidad del detenido o recluso. Entre otras cuestiones, el informe documenta la presencia de instrumentos no reglamentarios como bates y palos en las comisarías de Centro y Moratalaz (Madrid) o de Castellón de la Plana, algo que ya había sido recogido –junto con la presencia de simbología ultraderechista- en anteriores visitas de la delegación del CPT.  

El activista Jorge del Cura lleva varias décadas documentando casos de maltrato desde la Asociación contra la Tortura. En conversación telefónica con El Salto, destaca que esta relación detallada de casos es la principal novedad de este informe, el primero de estas características desde el año 2016. “Es importante porque en anteriores ocasiones las menciones eran genéricas”, señala. Este nivel de detalle no llega a la respuesta gubernamental: por un lado, porque el propio CPT no ha hecho público el anexo en el que Interior responde a los casos documentados en prisiones; por otro, porque la contestación a los casos de abusos en comisarías se limita a recoger el atestado policial.

“La respuesta del Gobierno por primera vez no niega la mayor, otras veces se limitaba a contestar” señala del Cura, para quien Interior despliega “un relato muy interesante de toda la legislación existente en el Estado español para combatir los malos tratos. Lo que hace el informe es ayudarnos a entender qué cosas son las que no se están cumpliendo”, precisa.

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Palos a los juzgados de vigilancia penitenciaria

El Gobierno no es el único destinatario directo de las quejas del CPT en su informe. Así, en el apartado de prisiones el informe es muy crítico con la labor de supervisión de los juzgados de vigilancia penitenciaria, de los que se constata que solo trabajan con la documentación disponible, sin entrevistar directamente al denunciante. Dado que el informe también reconoce las deficiencias de los sistemas de videovigilancia (en su apartado 54, el informe recoge el caso de una cámara con los cables cortados justo en una zona donde se habían producido unos supuestos maltratos), así como la poca fidelidad de los informes médicos, para el CPOT sin la entrevista personal al denunciante el juzgado se limita a levantar acta de lo remitido desde la dirección de la prisión.

El Comité destaca en este sentido el seguimiento que hizo de dos denuncias, una individual presentada por un preso del centro de Castellón II y una que agrupaba 23 denuncias de malos tratos desde 2018 en la prisión de Morón. En el primer caso, la delegación observa la existencia de “una supuesta connivencia del sistema penitenciario para encubrir cualquier maltrato por parte del personal” al tener en cuenta que el recluso había sido amenazado por un guardia de seguridad tras presentar de manera confidencial una denuncia por maltrato ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. La denuncia grupal no fue respondida con “ninguna investigación adecuada” por parte de la dirección del centro, que envió sus conclusiones al juzgado “con una caratula casi idéntica en la que se afirmaba que las denuncias no podían sostenerse con pruebas que demostraran su veracidad”. La delegación es tajante en su veredicto: “Como el procedimiento es todo por escrito, el juez de vigilancia se limita a dar el visto bueno a las conclusiones proporcionadas por la prisión”.

Según la propia contestación del Gobierno al CPT, entre el 1 de enero de 2017 y el 20 de junio de 2020 se produjeron 501 denuncias de malos tratos y abusos a presos por parte del personal penitenciario que habían dado lugar a la apertura de 62 expedientes por parte de las autoridades judiciales y a siete condenas. En el mismo periodo de tres años y medio solo se habían abierto 32 expedientes disciplinarios contra el personal por casos de presuntos malos tratos a los presos, con 21 expedientes aun en curso, cinco casos cerrados y seis casos que dieron lugar a una sanción disciplinaria.

Falta de enfoque de género

La delegación también recoge una característica del sistema penitenciario español: al haber solo dos prisiones dedicadas íntegramente a mujeres (la Generalitat gestiona una tercera), “la inmensa mayoría de las reclusas están recluidas en uno o dos módulos dentro de prisiones predominantemente masculinas sin un enfoque especifico de género hacia las mujeres”. Por ejemplo, “no se realiza un cribado sistemático de los abusos sexuales u otras formas de violencia de género infligidas antes del ingreso”.

Contención mecánica, una práctica “degradante”

La llamada contención o fijación mecánica, es decir, atar a una persona en posición horizontal hasta lograr reducirla o calmarla, es una de las prácticas más cuestionadas por el CPT. Especialmente tras la muerte del joven Ilhas Tahiri, en julio de 2019, que falleció por parada cardiorrespiratoria 13 minutos después de ser atado boca abajo en una cama del centro de menores Tierras de Oria de Almería. La delegación del Consejo de Europa recoge que la medida de fijación mecánica se había aplicado a los menores del centro en 92 ocasiones durante los primeros nueve meses de 2020 (es decir, hasta el 26 de septiembre de 2020), de las cuales 24 fueron de sujeción mecánica prolongada y 48 de sujeción reducida.

De hecho el CPT se felicita por la supuesta reducción de esta medida de contención en Andalucía, algo que Jorge del Cura descarta: “Los datos que hemos conseguido posteriormente a través de diputada del parlamento andaluz Maribel Moral muestra que desde 2019 han ido aumentando, no es verdad que hayan disminuido”, señala. La Junta de Andalucía difundió instrucciones en mayo de 2021 para que se redujera el uso de esta medida, pero no hay datos sobre el efecto de esta circular. En todo caso, el CPT defiende en último término la abolición de este método de contención por constituir “un trato inhumano y degradante”.