Derechos Humanos
La guerra en Ucrania y la violencia en las fronteras marcan un año de deterioro de los derechos humanos

Una guerra que ha dejado miles víctimas, una crisis económica que ha puesto en jaque la supervivencia de millones de personas en todo el mundo, el doble rasero de la comunidad internacional ante unos agresores u otros, ante unas personas refugiadas u otras. Todo esto queda reflejado en un recorrido por el globo en el que se da cuenta de unos derechos humanos en retroceso, detallando los desafíos concretos que se enfrentan en los distintos continentes y en los estados. Y dentro de esta panorámica, un recuento de las vulneraciones de derechos en España, donde destaca la acción del Estado en las fronteras.

El informe 2022/23 de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el Mundo, publicado hoy 28 de marzo, incorpora las consecuencias de un conflicto que ha marcado la política internacional. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, esta agresión desencadenó la destrucción del país pero también aceleró la crisis energética global. El encarecimiento de cereales y combustible se ha ensañado en los países más empobrecidos poniendo en entredicho la seguridad alimentaria de millones de personas.

La organización destaca que la condena mayoritaria a la invasión rusa, o la acogida a personas refugiadas procedentes de Ucrania, contrasta con el silencio ante las agresiones de otros Estados como Israel, Arabia Saudí o Egipto, amparados por sus alianzas internacionales. El documento recuerda otros conflictos armados silenciados que se han cobrado miles de vidas durante 2022, como es el caso de la guerra que asola Etiopía, donde los enfrentamientos se encarnizaron durante el año pasado, llevándose a cabo, fuera de los focos de información, una limpieza étnica contra la población tigriana.

Palestina registró su año más mortífero en una década con al menos 151 personas asesinadas por Israel, en Myanmar, el ataque contra la población karen y karenni, dejó miles de desplazados. Otros conflictos activos castigaron a las poblaciones de Haití, Venezuela, Malí o Yemen

Asimismo, Palestina registró su año más mortífero en una década con al menos 151 personas asesinadas por Israel, incluyendo numerosos niños y niñas. En Myanmar, el ataque contra la población karen y karenni, apunta el informe, dejó miles de desplazados y cientos de víctimas mortales. Mientras, otros conflictos activos castigaron a las poblaciones de Haití, Venezuela, Malí o Yemen. En este marco, fuerzas gubernamentales y grupos armados violaron el derecho internacional humanitario e incurrieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. También en República Democrática del Congo, o en la castigada región del Sahel, las ofensivas contra la población civil han sido una constante. La violencia sexual fue empleada de nuevo como arma de guerra, siendo República Centroafricana o Sudán del Sur, escenario de violaciones sistemáticas contra mujeres y niñas. Lo mismo sucedió en la guerra etíope o la ucraniana.

Pero no solo los conflictos armados afectaron a los derechos fundamentales de las personas. La violencia contra mujeres y personas LGTBI es extensa en situaciones que no son de conflicto, y se dan con mayor frecuencia en el ámbito familiar. Por otro lado la crisis climática trajo consigo todo tipo de catástrofes naturales que pusieron en riesgo el derecho a la vida por todo el planeta. Inundaciones y sequías, olas de calor e incendios desplazaron a millones de personas, o las despojaron de sus medios de vida.

Mientras, durante la COP27, celebrada en Egipto, no se atajó el elemento central en la escalada de la crisis climática: el uso de combustibles fósiles. Las principales empresas petroleras tuvieron un año óptimo, de hecho, ajenas a las consecuencias de su hegemonía en el medio ambiente, y la amenaza que representan para el futuro. La cumbre climática en Egipto, donde el régimen guarda un conocido registro de vulneraciones de los derechos humanos de disidentes y activistas, visibilizó una lacra que se perpetúa y agrava a lo largo y ancho del planeta: la represión contra la población civil movilizada.

El 2022 se ha caracterizado por las vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, Europa ha blindado sus fronteras ante las personas que huían de Siria o Afganistán. Mientras Estados Unidos, detenía, torturaba y expulsaba a miles de personas haitianas

El recorrido recala también en la política del apartheid profesada en Israel, que persistió en la expulsión de población palestina y la colonización del territorio ocupado a través de la expansión de los asentamientos. Mientras los gobiernos occidentales se mantienen silenciosos frente a la escalada violenta del gobierno israelí, se entregan a sus propias violencias contra las personas en movimiento: el 2022 se ha caracterizado por las vulneraciones a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, favoreciendo en un principio la acogida de quienes huían de Ucrania, mientras se blindaban las fronteras ante los supervivientes llegados a Europa de otras guerras como la afgana o la siria. Paralelamente, Estados Unidos detenía, torturaba y expulsaba a miles de personas haitianas en un claro ejercicio de racismo institucional, recuerda la organización. Los derechos indígenas fueron también pisoteados, en países de todos los continentes. Brasil, Canadá, Suecia, Tanzania y Vietnam, son los estados señalados en el informe, si bien no son los únicos cuya población originaria se vio perseguida y despojada de sus tierras. 

Otro ámbito de ofensiva para los derechos humanos ha sido el relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. 2022 será recordado, entre otras cosas, como el año en que el gobierno de Estados Unidos auspició la prohibición del aborto anulando una sentencia que amparaba a las mujeres para interrumpir voluntariamente sus embarazos, sin miedo a ser detenidas.  El panorama para las mujeres no ha sido fácil durante el año pasado. La vuelta de los talibanes y su batalla contra los derechos de los mujeres —que, entre otras cosas, ha dejado a miles de niñas sin acceso a la educación—  la presión por imponer el uso del velo en Irán, dan cuenta de una etapa de retroceso en la igualdad de género.

También ha sido un año duro para quienes han querido ejercer su derecho a la protesta. La represión se ha extendido por todo el globo y la libertad de prensa se ha visto comprometida en países como Rusia, Afganistán, Etiopía y Myanmar. A la represión de los manifestantes y la ofensiva contra la prensa se suman legislaciones que restringen libertad en pro de la seguridad. Es el caso de Reino Unido, Australia, India o Indonesia, donde se ha legislado para limitar la protesta pacífica. El uso de herramientas como Pegasus ha reforzado los embates represivos de los gobiernos.  Sin embargo, se recuerda en el documento de AI, todas estas vulneraciones de derechos humanos se han encontrado con resistencia por parte de la ciudadanía como se ha podido ver en Perú, Irán o Afganistán.

Los derechos sociales y económicos se han visto así mismo seriamente afectados por la crisis económica. En Afganistán —con un 97% de la población en la pobreza— Sri Lanka, Oriente Medio o el Norte de África, la población se enfrenta a una crisis alimentaria. La misma situación se señala en Haiti o Venezuela. Al mismo tiempo, poblaciones enteras se han visto desprovistas del derecho a la vivienda al ser sometidas a desalojos forzosos. En ese sentido,  comunidades indígenas en todos los continentes, tuvieron que hacer frente a la decisión de los gobiernos de acordar proyectos extractivos, agrícolas o de infraestructura en sus territorios sin haber obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados.

Zoom a la situación en España

Cuando AI se fija en el estado español, el primer evento a visibilizar, es el del pasado 24 de junio: “la respuesta violenta de las autoridades a los intentos de cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla se saldó con muertes, tortura y expulsiones ilegítimas”, apuntan. Pero también muestra su preocupación por el espionaje a personas relevantes de la política y cultura catalanas y el uso de Pegasus, con la vulneración del derecho a la privacidad que conlleva.  La pervivencia de la violencia machista supone para la organización otra rémora para el avance en derechos. El informe recoge los avances legislativos en materia de leyes feministas, saludando positivamente la introducción del libre consentimiento, o la ley trans, pero inquiriéndose por las posibles consecuencias de introducir penas en el ámbito del trabajo sexual.

Por otro lado, Amnistía Internacional pone de relieve el incumplimiento de derechos sociales y económicos:  “Las autoridades no protegieron adecuadamente los derechos a la salud y a la vivienda”, explica, señalando la insuficiencia de los fondos destinados a la atención primaria y en general la insuficiente financiación de la atención a la salud. Por otro lado señalan la falta de rendición de cuentas ante la muerte de miles de personas mayores en las residencias durante la pandemia del covid-19.

El uso de dispositivos de electrochoque por parte de la policía, la criminalización de la protesta, y los usos represivos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se listan entre las preocupaciones de Amnistía Internacional

La negación del derecho a la vivienda, la persistencia de los desahucios, la carestía energética que puso en aprietos económicos a gran parte de la ciudadanía, o la continua vulneración, en materia de acceso a la energía, de los derechos de las persona que viven en la Cañada Real, son algunos de los grandes items recogidos por el informe, así como las problemáticas relacionadas con el ejercicio de la fuerza. El uso de dispositivos de electrochoque por parte de la policía, la criminalización de la protesta y los usos represivos de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se listan entre las preocupaciones de la organización. Mientras, se da la bienvenida a la ley de Memoria Democrática, y se señalan como inadecuadas las medidas para abordar la crisis climática.

Pero es la violencia en las fronteras donde la veterana organización hace particular incidencia, retomando la investigación que hiciera a finales del año pasado sobre la masacre de Melilla, en la que reprodujo la secuencias de los hechos y detalló las vulneraciones de los derechos humanos que se dieron —y que resultaron en la muerte de al menos 37 personas, y en la expulsión de 470— a partir de entrevistas de testigos y supervivientes. AI denuncia la impunidad ante los hechos y la deshumanización de las personas migrantes que implica la falta de rendición de cuentas.

La deportación del activista argelino Mohamed Benhalima, a pesar de los riesgos que comportaba su devolución a su país, el pasado marzo de 2022, es otro de los puntos críticos que desarrolla el informe, que acusa una vez más del doble rasero por el que no se concedió asilo a personas como Benhalima, claramente perseguidos por el estado, mientras se concedieron todas las facilidades a quienes huían de la guerra ucraniana. El racismo institucional, señalan desde la organización, está también en el contraste entre la acogida de miles de personas blancas, y el uso de la fuerza cuando esas personas en busca de asilo o una salida son negras.

Ante este bosquejo poco optimista sobre el estado de los derechos humanos a nivel internacional y nacional, Agnès Callamard, Secretaria general de Amnistía Internacional, alerta en el prefacio del informe: “En 2023 se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de una guerra mundial. No esperemos a que el mundo arda de nuevo para vivir realmente de acuerdo con los principios y libertades que tantos millones de vidas costaron”.