Cuando volvamos a encontrarnos
“Si regularizas, en Huelva no queda ni un temporero”

Albacete y Lepe son dos de las ciudades que han acaparado los focos informativos en los últimos días por situaciones vinculadas a la población migrante que trabaja el campo. En ambos sitios, como sucede en muchas regiones del país, la realidad de las personas temporeras es acuciante ante las condiciones de habitabilidad extremas en que se ven obligadas a vivir. En esta nueva entrega de “Cuando volvamos a encontrarnos. Entrevistas confinadas” hablamos con Makan Diarra, integrante de la Asociación de Trabajadores Africanos en Lepe, y con Sekouba Keita, mediador intercultural en pisos de acogida de Hijas de la Caridad y vicepresidente de la Asociación de Malienses en Albacete.

Makan es del grupo de trabajadores temporeros que desde el incendio de tres chabolas —dos en Lepe y una en Lucena del Puerto— ocurrido a mediados de julio, se encuentra acampando cada noche frente al Ayuntamiento de esa ciudad de la provincia de Huelva reclamando soluciones institucionales para las cientos de personas que lo han perdido todo con el fuego. “Desde principios de 2020 en Lepe llevamos con el mismo problema, cada vez hay más incendios. Nosotros no pedimos dinero, ni un paquete de galletas, el tipo de ayuda que pedimos es un techo digno y que se haga una regularización, que nos traten como personas”, reclama Makan.

En tal sentido destaca que llevan 14 días frente al Ayuntamiento de Lepe y “nadie da la cara, ninguno da una solución”. La entrevista se llevó a cabo en la tarde del viernes, antes de que el sábado, militares de la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG 21) con sede en Sevilla, visitaran la localidad para ver dónde instalar un campamento de emergencia que dé respuesta sanitaria y habitacional a la emergencia creada tras los incendios.

La dificultad es que la falta de condiciones dignas de habitabilidad, la negativa a alquilar habitaciones o viviendas a población migrante y las situaciones de irregularidad derivadas de las leyes de extranjería, con el consecuente aumento de la explotación laboral, son problemas estructurales que requieren otro tipo de soluciones de parte de las administraciones.

Así lo ve Sekouba, que si bien destaca que el traslado de los migrantes desde el asentamiento mayor de la ciudad al recinto ferial ha traído un cierto “control de la situación”, el problema volverá cuando termine ese confinamiento. “El problema está ahora mismo en qué va a volver a pasar, si van a volver los asentamientos en un lugar inhumano”, explica.

“Resolver esta situación es cuestión de tener voluntad política. Es algo que cada año se podría prever, porque sabes que cada temporada viene gente que necesitas para trabajar el campo, pero no tiene donde dormir. Y es esa falta de voluntad institucional la que causa lo que ha causado. Llevamos años así, cada año se plantean cosas, pero no se hace nada”, denuncia.

La regularización, coinciden, sería un elemento fundamental para salir de esta situación de infraviviendas. Sin documentación muchas personas no alquilan y, además, se ven sometidas a condiciones de trabajo más propias de un sistema de explotación laboral, sin posibilidad de manifestar o denunciarlo. “Si regularizas a esta gente ahora mismo, mañana no va a haber nadie, aquí en Huelva no va a quedar ni una persona, ni un temporero. Si no nos quieren, no hay problema, con los papeles que nos permitan buscar una vida mejor, todo el mundo se larga. Pero si no tenemos documentos, ¿a dónde vamos a ir?”, pregunta Makan.

Para Sekouba, “no tener documentación en regla impide muchas cosas, es más fácil encontrar un trabajo digno y denunciar una situación de explotación. Si no tienes papeles tienes miedo, no puedes ir a la policía a denunciar si te explotan, no puedes hacer nada”, relata.

Es recordado cuando en 2013 la Unión de Campesinos de California, en Estados Unidos, pidió a Obama que flexibilizara las fronteras porque era necesaria la mano de obra irregular para cubrir las necesidades del campo. “Si no fuera por ellos, las familias ricas no tendrían frutas ni vegetales en sus mesas para comer”, denunciaba en aquel entonces el secretario general de la organización, Sergio Guzmán, y agregaba que “están más explotados que sus compañeros con permisos en regla porque tienen miedo a perder sus trabajos si ejercen sus derechos”.

Aquí o en Estados Unidos, las leyes de extranjería son funcionales al mercado y crean de forma determinante ese conglomerado de mano de obra irregular, como quedó demostrado en los momentos más álgidos de la pandemia, cuando en los campos de Europa, ante el cierre de fronteras, corrió serio riesgo la recogida de frutas y verduras.

La negativa del Gobierno a regularizar a miles de personas temporeras migrantes está propiciando que se reproduzcan prácticas de hacinamiento e insalubridad entre una población que tiene a la movilidad como una de sus características principales. Esta realidad, advertida desde el inicio de la pandemia por los movimientos sociales y por las propias personas migrantes, les pone ahora en el ojo de una atención mediática que parece inclinarse más por buscar un chivo expiatorio a los rebrotes de la pandemia que entender la complejidad de la situación migrante.