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El plan del Gobierno no convence al movimiento por la vivienda: “No cobramos, no pagamos y tampoco nos endeudamos”

La pugna por una salida social a la crisis del coronavirus —que ya acumula 750.000 despidos y 1,6 millones de personas que han visto reducidos sus salarios por los ERTE— ha vivido una nueva jornada con resultados agridulces.

Las medidas anunciadas en el Consejo de Ministros, filtradas un día antes por la prensa, no contentan a las principales organizaciones de defensa de los inquilinos y que luchan por el derecho a la vivienda, aunque algunas de ellas hablan de “avances” frente a los sectores más liberales del Ejecutivo, representados por los ministerios de Economía, Transportes y Hacienda, según denuncia Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya. 

200 colectivos llaman al impago masivo de alquileres si el Gobierno no toma medidas frente a la crisis social

Martín Cúneo

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200 colectivos llaman al impago masivo de alquileres si el Gobierno no toma medidas frente a la crisis social

Martín Cúneo

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Cientos de colectivos de todo el Estado español lanzan una batería de medidas para evitar que la crisis social y económica provocada por el coronavirus la terminen pagando, otra vez, “los de siempre”.

Las principales conquistas en materia de alquileres, según este activista y experto en vivienda, son la suspensión durante seis meses de los desahucios por impago de alquiler para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prórroga por el mismo período de los contratos, algo que se traduce en un congelamiento del precio de los alquileres durante medio año. 

Según el paquete de medidas anunciadas, las familias que vivan “en zonas de vulnerabilidad” y que no puedan pagar el alquiler se podrán acoger a préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con aval estatal, sin intereses y a devolver en un máximo de diez años. Las medidas también incluyen ayudas para aquellos hogares que no puedan devolver el dinero hasta un importe máximo de 900 euros al mes. La presión ejercida desde la vicepresidencia social de Pablo Iglesias consiguió incluir una distinción entre pequeños y grandes propietarios. Si un casero tiene más de diez propiedades —en el borrador filtrado un día antes se hablaba de ocho—, sus inquilinos pueden pedir automáticamente una moratoria de cuatro meses, algo a que los pequeños propietarios pueden negarse. Ante esta situación, el gran tenedor podrá ofrecer una quita del 50% durante cuatro meses o una moratoria del pago durante esos cuatro meses, unas rentas que tendrán que ser devueltas por los inquilinos en los siguientes tres años.

A pesar del pulso con los ministros de Unidas Podemos, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, “ha conseguido lo que quería: que los afectados por la crisis tengan que seguir pagando alquileres a precio de oro, a costa de endeudarse”, señala Palomera. Aunque la economía se derrumbe y los ingresos se desplomen, los sectores ortodoxos del Gobierno, continúa, “han impuesto su objetivo”.

Para Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la suspensión de los desahucios y la renovación de los alquileres durante seis meses eran “medidas más que necesarias”, que no estaban en la agenda del Gobierno y la presión social consiguió incluirlas. Jacinto define estas iniciativas como un “avance”, aunque asegura que deberían extenderse en el tiempo, teniendo en cuenta que “las consecuencias no las vamos a vivir solo en los próximos seis meses, sino que desgraciadamente se van a alargar mucho”.

Las medidas promueven que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden y dejan que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, dicen desde la PAH

Jacinto hace una “valoración crítica” del plan del Gobierno. Por un lado, “promueve que los inquilinos que no puedan pagar las rentas se endeuden” y, por otro, deja que sean los fondos buitre los que decidan “voluntariamente si eximen o no del pago a los inquilinos”, una forma de “anteponer nuevamente los intereses especulativos por delante de los derechos más básicos de la gente” y “proteger el negocio de los grandes tenedores”. 

Según la información que hay hasta ahora, dice Jacinto a El Salto, “son los fondos buitre los que pueden optar entre hacer una quita del 50% o hacer una reestructuración de la deuda”. Desde la PAH defienden una suspensión del 100% de la deuda y, en el caso de que esta quita sea del 50% —“que es mejor que nada”, sostiene la portavoz de la PAH—, “debe ser una exoneración obligatoria para los grandes tenedores, no que pueda elegir entre esa quita y una moratoria, que es lo que hoy se contempla en una reestructuración: no pagar ahora lo que se va a pagar más adelante”.

Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, Javier Gil también se muestra muy crítico con las medidas del Gobierno: “Una vez más, los fondos buitre y bancos no pagan nada en esta crisis, aunque son los que más ganan”. La solución que ofrece el Ejecutivo de Sánchez, dice, es endeudar a las familias más vulnerables, “justo lo contrario de lo que hay que hacer”. 

“En PAH Barcelona tenemos experiencia en créditos que no se pueden pagar, no cometamos el mismo error”, decían desde esta organización social en Twitter una vez filtrado el plan del Gobierno.

Los grandes propietarios vuelven a ser rescatados, el resto de la ciudadanía vuelve a endeudarse

Yago Álvarez Barba

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Los grandes propietarios vuelven a ser rescatados, el resto de la ciudadanía vuelve a endeudarse

Yago Álvarez Barba

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Las medidas tomadas para proteger a las y los inquilinos se basan en conceder préstamos a los más vulnerables y blindar que los rentistas sigan recibiendo los pagos.

La huelga de alquileres sigue

El argumento principal para desechar la suspensión de los alquileres —la propuesta de los sindicatos de inquilinos de todo el territorio y asumida en un borrador de ley de Unidas Podemos que no cuajó— es “que del otro lado hay pequeños propietarios”, según palabras de Calviño. Una afirmación no sustentada en datos, según Palomera. En Barcelona, detalla, “única ciudad donde existen datos un poco fiables”, 1.000 arrendadores controlan 75.000 viviendas, un tercio del mercado. “Gracias a las medidas de Calviño y Ábalos seguirán cobrando alquileres a precio de burbuja”, señala.

Entre las medidas presentadas en el Consejo de Ministros se incluye una separación entre pequeños propietarios —menos de diez diez inmuebles urbanos— y grandes tenedores. Los primeros cobrarán íntegramente la renta a menos que acepten voluntariamente una moratoria y los segundos podrán elegir entre una quita del 50% o una reestructuración de la deuda. 

“Una vez más, los fondos buitre y bancos no pagan nada en esta crisis, aunque son los que más ganan”. El plan del Gobierno, dice, es endeudar a las familias más vulnerables, “justo lo contrario de lo que hay que hacer”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid

Y en el caso de que los inquilinos no puedan devolver la deuda, señala este activista, será el Estado quien se haga cargo: “Da igual que entremos en una brutal crisis, da igual todo: los arrendadores tienen que seguir cobrando rentas inmobiliarias a precio de oro, todo a costa del erario público”. 

Otro sector afectado por esta crisis y que quedaría fuera de las medidas anunciadas hasta ahora por el Ejecutivo para hacer frente a los pagos del alquiler son las decenas de miles de personas que viven de la economía sumergida. El colectivo Lavapiés ¿Dónde Vas? lanzaba el 30 de marzo una campaña en redes sociales para mostrar cómo les está afectando la paralización de la economía. Este colectivo madrileño interpelaba al Gobierno de Sánchez: “Explicadnos cómo hace este vecino para solicitar créditos. Y cómo hace luego para pagarlos.

A ver @sanchezcastejon @PabloIglesias, explicadnos cómo hace este vecino para solicitar créditos. Y cómo hace luego para pagarlos.

La deuda no es una solución, hay que suspender alquileres. Por eso vamos a la #HuelgaAlquileres

👉 https://t.co/ZLaoYobK6r@sindmanterosM pic.twitter.com/to5H35WFuY

— Lavapies ¿dónde vas? (@lavapiesdondeva) March 30, 2020

Frente a esta situación, el portavoz del Sindicato de Llogateres i Llogaters de Catalunya señala que continuarán con la huelga de alquileres: “No cobramos: no pagamos. Y tampoco nos endeudamos”. Según cuenta Alejandra Jacinto a El Salto, en la PAH estatal se está debatiendo sumarse a la huelga de alquileres, algo que ya han hecho algunas PAH territoriales, como la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Para colaborar con la caja de resistencia de la huelga se pueden hacer aportaciones desde cinco euros en Goteo.org.