Coronavirus
Los grandes propietarios vuelven a ser rescatados, el resto de la ciudadanía vuelve a endeudarse

Tras unos días de tira y afloja entre las dos partes del Gobierno de coalición y las exigencias por parte de los sindicatos de inquilinas y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Consejo de Ministros celebrado el 31 de marzo ha hecho públicas las medidas para ayudar a las personas con dificultades para pagar sus alquileres.

Pero la propuesta deja frío a cualquiera que conozca o padezca los problemas por los que pasan las familias que ya sufrían la asfixia de los precios del alquiler, las personas desempleadas, las que se enfrentan a la incertidumbre de un ERTE o las que sienten cómo sus deudas (algunas arrastradas de la anterior crisis, en la que las personas no fueron rescatadas) les imposibilitan tener una vida digna. Para todas esas personas, las medidas anunciadas no son más que una patada hacia delante, apretar un poco más la soga de la deuda con la intención de que en el futuro la “recuperación económica” las ayude a salvarse solas.

¿De verdad cree un gobierno que ofrecer préstamos a esas familias va a solucionar la sangría que puede suponer el parón económico que está sufriendo el país?

Las familias arrastran todavía una deuda equivalente al 58,9% del PIB a finales de 2018, y el 74% de la misma ha sido contraída para dedicarla a vivienda. Las familias, según la OCDE, gastan en torno el 40% de sus ingresos totales en pagarse un techo donde vivir. En 2019 hubo 36.437 desahucios por impago de alquiler en todo el Estado español. ¿De verdad cree un gobierno que ofrecer préstamos a esas familias va a solucionar la sangría que puede suponer el parón económico que está sufriendo el país?

Si hemos llegado a esta debilidad económica mundial es, entre otros motivos, por la continua financiarización de la economía, por tener un sistema económico sustentado mediante el crecimiento de la deuda (la deuda global es ya tres veces el PIB mundial y crece más que la economía), y parece que la única forma que tienen de solventar los problemas de la ciudadanía (y aquí no hablo solo de los alquileres) es financiarizar más nuestra vida cotidiana y endeudarnos más. No tiene sentido, más allá de la patada hacia delante al problema y de volver a salvar al sector inmobiliario.

Salvar a los rentistas y fondos

Los que sí deben estar muy contentos son los rentistas, los dueños de todas esas propiedades: “Si mi inquilino no es de un colectivo vulnerable, que pague. Si no puede pagar, pues que se endeude con un préstamo ICO al Estado y que pague. Si es un autónomo que ha visto cómo su negocio se hunde, pues que se endeude y pague. Si los inquilinos no pueden hacer frente a esos préstamos, pues que se apañe el Estado, que para eso es su avalista. Si todo eso falla y no cobro, pues que el Estado saque las ‘ayudas directas’ y me pague”.

Y no, no hablo solo de los fondos buitre. Las medidas anunciadas consideran que un “gran tenedor” es aquel que tiene un mínimo de ocho propiedades. Si tienes siete propiedades alquiladas no eres un gran propietario, según el Gobierno. Si tienes siete propiedades tú, otras tantas tu pareja y otras tantas una sociedad de la que eres socio, pues tampoco eres un gran tenedor. En cambio las medidas para obtener un préstamo o una ayuda son draconianas para algunos casos que no son considerados como “colectivos vulnerables”. Es absurdo que con la cantidad de información que tiene el Estado de nosotros no se puedan elaborar mejores medidas y herramientas para decidir quién y cómo debe recibir una ayuda, o quién debe condonar deudas a sus inquilinos. 

El Estado tiene suficiente información de caseros e inquilinos para elaborar un sistema de ayudas, moratorias o condonaciones del alquiler de una manera progresiva

Cuando yo escribo el DNI de mi casero en la declaración de la renta, Hacienda se lo imputa como ingreso, como una renta por la que tendrá que pagar impuestos. A mí me lo imputan como un gasto y así, junto al resto de datos que conocen sobre mis ingresos, saben perfectamente mi nivel de renta y tienen una buena idea de mi estatus económico. La Agencia Tributaria, el Estado, puede elaborar perfectamente un sistema de ayudas, moratorias o condonaciones de los pagos de alquiler de una manera progresiva. El Estado puede conocer perfectamente quién alquila una sola casa pero sigue pagando una hipoteca por ella, quién tiene siete propiedades a su nombre y otras 15 a nombre de una sociedad o quién ha acumulado el suficiente dinero como rentista o especulador en los últimos años como para poder “arrimar el hombro” y no cobrar unos meses de renta a sus inquilinos.

Es ridículo que el Estado quiera utilizar tecnología de geolocalización y big data para saber dónde estamos en todo momento durante la cuarentena, pero vea imposible cruzar los datos de arrendatarios y arrendadores para estudiar cada caso o para poner unas limitaciones más acordes a la realidad, al sufrimiento de mucha gente y al enriquecimiento especulativo de tantos otros.

200 colectivos llaman al impago masivo de alquileres si el Gobierno no toma medidas frente a la crisis social

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Cientos de colectivos de todo el Estado español lanzan una batería de medidas para evitar que la crisis social y económica provocada por el coronavirus la terminen pagando, otra vez, “los de siempre”.

Víctimas coyunturales y perjudicados estructurales

El Ministerio de Transporte ha cifrado en 700 millones las ayudas a “víctimas coyunturales y perjudicados estructurales” de esta “crisis del coronavirus”. Como si la coyuntura de una burbuja de los alquileres o la estructura social resultante de una década de austericidio fueran cosa del virus. 

El resultado de aquella crisis, de las medidas de austeridad y recortes tomados por España y Europa para salir de ella, las políticas públicas que abrieron las puertas a la especulación con los alquileres, la connivencia de gobiernos corruptos, la SAREB y los fondos buitre han sido los causantes de una burbuja en los precios especulativa y unos procesos de gentrificación que, como llevan años criticando desde el Sindicato de Inquilinas, nos ha llevado a una alarma social y a la situación límite de miles de familias. ¿De verdad alguien cree que dar préstamos a esas familias va a solucionar algo?

Se modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos, se creó la figura de las socimi para que los fondos y bancos no pagaran el Impuesto de Sociedades con el negocio de los alquileres, se les abrió la puerta a los buitres incluso vendiéndoles viviendas de protección oficial. La burbuja se hinchó políticamente y a las espaldas de las familias desahuciadas, de asfixiar a las y los inquilinos en favor de la especulación del mercado, y ahora quieren solucionarlo dándonos préstamos.

El Gobierno se endeuda, ofrece a las personas vulnerables que se endeuden, y los bancos y mercados otra vez se irán de rositas

¿Y quién pagará esos 700 millones de euros de ayudas directas? Pues se sumarán a la enorme hipoteca de deuda pública que les estamos dejando a las futuras generaciones. Si vuelven a ganar el eje alemán y los viciosos del déficit en las decisiones de la Unión Europea para afrontar esta crisis, lo pagaremos con nuevos recortes en los próximos años.

Se socializa el apoyo a los vulnerables, pero se blinda el beneficio de los rentistas. El Gobierno se endeuda, ofrece a las personas vulnerables que se endeuden, y los bancos y mercados otra vez se irán de rositas y con una enorme cartera de préstamos concedidos a familias, bonos de deuda pública y viviendas con inquilinos que no dejarán de pagar ni una sola letra a costa de endeudarse. Los rentistas vuelven a ser rescatados, la ciudadanía vuelve a endeudarse.

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El Gobierno suspende los desahucios y congela el precio de los alquileres durante seis meses. La apuesta por endeudar a las familias más vulnerables que no puedan pagar la renta y dejar intactos los ingresos de los propietarios en un contexto de precios inflados lleva a los sindicatos de inquilinos a mantener la huelga de alquileres a partir del 1 de abril.

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En medio del pánico bursátil provocado por el coronavirus, varios fondos usaron las llamadas “posiciones en corto” para realizar ataques especulativos contra empresas europeas.