Chile
A cinco años del estallido social en Chile: ¿transformación o desencanto?

El 18 de octubre de 2019, Chile vivió uno de los eventos más trascendentales de su historia reciente: el estallido social, una movilización masiva que puso en evidencia profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que habían estado latentes durante décadas. Lo que comenzó como una protesta por el alza en la tarifa del transporte público rápidamente se transformó en un movimiento nacional que cuestionaba el modelo económico y la estructura institucional del país, ambos heredados en gran parte de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Lo que me impulsó a salir a las calles en 2019 fue la rabia acumulada por vivir en un sistema que no nos escucha. Desde la educación hasta la salud, todo está privatizado”, relata Camila, que pidió no publicar su nombre completo, a El Salto.

Las manifestaciones, que incluyeron marchas multitudinarias, cacerolazos y tomas de espacios públicos, reflejaron un agotamiento generalizado con el sistema neoliberal chileno

Durante semanas, millones de personas -en su mayoría jóvenes- salieron a las calles para expresar su descontento. Las manifestaciones, que incluyeron marchas multitudinarias, cacerolazos y tomas de espacios públicos, reflejaron un agotamiento generalizado con el sistema neoliberal chileno. Según datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en diciembre de 2019, un 55% de los chilenos respaldaba las manifestaciones, lo que evidenciaba el amplio apoyo social que tenía el movimiento.

Entre las demandas más urgentes se encontraban la reforma al sistema de pensiones, la mejora del acceso y calidad de la educación y la salud, así como la redacción de una nueva Constitución que dejara atrás el legado institucional de la dictadura. En respuesta a la presión ciudadana, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a tomar medidas, entre ellas, el acuerdo para iniciar un proceso constituyente.

El proceso constituyente iniciado en 2020 representó una de las mayores esperanzas del estallido, con el objetivo de reemplazar la Constitución de 1980, vista por muchos como una pieza clave para perpetuar las desigualdades. En octubre de 2020, el 78% de los votantes aprobó en un plebiscito la creación de una nueva Carta Magna.

Sin embargo, el camino hacia la transformación no fue sencillo. A lo largo de los cinco años desde el estallido, Chile experimentó una serie de reveses y desencantos. El rechazo a dos propuestas de nueva Constitución -la primera en septiembre de 2022, con un 62% de los votos en contra, y la segunda en diciembre de 2023- generó una sensación de frustración en la ciudadanía, que ve cómo los cambios prometidos no terminan de concretarse.

El Salto estrena el documental ‘Rescatistas de la dignidad’, rodado por Javier Corcuera en las protestas en Chile

Redacción El Salto

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El Salto estrena Rescatistas de la dignidad, un documental dirigido por Javier Corcuera y rodado en las calles de Santiago de Chile acompañando las protestas de los últimos meses, con especial atención a las llamadas brigadas de primeros auxilios, que asisten a los manifestantes heridos y representan una suerte de fuerza de los cuidados del conjunto de la sociedad chilena.

Jorge Saavedra, académico de la Universidad Diego Portales y doctor en comunicación política de la Universidad de Londres, en diálogo con El Salto, realiza una evaluación general sobre los cambios que este proceso desencadenó en el ámbito político y social. Según Saavedra, a pesar del impacto inicial, los cambios son, en su mayoría, inciertos. “Yo creo que no hay nada consolidado en términos de cambio o no cambio, respecto a lo que ocurre en el estallido”, afirma. 

En su análisis, Chile es un país con una estructura institucional tan robusta que una revuelta social no logró generar grandes avances en áreas clave como pensiones, salud, educación y el reconocimiento de los pueblos originarios, que fueron algunas de las principales demandas del movimiento. “En ese sentido, lo que cambió en términos concretos es muy poco”, señala, agregando que lo que se profundizó es la sensación de que los cambios deben ser institucionales, aunque “son lentos y cuestan mucho”.

18O, cuando comenzó el estallido

El estallido social en Chile no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de tensiones acumuladas en torno a un modelo económico que, si bien había generado crecimiento, profundizó las desigualdades. “En ese momento, sentí que no había otra opción que protestar. Era una lucha no solo por mis derechos, sino también por los de todos los que estaban siendo ignorados por el sistema”, cuenta Camila.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2019, Chile era uno de los países más desiguales de la región. Además, según el informe World Inequality Report de 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país.

Entre los factores que alimentaron el descontento social se encontraban el sistema de pensiones, que deja a muchos jubilados con pensiones muy por debajo del salario mínimo

“Desde el retorno a la democracia -en 1990- todos los años hubo una cantidad de protestas enorme. Hay ciertos momentos, como en 2006 con la movilización estudiantil secundaria, el 2011 movilización estudiantil universitaria. Finalmente, en 2019 se destapa esta olla a presión donde se reúnen muchas causas”, señala Saavedra.

Entre los factores que alimentaron el descontento social se encontraban el sistema de pensiones, basado en cuentas individuales y gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que deja a muchos jubilados con pensiones muy por debajo del salario mínimo, y la privatización de servicios básicos como el agua, la salud y la educación. En particular, el alto costo de la educación superior fue una de las principales quejas, dado que gran parte de los estudiantes debían endeudarse para poder acceder a la universidad.

Los Chicago Boys y el origen del neoliberalismo en Chile

Jaime Bordel Gil

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La revuelta chilena, que estalló por el aumento del precio del billete de metro, ha puesto en jaque el sentido común neoliberal heredado tras décadas de aplicación ortodoxa del plan de los chicos de Chicago. 

“Fuimos las víctimas indirectas de la dictadura, no sufrimos la represión y persecución como tal, pero sí las consecuencias posteriores”, señala a este medio Tomás, un jóven chileno que participó en las manifestaciones durante el estallido social.

La chispa que encendió la movilización fue el aumento de 30 pesos chilenos (lo que representan unos 0.030 Euros) en la tarifa del Metro de Santiago, lo que, a primera vista, parecía un motivo menor para una protesta de tal magnitud. Sin embargo, este incremento fue percibido como el símbolo de un sistema económico y político que favorecía a las élites a expensas de la mayoría. 

Las primeras manifestaciones, lideradas por estudiantes secundarios que evadían el pago del metro en señal de protesta, rápidamente escalaron en intensidad y cobertura. A los estudiantes se les unieron otros grupos sociales, trabajadores y ciudadanos comunes que veían reflejadas en esa lucha sus propias frustraciones.

A comienzos de octubre de 2019, se anunció en Santiago un aumento en el boleto del subte que pasaba, en hora pico, de 800 a 830 (un poco más de un dólar). Los y las estudiantes empezaron a llamar a no pagar el boleto. Lo denominaron “evasión masiva”. En este video se puede ver pic.twitter.com/af3dICAIU9

— Leticia Martínez (@aletimartinez) October 18, 2020

“Siento que mi generación fue la que más sufrió las consecuencias de un sistema que nunca fue pensado para nosotros, y el estallido fue la oportunidad de alzar la voz y exigir dignidad para todos”, reflexiona Carla, quién en 2019 era estudiante secundaria y participó de las protestas en Santiago de Chile.

Los jóvenes jugaron un papel crucial en la organización y expansión del movimiento. Fueron ellos quienes inicialmente convocaron a las protestas y quienes lograron movilizar a millones de personas en todo el país. A través de redes sociales, los jóvenes coordinaron acciones, organizaron manifestaciones y documentaron la represión policial. 

La represión policial dejó más de 30 muertos durante las protestas y alrededor de 400 víctimas con mutilación en el rostro y traumas oculares

Un informe de Naciones Unidas reveló que hubo “razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos“. Y agrega: ”Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias". La represión policial dejó más de 30 muertos durante las protestas y alrededor de 400 víctimas con mutilación en el rostro y traumas oculares.

Uno de los lemas más repetidos durante las manifestaciones fue “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia a las tres décadas que habían pasado desde el retorno de la democracia, en las cuales muchas de las promesas de justicia social y equidad habían quedado incumplidas. Este lema resumía el sentir de una generación que, a pesar de haber nacido después de la dictadura, sentía que las estructuras heredadas de ese periodo seguían limitando sus oportunidades y derechos. 

Chile en guerra contra los derechos humanos

Julio Zamarrón

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Atropellar a manifestantes entre tanquetas, apuntar directamente a los ojos, usar fuego real contra quienes están en las calles, incluidos los periodistas que documentan la represión. Los carabineros, policía militarizada que enfrenta las protestas en Chile, parecen no tener límites.  

En una encuesta realizada por el CEP en 2019, el 80% de los jóvenes de entre 18 y 29 años afirmó que las manifestaciones eran una expresión legítima del descontento social, lo que demuestra la importancia de este grupo en la movilización. “Las manifestaciones de 2019 fueron una oportunidad para gritar que ya no aguantábamos más, que era hora de cambiar un sistema que nos estaba matando”, cuenta Gustavo a El Salto.

El estallido también evidenció una desconexión entre la clase política y las demandas de la ciudadanía. A pesar de la magnitud de las protestas, muchos sectores políticos tardaron en comprender la profundidad del malestar. Sin embargo, la presión en las calles fue tal que, en noviembre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y la mayoría de los partidos políticos firmaron un “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, lo que abrió las puertas a un proceso constituyente.

Los logros y fracasos de dos procesos constituyentes

Uno de los hitos más importantes que emergió del estallido social de 2019 fue la apertura de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución que reemplazara la impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este proceso representó la esperanza de un cambio estructural profundo para Chile. 

El primer gran paso hacia la redacción de una nueva Constitución se dio en octubre de 2020, cuando el 78% de los chilenos votó a favor de iniciar el proceso constituyente en un plebiscito histórico. Este fue un momento clave, ya que reflejaba un amplio consenso sobre la necesidad de cambiar la Carta Magna, vista por muchos como un obstáculo para resolver las desigualdades del país. La Constitución de 1980, aunque reformada en varias ocasiones, mantenía aspectos que limitaban la participación ciudadana y concentraban el poder en manos de las élites económicas.

En mayo de 2021, se celebraron elecciones para elegir a los 155 miembros de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Carta Magna. Este organismo fue un reflejo de la diversidad social y política de Chile, con una fuerte presencia de independientes y representantes de movimientos sociales, además de ser paritaria en términos de género. 

Sin embargo, desde el inicio, el trabajo de la Convención estuvo rodeado de tensiones y críticas, tanto por parte de sectores conservadores como de algunos grupos que consideraban que el proceso no estaba avanzando con la rapidez o profundidad esperada.

El 4 de septiembre de 2022, la primera propuesta de Constitución fue sometida a un plebiscito para su aprobación. La propuesta contenía importantes cambios estructurales, como la creación de un Estado plurinacional que reconocía los derechos de los pueblos originarios, la consagración de derechos sociales en áreas como salud, educación y vivienda, y el fortalecimiento del rol del Estado en la economía. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el 62% de los votantes, en un giro inesperado que reflejó una creciente polarización en la sociedad chilena.

Uno de los factores que, según Saavedra, contribuyó a este resultado fue la cobertura mediática. En su opinión, la concentración de medios en Chile y su enfoque en el proceso constituyente no contribuyeron a una discusión adecuada

Saavedra subraya que el fracaso no reside en el deseo de los chilenos de tener una nueva Carta Magna, sino en la forma en que se gestionó dicho proceso. “El fracaso de la Constitución no es el fracaso de las ganas de tener una nueva Constitución, sino que yo diría de manera muy clara es el proceso que lleva eso”, explica el académico. 

Uno de los factores que, según Saavedra, contribuyó a este resultado fue la cobertura mediática. En su opinión, la concentración de medios en Chile y su enfoque en el proceso constituyente no contribuyeron a una discusión adecuada. “No necesariamente por razones ideológicas, sino también de formato de cobertura”, aclara. 

Saavedra también critica la rapidez con la que se desarrolló la campaña para socializar el borrador de la Constitución, lo que dificultó que la población comprendiera en profundidad los cambios propuestos

Además, el experto destaca el papel de las fake news, que alimentaron el miedo entre la población sobre temas como la posibilidad de que la nueva Constitución eliminara los fondos de pensiones privados o expropiara segundas viviendas. Saavedra también critica la rapidez con la que se desarrolló la campaña para socializar el borrador de la Constitución, lo que dificultó que la población comprendiera en profundidad los cambios propuestos. “Un mes para socializar un texto largo, denso, pesado... lo que hizo fue que las personas se quedaran con ciertas percepciones muy básicas”, señala, lo que, sumado a la desinformación, selló el destino de la propuesta constitucional incluso antes de que comenzara la campaña oficial.

A pesar de este revés, el proceso constituyente continuó. En 2023, se lanzó un segundo intento para redactar una nueva Constitución, pero esta vez el panorama cambió significativamente, ya que la elección de los redactores resultó en una victoria para miembros de partidos de derecha y sectores conservadores.

Dos millones de mujeres en las calles y un proceso constituyente en curso marcan el 8 de marzo en Chile

Rocío Venegas Alcaíno

8 de marzo

Dos millones de mujeres en las calles y un proceso constituyente en curso marcan el 8 de marzo en Chile

Rocío Venegas Alcaíno

El 8 de marzo en Chile fue una muestra de la fuerza transformadora que desde antes de la revuelta ya mostraban las feministas chilenas.

Sin embargo, esta segunda propuesta también fue rechazada. De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de octubre de 2024, sólo el 23% de los chilenos apoya actualmente las movilizaciones que impulsaron el proceso constituyente, una caída significativa respecto al 55% registrado en 2019.

El fracaso de las dos propuestas constitucionales llevó a una sensación de estancamiento en el proceso de cambio estructural que el estallido social parecía haber iniciado. Aunque la apertura del debate constitucional fue vista como una victoria para los movimientos sociales, el hecho de que ninguna de las propuestas haya sido aprobada alimentó el escepticismo y la frustración en amplios sectores de la población. En este sentido, el CEP también indica que el 50% de los chilenos considera que el estallido social fue “muy malo o malo” para el país, lo que sugiere un cambio de percepción sobre el impacto del movimiento.

La presidencia de Gabriel Boric, quien asumió el cargo en marzo de 2022 con una plataforma basada en las promesas del estallido social, está marcada por la dificultad de cumplir con las expectativas generadas. Aunque Boric está impulsando reformas sociales, como el aumento del salario mínimo y mejoras en el sistema de pensiones, su gobierno enfrenta obstáculos significativos, tanto en el Congreso como en la opinión pública.

“Hoy día la sociedad chilena es una sociedad que no protesta”, afirma, sugiriendo que el estallido agotó gran parte de la energía movilizadora sin obtener resultados tangibles

Para Saavedra, esto se debe a que, a pesar de la magnitud y diversidad del movimiento social, las personas perciben que no se lograron resultados concretos. “Si no se consigue nada concreto, las personas de alguna manera dicen: 'Mira, no tiene mucho sentido protestar así'”, explica. 

Este desencanto llevó a una disminución en las manifestaciones y un cambio en la cultura de protesta. “Hoy día la sociedad chilena es una sociedad que no protesta”, afirma, sugiriendo que el estallido agotó gran parte de la energía movilizadora sin obtener resultados tangibles. Además, menciona que la presencia de un gobierno de izquierda, con raíces en la movilización estudiantil, también ha contribuido a la disminución de las protestas, ya sea por una mayor sensibilidad del gobierno hacia estos temas o por la percepción de que aún no se han alcanzado las metas propuestas.

El futuro de Chile: ¿un nuevo ciclo de reformas o la consolidación del desencanto?

El panorama político y social que enfrenta Chile en 2024 es complejo y plantea interrogantes sobre el futuro del país. A cinco años del estallido social que exigió un cambio profundo en el modelo político y económico, el camino hacia las reformas estructurales sigue sin materializarse de manera significativa, mientras que la desconfianza en las instituciones continúa creciendo. “Seguimos teniendo el mismo sistema educativo, el mismo sistema de salud, el mismo sistema provisional”, señala Tomás.

El futuro de las reformas en Chile también está vinculado a la capacidad del gobierno de Gabriel Boric para sortear los desafíos políticos y económicos. Elegido en 2022 con una plataforma de cambios progresistas en áreas como la salud, las pensiones y la educación, Boric enfrenta dificultades para avanzar con su agenda reformista. Las divisiones internas dentro de su coalición y la falta de apoyo en el Congreso bloquearon varias de sus propuestas. Sin embargo, el presidente intenta mantener el discurso del cambio, aunque tiene que moderar algunas de sus expectativas iniciales. 

“A cinco años del estallido, siento que poco ha cambiado en lo estructural. Los gobiernos prometieron mucho, pero al final seguimos con los mismos problemas”, comenta con frustración Camila.

En cuanto al legado del estallido, Saavedra sostiene que, aunque se intentó demonizar el movimiento, este dejó importantes lecciones sobre las desigualdades estructurales del país. “Hoy día, como que este quinto aniversario del estallido se observa desde una mirada muy condescendiente con el estatus quo”, comenta. Sin embargo, insiste en que el estallido puso de manifiesto las profundas desigualdades que aún persisten en Chile y que estas seguirán siendo un motor para futuras reformas. 

Saavedra cree que la falta de respuesta efectiva a estas demandas sociales puede llevar a nuevas movilizaciones en el futuro. Aunque el proceso de reforma constitucional fracasó dos veces, tanto con una propuesta de izquierda como con una de derecha, el académico considera que las demandas del estallido siguen vigentes. “Algunas personas plantean que esto puede volver a suceder. Finalmente, Chile es un país que no ha resuelto esta materia”, concluye, subrayando que, mientras no se aborden estas desigualdades, las tensiones sociales seguirán latentes.