A sangre y fuego: la expansión de la palma aceitera en América Latina

En América Latina, la producción de aceite de palma ha experimentado un acelerado auge que desplaza a los campesinos y rompe lazos comunitarios

aceite de palma
Campesinas en una plantación de aceite de palma en Colombia. Jheisson A. López

cofundadora del proyecto Carro de Combate.


publicado
2017-09-22 06:00:00

Cuentan en las veredas –las pedanías rurales– de María la Baja que, hasta hace apenas veinte años, esta era una tierra de abundancia. Este municipio de los Montes de María, una región colombiana cercana a la célebre Cartagena de Indias, era famoso por su tierra fértil, que permitía que el monocultivo de arroz conviviese con las economías campesinas, cuyos productos de pancoger –como llaman en Colombia a la producción de alimentos para el consumo– se exportaban a Cartagena, Barranquilla e incluso Medellín.

Todo cambió al borde del cambio de siglo. Entre 1998 y 2003, todo el país sufrió la sacudida del terror paramilitar, que protagonizó escalofriantes masacres y obligó a millones de personas a abandonar sus casas y sus tierras. Sólo en los Montes de María, alrededor de 250.000 personas huyeron. Muchas volvieron al cabo de unos años y encontraron sus tierras irreconocibles: donde ellos plantaban maíz, yuca o plátano, ya sólo había palma de aceite. Así sucedió en el Chocó y Nariño, en la costa pacífica, y también en María la Baja. Y así fue cómo la palma pasó de ocupar 150.000 hectáreas en 1998 a superar las 350.000 hectáreas en 2008. Hoy, con alrededor de medio millón de hectáreas, se ha convertido en el cuarto productor del mundo y primero de América Latina del ambicionado aceite de palma.

Desde entonces, la abundancia se tornó escasez. “En estas comunidades de campesinos y pescadores, había la lógica del trueque, salían todos los días a las grandes ciudades cinco camiones cargados de ñame, yuca, maíz, plátano. No teníamos tecnología, pero sí tranquilidad, bienestar, en el sentido de que vivíamos bien”, narra Natalia, una campesina afrodescendiente de María la Baja. Su nombre, como el del resto de campesinos entrevistados para este reportaje, es ficticio: si bien la violencia paramilitar amainó tras la supuesta desmovilización de los paramilitares que promovió en 2006 el entonces presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, las amenazas persisten contra aquellos que se atreven a defender sus territorios y formas de vida.

“La palma fue una maldición para nosotros: la plantaron para tener acceso al territorio. Llegó manchada de sangre, y todas esas vivencias son imborrables, aunque pasen mil años, no se puede olvidar”, prosigue Natalia. Lo cierto es que la brutal arremetida de los paramilitares precedió a la compra de tierras de las empresas palmeras, que aprovecharon un marco legal a su medida para expandirse a costa de las comunidades campesinas. En el caso del Chocó, en la costa pacífica, la justicia evidenció la conexión entre los paramilitares y la empresa Urapalma; en Montes de María, esa relación no se ha podido demostrar jurídicamente, pero llama la atención que los empresarios palmeros llegaran exactamente en el momento en que miles de campesinos huían aterrorizados.

Un marco legal a la medida de las empresas

Fue Carlos Murgas, ingeniero agrónomo y ministro de Agricultura con Andrés Pastrana (presidente entre 1998 y2002) quien diseñó un marco normativo a la medida de la industria palmera. Murgas es hoy el 'zar de la palma' en María la Baja, donde no posee tierras pero controla la producción a través de 'alianzas productivas' en las que los pequeños campesinos se endeudan y se comprometen a vender la palma a Oleoflores, la empresa de Murgas, por los 25 años que da fruto la planta.

“El papel del Estado es clave. Otorga subsidios y aporta incentivos, y creó un mercado del agrodiésel a la medida de esta industria”, sostiene la investigadora Victoria Marin-Burgos, autora de la tesis doctoral Acceso, poder y justicia en las fronteras de los commodities. El modelo de las alianzas productivas, que Murgas conoció en Malasia, tenía la ventaja de que los campesinos conservan sus tierras, y se presentó como oportunidad para el desarrollo local, alternativa a los cultivos ilícitos y pieza central de esa "locomotora minero-energética" llamada a ser el motor del modelo de desarrollo en Colombia, según su presidente, Juan Manuel Santos.

Sin embargo, ese modelo tenía trampa: “Los campesinos deben tomar un crédito, les proveen las semillas, insumos, capacitación, todo; pero eso se lo descuentan de lo que deberían pagarles por la palma. A veces, el cheque llega en cero, y entonces te dan otro crédito: así amarran a la gente. El riesgo, al final, es perder la tierra”, afirma Pedro, un líder comunitario en María la Baja. Además, si una plaga acaba con las cosechas, como sucedió en Nariño cuando arrasó la PC (pudrición del cogollo), quien sale perdiendo es el agricultor.

“A las grandes empresas no les interesa la propiedad, sino el uso del suelo: se trata de extraer la mayor cantidad de nutrientes en el menor tiempo posible. Es la nueva configuración del capital”, explica el economista ecuatoriano Alberto Acosta. Así, Wilmar, la empresa que controla el 45% del negocio palmero en el mundo, sólo produce por si misma el 5%. Es la misma estrategia que ha llevado a las empresas del textil –como Inditex– a comprar a proveedores en lugar de producir la ropa; y lo mismo cabe decir de Nike o Apple.

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Palma recolectada en un campo de Colombia. Jheisson A. López

Ecocidio en Guatemala

El caso de Colombia es extremo por el grado de terror que acompañó a la entrada de la palma en los territorios; sin embargo, en otros países de América del Sur y Centroamérica, fundamentalmente en Ecuador, Brasil, Honduras y Guatemala, la palma se expande despojando a los campesinos y provocando agudos impactos socioambientales.

En el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, toda la tierra está ocupada por la palma, salvo una comunidad que resiste, como aquella irreductible aldea gala de Asterix, a la invasión palmera. Se llama Manos Unidas –y no, no tiene nada que ver con la ONG homónima– y se ha convertido en la última frontera de la resistencia al monocultivo, porque, cuentan sus habitantes, allí las tierras todavía gozan de propiedad colectiva. Son hoy las únicas tierras donde todavía es posible cultivar maíz y fríjol.

La tenencia colectiva de la tierra complicó el éxito de las estrategias de las empresas palmeras, que en las comunidades vecinas forzaron a los campesinos a vender, según múltiples testimonios, con amenazas veladas y oscuros argumentos: "La mayoría fueron engañados. Decían que iban a hacer una represa y que desaparecerían varias comunidades, así que malvendieron sus tierras. Les prometieron trabajo de por vida en la palma y dinero en efectivo para hacerse una buena casa. La propia comunidad se dio cuenta después de que todo eran mentiras”, afirma Juan, uno de los líderes comunitarios de Manos Unidas.

En diferentes comunidades y aldeas de Sayaxché, los relatos de los impactos de la palma son muy similares a los de los campesinos de María la Baja: aumento de plagas, cambio climático –más calor y menos lluvia–, pésimas condiciones laborales en las plantaciones y, sobre todo, una crisis hídrica que, causada por los agrotóxicos que se aplican a la palma, ha dejado a muchas comunidades en la más absoluta desesperación. Sus pozos artesanales se han secado y, en la estación seca, muchos deben recurrir a recoger agua del río, aunque bien saben que está contaminada. Y ahí es cuando llegan las enfermedades estomacales y dermatológicas, las insuficiencias renales y las infecciones vaginales.

Nada de lo que sucede hoy en Guatemala puede entenderse sin conocer su historia reciente. Es uno de los países del mundo más atravesados por la violencia y la desigualdad: el índice Gini –el indicador de la desigualdad en el que 1 implica la máxima desigualdad y 0 la máxima igualdad– es del 0,52, el noveno más alto del mundo, mientras que el índice Gini de la tenencia de la tierra es de 0,84, el segundo más alto de América Latina.
“En Guatemala, la profundidad del racismo y el patriarcado han configurado una sociedad dañada y enferma, conflictiva, que difícilmente se reconcilia con su identidad indígena”, sostiene Ana Cofiño, una de las coordinadoras del periódico feminista La Cuerda. Tras 36 años de guerra interna, en 1996 llegaron los ansiados acuerdos de paz, pero no se resolvió el problema que motivó el alzamiento de la guerrilla: la necesidad profunda de una reforma agraria que corrija la extrema injusticia de estructuras sociales heredadas de la colonia.

De aquellos barros, estos lodos. La palma llegó a Sayaxché de la mano del Grupo HAME, siglas de Hugo Alberto Molina Espinoza, considerado uno de los mayores terratenientes del país. Del grupo forma parte la Reforestadora de Palma del Petén, S. A. (REPSA), que se hizo tristemente célebre en 2015, cuando se supo que era la responsable directa del ecocidio en el río La Pasión.

El abogado Saúl Paau, miembro de la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, que lleva el caso del ecocidio, explica de primera mano cómo ocurrió el desastre: “Se desbordaron las lagunas de oxidación y eso provocó una enorme mortandad de peces, y contaminación a lo largo de 150 kilómetros del curso del río”. El caso se tiñó de sangre cuando asesinaron a tiros al campesino que denunció el ecocidio, Rigoberto Lima. El crimen continúa impune y la empresa “sigue funcionando sin ningún tipo de monitorización, a pesar de que el propio Ministerio de Ambiente reconoció que carece de estudio de impacto amBiental”, explica Paau.

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