Crisis climática
Seguridad Aérea multa con 180.000 euros a dos activistas por invadir una pista de Barajas

A dos días de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Futuro Vegetal quiso visibilizar la falta de propuestas de los partidos políticos ante el recrudecimiento de la crisis climática. Dos jóvenes integrantes del colectivo, Alba del Río y Victòria Domingo, entraron en una de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto de Barajas y, en la cabecera de la pista 32R, al sureste de las instalaciones, pegaron con pegamento sus manos al asfalto, consiguiendo paralizar momentáneamente el tráfico aéreo a primera hora.

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Cinco jóvenes se enfrentan a multas de hasta 150.000 euros y penas de cárcel por realizar una acción de protesta en la planta de ArcelorMittal en Gijón.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Aérea, ha sancionado un año después a las dos jóvenes con 90.001 euros cada una por aquella acción, pues la Ley de Seguridad Aérea recoge como infracción muy grave “el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos”, con multas que van desde los 90.001 euros a los 225.000. Además, la periodista que las acompañaba habría recibido la misma sanción por parte del organismo, según fuentes del colectivo.

Las jóvenes, que aseguran no arrepentirse de la acción y que lo volverían a hacer, “ya que ni todas las sanciones económicas ni las penas de prisión van a parar la crisis climática”, anuncian asimismo que están trabajando en la presentación de un recurso legal contra la resolución de Seguridad Aérea.

Derecho a la protesta efectiva

Tanto para Del Río y Domingo como para Futuro Vegetal, “el derecho a la protesta incluye que esta deba ser efectiva y, por tanto, no debe verse coartado por regulaciones administrativas encaminadas a la protección de otros bienes jurídicos de menor entidad que derechos fundamentales como la libertad de expresión”.

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, ha asegurado que “es inaceptable en una sociedad democrática que se pretenda hipotecar la vida de jóvenes por luchar por un planeta habitable mientras Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, legaliza la erradicación de espacios protegidos como Doñana”. Además, añade que “el hecho de que esta sanción se produzca un año después de la protesta debería levantar suspicacias sobre cuál es el verdadero objetivo de la misma”.

La organización sostiene que “el Gobierno sigue con las mismas políticas climáticas que sus predecesores: regar con dinero público a las corporaciones cárnicas y energéticas mientras intentan callar las protestas”

Desde Futuro Vegetal indican asimismo que “esta sanción llega cuando ya existe un procedimiento penal abierto por los mismos hechos. Esto vulneraría, según el equipo jurídico del colectivo, el principio general del derecho de non bis in idem, en función del cual no se puede castigar por dos vías los mismos sucesos”.

Inacción climática

El colectivo ha querido señalar al Gobierno actual “como responsable de no querer resolver la situación ni de las activistas ni del planeta”. Mediante un texto enviado a los medios, la organización sostiene que “el Gobierno de Pedro Sánchez sigue con las mismas políticas climáticas que sus predecesores: regar con dinero público a las corporaciones cárnicas y energéticas mientras intentan callar las protestas usando la violencia institucional”.

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Los nuevos movimientos ecologistas llevan tiempo siendo objeto de vigilancia y criminalización por parte de los cuerpos de seguridad del estado y la judicatura.

Al respecto, Futuro Vegetal ha recordado lo que consideran una escalada represiva contra el activismo climático y su organización en particular. El colectivo ha sufrido en los últimos meses desde la infiltración de agentes de policía a decenas de detenciones, así como más de 131 vulneraciones de derechos humanos documentadas en 34 acciones, según Defender a quien defiende, una plataforma creada para responder ante las violaciones de derechos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad pública. Hay que recordar, asimismo, que la Fiscalía del Estado llegó a vincular su actividad con el terrorismo, algo de lo que se retractó posteriormente.