Crisis climática
Más de 400 investigadores reclaman un comité científico independiente en la Ley de Cambio Climático

Más de 400 sociedades y personalidades del mundo de la ciencia y la investigación han firmado un manifiesto en el que exigen al Gobierno que establezca un “Comité de Expertos fuerte e independiente” en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya fase final de tramitación comienza este miércoles. El texto, propuesto por las cinco organizaciones ecologistas principales con actividad en el Estado español —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF—, pide que la nueva ley asegure la creación de un órgano que asesore y evalúe al Ejecutivo en su política climática, tal como han hecho ya varios países de nuestro entorno.

El proyecto de ley de cambio climático presentado por el Gobierno incluye un comité de este tipo, pero no detalla sus competencias, lo que deja las mismas para un desarrollo legislativo posterior. El manifiesto hace hincapié en que esta situación podría implicar la modificación de las competencias y capacidades del comité por un Gobierno posterior sin contar con el suficiente apoyo parlamentario. 

El objetivo del nuevo órgano sería “que los gobiernos cuenten en todo momento con el mejor conocimiento científico como base para la toma de decisiones; que sean capaces de demostrar cómo han tenido en cuenta la ciencia y el conocimiento en la toma de decisiones después de sopesar distintas cuestiones de impacto económico, social y ambiental; y que la ciencia de alguna forma evalúe si las decisiones y medidas tomadas por los gobiernos tienen como base el mejor conocimiento científico y si obtienen los efectos deseados”, señala el documento.

Sin influencias externas

La comunidad científica resalta la necesidad de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sostenga la independencia del comité de grupos de presión, “especialmente de influencias partidistas y empresariales”, así como su estabilidad y autonomía económica.

El manifiesto remarca la función de evaluación y control de las políticas en materia de emergencia climática que debería llevar a cabo el órgano, además de la función asesora que se recoge en el proyecto de ley, “en particular, que el Gobierno tenga que solicitar la opinión del Comité antes de momentos clave de toma de decisiones”, como la aprobación o modificación de objetivos, planes, estrategias o presupuestos.

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“Los estudios de buen gobierno reconocen esta figura como un elemento esencial de un marco institucional y legislativo a la altura del reto climático, y la opinión pública lo respalda”, señala el texto publicado este 6 de octubre. “Además, basar las acciones climáticas en la ciencia es la reclamación central de las protestas de la juventud que han dinamizado la lucha contra el cambio climático en los últimos años”, continúa.

Más ambición

Las cinco organizaciones medioambientales, por su parte, han alertado de la necesidad de una ley “con mucha más ambición y urgencia, así como un mayor respaldo científico en los objetivos”. Ampliar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% respecto a los niveles de 1990, y no del 20% como propone el Gobierno, debe ser, para las ONG, el pilar de la nueva ley. 

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El plazo para la presentación de las enmiendas de los partidos políticos acaba este miércoles y ahora la ley una nueva versión del proyecto de ley será negociada en la pasa directamente a la negociación de una nueva versión del proyecto de ley en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Congreso.