Barcelona
Victoria inquilina en Barcelona: el Ayuntamiento comprará la Casa Orsola

La lucha por la permanencia de los habitantes de la Casa Orsola ha terminado en victoria. El edificio, situado en el barcelonés distrito del Eixample, fue comprado en 2021 por el fondo Lioness Inversiones SL, quién había tomado la política de no renovar los contratos de alquiler y expulsar así a las actuales habitantes del inmueble.

Tras tres años de lucha, hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un acuerdo a través de una “fórmula social colaborativa” para materializar la adquisición, junto con la fundación Habitat3. La enorme movilización social, de los vecinos y el Sindicat de Llogateres, ha obligado al consistorio a tomar esta medida. Sin embargo, desde el Sindicat recuerdan en un mensaje enviado por su canal de Telegram que Collboni es “el responsable de desmontar la medida de reservar un 30% de los nuevos inmuebles para alquiler social, provocando así más operaciones especulativas y expulsión de vecinas, se quieren colgar la medalla y disimular”.

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha calificado en TV3 como una “victoria” la decisión del consistorio, y ha señalado que este caso “demuestra que cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”. La portavoz se ha mostrado cautelosa hasta conocer los detalles de esa adquisición y las consecuencias para los inquilinos y ha aprovechado para criticar que “el PSC del president de la Generalitat, Salvador Illa, quiere acabar desde hace tiempo con la obligatoria reserva del 30 % en la obra nueva” en Barcelona.

Las constructoras y el Gobierno de Collboni boicotean la reserva del 30% para vivienda social en Barcelona

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda Las constructoras y el Gobierno de Collboni boicotean la reserva del 30% para vivienda social en Barcelona

Martín Cúneo

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Un informe del instituto IDRA limita a 144 las viviendas conseguidas en Barcelona gracias a la aplicación de la reserva del 30% de las promociones nuevas y grandes rehabilitaciones. Mucho tiene que ver el boicot del lobby inmobiliario.

Según las primeras informaciones, el acuerdo llega tras la mediación del Síndic de Greuges y el defensor del pueblo en la ciudad, David Bondia. Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha celebrado la compra a través de su cuenta en X (antes Twitter) la decisión del alcalde Collboni, calificándola como un “resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político”.

Precisamente, Rodríguez señaló este jueves que la suspensión del desahucio de Josep Torrent, un profesor de 49 años de Barcelona, quien podrá continuar viviendo en la Casa Orsola, donde ha residido durante 22 años, es un caso que representa “el mejor ejemplo” de la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario.

Barcelona se vuelca en la defensa de la Casa Orsola ante su primer desahucio

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda Barcelona se vuelca en la defensa de la Casa Orsola ante su primer desahucio

Martín Cúneo

El mundo de la cultura y el movimiento de la vivienda se organizan para frenar el desahucio programado para el 31 de enero. Un fondo buitre pretende expulsar a los vecinos, convertir todos los pisos en alquileres temporales y triplicar el precio.

El alcalde de Barcelona Joan Collboni, en la rueda de prensa junto a Habitat3, la entidad que va a gestionar el inmueble, ha confirmado que ningún inquilino será desahuciado con la nueva fórmula de propiedad. Collboni ha dicho que pretende enviar un mensaje muy claro, que “luchará por el derecho a la vivienda, que es un problema que afecta a las clases trabajadoras y las clases medias no sólo en Barcelona, sino en todas las grandes ciudades europeas”.

La adquisición se realizará por 9,2 millones de euros, según el alcalde de Barcelona, “un 30% más barato que su precio de mercado”. No obstante, el fondo de inversión pagó en su día 6 millones de euros, por lo que la operación le revierte unos 3 millones de beneficio bruto. En su intervención, Collboni ha recordado su decisión de no renovar las licencias de pisos turísticos a partir de 2028.