Venezuela
Luis Bonilla-Molina: “El salario en Venezuela ya resultaba insuficiente antes del bloqueo”

Luis Bonilla-Molina es historiador venezolano, integrante del Comité Directivo del prestigioso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) e investigador del Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación. 

En esta cuarta entrega de una serie de entrevistas para entender Venezuela con voces que surgen de abajo y a la izquierda, Bonilla-Molina despliega las cifras macroeconómicas que permiten dimensionar la situación del pueblo trabajador de Venezuela, en una línea del tiempo que ayuda a entender, paso a paso, la ruina de las aspiraciones de superación del modelo rentista por la reforma agraria que llevaría a la soberanía alimentaria. Este historiador habla de la recomposición de las clases dominantes en el espectro de la vieja y la nueva burguesía y sugiere recurrencias y discontinuidades en la línea del tiempo del país. Frente a la crisis que atraviesa el país, Bonilla-Molina defiende la necesidad de “construir modos cotidianos altamente democráticos y horizontales que conjuren la tradición autoritaria que nos ha llevado en distintos momentos históricos a callejones sin salida”.

Las condiciones de vida del pueblo venezolano vienen deteriorándose año tras año. Eso ha llevado a un número creciente de trabajadores a emprender el camino de la migración. En el exterior, vemos venezolanos, muchos de ellos con formación calificación, aceptar empleos mal pagos y situaciones legales inciertas y arriesgadas. A su modo de ver, ¿qué ha llevado a tantos venezolanos a desistir de permanecer en su territorio?
Venezuela vive una situación terrible en materia migratoria. La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que el número de venezolanos que han salido del país en los últimos diez años alcanza los siete millones. En un país con 30 millones de habitantes y un poco más de 21 millones de electores esta cifra resulta astronómica. Cada familia venezolana tiene por lo menos a uno de sus integrantes en condición de migrante y en algunos casos es todo el núcleo familiar el que ha tenido que partir.

El origen social de clase pesa mucho en las modalidades a través de las cuales se concreta este proceso. La mayoría de trabajadores y trabajadoras han tenido que migrar por tierra, sin pasaportes por los costos y trámites burocráticos para obtenerlo, con el dinero resultante de vender sus pocas propiedades —si las tienen—) y con los pocos ahorros, si es que le quedan después de la hiperinflación. 

El ataque del Gobierno de Maduro contra el salario de la clase trabajadora se ha intensificado

La inflación en los últimos nueve años resulta inverosímil para quien la mire sin una evaluación de conjunto de la situación en Venezuela. Entre 2013-2021 se le han restado 11 ceros a la moneda nacional, es decir 100.000.000.000 de 2013 son un bolívar de 2024. En un país donde los precios de la cesta básica son superiores a los del resto de Latinoamérica, te podrás imaginar el drama de vida de la clase trabajadora. Por ejemplo, el mejor salario de un docente titular universitario escasamente alcanza los 130 dólares mensuales, de los cuales el 80% son bonos sin incidencia en prestaciones sociales y cálculos de beneficios laborales, mientras que los maestros y maestras que comienzan su carrera su salario base no supera los 20 dólares mensuales. Ante esta dantesca situación la migración es una opción de sobrevivencia, una decisión para poder comer y apoyar a los familiares.

Las remesas se han constituido en una fuente extraordinaria de sobrevivencia familiar. Por ello, para apoyar a quienes deciden migrar, la clase trabajadora vende sus casas, vehículos y pequeñas propiedades a precios irrisorios, procurando contribuir económicamente con el inicio de los proyectos migratorios de sus integrantes. La Comisión Económica para América Latina y Caribe (Cepal), en 2021, estimaba que para comienzos de esta década los montos de las remesas anuales venezolanas comenzaron a pasar de los 1.300 millones de dólares a los 3.500 millones dólares, tendencia que se ha mantenido. Es decir, estaríamos hablando del equivalente al 8% del PIB de ese momento. No contamos con los datos actuales que deben ser superiores. 

Esta situación la justifica el Gobierno por los efectos de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) o el bloqueo económico como popularmente se les llama. Sin embargo, vemos cómo el salario resultaba insuficiente ante el desborde de la inflación mucho antes que se aplicaran estas medidas sancionatorias por parte de la administración de EE UU y las naciones imperialistas europeas. 

Peor aún, si vemos que los ingresos al país se han incrementado en los últimos tres años por la flexibilización de las sanciones que han operado entre 2022-2024, con la guerra de Ucrania y las necesidades gringas de petróleo, esto no ha tenido un correlato en los salarios, por el contrario, el ataque del Gobierno de Maduro contra el salario de la clase trabajadora se ha intensificado. 

Se dice que el bloqueo ha mermado la capacidad productora de petróleo de Venezuela. Pero la verdad es que ya en 2014 —antes del bloqueo— la capacidad de producción de petróleo en Venezuela había caído a un 1,1 millones barriles diarios y en lo que va de 2024 casi está en 900.000 barriles diarios y el propio presidente Maduro anuncia que el Gobierno tiene como meta superar el millón de barriles diarios al finalizar este año. Es decir, se está volviendo a la producción que tenía Venezuela antes de las sanciones, pero esto no tributa a las condiciones salariales y de vida de la clase trabajadora, sino reafirma el modelo rentista de acumulación de la vieja y la nueva burguesía. El bloqueo sirve para esconder el modelo de acumulación de la nueva burguesía y eso es público y notorio para la población. Por ello la apelación a las consecuencias de las medidas coercitivas sobre Venezuela en la economía venezolana por parte de Maduro ha perdido su eficacia política y electoral. Esto ocurre con el grueso de la migración que pertenece a la clase trabajadora.

Por otra parte, la derrota de las insurrecciones paramilitares urbanas implementadas por la derecha en Venezuela, entre los años 2014-2017, especialmente la del último de esos años, que fue aplastada con el trágico saldo de más de un centenar de muertos, especialmente jóvenes opositores, propició un sentimiento de desesperanza y hastío por la incesante confrontación entre los sectores económicos y políticos. Si bien una parte de la explosión migratoria —entre 2017 y 2024— tenía un componente de opositores al Gobierno de Maduro, el grueso de la misma fue de trabajadores que buscaban sobrevivir económicamente y estaban cansados de existir en medio de una refriega política en la cual ellos no contaban. 

La izquierda fue judicializada y reducida a su mínima expresión legal, lo cual le limitaba para poder actuar de manera eficiente y disputar la influencia de masas

Las dificultades burocráticas y los costos de la certificación y apostillamiento de títulos, calificaciones y certificaciones de tesis afectó a una parte de quienes tuvieron que optar entre sobrevivir o esperar el largo proceso de legalización de credenciales. Muchos tuvieron que viajar sin sus títulos universitarios o sin haberlos legalizado debidamente de manera previa. Otros tantos lo hicieron sin pasaporte, por lo que tuvieron que ingresar de manera ilegal a sus países de tránsito y destino. En ambos casos, esto los forzaba a emplearse en otras áreas distintas a su calificación profesional u oficio, recibiendo salarios de “ilegales”, sin seguridad social ni protección laboral. 

En Brasil incluso se incrementó el número de migrantes venezolanos pertenecientes a los pueblos originarios, quienes lo hacían en condiciones muy deplorables, porque algunos de ellos eran analfabetos en español y portugués, no tenían papeles de identidad actualizados y carecían de las habilidades para insertarse en el mundo laboral urbano.  

Al no tener Venezuela una cultura de la migración, un segmento de los migrantes, especialmente aquellos que carecían de experiencia familiar en procesos migratorios, se aventaron sin tener garantizada las condiciones mínimas a la hora de llegar. Eso empujó a estos migrantes a condiciones de vida en la calle, de pobreza crítica e incluso en algunos casos a la mendicidad.

Todo ello ocurría mientras el Gobierno venezolano acusaba inicialmente a los migrantes de “traidores”, luego les señalaba que se habían ido para “lavar pocetas [retretes]” y al final ofrecía un plan de retorno al país consistente en vuelos aéreos de limitado impacto, que colocaban a quienes retornaban al país, nuevamente ante la tragedia inflación-salarios de hambre-carencia de poder adquisitivo-deterioro de los servicios públicos, situación que les empujaba a un nuevo ciclo migratorio.

A pesar de la tragedia migratoria el sistema educativo venezolano no termina de incluir en su plan de estudios la migración para garantizar conocimiento adecuado y actualizado para quienes salen del país.  Esto es un vacío imperdonable en política pública en un Gobierno que dice estar al lado de los pobres.

Finalmente, el giro autoritario del Gobierno de Maduro, acentuado a partir de 2017-2018 —y ahora mucho más después de las últimas elecciones—, la incapacidad de la derecha para construir una opción válida, eclipsaban el horizonte de la población, especialmente la juventud, quienes preferían ir en búsqueda de la quimera del bienestar en otro país, algunos lo lograban construir, a otros les resultaba complicado. La izquierda fue judicializada y reducida a su mínima expresión legal, lo cual le limitaba para poder actuar de manera eficiente y disputar la influencia de masas. 

El negocio, para la nueva burguesía, como lo ha sido para la burguesía clásica venezolana, era importar, no producir

La oposición de derechas, especialmente en el periodo del interinato de Guaidó, usó el tema de la migración como un factor para el acceso a importantes volúmenes de recursos de ayuda humanitaria, los cuales no tuvieron impacto alguno ni hay evidencias que realmente se usaran para lo que les fueron otorgados. 

Ni para el gobierno ni para la oposición de derecha la situación material de la migración ha resultado un factor relevante en su actuación, coincidiendo en el desprecio por el destino de los más humildes. 

El proceso iniciado en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez prometía superar la dependencia de la exportación de petróleo con todas las llagas históricas resultantes de tal dependencia. Para eso, se proponía, entre otras medidas, la reforma agraria, que sería base de la soberanía alimentaria. Sin embargo, un cuarto de siglo más, la dependencia de la exportación de petróleo y también de otros minerales parece haberse intensificado. Y se siguen importando productos de primera necesidad. ¿Cómo explica esos hechos?
Chávez hizo un intento por recuperar la producción agrícola. Y allí se encontró con un problema práctico y teórico. En un país en que había disminuido a niveles insignificantes al campesinado, ¿era posible construir o reconstruir el campesinado como clase social productiva? Chávez pensaba que sí y financió proyectos como los fondos zamoranos, las cooperativas y otros, pero la realidad es que tuvieron una inserción y desarrollo orgánico mínimo. La mayoría de los beneficiarios volvían a las ciudades, por un lado, por lo que implica el cambio cultural de producción agrícola y por otro, porque no se pudieron desmontar los mecanismos de apropiación de la renta petrolera por vía de las importaciones, que hacían fracasar la producción nacional por los temas de costos de producción, mercadeo y venta.

Por otra parte, la nueva burguesía, el nuevo empresariado bolivariano, compuesto por militares y civiles, adoptaron rápidamente el modelo de acumulación rentista de la vieja burguesía, centrado en asalto a las divisas obtenidas por el petróleo para la importación, las exoneraciones fiscales y tributarias. El negocio, para la nueva burguesía, como lo ha sido para la burguesía clásica venezolana, era importar, no producir.

No obstante, sigue existiendo un tejido social importante de este esfuerzo.  Este acumulado puede ser fundamental para el relanzamiento de un proyecto no rentista de economía nacional, amigable con el ambiente y distante del extractivismo.

Otra promesa, que también atrajo la atención entusiasta de los pueblos del continente, fue la de superar las formas tradicionales del ejercicio del poder por las vías representativas y pasar al ejercicio de la democracia directa por medio de las comunas. En la práctica, sin embargo, las decisiones políticas continuaron buscando la legitimación de las elecciones. La propia dirección chavista montó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a partir de varias organizaciones que lo apoyaban, para participar de elecciones. La constitución llegó a plasmar en su letra una “nueva geometría del poder” y la última consigna de Chávez fue “¡Comuna o nada!”. Esa “nueva geometría” no salió del papel, las comunas no tienen autonomía y la democracia representativa es ejercida (o no) para refrendar lo que el gobierno central decide. Es decir, se consolidaron prácticas centralizadas y autoritarias. ¿Cómo explica esa deriva de la política venezolana?
El proyecto de Chávez fue de un nuevo policlasismo, que tenía el atractivo para los sectores radicales de izquierda que procuraban la destrucción de la vieja burguesía, el quiebre del mundo unipolar y la creación de una nueva geometría del poder asociada a su visión policlasista. El proyecto de Chávez fue progresivo, pero nadaba también en dos aguas.

Un sector de la vieja burguesía acompañó a Chávez en su candidatura de 1998, cuando hablaba de capitalismo humano. Pero esa burguesía se asustó con la nueva constitución de 1999, la ley de tierras y la recuperación del control estatal de la industria petrolera, esta última fuente del modelo rentista de acumulación burguesa. La burguesía anti Chávez y la burguesía que le había acompañado se reconciliaron para darle el golpe de Estado de 2002. Y cuando Chávez vuelve al poder de las manos y en los hombros del pueblo, se encuentra con un problema práctico en un país que hace de la importación de partes, insumos y mercancías terminadas, el eje de su economía. Y ahí otorgó licencias de importación, autoridad en las instancias de control cambiario e industrial a militares y altos funcionarios políticos, produciéndose una reingeniería burguesa, a la par que dentro del proyecto policlasista promovió los órganos de poder popular y comunal, la recuperación de tierras e intentos por reconstituir al campesinado como clase social, la toma de fábricas cerradas hasta llegar a la idea del Socialismo del Siglo XXI. Pero la idea socialista de Chávez nunca terminó de ser radicalmente anticapitalista sino de nuevos equilibrios entre burgueses y trabajadores. 

La idea socialista de Chávez nunca terminó de ser radicalmente anticapitalista sino de nuevos equilibrios entre burgueses y trabajadores

Sin embargo, la percepción que tengo es que Chávez, en el periodo 2004-2009, apuesta con mucha más fuerza a la radicalidad del poder popular. Sin embargo, la crisis bancaria de 2009, donde sectores vinculados al Gobierno resultaron propietarios de bancos y empresas importadoras, elevó las tensiones entre las dos líneas del proyecto policlasista: lo popular y lo empresarial. Entre 2010 y 2011, Chávez trató de equilibrar estas dinámicas, pero la enfermedad lo limitó seriamente. Al final murió y la llegada de Maduro significó la continuidad y énfasis en el impulso de una nueva burguesía, la restauración burguesa en términos de devolución de tierras, fábricas y hasta el emblemático centro comercial Sambil que Chávez había dicho que tendrían que sacarlo de Miraflores para que eso ocurriera. 

A lo largo de la historia de Venezuela, viejas oligarquías fueron sustituidas por otras nuevas. Eso ocurrió después de la guerra por la independencia, en el siglo XIX. Da la impresión que la vieja burguesía rentista del petróleo fue sustituida por una nueva burguesía rentista. ¿Es esa una recurrencia en la historia venezolana?
En efecto, la guerra de independencia no fue anticapitalista sino de reacomodo de las relaciones de los grandes propietarios de tierras y empresarios de la periferia colonizada con el centro capitalista que se transformaba como resultado de la primera revolución industrial. Por supuesto, para lograrlo y darle carácter popular nacional se hicieron concesiones a los sectores populares, pero, por ejemplo, la abolición de la esclavitud se concretó en Venezuela solo hasta 1854, décadas después de alcanzarse la independencia de España.

Pero, el proceso actual tiene más similitudes con la llamada revolución restauradora que lideraron Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Castro desconoció la deuda externa y ello llevó a un bloqueo de las costas venezolanas por parte de las naciones europeas acreedoras, pero este incidente abrió las puertas a la mediación estadounidense y el ciclo aún no concluido de economía dependiente y neocolonial con el norte imperialista. 

Al final murió Chávez y la llegada de Maduro significó la continuidad y énfasis en el impulso de una nueva burguesía, la restauración burguesa en términos de devolución de tierras y fábricas

Castro fue traicionado por su compadre y compañero Juan Vicente Gómez quien lo despojó del poder y borró cualquier iniciativa independiente de los EE UU, usando la naciente explotación del petróleo para estructurar el modelo de acumulación rentista petrolero de la burguesía, que hoy se sostiene. La vieja burguesía cuarto republicana tiene su ADN en los terratenientes, comerciantes y políticos independentistas, pero fundamentalmente en la estructura de clase burguesa que se configura alrededor del petróleo. 

Es imposible no asociar —con las distancias y respetos debidos— la figura de Chávez con la de Cipriano Castro y la de Maduro —de manera caricaturesca— con la de Gómez. Gómez modeló el Estado venezolano, lo cual le garantizó quedarse en el poder hasta su muerte, y Maduro pareciera pretender lograr un acuerdo interburgués (entre la vieja burguesía de la cuarta república y la nueva burguesía del periodo bolivariano) para garantizar su permanencia indefinida en el poder. Solo que a Gómez le salió la jugada y a Maduro no termina de cuadrarle la letra, especialmente después de la opacidad de los resultados electorales del 28 de julio de este año. 

Pero un error que suele cometer la derecha y la izquierda no madurista es subestimar a Maduro. Maduro no es un hombre culto, pero es un hábil pragmático quien actúa con la lógica de un burócrata sindical en la forma de alinear y domesticar a las disidencias.

Los Gobiernos de Maduro han tenido tres etapas diferenciadas, pero complementarias, que forman parte del proyecto común del madurismo. El primer periodo, entre 2013-2017, en el que debió consolidar su liderazgo, execrando a los opositores internos en el Gobierno y el PSUV a la par que aplastaba la capacidad militar insurreccional de la derecha. Fue exitoso en ello, a pesar que la economía se desplomaba, Estados Unidos sancionaban a la economía petrolera del país, las condiciones materiales de vida y salariales de la población caían a niveles infrahumanos, pero no se producía revuelta popular alguna, el gran Polo Patriótico (aliados del PSUV) se intentaba rebelar y los judicializaba colocándoles directivas ad hoc que le beneficiaban. 

El segundo periodo (2018-2024), en el cual se siente con la fuerza para intentar propiciar un acuerdo inter burgués con la vieja burguesía y sus representaciones políticas, avanzar en la reconstitución de un nivel en la relación con los Estados Unidos que le permitiera el levantamiento de las sanciones gringas y aplicar un programa de recuperación económica (al estilo del FMI) que colocara el peso de la crisis en la clase trabajadora. Avanzó de manera considerable en ese sentido, con las derechas logró votaciones parlamentarias casi de unanimidad en temas como el Esequibo [zona fronteriza en disputa con Guyana], se reencontró con la patronal Fedecámaras que ahora llamaba a sus funcionarios “grandes amigos” y llevó al subsuelo el salario de la clase trabajadora, incluso al precio de enjuiciar y encarcelar a dirigentes obreros. El problema fue que no logró cerrar la negociación con todos y sectores de la vieja burguesía vinculados al liderazgo de María Corina Machado levantaron su candidatura y luego la de Edmundo González Urrutia, que terminó convirtiéndose en un fenómeno electoral de masas.

Ahora, tras las elecciones del 28 de julio estamos en el tercer periodo en el cual para sostenerse en el poder ha incrementado su tendencia autoritaria, incluso no permitiendo la transparencia de los resultados electorales y asumiendo las consecuencias de una pérdida de legitimidad de origen a partir de enero de 2025. No obstante, Maduro sigue siendo hoy el hombre fuerte de la política venezolana y como tal nada en dos aguas: la de la negociación con la Casa Blanca y sus correlatos nacionales, mientras afianza la estructura de control y poder a nivel nacional. En este segundo aspecto Maduro pareciera soñar con ser la encarnación de Juan Vicente Gómez, a pesar que el fantasma de Chávez (Cipriano Castro) puede terminar abriendo cause a una salida que ni a la nueva ni la vieja burguesía les convenga.

Desde su perspectiva, ¿cómo puede la población de Venezuela pueden salir de este atolladero?
Con democracia y más democracia, nunca con autoritarismo ni en dictadura. La más imperfecta de las democracias liberales es mejor para la clase trabajadora que la más maquillada de las dictaduras. El proyecto original de Chávez planteaba esto, y esa es la fuerza que hay que rescatar.  El éxito de la derecha en las últimas elecciones fue que abandonó la vía violenta para derrotar a Maduro y decidió participar democráticamente.  

No desconozco que hay una izquierda en Venezuela —y Latinoamérica— que sigue repitiendo el mantra de la dictadura del proletariado cuando pierde mayoría electoral y de apoyos en la población. Desconocer que el proyecto revolucionario es de amplia democracia, de democracia socialista, que va más allá de la democracia liberal burguesa, debe servir no para negar sus beneficios sino para romper con los límites que ella impone.  Venezuela no aceptará a mediano y largo plazo ninguna propuesta que se construya con una salida autoritaria, el desafío está en saber si lo hará en el corto plazo.

Es imposible no asociar —con las distancias y respetos debidos— la figura de Chávez con la de Cipriano Castro y la de Maduro —de manera caricaturesca— con la de Juan Vicente Gómez

Pero, por lo menos a mi me interesa, es una salida para la clase trabajadora. Y en ese sentido la defensa de la transparencia en la democracia electoral, más que defender el triunfo de uno u otro candidato presidencial, lo que procura es la permanencia —o mejor dicho la recuperación— de las condiciones de posibilidad para que los trabajadores se organicen libremente, ejerzan la libertad sindical sin ser perseguidos o detenidos, que puedan organizar movilizaciones y huelgas dentro, organizarse en partidos políticos y expresarse sin restricciones. Para ello, se requiere democracia y más democracia, conjurar el autoritarismo y los riesgos de dictadura. El problema es que, así como Maduro pareciera ir en contravía a ello, María Corina Machado, en su propuesta de Gobierno —que asumimos que es la de González Urrutia—, solo habla de la libertad del mercado, y no menciona ni una sola línea de recuperar el régimen de libertades mínimas para la clase trabajadora.  

Democracia y más democracia, que, en términos del discurso socialista bolivariano, se expresa en demanda de transparencia, contraloría social y respeto a la soberanía popular expresada en el voto y sus decisiones de base.

Ante un panorama como este, ¿tiene futuro un proyecto revolucionario de izquierdas? Absolutamente sí. Pero este proyecto de reconstrucción de la izquierda revolucionaria debe partir de recuperar el trabajo comunitario, la organización de los trabajadores, el vínculo con los movimientos sociales y dejar a un lado la ilusión meramente electoral. Debe construir modos cotidianos altamente democráticos y horizontales que conjuren la tradición autoritaria que nos ha llevado en distintos momentos históricos a callejones sin salida.