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Venezuela
Omar Vázquez Heredia: “La marcha de siete millones de venezolanos se debió a la destrucción de los salarios”
El escritor y politólogo venezolano Omar Vázquez Heredia se ha especializado en el mundo del trabajo. Dramaturgo y colaborador de la Revista Nueva Sociedad, Vázquez Heredia reflexiona sobre lo que ha ocurrido con las condiciones laborales y los salarios en las últimas décadas.
Según este escritor, la crisis provocada por la inflación y el deterioro de los servicios públicos básicos ha producido un crecimiento de las movilizaciones laborales autónomas en el último período, un auge que “puede permitir una recuperación de las libertades y derechos democráticos en Venezuela”.
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Las condiciones de vida del pueblo venezolano vienen deteriorándose año tras año. Eso ha llevado a un número creciente de trabajadores emprender el camino de la migración. En el exterior, vemos venezolanos, muchos de ellos con calificación, aceptar empleos mal pagos y situaciones legales inciertas y arriesgadas. ¿Qué ha llevado a tantos venezolanos a desistir de permanecer en su territorio?
La inmensa mayoría de los siete millones de venezolanas y venezolanos que han migrado son trabajadoras y trabajadores, entonces la principal causa de esa migración se encuentra en la depauperación de sus condiciones de vida, como consecuencia de la destrucción del salario y el deterioro del acceso a servicios públicos básicos. En el caso del salario, fue destruido en dos sentidos: como equivalente monetario de un conjunto de mercancías que paga el empleador al empleado por su única mercancía, la fuerza de trabajo, y también como concepto central en las relaciones laborales. Hoy, en Venezuela el salario y la pensión mínima son 130 bolívares mensuales, que al tipo de cambio oficial son 3,53 dólares. Dicho salario mínimo es la referencia salarial de la mayoría de la clase trabajadora.
Los empresarios y el Estado, para reducir las renuncias de trabajadores, que en buena medida después migraban, empezaron a pagar con bonos
A su vez, los empresarios y el Estado, para reducir las renuncias de trabajadores, que en buena medida después migraban, empezaron a pagar bonos, pero sin incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales. Los empresarios desde 2018 empezaron a pagar los bonos, y el Estado lo empezó a pagar al conjunto de sus empleados en 2023. En el sector privado los montos de los bonos son variables, pero al parecer el promedio sería de 225 dólares al mes. En el Estado el llamado ingreso mínimo mensual es de 130 dólares al incluir los bonos de guerra de 90 dólares y de alimentación de 40 dólares. De ese modo, desde hace varios años, los empresarios y el Estado se ahorran un conjunto de recursos en lo que denominan pasivos laborales. Por otra parte, los cortes del suministro de electricidad y agua son cotidianos en la inmensa mayoría de los estados del país.
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Además, la mayoría del país rechaza al Gobierno dictatorial y antipopular de Nicolás Maduro, como se demostró el pasado 28 de julio, cuando el 70% de las electoras y electores votaron por el principal candidato opositor, Edmundo González. En ese marco, cuando se reducen las esperanzas de un cambio gubernamental, las trabajadoras y trabajadores venezolanos retoman sus planes de migrar.
El proceso iniciado en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez prometía superar la dependencia de la exportación de petróleo con todas las llagas históricas resultantes de tal dependencia. Para eso, se proponía, entre otras medidas, la reforma agraria, que sería base de la soberanía alimentaria. Sin embargo, un cuarto de siglo después, la dependencia de la exportación de petróleo y también de otros minerales parece haberse intensificado. Y se siguen importando productos de primera necesidad. ¿Cómo explica esos hechos?
El Gobierno de Chávez acentuó la dependencia del petróleo e incrementó las importaciones en detrimento de la producción nacional en la industria y agricultura, porque estableció una sobrevaloración de un tipo de cambio oficial fijo. Así, como en toda la historia de la Venezuela petrolera, el Estado siguió subsidiando las importaciones privadas y gubernamentales a través del ingreso petróleo, que sostuvo la mencionada sobrevaloración del tipo de cambio oficial. Dicho aumento tendencial de las importaciones entre 2003 y 2012 permitió la imbricación circunstancial del proceso de acumulación y atesoramiento externo de la burguesía importadora y del consumo de las clases subalternas.
El Gobierno de Chávez acentuó la dependencia del petróleo e incrementó las importaciones en detrimento de la producción nacional en la industria y agricultura
En 1998, el año antes de que Chávez comenzara su gobierno, el monto de las importaciones fue de 17.879 millones de dólares; en cambio, en 2012, el monto de las importaciones llegó a 71.083 millones de dólares. Un crecimiento del 297%. Este incremento de la oferta de mercancías importadas coadyuvó al subsidio de los bienes salariales que derivó en una disminución de la pobreza general, que pasó de 43,91% en 1998 a 21,20% en 2012. Paralelamente, hubo un incremento de la fuga de capital de la élite económica que pasó de tener depositado en el exterior 20.948 millones de dólares en 1998 a 149.547 millones de dólares en 2012.
Entonces, Chávez, al hacer al capitalismo venezolano más dependiente de las importaciones, cuando Maduro desde el 2013 empezó la contracción de su monto para disponer de recursos que destinó al pago de deuda externa y pasivos de PDVSA, provocó un incremento de la inflación y escasez de mercancías. Los altos índices de inflación y escasez implicaron una depauperación del salario real de la clase trabajadora. En ese marco, los ideólogos de Maduro promovieron la falsa matriz comunicacional en la que explicaban a la inflación y escasez a partir de una llamada guerra económica contra el Gobierno.
En realidad, Maduro a través del control de la administración de las divisas redujo el monto asignado a las importaciones, que pasó de 61.591 millones de dólares en 2013 a 12.942 millones de dólares en 2017. Al mismo tiempo, entre 2014 y 2016, el Gobierno pagó 44.071 millones de dólares en pasivos de PDVSA. Además, entre 2013 y 2017, dicho Gobierno pagó por servicio de la deuda externa 81.131 millones de dólares.
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Otra promesa, que también atrajo la atención entusiasta de los pueblos del continente, fue la de superar las formas tradicionales del ejercicio del poder por las vías representativas y pasar al ejercicio de la democracia directa por medio de las comunas. En la práctica, sin embargo, las decisiones políticas continuaron buscando la legitimación de las elecciones. La propia dirección chavista montó el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a partir de varias organizaciones que lo apoyaban, para participar de elecciones. La constitución llegó a plasmar en su letra una “nueva geometría del poder” y la última consigna de Chávez fue “¡Comuna o nada!”. Esa “nueva geometría” no salió del papel, las comunas no tienen autonomía y la democracia representativa es ejercida (o no) para refrendar lo que el gobierno central decide. Es decir, se consolidaron prácticas centralizadas y autoritarias. ¿Cómo explica esa deriva de la política venezolana?
Desde el 2006, los consejos comunales y la agregación de varios en las comunas fueron organizaciones constituidas en lo esencial desde el aparato del Estado a partir de leyes, el trabajo de empleados públicos y el financiamiento estatal. Por ejemplo, la ley especial de consejos comunales de 2006 y la ley orgánica de comunas de 2009. La creación de promotores comunitarios en las instituciones del Estado para organizar consejos comunales y después comunas, y la constitución en 2009 del actual ministerio del poder popular para las comunas y movimientos sociales (MPPCMS). Por último, desde 2006 el financiamiento inicial de 30 millones de bolívares para cualquier consejo comunal registrado en el antiguo Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MPPDS).
En ese sentido, simpatizantes chavistas y en alguna medida opositores, con el acompañamiento de los llamados promotores comunitarios, organizaban en sus comunidades residenciales, urbanas y rurales, a los consejos comunales y comunas para recibir financiamientos del Estado, que dependían de estar registrados primero en el MPPDS y después en el MPPCMS. Así, dichas organizaciones comunitarias se convirtieron en un modo orgánico de distribución por el Estado del ingreso petrolero. Esto en la inmensa mayoría de los consejos comunales y las comunas constituidas en las ciudades, donde vive el 95% de la población venezolana. En consecuencia, cuando se desplomó el ingreso petrolero distribuido por el Estado solo siguieron existiendo algunos consejos comunales y comunas rurales, que no dependían totalmente del financiamiento estatal.
Las llamadas experiencias de control obrero y cogestión que surgieron después del paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, fueron generalmente exageradas por militantes en esa época
Por eso, consideramos que los consejos comunales y las comunas en el momento hegemónico del gobierno de Chávez solo fueron la principal forma orgánica en la cual el aparato estatal en sentido estricto se relacionó con la sociedad civil en medio del Estado ampliado venezolano, en sentido gramsciano. Si en el denominado Puntofijismo la principal forma orgánica de canalización de las clases subalternas por el Estado ampliado venezolano fueron los partidos tradicionales, AD y Copei, el Gobierno de Chávez los reemplazó por las mencionadas organizaciones comunitarias.
En la primera década del milenio, escuchábamos que en Venezuela los trabajadores podrían ocupar sus espacios de producción y ponerlos a funcionar bajo su control, con criterios no capitalistas. “A ver…”, dijimos, con mucha curiosidad y recordando las experiencias del Chile de los años 70. Nada más oímos al respecto después. Más bien oímos de represión a las luchas reivindicativas de los y las trabajadoras. ¿Cómo se pasó de una cosa a la otra?
Las llamadas experiencias de control obrero y cogestión que surgieron después del paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, fueron generalmente exageradas por militantes en esa época. Además, implicaron una demanda al Gobierno de Chávez para que las apoye. En uno de esos intentos de control obrero como Sanitarios Maracay hubo incluso represión estatal en 2007. Dichos militantes igualmente aplaudieron mucho la reestatización de Sidor, que también implicó una demanda de los trabajadores que llevó al Gobierno de Chávez a asumirla, pero después de reprimir marchas de obreros sidoristas.
Estoy convencido de que solo la movilización autónoma puede permitir una recuperación de las libertades y derechos democráticos en Venezuela
Entonces, si hubo episodios de represión puntual a la clase trabajadora en la época de Chávez, que expresaban la lógica chavista de control militar y policial de la movilización autónoma. A pesar de que en esos años la mayoría de la clase trabajadora estaba subordinada al Gobierno, como consecuencia del aumento del salario real, las concesiones simbólicas y el liderazgo carismático de Chávez. Pero, cuando Maduro pierde el apoyo de la clase trabajadora producto de sus ajustes económicos inflacionario (2013-2017) y macroeconómico (2018-2024), provocó un incremento progresivo de la movilización laboral masiva y autónoma. Esto se observa por ejemplo en los paros nacionales del sector salud en 2018 y del magisterio en 2019. En este contexto, la represión militar y policial del Gobierno de Maduro en contra de la clase trabajadora ha sido generalizada.
Desde su perspectiva, ¿cómo las gentes de ese territorio que hoy llamamos Venezuela pueden salir de este atolladero?
Después de la elección y el fraude del 28 de julio, estamos en una coyuntura caracterizada por un reflujo de la movilización política y social, entonces es difícil observar una alternativa a la consolidación de la dictadura antipopular y oligárquica de Maduro. Pero, si estoy convencido de que solo la movilización autónoma puede permitir una recuperación de las libertades y derechos democráticos en Venezuela. Sé que el terrorismo de Estado de Maduro y la desconfianza en la movilización autónoma de María Corina Machado dificultan la reactivación de las protestas y manifestaciones al menos hasta el 10 de enero, cuando Maduro se juramente para un nuevo período gubernamental, y la inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos en Venezuela tengamos que decidir si ponemos en riesgo nuestras vidas y libertad en las calles o nos exiliamos en el extranjero o en nuestro interior.
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