Unión Europea
La presidencia polaca del Consejo de la UE, mala noticia para los derechos humanos de las personas que migran

El pasado 1 de enero se respiraba tranquilidad en Bruselas. La presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) había estado el último semestre en manos de la Hungría de Orbán, un paria en el organismo supranacional por sus posturas prorrusas y euroescépticas. A principios de mes, sin embargo, este cargo recayó en la Polonia de Donald Tusk, un convencido europeísta y demócrata a ojos de la UE. Pero el conservador que trae a los pasillos bruselenses un programa titulado “¡Seguridad, Europa!” no es mensajero de buenos presagios para especialistas en migraciones: “El discurso de la seguridad ha desplazado al de los derechos humanos”, evalúan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

“La seguridad será nuestra mayor prioridad. Trabajaremos para convencer a los 27 Estados miembros que Europa puede seguir siendo el lugar más seguro y estable de la Tierra”, declaraba Donald Tusk, presidente polaco al asumir la presidencia del Consejo de la UE. Se pronunciaba en la misma línea su ministro de asuntos de la Unión Europea, que decía que “nada” es más importante que “hacerse cargo de la seguridad conjunta”. Dentro del concepto más amplio de “seguridad”, los polacos hablan de buscar “soluciones innovadoras” a la migración y subrayan la necesidad de “cooperar” con terceros países para impedir la salida de personas o garantizar el retorno “voluntario o forzado”.

Más de una de cada diez personas que trataron de llegar a suelo español  en 2024 fallecieron en el camino

“Teóricamente, la Unión Europea siempre ha sido una garantía en derechos humanos, pero los vientos políticos han cambiado [por la mayoría conservadora y ultraderechista en el Parlamento] y esto se va a traducir en una modificación hacia una política [migratoria] más dura. Dentro del semestre polaco, y dado los test internos a los que tendrá que hacer frente Donald Tusk, es posible que se aumente la retórica hacia un marco más estricto”, analiza Sergio Príncipe, profesor de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) especializado en UE. Aun así, Príncipe matiza que el poder de presidir el Consejo de la UE “no es comparable” al de la Comisión o el Consejo Europeo y confía en que Polonia no tenga tiempo para aplicar sus medidas en el breve tiempo hasta el fin de su mandato en junio. Cabe destacar que, aunque los programas de las próximas presidencias no estén ya detallados, Dinamarca y Chipre también hablan de la “seguridad” como punto más importante.

Este énfasis en la securitización de las fronteras europeas llega después de un año récord para España en muertes en la ruta hacia la península o los archipiélagos. En 2024 alcanzaron territorio español 63.970 personas, mientras que murieron 10.457. Es decir, más de una de cada diez personas que trataron de llegar a suelo español fallecieron en el camino. “La implementación de dispositivos de vigilancia y control en determinadas rutas llevan a que los migrantes busquen rutas alternativas y, muchas veces, cada vez más peligrosas”, explica Susana de Sousa, profesora de relaciones internacionales de la UCM. En efecto, el aumento de las muertes en ruta al Estado español está correlacionada con el mayor uso del trayecto a Canarias, el más letal, en la que el año pasado murieron 9.757 personas.

La migración se trata como geopolítica

En los primeros párrafos del programa para la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea se lee el objetivo de “contrarrestar la instrumentalización de la migración”. Es un hecho que algunos países utilizan el control fronterizo como medida de presión —Rusia o Bielorrusia en el marco de la invasión de Ucrania o Marruecos tras la acogida en España de un líder saharaui—, pero este enfoque convierte los flujos migratorios en meras cuestiones geopolíticas y deja de lado el deseo genuino de algunas personas de cambiar su residencia. “No se trata como un problema humanitario”, resume Príncipe.

“La UE está delegando la gestión de sus flujos migratorios en terceros países con frecuencia conocidos por sus constantes violaciones de derechos humanos”, denuncia De Sousa

“El concepto de instrumentalización de la migración refuerza un marco mental de ‘amenaza externa’ [que se aplica a las personas que migran] que podría justificar medidas restrictivas o securitarias, incluyendo la creación de sistemas paralelos de asilo menos garantistas en los Estados miembros que se declaren bajo una situación de instrumentalización o incluso la posible criminalización del trabajo humanitario de salvamento marítimo”, analizan desde el CEAR. “El migrante o el refugiado, que con frecuencia necesita ayuda y solidaridad, se convierte en objeto de miedo ya que se les presenta como una amenaza a la seguridad”, apostilla De Sousa.

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Cooperación con países que violan los DDHH

En octubre del año pasado, la sociedad asistió al enésimo atropello de los derechos de las personas migrantes en la UE. Georgia Meloni, primera ministra de Italia, deportó a 12 personas a un centro de detención italiano en Albania, fuera de territorio comunitario. Aunque un Juzgado de Roma ordenó el regreso de las personas presas, la premier italiana sigue empeñada en convertir en realidad su idea de un sistema de centros con los que externalizar sus fronteras.

Puede que más iniciativas de ese estilo se propongan en los próximos tiempos. El programa polaco habla de “fortalecer la efectividad y sostenibilidad del retorno forzoso o voluntario mejorando la cooperación con terceros países, utilizando todos los medios disponibles”. “La UE, defensora de valores como la solidaridad y los derechos humanos, está delegando la gestión de sus flujos migratorios en terceros países con frecuencia conocidos por sus constantes violaciones de derechos humanos”, denuncia De Sousa, que defiende que la externalización de la política migratoria europea “desvía la responsabilidad” de la UE y deja a las personas migrantes en situaciones “de mayor vulnerabilidad”.

El interés electoralista de Donald Tusk

Tanto De Sousa como Príncipe coinciden en que el foco securitista del primer ministro polaco viene dado por unos intereses electoralistas en su país. El partido de Tusk aspira a arrebatar la presidencia del país de las manos de la formación ultraderechista Libertad y Justicia en unos próximos comicios en mayo. “La ciudadanía [polaca] es reacia a los flujos migratorios —una encuesta mostró en octubre que solo el 53% de la población del Estado centroeuropeo estaba a favor de acoger personas refugiadas ucranianas—, pero, haciendo frontera con Ucrania, el miedo a Moscú supone un acicate para reforzar los planteamientos sobre la seguridad”, expresa Príncipe. “La derecha extrema hace un uso continuado de las narrativas securitarias de las migraciones como ‘amenazas nacionales’ y tienen cada vez mayor acogida”, añade De Sousa.

Las presidencias del Consejo de la Unión Europea son muy breves. Este cargo —sobre todo de coordinación y establecimiento de la agenda dentro del organismo— rota cada semestre, por lo que las presidencias se agrupan de tres en tres en las denominadas tríadas para establecer unos puntos comunes y así tramitar políticas más trabajadas. El gobernado por Donald Tusk es el primer país de la tríada Polonia-Dinamarca-Chipre y solo se ha publicado el programa de la presidencia polaca. Sin embargo, las tríadas consensuan unos puntos comunes, que en el caso actual incluyen “Una Europa fuerte y segura” como primer ítem. La “migración y protección de fronteras”, ambas ideas unidas en un solo concepto, aparecen mencionadas.

Un pacto migratorio para evitar la movilidad

El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha sido el último producto de los debates europeos en torno a las migraciones. El acuerdo que aún no ha entrado en vigor se aprobó el pasado verano ante la oposición de los colectivos migrantes y organizaciones de derechos humanos. Y es que su objetivo es “muy claro”: “evitar la entrada y los movimientos secundarios, deportar a las personas en situación irregular y externalizar el refugio”, decía Emma Martín, portavoz de la sociedad civil en lucha contra el Pacto en una columna de El Salto publicada en julio del año pasado.

En CEAR lamentan que las políticas de la Unión Europea sean “fortalecer y militarizar” las fronteras para “contener” a quienes migran “en lugar de proteger a las personas”. “Sin vías legales y seguras para migrar y solicitar asilo, miles de personas seguirán arriesgando sus vidas en rutas peligrosas y mortales”, auguran desde la ONG.

“En un mundo globalizado e interconectado, donde los retos como los conflictos, el cambio climático y las desigualdades estructurales continúan intensificándose, la migración no solo seguirá siendo una realidad, sino también una oportunidad para el desarrollo humano”, defienden en CEAR. Para garantizar el derecho a migrar —un “fenómeno inherente a la naturaleza del ser humano”, exponen—, esta organización pide incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión de fronteras, acabar con las devoluciones sumarias, no criminalizar a personas migrantes e impulsar narrativas de convivencia, entre otros.