Tribuna
De faroles reales y costumbres borbónicas

Felipe VI le propone al Congreso de los Diputados al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la Presidencia del Gobierno. Según un comunicado de la Casa Real le propone por ser el candidato más votado. Y presentar al candidato más votado “se ha ido convirtiendo con los años en una costumbre”.

Cualquiera que haya jugado al póker o al mus sabe que la mitad del juego consiste en mentir. Si se tira uno un farol hay que hacerlo con convicción. Con absoluta seguridad de que no le van a pillar. De que le van a creer. Y así lo ha hecho Felipe de Borbón: hago esto porque es un costumbre. El coro mediático le sigue: “que preparado está el Rey porque hace esto porque es una costumbre”. Y, por arte de magia, la costumbre se crea.

Pero si juega usted a mus no vaya de compañero con un Borbón. Histórica y constitucionalmente irresponsables, no saben seguir muy bien las reglas. Y se tiran faroles enseñando las cartas.

Enseña las cartas porque en el mismísimo comunicado confiesa: todas las veces se ha presentado al candidato más votado. Bueno, todas no. En 2016 no. Esto es como toda la Galia estaba ocupada. Bueno, toda no, faltaba a aldea de Astérix. O los de la Vida de Brian que darían todos la vida por la libertad de judea. Bueno, hay uno que no.

La costumbre, para ser fuente del derecho, tiene que tener varios requisitos (no lo digo yo, lo dice el Código Civil, en su artículo 1.3). A lo que aquí nos respecta tiene que probarse y no ser contraria a la ley. Tampoco puede ser contraria a la moral, pero esto son términos antiguos que, con un Borbón por medio no toca traer a colación; por lo modernos que son, claro.

¿Cómo se prueba una costumbre? Pues demostrando que ante idénticas situaciones la solución que se ha dado en el tráfico jurídico es la misma. El problema que le da a Felipe de Borbón es que, además de no haberse propuesto siempre al mas votado, nunca se ha dado la situación de que dos candidatos aspiraran a obtener la mayoría de apoyos en el Congreso. Esto último no hay ni que probarlo, es notorio. Y lo primero es sangrante, el mismo Felipe VI que invoca la costumbre fue el que decidió no presentar a nadie tras la ronda de consultas de enero de 2016, diciendo que Rajoy iba a renunciar, pero no dejándole ni renunciar. Y en la siguiente ronda presentó a Sánchez.

¿Y es acorde a la ley esta presunta costumbre? Pues el propio comunicado afirma que el PP es “la fuerza más votada” y que los candidatos le han trasladado “los apoyos que tienen”. ¿Suena lógico, verdad? El único problema es que la Constitución de 1978 no funciona así. No gobierna en España el más votado, ni el que más apoyos tiene. Gobierno quien es capaz de conseguir más votos a favor que en contra.

Tras los resultados de las elecciones del 23J la derecha sabía que no tenía más opción que confiar en que a Sánchez se le atragantara el acuerdo con nacionalistas y soberanistas y se volvieran a tirar los dados

Aquí estamos ante una de las cosas más llamativas del asunto. Todo el comunicado omite la circunstancia de que si alguien concita 176 votos en contra en el Congreso da igual los apoyos que tenga. De lo que se debió tratar en la famosa ronda de consultas es de las distintas posiciones de las fuerzas parlamentarias. Siendo manifiesto y comprobable que, según habían manifestado públicamente, 178 diputados votarían (y votarán) contra Núñez Feijóo. La investidura nace fallida y Felipe VI tenía dos caminos de acuerdo a la situación y al ordenamiento jurídico español: no designar candidato y repetir la ronda de consultas (gracias a la potestad que se autoatribuyó en 2016) o presentar a Pedro Sánchez, que no tiene una mayoría de votos manifestados en contra y venía de alcanzar un acuerdo parlamentario para la Mesa del Congreso con Junts, para que en el tiempo que medie entre la propuesta y la investidura intente alcanzar un acuerdo. Pero no hizo esto.

La ronda, el comunicado y la propuesta están configurando un derecho de creación real: el derecho a la fuerza más votada (no sabemos si a la que tiene más diputados, que es otro cantar) a intentar una investidura aun cuando esta falle. Afirmada falsamente como costumbre.

Y esto es relevante, vaya si lo es. Por dos motivos: a partir del primer intento de investidura empieza, según el artículo 99 de la Constitución, un plazo de inexorable de dos meses para que, en caso de haber investidura, se repitan las elecciones. Y, en segundo lugar, porque nada garantiza que tenga que haber una segunda investidura.

En 2016 y 2019, tras fracasar sendas investiduras de Pedro Sánchez, el Rey no propuso a nadie más. Nunca se ha presentado un segundo candidato. Y este nunca es absoluto. Esto es una costumbre comprobable.

Tras los resultados de las elecciones del 23J la derecha sabía que no tenía más opción que confiar en que a Sánchez se le atragantara el acuerdo con nacionalistas y soberanistas y se volvieran a tirar los dados. La investidura fallida les sitúa a tres meses de lograr ese objetivo y ningún otro efecto jurídico va a tener el paripé parlamentario del 26 y 27 de septiembre (tras un mes que le ha dado Francina Armengol, pensado para darle tiempo a negociar a Sánchez y para que la repetición cayera después del día de Reyes).

Lo que hemos vivido es una auténtica mutación constitucional en nuestras narices. Una autoridad hereditaria genera, por su propia voluntad, normas jurídicas con efectos políticos de primera orden

No cabe duda de que la decisión de Felipe VI tiene trascendencia política. Nadie sabe qué va a pasar en estos tres meses, si van a resultar cortos para coser las suturas con una buena parte del soberanismo catalán o no. Nadie sabe si en el momento de la segura ronda de consultas de después del fracaso de Feijóo Pedro Sánchez va a tener atados más síes que noes. Y, lo que es la clave de bóveda de todo, Felipe VI le va a proponer para darle opción a conseguirlos. Sí sabemos que va a haber un coro mediático que presione y que ya se ha cobrado una pieza: “el derecho de la fuerza más votada a ir a una investidura”. No me equivoco si vamos a oír que no tiene sentido que el menos votado vaya a investidura si en la ronda no tiene los números. Al tiempo.

Lo que hemos vivido es una auténtica mutación constitucional en nuestras narices. Una autoridad hereditaria genera, por su propia voluntad, normas jurídicas con efectos políticos de primera orden. Si hace diez años alguien ponía en un examen de Derecho Constitucional que en España se podían hacer rondas de consultas sin proponer candidato o que hay que presentar al más votado aunque tenga a la mayoría absoluta en contra, te ponía un cero. Y esto es lo que tenemos sobre la mesa.

Quizás no se trate de una mutación sino de un ensayo general. Es difícil que Felipe VI (salvo implantación de un relato mediático brutal) no presente a Pedro Sánchez (los tiempos son otro cantar). Pero se están haciendo las pruebas del botón de emergencia que pusieron los redactores de la Constitución del 78 sobre la mesa. La potestad del monarca de proponer candidato a la investidura en tiempos de “normalidad” da igual. Pero con múltiples combinaciones en un panorama político fracturado, gana importancia. Si además, le vamos dejando cada vez que asuma más ámbitos de decisión podemos vernos en un problema.

Porque pasó otra cosa más grave. Cuando Francina Armengol anunciaba a la prensa que el candidato era Feijóo, preguntado por la motivación se remitió a lo que dijera la Casa Real. Cuando ya había avalado la decisión. Dejó claro que la decisión era de Felipe VI y se había limitado a firmar.

Si Felipe VI, como han hecho en la historia su padre, su bisabuelo, su tatarabuela,… se lía la manta a la cabeza, estamos votando en enero sean cuáles sean los acuerdos políticos

Los actos del Rey no tienen validez por sí mismos. Necesitan que alguien con legitimidad democrática los refrende y se haga responsable de los mismos (un Borbón es irresponsable por definición). Normalmente un ministro, pero según el 64 de la CE, para este en concreto, necesita a la Presidencia del Congreso. Muchos constitucionalistas, creyéndose a pies juntillas lo de la “Monarquía Parlamentaria” interpretaban que eso implicaba que la Presidencia del Congreso, como era responsable, tenía poder de decisión. Algunos decíamos: ¿y si el Rey no propone a nadie, qué se puede hacer? Pero la práctica, que van a querer convertir en costumbre, es que el Rey decide y la Presidenta del Congreso refrenda. Aunque no le guste.

Si esto fuera un cómic de Marvel habría un universo paralelo donde Francia Armengol se arrepiente dentro de un mes de lo que acaba de hacer porque no hay segunda investidura. Pero ni en ese universo podría hacer nada. Lo grave del asunto es que el farol de Feijóo se lo ha tirado el Borbón enseñando las cartas y el PSOE le ha dejado.

El PSOE confía en el Borbón (craso error si se sabe un poco de historia) y el Borbón en el PSOE (esto tiene más fundamento). Confía, sobre todo, en el bipartidismo. El que le hizo vivir una plácida vida a su padre y le hizo exiliarse cuando se tambaleó un poco. Pese a la voluntad de muchos, la crisis de representación que tomó forma en el 15M sigue ahí. Y regalarle herramientas a los partidarios de cerrarla en falso no es un buen plan.

Si Felipe VI, como han hecho en la historia su padre, su bisabuelo, su tatarabuela,… se lía la manta a la cabeza, estamos votando en enero sean cuáles sean los acuerdos políticos. Pero si no lo hace no nos sintamos agradecidos y respiremos. O denunciamos que se está burlando un principio democrático claro, o más tarde o más temprano y cuando más importe, lo usará para cerrar el candado de los cambios.

El PSOE no lo va a hacer. Porque el PSOE está en la lógica de sostenimiento del sistema dinástico a cualquier precio (aunque a corto plazo alguna jugada le pueda perjudicar). Pero la izquierda puede y debe hacerlo. Porque, además, sabemos de sobra cómo va esto. Porque presentar al más votado no es una costumbre, pero sí lo es que un Borbón intervenga en la política española cuando le venga en gana, sin presentarse a las elecciones y, jamás, en beneficio de la mayorías. No hay constante más segura en los dos últimos siglos de la historia de España.

Aunque, como decía el bueno de Hegel, cien años de injusticias repetidas, no hacen un derecho. Que no hagan una costumbre.